Cuestionado por personas presas y organizaciones de derechos humanos, el recién posesionado ministro del Interior, Patricio Carrillo, anunció: “vamos a limpiar el establo de Augías en que se ha convertido el sistema penitenciario”. Aquella analogía —que rememora el mito griego en el que Hércules limpiaba establos de estiércol de ganado acumulado durante 30 años— fue hecha después de la quinta masacre carcelaria en los últimos 14 meses, en la cárcel de Turi, en Cuenca, que dejó 20 presos asesinados. Un día después, se ordenó el traslado de los líderes de Los Lobos, una de las bandas que dominan las cárceles del país. 

Los 5 hombres fueron trasladados desde la prisión azuaya hasta La Roca, la cárcel de máxima seguridad antecedida por el fracaso: fugas, asesinatos y violaciones a los derechos humanos que forzaron su cierre en menos de tres años. 

Carrillo, quien fungía como comandante de la Policía durante las primeras masacres, se ha convertido en el rostro de aquellos traslados, aunque quien los concreta es el general Pablo Ramírez, actual director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI). 

Los traslados no son movimientos aislados: solo en el 2021 se hicieron más de 2 mil. Pero ahora parecen ser una medida desesperada para frenar la violencia: ni siquiera el ingreso de la Comisión de Pacificación Penitenciaria evitó la masacre de Turi. 

En una casa enclavada en el centro norte de Quito, me recibe una mujer que firmó los traslados de peligrosos personajes hace una década. Es Alexandra Zumárraga, ex directora nacional de Rehabilitación Social entre 2010 y 2011, quien reubicó a narcotraficantes como Óscar Caranqui, y a otros líderes. Para ella, no puede existir traslado sin planificación, pero tampoco éxito sin atacar el problema de raíz: la corrupción.

Usted inauguró a La Roca en julio de 2010 y trasladó a varios líderes delictivos, ¿quiénes fueron y en qué criterios se basaron para hacerlo?

Sí. Fueron varios, porque eran los líderes delictivos con más altos índices de violencia en el país. 

Por ejemplo, uno de ellos fue Óscar Caranqui, condenado por narcotráfico. 

Él tenía muchísimos privilegios en el ex penal García Moreno, mandó a matar a funcionarios y guías penitenciarios. La situación era ya insostenible. También firmé el traslado de los hermanos Poveda: William, alias Cubano, y Wálter, alias Caimán, la banda de Los Rusos, liderados por los hermanos Ronquillo, los hermanos Jefferson, Édison y Miguel Ostaiza, condenados por lavado de activos y narcotráfico, además de otros líderes de pabellones de la Penitenciaría del Litoral. 

En ese año, fueron identificados y categorizados en listas que se hicieron en conjunto entre la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, el Ministerio de Justicia e inteligencia de la Policía Nacional. 

En su gran mayoría, eran personas presas de la Penitenciaría. Varias de ellas eran quienes manejaban los pabellones en esa cárcel, pero también estaba Caranqui, quien cumplía su condena en el pabellón A del ex penal [García Moreno]. 

En su caso, por ejemplo, planificamos su traslado porque él ya había tenido varios intentos de fuga. En una ocasión, incluso, quiso dejar la cárcel usando el uniforme de policía que un mismo agente le había proporcionado. 

Eran internos con alto nivel de peligrosidad, condenados por crimen organizado, narcotráfico y asesinato. Alias Cubano, por ejemplo, cumplía una sentencia por el asesinato de Soledad Rodríguez, ex directora de la Penitenciaría del Litoral. Ella había querido trasladarlo. 

[Alias Cubano fue asesinado el 11 de junio de 2019 en la Penitenciaría del Litoral. Fuentes carcelarias vinculan el crimen a Los Choneros, que hasta ese año fueron liderados por Jorge Luis Zambrano, alias JL. El narcotraficante ibarreño Óscar Caranqui, en cambio, fue asesinado tres años después de su traslado, en 2013]

En aquella época, sin embargo, las cárceles no alcanzaban el nivel de violencia que atestiguamos hoy: casi 350 muertos en las masacres, ¿cuáles eran los antecedentes de violencia antes de que asumiera su gestión? 

En prisiones como la Penitenciaría del Litoral, la violencia fue siempre álgida. Desde los 80, los 90, cuando albergaba a al menos nueve mil presos. 

Recuerdo muy bien a una guía penitenciaria —la llamaban “Papito”— de Riobamba. Ella vio decapitaciones, desmembramientos y prácticas sanguinarias, incluso años después. Sin embargo, tampoco había una cobertura fuerte de los medios de comunicación, como ocurre ahora, sobre todo, con los medios digitales. 

En el 2000, por ejemplo, hubo fuertes enfrentamientos entre Los Queseros, una banda delictiva que lideraba en la cárcel de Quevedo, enemiga de Los Choneros. 

A esa prisión se la conocía como “Sal si puedes”. Los guías solamente podían ingresar hasta la puerta porque la cárcel estaba en control total de Los Queseros, que finalmente fueron asesinados por Los Choneros. 

También había violencia estatal. En el Ecuador se aplicó la ley de fugas: es decir, se fingía que se fugaba una persona presa y la asesinaban. Pero muchos de esos casos tampoco eran investigados. 

Cuando yo asumí la dirección de las cárceles, en 2010, esa prisión [la de Quevedo], estaba controlada por Los Choneros. En ese año, mataron a dos guías penitenciarios y a un médico. Yo decidí hacer el traslado de más de 20 miembros de esa banda y se comenzó a retomar, de a poco, nuestras competencias en la cárcel de Quevedo. Sin embargo, la situación ahora es la misma. 

[En 1997, Carlos Obregón, Vicente Vargas y Juan Jiménez, tres presos de la cárcel de Guayaquil, fueron asesinados por guardias de seguridad. El informe policial aseguró intentaron fugarse y que, ante el despliegue de varios “métodos” para recapturarlos, tuvieron que dispararles. Sin embargo, imágenes recogidas por medios televisivos, demostraron que fueron detenidos aún con vida. Organizaciones sociales denunciaron la aplicación de la ley de fuga, una ejecución extrajudicial considerada un crímen de lesa humanidad]

Pero en su gestión se hicieron varios traslados, ¿cuáles fueron los detonantes para hacerlo? 

El más visible —por así decirlo— ocurrió en 2009. 

Ese año, hubo un ataque con una granada en el sector de la cocina de la Penitenciaría, que era, en concreto, un pabellón más. Fue una vendetta orquestada por alias Caimán [por él se bautizó a la banda Los Lagartos que aún habitan la cárcel]. 

Fallecieron al menos 16 personas en ese ataque. Y claro, no eran líderes de bandas delictivas, eran personas que habitaban un pabellón por delitos no graves, incluso vivían ahí personas externas que no cumplían ninguna condena, sus visitas, sus hijos.

La Penitenciaría del Litoral estaba —al igual que hoy— regida por presos y el Estado no tenía control de nada. El entonces presidente Rafael Correa ordenó esos traslados, alarmado, luego de conocer aquella situación, reportada por la inteligencia presidencial. En la “Peni” había piscinas, discotecas, granjas y hasta chivos adentro. 

Como no había un lugar para trasladarlos, lo que hizo Correa fue enviar a los líderes al pabellón F del ex penal García Moreno, usado para castigar a las personas con mayores índices de violencia. 

En ese año, yo trabajaba en el Ministerio de Gobierno en el departamento de pacificación de las agrupaciones juveniles, después llegó mi nombramiento como directora nacional de rehabilitación. Después se adecuó La Roca, se puso ventilación, y se trasladó a varios líderes. Sin embargo, siempre hubo deficiencias en la seguridad de esa cárcel. En mi gestión hubo intentos de fuga, pero en los años siguientes varios líderes sí lo lograron. La Roca fue un fracaso. 

[La situación no cambió mucho. En agosto de 2021, la Policía descubrió una piscina enorme en el pabellón 6, regido por Los Águilas, subcélula de Los Choneros, y caletas de armas en la Penitenciaría]

¿Cómo se hizo la categorización de los líderes delictivos trasladados? 

En el mundo carcelario, para comenzar, los líderes siempre están identificados. 

Se conoce a vox populi, primero, y por la ubicación de cada pabellón. Por ejemplo, se sabía que —de acuerdo al corredor de la muerte, que funciona como una frontera— los hermanos Poveda, alias Cubano y alias Caimán, estaban en la zona delantera. 

De la cocina para atrás, en cambio, la banda de Los Rusos. Pero aquella lista se comenzó a hacer antes de mi dirección, entre la inteligencia policial y la Dirección Nacional de Rehabilitación Social.

¿Hubo un protocolo específico para ejecutar esos traslados?

Sí, siempre debe haber un proceso de planificación para hacerlo. 

Debe ser cuidado y restringido para que no exista fuga de información. Algo que es importante saber es que la persona presa, sobre todo los líderes de organizaciones narcodelictivas, a lo que más le temen es al traslado. 

En mi gestión, lo hicimos porque eran presos que generaban violencia, que imponían un régimen de miedo en donde estaban. 

A Caranqui le temían mucho, porque él quería asesinar a cualquiera que no quisiera colaborar con él. Era necesario hacerlo, sino, ¿cuántos muertos más hubiésemos contado?

Al mismo tiempo, era mi obligación tener en cuenta que, de ser trasladado, debía garantizar su seguridad y su vida. Y así fue durante mi dirección. Fue asesinado dos años después. 

Si una persona presa es asesinada luego de un traslado, será responsabilidad del Estado. 

¿Qué resultados tuvieron esos traslados, fueron positivos? 

En un principio, sí. Pero no puedes tener seguridad de lo que ocurra tampoco con el paso del tiempo. Tienes que estar siempre alerta. 

Lo que sí ocurrió es que las disputas bajaron y las muertes también. 

Claro, ellos estaban muy enojados, sobre todo, con quien firmó sus traslados: yo. Yo tenía mi “seguridad” que estaba a cargo de guías. Pero muchos de ellos tenían afinidad con los presos y fueron cambiados por policías. Recordemos que a Soledad Rodríguez [ex directora de la Penitenciaría del litoral], alias Cubano la mandó a matar. Pudo ubicarla por la información que los guías que la custodiaban le daban. 

Atentaron contra mi vida más de dos veces, además de que fui amenazada por guías a quienes denuncié por tráfico de drogas en la cárcel. Mi vida dio un giro de 180 grados, me cambié de casa, me alejé de mi familia. Eso es lo que también ocurre cuando trasladas a líderes delictivos. 

Sin embargo, pese a los traslados, el sistema era tan corrupto, tan viciado, que, cuando terminé mi gestión, decidí no aceptar la renovación de la dirección. 

Pareciera que la historia se repite, pero ahora con índices extremos de violencia. El gobierno decidió trasladar a cinco líderes delictivos, a varios de la banda Los Lobos, ¿qué efectos podría tener ahora?, ¿la violencia es parte del cálculo? 

Puede tener varias. Y sí, la violencia puede ser una de ellas porque —recordemos— el actuar de las bandas organizadas no es predecible. Pero pienso que esos traslados sí son importantes. 

Un día están aliadas [las bandas], otras no. Para hacer ese traslado, el gobierno debió haber estado preparado, aunque había anunciado meses antes que ya estaban adecuando nuevamente a La Roca.

Por un lado, puede haber reacciones de violencia por parte de sus compañeros o de bandas enemigas, sobre todo, ahora, que han habido cientos y cientos de muertos. Es un tema de estrategia que tanto el gobierno, como el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Presas (SNAI) y los ministerio del Interior y Gobierno lo deben tener claro. 

También he visto que, al encontrarse líderes de bandas contrarias, pueden llegar a hacerse amigos por la convivencia natural de las cárceles y hacer una nueva fuerza. Yo presencié, por ejemplo, una cierta tregua entre alias Cubano y alias JL, que eventualmente se terminó. 

Quisiéramos saber también cuáles son los resultados de la Comisión de Pacificación que lleva más de tres meses en las cárceles. Ellos ya debían hacer su parte, conseguir algún tipo de acuerdo para que la violencia cese, ¿no? 

Ya hubo una primera reacción: cuatro cárceles, donde Los Lobos lideran, según fuentes carcelarias, se levantaron un día después. Su intención no fue un motín, sino una protesta, ¿qué podemos entender sobre esas acciones? 

Así es y, como usted dice, fue una protesta más que otra cosa. 

El problema es si hubiesen sido intentos de masacres carcelarias. Ni el gobierno actual ni el pasado las han evitado. 

No deja de ser preocupante la situación. Ahora hay un nuevo ministro del Interior, Patricio Carrillo, pero los traslados no servirán de nada si no se ataca lo principal, lo que no se responde: el ingreso de armas ¿De qué sirve que lleves a un líder delictivo a otro espacio, si habrá funcionarios que, en total complicidad, les siga dando armas? 

Ha llamado la atención, además, que los trasladados sean líderes de Los Lobos y no, por ejemplo, de Los Choneros, cuyos líderes, alias Fito y JR, están identificados, ¿por qué cree que no ha ocurrido? 

Les temen. Además, ellos ya lo han dicho abiertamente: “el momento en que nos toquen, se arma el desmadre”. Son megabandas, personas que actualmente están liderando una fuerza de miles de personas dentro y fuera de las cárceles. 

El gobierno, ahora, debe analizar perfiles, a quién se trasladará si decide hacer nuevas reubicaciones. Pero lo principal, que las autoridades deben responderse es qué pretenden con los traslados y, también, qué pretenden esos líderes.

Pero si hay un acuerdo de pacificación de ellos —del que aún no sabemos— debe respetarse esa voluntad. Como decía, los presos tienen miedo de esos traslados. 

Fuentes carcelarias en El Turi han dicho que varios de esos traslados podrían ser dirigidos por propias bandas. Sin embargo, aún no hay evidencia, ¿cree que eso podría ser posible? 

Bueno, es difícil saber. Pero podría ocurrir, sí, por la corrupción estructural en el sistema. Claro que los líderes delictivos buscan a las autoridades. 

Lo he dicho más de una vez: el mayor poder de las mafias más grandes es la alianza con la Policía, tanto afuera como adentro. Mientras tienes más aliados ahí, más seguro operas. 

Sin embargo, no podría pronunciarme aún sobre lo que usted me pregunta, pues no tengo pruebas sobre aquello. 

Los traslados parecen una medida desesperada, después de cinco masacres. Además, todas sus soluciones apuntan al fortalecimiento de la Policía que usted también cuestiona y a reformas legales, ¿qué lectura tiene? 

El presidente Lasso no tiene una visión de lo que implica una seguridad integral fuerte. Le falta asesoría, personas que realmente estén capacitadas, que conozcan las cárceles, pero también las calles. 

Pienso firmemente que ex funcionarios como la ex comandante Tannya Varela hicieron mucho daño y aportaron a que la crisis carcelaria crezca. Sabemos de la buena relación que tuvo con el ex ministro José Serrano. 

Me imagino, además, que le debía muchos favores, porque puso a muchos de sus hombres en puestos estratégicos de la Policía Nacional, personas que, además, eran cercanas al correísmo y a las bandas criminales. 

Y lo digo de frente: a los narcotraficantes y a los verdaderos delincuentes de este país no se les ha tocado. Las cárceles son para las personas pobres que no tienen oportunidad de pagar fiscales, de pagar jueces.

Eso fue lo que yo también viví y denuncié. También hay funcionarios que intentan hacer un cambio. Difícil hacerlo con las amenazas y un sistema podrido. 

Tuvo que venir a la Embajada de Estados Unidos a decir lo que ya sabemos: que hay narcogenerales, que el crimen organizado está en el Estado.

 Y lo peor: mantener las cárceles en manos de los policías. Haber puesto al nefasto Edmundo Moncayo fue un error garrafal y en sus manos hay cientos de muertes en las cárceles. Él también puso a policías a liderar otras prisiones. Lo mismo ha ocurrido con las administraciones siguientes. Y sin embargo, no se ha abierto ninguna instrucción fiscal a los funcionarios por las matanzas.

Hay una total impunidad. Los presos murieron en custodia del Estado y no pasa nada. Tampoco pasa nada con quienes ingresan las armas. 

Si no reorientan su modelo de gestión, enfrentamientos entre bandas delictivas habrán siempre y en cárceles hacinadas, sin acceso a la salud, sin atención, abandonadas, lideradas por bandas y la corrupción. 

[El general Edmundo Moncayo asumió la dirección del SNAI en 2019, año en el que comenzaron los enfrentamientos en las cárceles. El 23 de mayo de 2021 presentó su carta de renuncia dirigida al ex presidente Lenín Moreno, después de la primera masacre de febrero de ese año, y a la víspera de la segunda. El ministro del Interior actual, Patricio Carrillo, era comandante de la Policía en ese año]

Usted habla de corrupción, de la Policía como aliada de las bandas delictivas, ¿cómo se ha hecho visible? 

Hablo de corrupción porque cuando ingresas a prisión pasas por tres filtros. 

Te buscan hasta el último pelo, he visto y denunciado violaciones a los derechos humanos de las familias durante esos cateos, pero, claro, en la cárcel hay fusiles de guerra, hay plasmas, hay tanques de gas, ¿cómo explicas eso?

Está la policía, están los militares, los guías, y hay más armas que afuera. 

Pero yo sí veo una diferencia palpable respecto a años anteriores. La policía, por ejemplo, cuando yo era directora, era nuestro apoyo. Es decir, los agentes custodiaban los muros exteriores y estaban en los traslados. Pero intentaba ser sigilosa, porque veía que había una injerencia fuerte con las bandas delincuenciales. Ellos protegían a muchas. Una de ellas fue la de alias Cubano. Ahora, tanto las bandas como la policía tienen más poder. Y les funciona. 

Lo que debemos entender es que un preso no se hace de un arma si alguien no le pasa. No haces explotar una granada sin que te lo permitan. 

¿Dónde está la inteligencia penitenciaria? ¿Dónde está la inteligencia policial, colaborando con ellos? Este país tiene que ver a la inteligencia como su principal enemigo. No existe y es cómplice de las mismas bandas. Es el talón de aquiles del sistema. 

Lo que quiero decir es que el problema no son los presos, es quien los custodia. 

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¿Por qué la Policía es la primera institución nombrada cuando se habla de corrupción en el sistema carcelario? 

Es una buena pregunta. 

La Policía tiene también un sistema estructural mal construido y alto nivel de impunidad en temas de corrupción, siendo la institución en la que más tendríamos que confiar. 

Hay muchas personas infiltradas, que por su propia coexistencia con la delincuencia tiende a alinearse con ellos. 

Algo que me llamaba mucho la atención es ver la amistad —o a veces conveniencia— con la que se relacionaban. Creo que a veces olvidamos que muchos de los policías y las personas que delinquen vienen de realidades muy parecidas, pobres. Varios vienen incluso de los mismos barrios. Pero luego tienes esta otra parte del entramado de corrupción, al que ingresas con total conciencia. 

El ministro del Interior, Patricio Carrillo, habló de limpiar “el establo de Augías”. Ha sido criticado por esa analogía de las prisiones como establos de estiércol, ¿es ese un reflejo de la política de rehabilitación? 

Lo que necesitamos que digan —pero, sobre todo, que hagan— es una limpieza, parafraseando a Carrillo, pero de los funcionarios, de los policías corruptos, de los guías que cooperan con las megabandas. Sabemos que algunos han caído entrando. 

Deben hacer, además, un control de confianza. Recuerdo muy bien que decenas de guías y policías micro traficaban droga, pero también la consumían. Son problemas que deben atenderse. El ministro del Interior tiene la oportunidad de hacer algo. 

En el Ecuador no hay una política de rehabilitación sostenida. Nunca la hubo y no he visto que se intente incorporar ahora. Lo que sí ha habido es una serie de decisiones improvisadas con poco análisis.

Pero pareciera que aquella depuración debería ser aún más profunda, ¿salir de las cárceles para atender el problema de corrupción en otras instituciones? 

Sí. La crisis carcelaria no solo está atravesada por la corrupción de funcionarios penitenciarios, sino también de jueces y de fiscales corruptos. 

Pero también va a un tema mucho más profundo: presupuestos, garantía de derechos. En el Ecuador, como en varios países, no hay personas especializadas en materia penitenciaria. En las facultades de derecho no hay derecho penitenciario, no hay especializaciones en manejo de cárceles. 

No podemos olvidar que en las prisiones hay personas adictas a las drogas, sin acceso a tratamientos. Hay grupos vulnerables, gente pobre que tiene que hacer lo que sea para sobrevivir, con sus familias sin poder conseguir dinero para ellos. En mi gestión, debido a la falta de presupuesto, yo llegué a poner de mi propio dinero para comprar medicamentos. 

Todas las cárceles están en emergencia y sin embargo, la planta central del SNAI está solo en Quito, cuando tienes prisiones como la Penitenciaría y la cárcel de El Rodeo, en Manabí, controladas por mafias. 

Veremos a largo plazo si lo que hace el gobierno funciona o no. Pero si no toma conciencia de que el enemigo está adentro, sino, como siempre, esperaremos que haya una nueva masacre para hablar de cárceles. Sí, esperaremos las próximas muertes para que esté de nuevo en boga.