En la cárcel de máxima de seguridad La Roca, a la que han llegado cinco líderes delictivos trasladados desde la prisión de El Turi, aún faltan adecuaciones en la infraestructura. El general Pablo Ramírez, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), anunció hoy, 7 de abril de 2022, que el gobierno destinará 2 millones de dólares en “proyectos de inversión” para equipamiento y tecnología en La Roca.
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El general Ramírez dijo que el presupuesto ya está siendo destinado en infraestructura y refuerzo de seguridad en esa prisión en la que, según el funcionario, hay 189 plazas habilitadas para personas presas de alta peligrosidad. Sin embargo, aún no ha anunciado si habrá o no traslados adicionales. Ramírez aseguró que en caso de haber nuevos episodios de violencia se analizará y se ejecutarán nuevas reubicaciones.
La seguridad de La Roca es aún una de las preocupaciones latentes para el sistema de rehabilitación, pues, durante su funcionamiento, decenas de presos se fugaron de esa prisión. Aunque prefirió no precisar cifras, Ramírez afirmó que la cárcel de máxima seguridad cuenta con el número suficiente de agentes de seguridad penitenciaria para garantizar la vigilancia de los líderes delictivos. Hasta septiembre, solo 238 guías figuraban en la nómina del complejo penitenciario de Guayas, donde están asentadas otras cuatro cárceles, incluyendo la Penitenciaría del Litoral. En esa cárcel, hay un guía por cada 99 presos. Sin embargo, los agentes dicen que deben vigilar al menos el triple de esa cantidad.
Aquella cárcel, que abrió sus puertas durante tres años, desde 2010 a 2013, para luego ser cerrada como un fallido proyecto, alberga ahora a cinco personas presas que fueron trasladadas tras la primera masacre carcelaria registrada en 2022 —y la quinta documentada desde el 2021. El pasado 3 de abril, al menos 20 personas fueron asesinadas en medio del fuego cruzado en la cárcel de El Turi, en la ciudad andina de Cuenca.
De acuerdo con fuentes oficiales, la violencia se desató por un enfrentamiento entre Los Lobos, la banda narcodelictiva que centralizaba el liderazgo de esa prisión, contra una subcélula llamada R7.
Estas son las personas trasladadas:
- Alexander Quezada San Martín
- Eduardo Vicente Moreira Paredes
- Freddy Marcelo Anchundia Loor
- Marvin Rodrigo Cortez Ramírez
- Juan Andrés Mejía Bermúdez
Los traslados son comunes en el sistema carcelario —en 2021 se hicieron al menos 2 mil—, sin embargo, tiene reacciones. Luego de la reubicación de los presos de El Turi, cinco cárceles, donde los Lobos tienen alta injerencia, protestaron contra los traslados un día después, el 4 de abril. En las prisiones de Machala, Latacunga, Esmeraldas, Santo Domingo se quemaron colchones y varias personas privadas de la libertad subieron a los muros de sus pabellones como acto de protesta, según confirmó un preso de Esmeraldas a GK. Sin embargo, su intención no era violentar, sino llamar a las autoridades para “mantener conversaciones”, dijo. El SNAI aceptó que los diálogos se mantienen.
Ramírez aseguró que la ejecución de traslados —en su gran mayoría no conocidos públicamente— han evitado 83 muertes violentas. “Es una estrategia de prevención que se ejecuta a través de un informe de inteligencia”, dijo.
Luego de evaluaciones médicas, el régimen al que se adaptarán los presos trasladados es rígido. Durante 23 horas pasarán en sus celdas y una hora afuera. Tampoco podrán interactuar entre ellos.
¿Por qué se trasladó a 5 líderes delictivos?
Los traslados de ese grupo de cinco presos, entre los que están alias Ariel y alias Archundia —el primero líder de Los Lobos y el segundo, de R7— es una de las medidas del gobierno nacional para “combatir la violenci”a, luego de la quinta masacre documentada en Ecuador en menos de dos años.
De las 20 personas fueron asesinadas, la Secretaría de Derechos Humanos confirmó que 17 de esos cadáveres ya fueron entregados a sus seres queridos.
Para la abogada Alexandra Zumárraga, ex Directora Nacional del Sistema de Rehabilitación, “la violencia es parte del cálculo” cuando se realizan traslados, sobre todo, en medio de la crisis carcelaria que aún no encuentra rumbo en el país. El gobierno también lo sabía, según Zumárraga. De hecho, el ministro del Interior, Patricio Carillo, dijo que preveían posibles episodios de violencia, pero que están preparados.
