El conflicto por el aumento de los salarios a los maestros ecuatorianos tomó un nuevo giro la primera semana de mayo de 2022. El 3 de mayo, 15 miembros de la Unión Nacional de Educadores empezaron una huelga de hambre para pedir “equiparación salarial”. La huelga duró un día. Los profesores dijeron que la levantaron porque la Corte Constitucional los convocó a una audiencia pública para el próximo jueves 12 de mayo, en la que analizarán su pedido. 

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La huelga fue frente a la Corte Constitucional, en el norte de Quito. Los profesores exigían que la Corte ratificara las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, aprobadas en marzo de 2021 por la anterior Asamblea Nacional.

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La UNE comenzó la huelga luego de que el presidente Guillermo Lasso vetara totalmente el informe sobre la equiparación salarial de la Asamblea Nacional. 

Un día antes del veto presidencial, el 13 de abril de 2022 —Día del Maestro, el gobierno convocó a mesas de diálogo a 15 gremios de docentes para llegar a acuerdos sobre el escalafón docente. Este sistema categoriza a los profesores del sector fiscal de acuerdo a su experiencia, formación académica o liderazgo. 14 gremios aceptaron reunirse con el gobierno, pero la UNE no quiso e Isabel Vargas, presidenta de la UNE, se retiró de la reunión.

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El conflicto del aumento de sueldos, explicado

En un comunicado publicado el 17 de marzo de 2022, el gobierno dijo que evaluó la ley reformatoria de la Ley Orgánica de Educación Intercultural enviada por la Asamblea Nacional, en la que concluyeron que el impacto presupuestario para el alza de los salarios es de poco más de 630 millones de dólares anuales —aunque el gobierno dice que la ley que recibió habla de 500 millones. 

Pero un informe remitido por el Ministerio de Finanzas a la Asamblea Nacional decía que se necesitaban más de 2.000 millones de dólares. La comisión de educación de la Asamblea, en su informe para aprobación del pleno, en el que debía demostrar la viabilidad financiera de la reforma. Según el cálculo hecho por los profesores, el monto es de 507 millones. No hay una explicación clara en el informe de la comisión de por qué se acoge la cifra de 507, si su cálculo es 630 millones y el gobierno sostiene que son más de 2 mil millones. 

 

Ese ha sido el meollo del debate entre el gobierno, los profesores y la Asamblea. 

La Unión Nacional de Educadores (UNE) dice que “no es incremento de salarios, es equiparación”.  Klever Hidalgo, presidente de la UNE de Pichincha, le dijo a GK que, en 2016, los servidores públicos recibieron un incremento salarial pero los profesores, no. Por lo que ahora lo que piden es “la reparación de derechos”. 

El comunicado del gobierno dice que “el Ejecutivo no recibió una solicitud de disponibilidad financiera para esta nueva propuesta”. Es una postura mucho más moderada que la del presidente Guillermo Lasso, quien dijo el 15 de marzo —en su espacio gubernamental con periodistas— que la propuesta de la Asamblea para financiar el incremento era “populista, irresponsable”. 

En un fallo de agosto de 2021, la Corte Constitucional suspendió la vigencia del incremento hasta que hubiese un informe de factibilidad financiera. La Corte cuestionó duramente al presidente de ese entonces, Lenín Moreno, y a la Asamblea del periodo 2017-2021 por no hacer un proceso serio de análisis en el incremento. 

Solo cuando existiese ese informe, dijo la Corte, podría pronunciarse definitivamente sobre la constitucionalidad de esos artículos. 

La Asamblea Nacional debía explicar los mecanismos financieros para financiar el nuevo egreso. El 13 de marzo pasado, la Asamblea resolvió que los fondos debían venir de:

  • Los ingresos que recibe el Estado por la venta del petróleo.
  • Los ingresos que recauda el Estado por la reforma tributaria, que fue aprobada por el ministerio de la ley en noviembre del año pasado y que ya entró en vigencia en 2022.

En esa resolución de la Asamblea, se estima que se necesitan 500 millones de dólares para el incremento. El gobierno dice que no ha recibido una solicitud de disponibilidad de esos fondos, pero dice en el comunicado, que tiene una redacción bastante esquiva, que el aumento será progresivo. 

El asambleísta Manuel Medina, presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, dijo “no hubo la voluntad política del Ministerio de Finanzas, tampoco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social pese a las invitaciones para comparecencias”. Medina dijo que recibieron propuestas de los gremios de los educadores y de expertos financieros para realizar el informe que ordenó la Corte Constitucional. “Ellos han dado luces para poder actuar”, dijo Medina. 

El asambleísta Medina dijo que para la aprobación del informe valoraron la aprobación de la reforma tributaria, que contribuirá al fisco al igual que la venta de petróleo, cuyo barril supera hoy los 100 dólares. Medina insistió en que la ley está vigente y mientras la Corte no la declare inconstitucional, se cuenta con ese dinero.  Adujo que analizaron que se puede usar los “fondos no permanentes” de la venta del petróleo o buscar endeudamiento externo. 

Dijo que el 11 de febrero recibieron el informe del Ministerio de Finanzas en el que decía “muy generalmente que no hay presupuesto para educación”. El informe del Ministerio dice que 

pagar los nuevos salarios para los 169.559 profesores del magisterio, significaría pasar de pagar más de 1.915 millones de dólares a tener que desembolsar 3,9 mil millones. 

La Comisión de la Asamblea dijo en su informe que el análisis de viabilidad no era su competencia, y cuestionó el fallo de la Corte —que había dicho que la aprobación de la ley “sin un análisis financiero promovía el desarrollo de los derechos sociales de la población “solo de manera ilusoria”, dijo la Corte. El asambleísta Medina dijo que no podían decir al “pueblo ecuatoriano” que se requiere más de 4 mil millones de dólares para la educación. 

Klever Hidalgo, de la UNE, dice que el gobierno “le está mintiendo al país, están inflando la cifra”. Según el representante de los profesores públicos, hay excedente de recaudación del Servicio de Rentas Internas, más los excedentes de la venta de los barriles de petróleo. “Nosotros desde la Unión Nacional de Educadores señalamos que no existe la voluntad política del gobierno para poder invertir en la educación”. El déficit global del presupuesto del Estado calculado para 2022 es de más de 3,7 mil millones de dólares.

Pero el presidente Lasso cuestiona que se cite a la reforma tributaria como fuente del incremento, pues dijo que al mismo tiempo que los asambleístas quieren aumentar los sueldos de los maestros, quieren derogar la reforma tributaria. “Eso en ningún lugar del mundo es aceptable y es racional”, dijo el presidente Lasso. “No podemos aceptar esta propuesta de los asambleístas”, dijo Lasso. Ahora, la postura gubernamental se ha moderado y ha ofrecido este incremento progresivo. 

El asambleísta Medina cuestionó las declaraciones de Lasso. “Se nos dice que hemos legislado de una manera irresponsable, con una actitud populista”, dijo Medina. 

Antes del anuncio del gobierno, la Unión Nacional de Educadores (UNE) convocó a una marcha en las diferentes provincias. Unas decenas de profesores se reunieron en las capitales de las provincias de Guayas, Napo, Esmeraldas, Cotopaxi, Imbabura, en la movilización convocada por la “equiparación salarial”, para entregar en las gobernaciones el informe de la ley de la Asamblea Nacional. 

Isabel Vargas, presidenta de la UNE dijo a GK, el 16 de marzo, que el 18 de marzo se movilizarían en Quito, para “exigir que se cumpla el equiparamiento salarial”. Sin embargo, en un comunicado, también publicado ayer, la UNE dice “las veces que sean necesarias saldremos a denunciar y desenmascarar los chantajes y mentiras, vengan de donde vengan”, haciendo referencia a que Lasso había dicho que se necesitaban 4 mil millones de dólares para el aumento de salarios. También la UNE dijo que “la lucha y demanda del Magisterio y de su gremio, la UNE, son justas, tienen la razón y cuenta con la verdad”. Hasta que el 3 de mayo, los profesores miembros de la UNE comenzaron la huelga de hambre. 

De cualquier forma, hay que esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el informe de la Asamblea. 

¿Cómo serían los nuevos salarios, según la reforma de la LOEI?

Según el artículo 113 de la reforma de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, los nuevos salarios serán: 

 De esa forma los nuevos salarios serán:

  1. Para los maestros en categoría A: 2.034 dólares. Antes ganaban 1.676 dólares. 
  2. Para los maestros en categoría B: 1.706 dólares. Antes ganaban 1.412 dólares. 
  3. Para los maestros en categoría C: 1.676 dólares. Antes ganaban 1.212 dólares
  4. Para los maestros en categoría D: 1.412 dólares. Antes ganaban 1.086dólares
  5. Para los maestros en categoría E: 1.212 dólares. Antes ganaban 986 dólares
  6. Para los maestros en categoría F: 1.086 dólares. Antes ganaban 901 dólares
  7. Para los maestros en categoría G: 986 dólares. Antes ganaban 817 dólares
  8. Para los maestros en categoría H: 817 dólares. Antes ganaban 733 dólares
  9. Para los maestros en categoría I: 817 dólares. Antes ganaban 675 dólares
  10. Para los maestros en categoría J: 817 dólares. Antes ganaban 527 dólares
Mayuri Castro
Periodista de GK. Cubre educación, migración interna y los derechos de las mujeres. En 2021 ganó la Mención de Honor en Acceso a la Salud del Premio Roche por el reportaje El consuelo de un país en crisis recae en sus estudiantes de psicología. Fue parte del equipo de Mongabay Latam y GK nominado al premio Gabo 2021 en la categoría texto con el especial Mujeres en la Amazonía: lideresas indígenas que están cambiando el rumbo de sus comunidades.