Cuando el narcotráfico permea las calles y las cárceles, por experiencias como México o Colombia, se sabe que hay un factor común: la complicidad de funcionarios públicos con cargos de alto nivel en las filas silentes del crimen organizado.  Así ocurrió, por ejemplo, con el ex secretario de Seguridad Pública del gobierno mexicano de Felipe Calderón, Genaro García Luna, acusado de narcotráfico por Estados Unidos, y responsable de la serie de amenazas contra la periodista Anabel Hernández, quien fue la primera en publicar sus posibles nexos entre funcionarios del sexenio del ex presidente Felipe Calderón y el cártel de Sinaloa.

Aunque esa realidad parecía lejana a Ecuador, las declaraciones de Michael Fitzpatrick, embajador de Estados Unidos en el país, abrieron un debate sobre el posible vínculo entre ‘narco generales’ y los cárteles que han asentado sus operaciones en Ecuador.

“Estamos muy preocupados por la penetración del narcotráfico en Ecuador y en las fuerzas del orden”, declaró Fitzpatrick en una entrevista publicada en el portal Primicias, el 13 de diciembre de 2021. Luego, el embajador dijo que uno de los casos a los que apuntaba Estados Unidos era el de los “narco generales”, a quienes se les habían retirado las visas, aunque no mencionó nombres. Esa declaración, inusual para un diplomático, obligó al gobierno a pronunciarse. 

Ese mismo día, por la tarde, los ministerios de Gobierno y de Defensa emitieron un comunicado conjunto en el que dijeron que a ninguno de sus generales se le había retirado la visa. Además, las dos instituciones solicitaron a la Embajada de Estados Unidos “la entrega de información relacionada con este tema para que, de manera inmediata, sea puesta en conocimiento de las instituciones ecuatorianas pertinentes y se inicien las investigaciones del caso”. 

Un día después, el 14 de diciembre, el portal Primicias publicó que habían cuatro funcionarios policiales de alto rango a quienes se les había quitado la visa. Dos de ellos eran generales en servicio pasivo, uno que estuvo en la Unidad de Antinarcóticos y un oficial cesado de sus funciones en agosto de este año por no cumplir con los requisitos para su ascenso y que denunció formalmente a la actual comandante general de la Policía, la general Tannya Varela. 

Primicias publicaba ese día que los cuatro generales a los que se les retiró la visa eran: David Proaño, Enrique Espinosa de los Monteros, Víctor Araus y un cuarto general, cuya identidad no fue revelada. El único nombre que ha sido confirmado es el de Araus. 

¿Quiénes son los cuatro generales a los que se les habría retirado las visas estadounidenses?

• El ex general David Proaño sería uno de los involucrados, según la información difundida por Primicias. Proaño fue director del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol). En enero pasado, tras estar vinculado a las irregularidades en el manejo de fondos del seguro social de la Policía, fue cesado en sus funciones por parte del entonces presidente, Lenín Moreno. 
• El ex general Enrique Espinosa de los Monteros sería el segundo general vinculado al caso Isspol, según Primicias. Espinosa de los Monteros fue director del fondo de pensiones de la Policía y estuvo, por ese caso, en prisión preventiva entre el 24 de febrero y el 12 de abril de 2021. En mayo de 2019, Espinosa de los Monteros fue destituido de la Policía tras ser hallado culpable de una “falta grave” por usar de forma irregular un helicóptero que se estrelló en el Parque Bicentenario en Quito en marzo de 2019.
• El otro general, cuya identidad aún no ha sido revelada, habría formado parte de la Dirección Nacional de Antinarcóticos. Lo que se conoce, de acuerdo a Primicias, es que un “miembro del equipo cercano a este oficial” habría acompañado a Raúl de La Torre —sobrino de Pablo Celi, el excontralor procesado por el caso Las Torres—  a un viaje a Estados Unidos como parte de su comitiva de seguridad.  
• El cuarto general —y el único que ha confirmado el retiro de su visa, es el  general Víctor Araus. Tras 36 años de carrera, fue cesado de sus funciones en agosto de este año, al igual que los oficiales Pablo Rodríguez, Édgar Correa y Paulo Terán, por no haber cumplido los requisitos para su ascenso. Sin embargo, la jueza Verónica Medina los restituyó en sus funciones a inicios de diciembre, tras una acción de protección interpuesta por Araus y tres compañeros de promoción. Araus acusó a la Comandante General, Tannya Varela de falsificación ideológica por supuestas irregularidades en la calificación de su ascenso. Ese proceso está en investigación previa.

Investigaciones en la Policía 

Luego de la polémica por las declaraciones de Fitzpatrick y el cuestionamiento del general Víctor Araus contra la comandante Varela, la cúpula de la Policía Nacional, liderada por la general, dio declaraciones el 15 de diciembre último. 

Varela, acompañada por los generales del mando institucional, dijo, en rueda de prensa, que a ninguno de los generales en servicio le había sido revocada la visa. La comandante Varela dijo que actualmente hay 35 altos mandos en la Policía. Pero, según ella, ninguno de ellos estaría vinculado al narcotráfico. Asimismo, tienen su visa en firme. Descartó, además, que alguno de ellos haya sido llamado o citado a la embajada de Estados Unidos. Asimismo, afirmó que los altos mandos suscribieron un permiso para que la Superintendencias de Bancos, la Contraloría, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) ejecutaran y analizaran sus ingresos económicos en cuentas bancarias y bienes desde que fueron ascendidos en 2016.

La comandante Varela también se refirió a los generales Araus, Rodríguez, Terán y  Correa, cuyas visas también han sido revocadas. Tras el dictamen de la jueza Medina, el gobierno impugnó la decisión, aunque, según Diego Chimbo, abogado de Araus, su defendido ya se reincorporó como director financiero de la Comandancia General de Policía. Con la copia certificada de su visa en las manos, Varela dijo que ellos deben “proceder de la misma forma como nosotros lo estamos haciendo”. Es decir, presentar la visa, que ya no tienen, y permitir que abran sus cuentas bancarias para que sean investigadas. Chimbo dijo, en entrevista en GK, que antes de que Varela anuncie el pedido a las autoridades para auditar a los generales de la Policía, su defendido ya había hecho la misma solicitud a las autoridades competentes.