La Comisión Pluripartidista Ad Hoc aprobó un informe que recomienda destituir a Guadalupe Llori de la presidencia de la Asamblea Nacional. Ahora el informe pasará al pleno del Legislativo, donde los asambleístas votarán para decidir si destituye o no a Llori.
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La Comisión Pluripartidista se reunió pasadas las 11 de la mañana de hoy, 25 de mayo, y poco más de dos horas después, sus miembros aprobaron el informe sobre el proceso contra Llori que recomienda su destitución.
El informe fue aprobado por unanimidad con los votos de los cinco asambleístas miembros de la comisión:
- Peter Calo (de Pachakutik)
- Lucía Placencia (expulsada de Izquierda Democrática a principios de mayo)
- John Vinueza (independiente)
- Pamela Aguirre (de la coalición Unión por la Esperanza o UNES)
- Pedro Zapata (del Partido Social Cristiano).
@ComisionAdHoc aprueba el informe del proceso de sustanciación de la denuncia presentada por el asambleísta @etorrescobo, en contra de la Presidenta de la Asamblea. Se dispone su notificación. pic.twitter.com/Ejx0r4ofCz
— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) May 25, 2022
La Comisión fue creada el pasado 26 de abril para evaluar la gestión de Llori después de una denuncia por presunto incumplimiento de funciones, presentada por Esteban Torres —coordinador de bancada del Partido Social Cristiano (PSC).
Torres presentó la denuncia en la Asamblea horas después de que un juez concediera medidas cautelares a favor de Guadalupe Llori contra el pleno de la Asamblea. Esas medidas impidieron que se cambie el orden del día para que se forme una comisión para evaluar la gestión del Consejo de Administración Legislativa (CAL), órgano presidido por Llori.
Esteban Torres Cobo en el segundo debate del proyecto de ley para la interrupción del embarazo en casos de violación. Fotografía del canal de Youtube de la Asamblea.
En su denuncia, Torres argumentaba que Llori evitó que se conforme la comisión que la evalúe “sin ningún pretexto, con una orden judicial mañosa obtenida quién sabe cómo”. Días después, el CAL calificó a trámite la denuncia presentada por Torres y, después de varios intentos fallidos, la comisión para evaluar la gestión de Llori se creó.
El informe aprobado la tarde de hoy concluyó que “los actos verificados por la Comisión han sido cometidos por Llori dan cuenta de su incumplimiento de sus funciones como primera autoridad de la Asamblea”. Esas conductas, dicen las conclusiones del informe, “atentan contra la institucionalidad, la imagen y el normal desarrollo de la Asamblea siendo políticamente irresponsable de incumplir esas funciones”.
El informe dice que por eso la comisión recomienda la destitución de Guadalupe Llori de su cargo. Según el documento, la comisión presenta esas conclusiones ante el pleno y al pueblo ecuatoriano “convencido de recuperar la ética pública en el ejercicio del poder público”.
La Ley Orgánica de la Función Legislativa dice que en los casos en los que se cesen las funciones de una de las autoridades de la Asamblea —como su Presidente o vicepresidente — el pleno deberá elegir a un reemplazo que culmine el periodo para el que la persona destituida fue elegida. En este caso, al tratarse de la presidencia que dura dos años, el reemplazo ocuparía el cargo por un año más, porque el primero ya lo cumplió Llori.
La crisis en la Asamblea, explicada
Los enfrentamientos entre Llori y otros asambleístas continuaron después de la presentación de la denuncia de Esteban Torres y de que se cree la Comisión.
El 14 de abril, Guadalupe Llori presentó una acción de protección en contra de cinco de los siete miembros del CAL que votaron para calificar la denuncia del asambleísta Esteban Torres en su contra. Además de ella, la otra asambleísta que no fue incluida en la denuncia fue Nathaly Arias de CREO, quien se ausentó en la sesión del CAL en la que calificaron a trámite la denuncia contra Llori.
El 10 de mayo, una jueza rechazó la acción de protección contra los miembros del CAL. Llori dijo que presentará una apelación para que se respeten sus derechos que “han sido vulnerados”.
También, Llori denunció a los 93 asambleístas que aprobaron que se conforme la Comisión Multipartidista Ad hoc, el 26 de abril de 2022. Llori presentó la denuncia por una supuesta violación de las medidas cautelares que fueron interpuestas el 4 de abril —que pidió para impir que se incluya un cambio de orden del día y se cree la comisión para evaluar su gestión. Llori aduce en la denuncia que se habría cometido el delito de “incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente”.
El 6 de mayo la Fiscalía notificó que comenzó una investigación previa contra los 93 asambleístas a raíz de la denuncia de Llori.
El 24 de mayo de 2022, durante el informe a la nación del primer año del gobierno de Guillermo Lasso, Guadalupe Llori dijo que “la crisis política en la Asamblea Nacional es responsabilidad de los 137 asambleístas”.
En la primera rendición de cuentas del gobierno de Lasso, la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, habló sobre la crisis política en la Asamblea. Fotografía tomada de la cuenta de Flickr de la Asamblea Nacional bajo licencia CC BY-SA 2.0.
Según ella, “no podemos negar que la crisis política de nuestra Asamblea no es responsabilidad de una persona, tampoco se va a solucionar con la renuncia de una sola persona”. Al argumentar que la crisis es culpa todos los asambleístas, Llori dijo que se refería especialmente a aquellos que no dan quórum en las sesiones y “retrasan el trabajo de la Asamblea. Es a ellos a quienes debemos evaluar, investigar el verdadero trabajo que realizan”.
Más denuncias contra Guadalupe Llori
El pasado 10 de mayo, la bancada de UNES —representada por los asambleístas Fausto Jarrín y Viviana Veloz— presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por supuesto peculado. Los asambleístas de UNES aducen que Llori ha utilizado bienes y servicios públicos “pretendiendo aferrarse al cargo” como presidenta de la Asamblea Nacional.
Jarrín dijo que el delito existiría porque Llori “ha utilizado funcionarios de la Asamblea para su propio beneficio”. Por eso también denunciaron por el mismo delito a Santiago Salazar, abogado de la Asamblea, quien habría ayudado a Llori usando recursos de la Asamblea.
Dos días después, el 12 de mayo, el asambleísta de Pachakutik Bruno Segovia denunció ante la Comisión de Ética del Legislativo a su coidearia Guadalupe Llori por presunto tráfico de influencias. Segovia acusa a Llori —los dos asambleístas de Pachakutik— de haber gestionado cargos públicos en la provincia amazónica de Orellana, de la que Llori es oriunda.
Segovia aseguró que Guadalupe Llori le contó “que puso hasta el último teniente político” de Orellana. Por eso, dijo, en su denuncia el asambleísta incluyó una lista de los tenientes, políticos, intendentes, comisarios, directores distritales y otras autoridades “de los que conocemos y tenemos documentación” que probaría que fueron puestos en el cargo por Guadalupe Llori.
El asambleísta de Pachakutik dijo que en su denuncia ante el comité de ética incluyó varios documentos que probarían sus acusaciones. Para reforzarlas, dijo, habló con personas de Orellana y tuvo la colaboración de varias personas, incluyendo a un exasambleísta que no identificó.
Con esos documentos, dijo Segovia, espera que la Comisión de Ética recomiende la destitución de Llori en su resolución “por incurrir en las prohibiciones que establece la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL)”. El artículo 163 de la LOFL dice que entre las prohibiciones que tienen los asambleístas está “gestionar nombramientos de cargos públicos”. La ley dice que quien cometa esta y cualquier otra de las prohibiciones “perderá la calidad de asambleísta”, si es que nos destituida antes por el pleno de la Asamblea.
