“Ni la muerte detendrá nuestra acción, de luchar junto al pueblo, por la educación”, esa fue la principal consigna con la que 15 maestros y maestras de la Unión Nacional de Educadores (UNE) empezaron hoy, 3 de mayo de 2022, su primer día de huelga de hambre frente a la Corte Constitucional, en el norte de Quito. Su exigencia sigue siendo la misma que desde marzo del 2021: “la defensa de la equiparación salarial de los maestros” y que la Corte ratifique las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, aprobadas en marzo de 2021. 

Apostados en una pared, uno al lado del otro, los docentes bromeaban, se abrazaban, unían sus manos, aunque nerviosos por la incertidumbre. Esta es la segunda huelga de hambre que accionan en los últimos ocho meses —la última fue en agosto del año pasado y duró 32 días en los que más de un maestro tuvo que ser trasladado a una casa de salud.

“Instalamos esta huelga de hambre ante la indolencia, la mentira y el engaño del gobierno que tiene abandonada la educación pública, a nuestros niños y a nuestros jóvenes”, reclama Kléver Hidalgo, dirigente de la UNE en la provincia de Pichincha. Hidalgo, el dirigente provincial que yace en el piso con una bandera de la organización de maestros, denunció, además, “la represión policial que hemos sufrido por defender nuestros derechos y lo denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional. Lo que estamos haciendo es ejercer la libertad que tenemos los pueblos a la resistencia”. 

Kléver Hidalgo y sus compañeros dicen que están indignados no solo por la negativa del gobierno a equiparar sus sueldos —el Ejecutivo alega que no hay presupuesto suficiente para hacerlo, también por lo que Hidalgo llama una “muestra de corrupción” en el país. Según él, esa corrupción que denuncia que se ha evidenciado en los hechos de violencia en las calles y en la concesión de habeas corpus de líderes delictivos, como ocurrió con Junior Roldán, alias JR, uno de los cabecillas de Los Choneros. “Nosotros somos docentes, no delincuentes, y aún así no les importamos”, reclama. 

Paquita Ruiz, una docente quiteña, también decidió sumarse a la huelga de hambre. Ella dice que fue desvinculada del colegio en el que trabajaba, en el sur de Quito, durante los primeros meses de 2020, el período más álgido de la pandemia. Cuenta que para ella, quedarse sin trabajo ha significado hambre y falta de recursos. “Muchos de nosotros —casi 10 mil hemos sido despedidos— éramos el sustento de nuestro hogar. No les ha importado, y por eso optamos por hacer esto”, lamenta. 

En Guayaquil al menos 10 profesores también se unieron a la huelga de hambre con el mismo objetivo de los maestros en Quito.

Hoy, 3 de mayo, comenzó el primer día de huelga de hambre “indefinida”, convocada por la Unión Nacional de Educadores.

Esta es la segunda huelga en la que los docentes mantienen su reclamo: su equiparación salarial.

🧵Nuestra reportera @KarolNorona te cuenta sus exigencias. pic.twitter.com/OjKrzdb91c

— GKecuador (@GKecuador) May 3, 2022

El incremento salarial que reclaman fue aprobado en las reformas de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) en marzo de 2021. Sin embargo, la UNE dice que no es un aumento salarial sino una “equiparación” porque desde 2016 no ha habido cambios en sus sueldos.

Después de que las reformas a la LOEI fueron aprobadas, se presentaron acciones de inconstitucionalidad en su contra porque su financiamiento no estaba resuelto. En agosto de 2021, la Corte Constitucional suspendió la vigencia de las reformas y envió a la Asamblea a realizar un informe de viabilidad financiera. 

La Asamblea lo realizó y lo remitió al Ejecutivo en marzo de 2022, pero el 14 de abril el gobierno emitió un veto de inconstitucionalidad porque dijo que no hay el presupuesto para cumplir con el aumento salarial.

Ocho meses después del fallo de la Corte, la viabilidad de los fondos todavía no ha sido resuelta. Ahora, el veto de inconstitucionalidad emitido por el presidente Lasso deberá ser tramitado por la Corte Constitucional. Vargas le dijo a GK que esperarán a que los jueces resuelvan sobre “esta reparación de derechos para el magisterio”. 

No es la primera vez que la UNE hace una huelga de hambre por este motivo. En 2021 hicieron una que duró 32 días y que terminó un día después de la Corte Constitucional emitió su fallo sobre los cargos de inconstitucionalidad sobre las reformas a la LOEI.

La huelga de hambre de 2021 los exteriores de la Asamblea Nacional. Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Asamblea.

Las conversaciones entre el magisterio y el gobierno

El pasado 13 de abril, el Día del maestro ecuatoriano, la UNE anunció que habría movilizaciones, aunque no se había confirmado de qué tipo hasta hoy. El anuncio se hizo ese día después de que el gobierno se reuniera con representantes de 15 gremios de profesores del país para discutir sus beneficios laborales. 

En medio de la reunión, Isabel Vargas —quien estaba ahí en representación de la UNE, la mayor organización de profesores fiscales del país— se retiró. Lo hizo “ya que la decisión del gobierno es vetar todo el informe sobre la equiparación salarial de la Asamblea Nacional” según un tuit de la UNE, acompañado de una foto de Vargas saliendo del Palacio de Carondelet. 

En la rueda de prensa de hoy, Vargas dijo que el gobierno les “ha mentido” en las mesas de diálogo y que solo lo hacen “para tomarse la foto y decir que ha conversado con el pueblo ecuatoriano”. Por eso, dijo Vargas, estaban organizando la huelga de hambre “en defensa de este justo derecho [la equiparación salarial] que para el magisterio representa reparación de derechos”. 

¿Qué más pasó en la reunión del presidente Lasso con los profesores?

En esa reunión, el 13 de abril, los representantes del magisterio y del gobierno de Guillermo Lasso acordaron instalar mesas técnicas para analizar el escalafón docente. Es decir el sistema de categorización de los profesores del sector fiscal de acuerdo a su experiencia, formación académica o liderazgo.

El presidente Guillermo Lasso les ofreció encontrar “el procedimiento correcto para mejorar el escalafón”. Además, Fabián Pozo, secretario jurídico de la Presidencia, dijo que que trabajarán en los dictámenes de finanzas e informes pertinentes sobre la categorización. “Vamos a mejorar el escalafón y darle una solución viable, jurídica y sostenible al magisterio”, garantizó Pozo.

Según la ley reformatoria de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), el escalafón pasó de tener 8 a 10 categorías, de la J a la A, lo que permitía que más profesores comiencen su carrera docente en el sector público. Al aumentar las categorías en el escalafón, también la reforma propone el aumento de salarios. 

El conflicto entre el gobierno y los maestros por las reformas a la LOEI, explicado

En un fallo de agosto de 2021, la Corte Constitucional suspendió la vigencia del incremento de salario aprobado por la Asamblea hasta que hubiese un informe de factibilidad financiera. La Corte cuestionó duramente al presidente de ese entonces, Lenín Moreno, y a la Asamblea del periodo 2017-2021 por no hacer un proceso serio de análisis en el incremento. 

Solo cuando existiese ese informe, dijo la Corte, podría pronunciarse definitivamente sobre la constitucionalidad de esos artículos. 

La Asamblea Nacional debía explicar los mecanismos financieros para financiar el nuevo egreso. El 13 de marzo pasado, la Asamblea resolvió que los fondos debían venir de:

• Los ingresos que recibe el Estado por la venta del petróleo.
• Los ingresos que recauda el Estado por la reforma tributaria, que fue aprobada por el ministerio de la ley en noviembre del año pasado y que ya entró en vigencia en 2022.

En esa resolución de la Asamblea, se estima que se necesitan 500 millones de dólares para el incremento. El gobierno dice que no ha recibido una solicitud de disponibilidad de esos fondos, pero dijo en un comunicado publicado el 17 de marzo, que tiene una redacción bastante esquiva, que el aumento será progresivo. 

La Comisión de Educación de la Asamblea dijo que no recibió a tiempo el informe del Ministerio de Finanzas sobre la disponibilidad de presupuesto para el aumento y que no podían decir al “pueblo ecuatoriano” que se requieren más de 4 mil millones de dólares para la educación. El informe del Ministerio dice que pagar los nuevos salarios para los 169.559 profesores del magisterio, significaría pasar de pagar más de 1.915 millones de dólares a tener que desembolsar 3,9 mil millones.

El 14 de abril, el presidente Guillermo Lasso emitió un veto por inconstitucionalidad a lo aprobado por la Asamblea en marzo. Según el documento, lo que autorizó el legislativo transgrede los artículos 286 y 287 de la Constitución que establecen que las finanzas públicas son potestad del gobierno y que toda norma que utilice recursos públicos deberá establecer su fuente de financiamiento correspondiente.