En la Asamblea Nacional, el debate que finalmente aprobó el proyecto de ley para interrumpir el embarazo en casos de violación fue la manzana de la discordia para algunos partidos. La Izquierda Democrática, por ejemplo, no logró reconciliar sus credenciales supuestamente progresistas y feministas con las posturas y falacias de algunos de sus asambleístas —o las tibiezas de figuras como Xavier Hervas— para poner más trabas burocráticas a las víctimas de violación que deciden abortar. 

Al mismo tiempo, en este debate —que concierne los derechos de mujeres— se han destacado asambleístas como Paola Cabezas y Jhajaira Urresta, de la coalición correísta Unión por la Esperanza (UNES),  Sofía Sánchez de Pachakutik, así como Johana Moreira de la Izquierda Democrática. Moreira, de hecho, fue quien propuso el proyecto de ley. Si bien el tema ha dividido a las bancadas de siempre, al mismo tiempo ha tendido puentes entre asambleístas mujeres por la defensa de sus derechos. 

Si la ley para interrumpir el embarazo en casos de violación es capaz de dividir viejas cofradías, ¿podría también crear nuevas lógicas dentro de la Asamblea? En en la bancada gobiernista no ha habido mayores fracturas (el presidente Lasso dijo que vetará la ley), pero al menos entre los autodenominados progresismos, las mujeres están desafiando a los mandamases de siempre. 

Para la bancada correísta, eso es históricamente inédito: las asambleístas han desafiado abiertamente los postulados de Rafael Correa, líder máximo del partido, un hombre ultraconservador que, en su oposición al aborto, llegó a declararse de derecha y a ningunear los cuestionamientos de sus partidarias mujeres. En ese sentido, UNES —heredera de la difunta Alianza País— luce irreconocible en comparación con los tiempos en los que sus asambleístas se describían a sí mismas como sumisas. 

UNES (o el correísmo) tiene una historia de sumisión partidista, en especial en temas de género. En 2013, la entonces asambleísta Paola Pabón fue sancionada junto a Gina Godoy y Soledad Buendía a un mes de suspensión por defender la posibilidad de aborto en caso de violación. Rafael Correa describió la afrenta como una traición y el comité de ética del partido les prohibió, incluso, dar declaraciones públicas. Entonces, las tres asumieron la sanción con “inmensa responsabilidad y compromiso militante”. 

Era una característica partidista y que definía al movimiento entero. Las opiniones personales y creencias religiosas de Rafael Correa marcaron gran parte de la agenda de su militancia. Sucedió hasta hace poco: en las elecciones presidenciales de 2021, por ejemplo, la caricaturización de Correa del feminismo como compuesto de “hedonistas frenéticas”, contradecía el supuesto feminismo del candidato Andrés Arauz. Lo contradecía y silenciaba: en campaña, Arauz no logró articular una postura propia, sin que fuera eclipsada por las vociferantes intervenciones de su jefe. Fue tal la gravitación de Correa que nunca supimos quién era Arauz, ya que sus propios votantes decían que lo elegían por su mentor, no por sus méritos. 

El debate del proyecto de ley para la interrupción del aborto en casos de violación ha dejado atrás esa dinámica —al menos temporalmente. Aunque finalmente primaron las negociaciones para reducir al mínimo los plazos para interrumpir el embarazo producto de violación para las mujeres adultas, las intervenciones de Paola Cabezas, por ejemplo, enfatizaron la necesidad de entender el derecho al aborto como un tema de clase y raza también  “El aborto es una práctica de resistencia de las mujeres negras, hijas de la esclavitud. Del 100% de mujeres criminalizadas por aborto, 40% son mujeres negras”, dijo el 3 de febrero de 2020. Así, Cabezas enarbolaba un “feminismo interseccional, donde la raza y la clase sí importan”, me explicó Gabriela Gallardo, Candidata a Ph.D en Género y Desarrollo. 

Gallardo, quien ha seguido el proceso político muy de cerca, describió el protagonismo de estas asambleístas como ajeno a la organicidad de los partidos, incluso de los de izquierda. “El feminismo no es un lineamiento partidista, eso es evidente en cómo se organiza cada partido”, me dijo. 

Gallardo me explicó que hay dos caras a la situación actual: por un lado, aunque partidos como Pachakutik, la ID y UNES se definen como progresistas, las divisiones que ha causado el debate dentro de esas mismas organizaciones demuestran que no hay un solo partido feminista. En otros países, en cambio, los partidos progresistas toman una postura a favor de las mujeres y diversidades sexo genéricas. Por otro lado, el que los partidos de supuesta izquierda —en realidad, UNES es la heredera del catch-all que fue la poderosa Alianza País— dejen la votación al libre albedrío de sus militantes –como finalmente sucedió– genera una nueva politización del debate. Hay nuevas protagonistas. 

Este debate, entonces, ha reconfigurado el espectro clásico de izquierda y derecha. Pero más entre izquierda e izquierda. Gallardo me hace notar que mientras la derecha repitió argumentos absurdos como los de Nathalie Viteri (no, la sal no es abortista) o Esteban Torres, la izquierda se enfrentó a sí misma. Por ejemplo, el informe de minoría en la Comisión de Justicia —mucho más conservador que el final de mayoría— fue presentado por asambleístas, en teoría de partidos autoproclamados progresistas, de la Comisión:  Sofía Espín (UNES), Ricardo Vanegas (Pachakutik) y Dalton Bacigalupo (Izquierda Democrática). 

En contraste, dice Gallardo, en UNES hay casos como los de José Agualsaca, dirigente indígena de Cotopaxi, que apoyó el informe de mayoría (mucho más pro-derechos), a pesar de que este contradecía las disposiciones provida de figuras muy visibles de su partido como Pamela Aguirre y Pierina Correa. 

Es decir, algo podría estar cambiando. Los partidos autoproclamados progresistas no han logrado crear un frente unido sobre el aborto, pero airean discrepancias importantes en público. Hay un debate. Aunque quizá lo único que ha cambiado es que UNES perdió las presidenciales, Correa sigue viviendo fuera del Ecuador y, en ese escenario, sus asambleístas tienen libertad para hablar porque no están atadas a los caprichos del líder supremo dirigiendo el Ejecutivo, amenazándolas con renunciar a la presidencia si el debate por el aborto continuaba —tal como pasó en 2013. 

Gabriela Gallardo camina con cuidado. Me hace notar que UNES se abstuvo de forma unánime —y en bloque— en la moción para archivar el proyecto de Reforma Tributaria del gobierno, pero en este caso del aborto no pudo uniformizar su voto. En los partidos ecuatorianos es más fácil ceder en una reforma económica, por lo visto, que a los dogmatismos que informan las posturas de quienes se oponen a la despenalización del aborto. 

Algo es algo. La democracia actual ecuatoriana sigue siendo frágil, al igual que sus instituciones —salvo la honrosa excepción de la Corte Constitucional— pero en estos años, al menos en la discusión de la ley de la interrupción del embarazo en casos de violación, las órdenes de los líderes hombres han resonado menos. Incluso en el bando autoproclamado provida, las protagonistas son mujeres: Pierina Correa, Nathalie Viteri, Geraldine Weber. “La postura de muchas de estas asambleístas no es por cálculo político, ni por orden de un ejecutivo o del liderazgo del partido. Más bien se van en contra de eso”, me dice Gallardo. Nuevamente, se cuida de las hipérboles: “Están aprendiendo y están haciendo política por una causa”. 

“Esa es la esperanza”, me dice. Y es cierto. En este tema, también está claro que muchas de las voces más identificables del hemiciclo legislativo son de mujeres, en todos los flancos del espectro ideológico. 

Este debate, en ese sentido, ha sacado lo peor de algunos asambleístas y lo mejor de algunas individualidades. Las intervenciones de muchas mujeres en la Asamblea en este momento lucen como los primeros pasos certeros a la despolarización. Y a pesar de que, finalmente, la ley aprobada, fue en muchos sentidos una derrota para las víctimas de violación, la división de viejas bancadas podría también ser señal del inicio de nuevos liderazgos.