En los últimos dos meses han sido públicos los enfrentamientos entre algunos asambleístas y Guadalupe Llori, presidenta del Legislativo. Llori ha solicitado medidas cautelares y una acción de protección para impedir que se conforme una comisión para evaluar su gestión y la del Consejo de Administración Legislativo (CAL), órgano presidido por Llori. 

Esta es una cronología de las denuncias presentadas contra Guadalupe Llori y los conflictos en la Asamblea Nacional. 

24 de febrero de 2022

Asambleístas de la coalición correísta Unión por la Esperanza (UNES), el Partido Social Cristiano (PSC) y Pachakutik (PK) pidieron que se conforme una comisión multipartidista, que debe ser aprobada por el pleno de la Asamblea, para evaluar el trabajo del CAL que es presidido por Llori.

En esa jornada, los asambleístas querían que se haga un cambio del orden del día de la sesión del pleno para que se incluyera el tratamiento a la moción que proponía crear la comisión.

La sesión de ese día terminó entre gritos y reclamos mientras Llori y el secretario de la Asamblea, Álvaro Salazar, abandonaron el Pleno. 

29 de marzo de 2022

Guadalupe Llori suspende la sesión del pleno en la que se planeaba incluir la creación de la comisión de evaluación en el orden del día. 

4 de abril de 2022

Guadalupe Llori pide medidas cautelares contra el pleno de la Asamblea para evitar que se forme una comisión para evaluar la gestión del CAL, órgano presidido por Llori.

5 de abril de 2022

Un tribunal acepta las medidas cautelares solicitadas por Llori. Esas medidas fueron aceptadas horas antes de que se instale el pleno de la Asamblea en el que se planeaba incluir la creación de la comisión en el orden del día. 

Por eso, el asambleísta Fausto Jarrín, de UNES  —quien hizo la moción para cambiar el orden del día e incluir la creación de la comisión— se abstuvo de presentarla. “No voy a violar la normativa constitucional, ni pedirle a los compañeros asambleístas que violen una medida cautelar”, dijo Jarrín al comenzar la sesión del pleno del 5 de abril.

La noche de ese mismo día, el asambleísta Esteban Torres, coordinador de la bancada del Partido Social Cristiano (PSC), y sus aliados, presentaron una denuncia contra Llori. Según Torres, lo hizo por incumplimiento de funciones de la Presidenta de la Asamblea para que “sin ningún pretexto, sin ninguna orden judicial mañosa obtenida quién sabe cómo” se reciba la denuncia y se conforme la comisión para evaluar la gestión de las autoridades.

Inmediatamente después, UNES presentó una denuncia contra todos los miembros del CAL, incluyendo a Llori. El asambleísta Jarrín le dijo a los medios de comunicación que decidieron presentar la denuncia para “quitarles los pretextos” a Llori y que se tenga que conformar la comisión. 

6 de abril de 2022

El asambleísta Gruber Zambrano —de la Bancada Acuerdo Nacional (BAN)— también presentó una denuncia contra los miembros del CAL por presunto incumplimiento de funciones. 

El 6 de abril, se instaló una polémica sesión del CAL en la que el asambleísta Ronny Aleaga, de UNES y uno de los vocales del Consejo, apeló la presidencia de Guadalupe Llori, quien además preside el Consejo. 

Con cinco votos de siete, Llori tuvo que dejar la presidencia del CAL y se retiró de la sesión. Aleaga planteó ese recurso luego de que Llori se negara a dar trámite inmediato a la serie de denuncias en su contra. Nathalie Arias, de CREO, fue la única que la apoyó en esa sesión y también se retiró. Entonces Virgilio Saquicela, primer vicepresidente de la Asamblea y del CAL, tomó la dirección de la sesión y comenzó el conflicto. 

Luego de la salida de Llori y Arias de la sala, el legislador Darwin Pereira, de Pachakutik, primer vocal del Consejo, solicitó un cambio del orden del día para tramitar las denuncias presentadas contra Llori y el CAL. Entonces, Álvaro Salazar, secretario general de la Asamblea, dijo a Saquicela, que la competencia de cambio de orden del día era exclusiva de Llori. 

“Señor Secretario, usted está para leer lo que se le ordena y para informar lo que se le requiere. No puede opinar, menos esgrimir un criterio”, dijo Saquicela. Salazar respondió: “Se toma nota, Vicepresidente, para que conste en actas. Nunca le he faltado el respeto”. Saquicela levantó su voz y, ante sus colegas, le dijo: “Todo queda en actas. Ahórrese sus opiniones y proceda con lo que se le dispone”. 

7 de abril de 2022

La Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), que agrupa a los legisladores oficialistas de CREO e independientes, expulsó oficialmente a Virgilio Saquicela. Según BAN, el motivo fue el “proceder irregular, ilegal y antidemocrático” que tuvo en la sesión del CAL del día anterior. 

8 de abril

Guadalupe Llori presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de cinco integrantes del CAL por el presunto delito de arrogación y usurpación de funciones.

La denuncia presentada fue en contra de los siguientes miembros del CAL:

• Virgilio Saquicela, primer vicepresidente del CAL, quien fue expulsado de la bancada oficialista y es considerado como asambleísta independiente.
• Yeseña Guamaní, segunda vicepresidenta e integrante de la Izquierda Democrática.
• Darwin Pereira, vocal, y miembro de Pachakutik.
• Ronny Aleaga, vocal e integrante del partido correísta Unión por la Esperanza (UNES).
• Johanna Moreira, quien también es vocal y en ese entonces miembro de la Izquierda Democrática.

Llori dijo en su cuenta de Twitter que la denuncia fue presentada “para evitar que se vulnere el debido proceso. Pretenden tomarse la Asamblea de manera ilegal, antidemocrática y violenta. Nadie puede estar por encima de la ley, los asambleístas somos los primeros llamados a defenderla”, escribió.

https://twitter.com/GuadalupeLlori/status/1512556437528248320?s=20&t=E404FMXRMfaAy-iy5gpjvA

11 de abril de 2022

El CAL calificó a trámite la denuncia contra Llori, presentada el 5 de abril por Esteban Torres —coordinador de la bancada del PSC— por presunto incumplimiento de funciones. 

El CAL en la sesión en la que calificó la denuncia contra Guadalupe Llori. Fotografía tomada de la transmisión de la Televisión Legislativa.

Guadalupe Llori se ausentó de la sesión del CAL de la tarde de ese día. Tampoco asistió la asambleísta de CREO Nathalie Arias y el secretario general Álvaro Salazar, porque pidió permiso médico. Los cinco asambleístas que asistieron fueron los denunciados por Llori ante la Fiscalía.

En el orden del día de la sesión también estaba el tratamiento de dos denuncias contra los miembros del CAL —la presentada por UNES el 5 de abril  y por Gruber Zambrano el 6 de abril. Sin embargo, los asambleístas se excusaron de tratarlas por conflicto de intereses. 

Después, los miembros del CAL discutieron por varias horas si podían calificar la denuncia presentada por Torres contra Llori porque tenía un error: estaba firmada como Esteban Torres Torres cuando su nombre es Luis Esteban Torres Cobo. 

Antes de la votación, el coordinador jurídico dijo que el error no se había subsanado y que se incumplía con la Ley Orgánica de la Función Legislativa porque el reconocimiento de firma hecho por un notario no correspondía con el verdadero nombre de Esteban Torres. Sin embargo, la denuncia fue calificada con 4 votos a favor y una abstención de Yeseña Guamaní, segunda vicepresidenta de la Asamblea. 

Una vez que la denuncia fue calificada, debía pasar al pleno de la Asamblea para que se conforme una comisión multipartidista que debía enviar un informe al pleno en el que se evalúe si hubo o no incumplimiento de funciones de Llori. Pero quien debía convocar a esa sesión del pleno para que se conforme la comisión era la misma Guadalupe Llori. 

14 de abril de 2022

Guadalupe Llori presentó una acción de protección en contra de cinco de los siete miembros del CAL que votaron para calificar la denuncia de Torres en su contra. Además de ella, la otra asambleísta que no fue incluida fue Nathaly Arias de CREO, quien se ausentó en la sesión del CAL en la que calificaron a trámite la denuncia contra Guadalupe Llori.

19 de abril de 2022

La Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en la parroquia Mariscal Sucre, en Quito, en la provincia de Pichincha, resolvió que Llori debe completar varios puntos de su solicitud de acción de protección contra 5 miembros del CAL antes de que sea tratada por la justicia ecuatoriana.

La orden, que consta en el sistema de información de la función Judicial, dispone que Llori aclare: 

1. Si hace la solicitud como Presidenta de la Asamblea o como asambleísta. 
2. Si el abogado Santiago Salazar Armijos, que es el coordinador jurídico del Legislativo, consta en el pedido de Llori como representante de la Asamblea “como órgano colegiado” o “de forma individual” en representación de Llori.
3. Cuál es “el acto violatorio del derecho de manera clara y concreta” por el que presenta este recurso. La Unidad Judicial dice que también debe aclarar “el determinado momento en el que viola el debido proceso y la seguridad jurídica que reclama”.

Llori solicitó la acción de protección el pasado 14 de abril. Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de Guadalupe Llori.

25 de abril de 2022

La Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la parroquia Mariscal Sucre, en Quito, determinó que la acción de protección presentada por Llori contra 5 miembros del CAL cumple con los requisitos de ley —luego de que hiciera las aclaraciones— y fue aprobada a trámite. La audiencia pública del caso fue convocada para el 27 de abril a las 2:30 de la tarde en esa unidad judicial.

Ese mismo día, la Defensoría del Pueblo anunció que ya se cumplieron las medidas cautelares otorgadas a Llori. Es decir, ya no impiden que el pleno vote para crear la comisión para evaluar la gestión de las autoridades del Legislativo. 

26 de abril de 2022

En una sesión del pleno, Guadalupe Llori no dio paso al cambio del orden del día —planteado por Marcela Holguín, de UNES— con el que se proponía incluir la creación de la comisión de evaluación a las autoridades. 

Esteban Torres presentó una moción de apelación a la presidencia de la Asamblea. La Ley Orgánica de la Función Legislativa dice que un asambleísta puede apelar la presidencia (pedir que la Presidenta de la Asamblea se retire de la sesión) cuando “considere que esta ha vulnerado las normas procedimentales establecidas en la ley”. 

Tal como establece la ley, Llori le encargó la presidencia a Virgilio Saquicela para defenderse como asambleísta apelada, antes de la votación por la moción. Torres expuso brevemente sus motivos para apelar la presidencia argumentando que Llori actuó de forma incorrecta al no permitir que se conforme la comisión para evaluar su gestión y la del CAL. Llori se defendió diciendo que Torres no dijo cómo ella supuestamente vulneró las normas establecidas en la ley.  

La moción para apelar la presidencia fue aprobada por el pleno, y Llori dejó la presidencia de esta sesión. Virgilio Saquicela quedó como encargado. Sin embargo, en la siguiente sesión, Llori debería retomar la presidencia de la Asamblea. 

Con Saquicela en la presidencia de la Asamblea, Holguín presentó una vez más la moción para cambiar el orden del día e incluir la creación de la comisión de evaluación a las autoridades. La moción fue aprobada con 93 votos, necesitaba 70 para pasar.

Pasadas las 7:20 de la noche del 26 de abril, el pleno del Legislativo aprobó la moción para crear la Comisión Pluripartidista Ad hoc con 81 votos a favor, 2 abstenciones y ninguno en contra.

Ese mismo 26 de abril, Llori presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado por una supuesta violación de las medidas cautelares que fueron interpuestas por la titular del legislativo el pasado 4 de abril para evitar la conformación de una comisión multipartidista que evalúe su gestión.

La denuncia fue presentada por Guadalupe Llori a  la misma hora en la que el pleno de la Asamblea se había convocado para evaluar la gestión de su actual presidenta. En la denuncia Llori aduce que se habría cometido el delito de «incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente”. 

Tras la denuncia, la Fiscalía tiene 24 horas para determinar si el delito es flagrante. De ser así, los 93 asambleístas que votaron a favor de la conformación de la comisión podrían ser procesados penalmente.

6 de mayo de 2022

Fue la fiscal general, Diana Salazar, quien anunció que la Fiscalía comenzó una investigación previa —una fase preprocesal— a los 93 asambleístas que votaron por el cambio del orden del día que abrió paso a la que se incluya la moción de creación de evaluación a las autoridades. El anuncio llegó luego de la denuncia interpuesta por Guadalupe Llori el 26 de abril pasado. 

Lo que investigará la institución, según confirmó Salazar, es el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridades competentes. Aquella infracción está tipificada en el artículo 248 del Código Orgánico Integral Penal y se sanciona con una pena de entre uno a tres años de prisión. 

La Fiscalía tendrá que determinar si se incumplió con las medidas cautelares que fueron otorgadas a favor de Llori, cuando se ejecutó la modificación del orden del día el 26 de abril pasado. Ese mismo día, además, se integró la comisión pluripartidista que procesa una denuncia en su contra por presunto incumplimiento de funciones. 

La tarde del 6 de mayo, agentes policiales fueron, por orden de la Fiscalía, hasta la Asamblea Nacional para notificar a los 93 legisladores. Fueron de despacho a despacho, aunque no encontraron a todos los asambleístas. Entonces, dejaron el documento en la ventanilla de gestión documental. 

El comienzo de la investigación generó varias reacciones de rechazo, como la de la legisladora Marcela Holguín, de la coalición correísta Unión Por la Esperanza, quien planteó un cambio del orden del día el 26 de abril. La asambleísta calificó a la indagación como una “intromisión de funciones” durante un corto diálogo con medios de comunicación en las inmediaciones del Palacio Legislativo, la tarde del 6 de mayo. “Los 93 asambleístas actuamos conforme la ley. Las medidas cautelares se cumplieron cuando Fausto Jarrín retiró el cambio del orden del día”, aseguró. 

Lo mismo dijo el legislador Jarrín, coideario de Holguín, quien increpó en redes sociales: «¿conocen la independencia de funciones? Me indigna el daño que le hacen al país», escribió en su cuenta de Twitter, adjuntando el documento con el que fue notificado que es uno de los 93 investigados. 

Frente a la crítica, la fiscal Salazar publicó un video en las redes sociales de la entidad que lidera para, según ella, “aclarar” los “infundados y maliciosos comentarios emitidos” y aseguró que, como en todos los casos, la “Fiscalía tiene la obligación de investigar todas las denuncias que sean presentadas”. 

10 de mayo 

La bancada de UNES, representada por los asambleístas Fausto Jarrín y Viviana Veloz, presentaron una denuncia por supuesto peculado. Los asambleístas de UNES aducen que Llori ha utilizado bienes y servicios públicos “pretendiendo aferrarse al cargo” como presidenta de la Asamblea Nacional. 

El mismo día, la jueza Raquel Herrera, de la Unidad Judicial de la Familia, rechazó la acción de protección interpuesta por Guadalupe Llori contra los cinco miembros del CAL. Llori dijo que apelará la decisión de la jueza, “para hacer respetar los derechos tanto de la Asamblea Nacional, como los derechos humanos de la presidenta de la Asamblea”, dijo Llori. 

12 de mayo

El asambleísta de Pachakutik Bruno Segovia denunció ante la Comisión de Ética del Legislativo a su coidearia Guadalupe Llori por presunto tráfico de influencias. Segovia acusa a Llori —los dos asambleístas de Pachakutik—  de haber gestionado cargos públicos en la provincia amazónica de Orellana, de la que Llori es oriunda.

Segovia aseguró que Guadalupe Llori le contó “que puso hasta el último teniente político” de Orellana. Por eso, dijo, en su denuncia el asambleísta incluyó una lista de los tenientes, políticos, intendentes, comisarios, directores distritales y otras autoridades “de los que conocemos y tenemos documentación” que probaría que fueron puestos en el cargo por Guadalupe Llori.

“Es vox populi en la provincia que ha puesto todo, que ella tiene el control absoluto en la provincia de Orellana. Si esto no es tráfico de influencias. qué podemos llamarle”, dijo Segovia a varios medios de comunicación que lo entrevistaron después de poner la denuncia ante la Comisión de Ética de la Asamblea. “Coincide que el gobierno del encuentro no encuentra más que personas cercanas a Guadalupe Llori para ponerlos en cargos importantes en Orellana”, añadió Segovia.

El asambleísta de Pachakutik dijo que en su denuncia ante el comité de ética incluyó varios documentos que probarían sus acusaciones. Para reforzarlas, dijo, habló con personas de Orellana y tuvo la colaboración de varias personas, incluyendo a un exasambleísta que no identificó.

Con esos documentos, dijo Segovia, espera que la Comisión de Ética recomiende la destitución de Llori en su resolución “por incurrir en las prohibiciones que establece la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL)”. El artículo 163 de la LOFL dice que entre las prohibiciones que tienen los asambleístas está “gestionar nombramientos de cargos públicos”. La ley dice que quien cometa esta y cualquier otra de las prohibiciones “perderá la calidad de asambleísta”.

27 de mayo 

La Unidad Judicial Penal de Quitumbe otorgó nuevas medidas cautelares a la Presidenta de la Asamblea Guadalupe Llori, esta vez para impedir que se apruebe el informe que podría provocar su destitución. El informe fue aprobado el pasado miércoles 25 mayo por la comisión multipartidista AD-HOC creada por la Asamblea para evaluar la gestión de la actual presidenta del Legislativo. 

La medida cautelar fue presentada por algunos legisladores de Pachakutik (misma organización política de Llori):

• Marlon Santi Gualinga, coordinador de Pachakutik, 
• Salvador Quishpe, jefe de bloque,
• Sofía Sánchez, subcoordinadora del Pachakutik 

En una rueda de prensa, los asambleístas dijeron que esta decisión judicial era un triunfo para el movimiento indígena. Además, argumentaron que la “comisión multipartidista fue creada sin respetar la representación y derecho de decisión del Movimiento Pachakutik —que está fragmentado—, por lo que no postularon delegados para su integración”. 

28 de mayo de 2022

La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, devolvió el informe que recomendaba su destitución a la Comisión Pluripartidista Ad Hoc. 

Llori dijo que devolvía el informe porque “viola derechos constitucionales, atenta al debido proceso y seguridad jurídica, principios fundamentales consagrados en la legislación ecuatoriana”. 

30 de mayo de 2022

El asambleísta Pedro Zapata, presidente de la Comisión Pluripartidista Ad Hoc, respondió a Guadalupe Llori sobre la devolución del informe. En un memorando Zapata le dijo a Llori que la Ley Orgánica de la Función Legislativa “no contempla, bajo ningún concepto, la figura de devolución del informe”. 

Según Zapata, la ley, en el artículo 166, obliga a Llori a “convocar a una sesión del Pleno de la Asamblea” para que sea conocido, tratado y resuelto”, por lo que la devolución no tiene validez. 

Además, el plazo máximo para que Llori convocara a esa sesión era de cinco días desde que se recibió el informe, es decir, se cumplía el 30 de mayo. No se sabe qué pasará por el incumplimiento de ese plazo.

31 de mayo de 2022

Guadalupe Llori fue destituida de la presidencia de la Asamblea Nacional. La noche del 31 de mayo, el pleno del Legislativo —presidido provisionalmente por Virgilio Saquicela, segundo vicepresidente de la Asamblea— votó a favor de aprobar una moción que pedía que Llori sea destituida.

Pasadas las 6:30 de la tarde del 31 de mayo, el pleno de la Asamblea aprobó la moción para debatir y votar sobre el informe de la Comisión Pluripartidista Ad Hoc que evaluó la gestión de Llori y que recomendó destituirla de la presidencia de la Asamblea.

Después de más de tres horas, el pleno aprobó la moción para destituir a Llori de la presidencia de la Asamblea, que fue aprobada con 81 votos a favor y Llori fue destituida.

La Ley Orgánica de la Función Legislativa dice que en caso de ausencia temporal o permanente de la Presidenta de la Asamblea, el cargo será ocupado por el primer vicepresidente del Legislativo. En este caso, debía ser ocupada por Virgilio Saquicela. Por eso, una vez que los resultados fueron oficiales, los miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL) nombraron a Saquicela como presidente de la Asamblea Nacional.