Después de la masacre en las cárceles del viernes 12 de noviembre, el presidente Guillermo Lasso hizo un “llamado de atención” a las instituciones del Estado ecuatoriano, pero a una en especial: la Corte Constitucional. Fue un gesto pasivo-agresivo: Lasso sugería que la Corte —máximo tribunal del Ecuador— era en parte responsable de la matanza al no darle “las herramientas constitucionales idóneas para proteger a la población, recobrar el orden en las cárceles y luchar contras las mafias que lucran del caos”. Aludió, entre otras cosas, a las condiciones que ésta le impuso a su estado de excepción del 18 de octubre. Hizo mal: Lasso olvidó el rol fundamental que ha tenido la Corte en mantener la poca cordura que le queda al Ecuador, salvaguardar los derechos de sus ciudadanos e incluso avanzar en la vigencia de otros derechos. 

La indirecta del presidente hacía referencia a los cambios que la Corte hizo a las condiciones del estado de excepción. Fueron algunos. Los jueces redujeron el período del estado de 60 a 30 días y limitaron la presencia de las Fuerzas Armadas a nueve provincias (las únicas en las que –según ellos– el gobierno justificó la jurisdicción de los militares). La Corte también restringió las actividades de las Fuerzas Armadas “exclusivamente con funciones complementarias a las de la Policía Nacional”. En esencia: le puso un pare al poder extraordinario que un estado de excepción le podría otorgar al ejército en un país que es hiperpresidencialista desde siempre pero con más fuerza desde 2008. La Corte hizo su trabajo:  puso a la Constitución –y las obligaciones internacionales que tiene el Ecuador con, entre otros, la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)—por sobre cualquier política que deriva del miedo o la desesperación. 

La Corte Constitucional no se quedó callada ante la “jalada de orejas” de Lasso. Rechazó las declaraciones del presidente y lo criticó por “evadir sus propias responsabilidades”. Le recordó su razón de ser. De todas maneras, la indirecta oficialista caló en medios, redes sociales y en la opinión pública. La acusaron de  “pecar de teórica” y de ser en parte responsable al defender la Constitución de 2008. En ese sentido, el gobierno sí logró desviar la atención de una buena parte de la ciudadanía. 

Vale la pena repetirlo: la situación carcelaria no se va a resolver con facilidad. Es un problema estructural complejo del que no se puede responsabilizar únicamente a un gobierno de menos de un año. Esta crisis confunde y deja muchas preguntas que incomodan ante la urgencia. Si la policía requiere de apoyo militar ¿qué le falta a la policía? Si los militares no pueden tener presencia permanente en las cárceles ¿qué impide que intervengan y entren durante las masacres? ¿Por qué y por dónde siguen ingresando armas a las prisiones? 

El gobierno no la tiene fácil. Podría esforzarse en comunicarlo, en lugar de victimizarse y retratarse de manos atadas por la Corte. 

Las limitaciones impuestas por éste órgano han sido, por el contrario, un baño de realidad para el gobierno. Limitaron la dosis de un país adicto a los estados de excepción. El Ejecutivo ha planteado a la mano dura y la intervención militar como piezas fundamentales de la salida a este problema, cuando no lo son todo —en especial cuando no hay estrategia, ni visión clara sobre lo que se combate ahora o se combatiría a futuro. 

Contra el narco y sus mafias, la militarización no ha sido una vía efectiva en ninguna parte del mundo. Al contrario, suele resultar en más violencia, tanto delincuencial como estatal. Si algo nos advierte la historia del Ecuador —y de América Latina— es que a los militares hay que ponerles límites. Lo advierten la historia, la Constitución y la CIDH. 

En Ecuador, la Corte Constitucional se ha ganado un sello de calidad. Sus fallos se han convertido en hitos para los derechos humanos en momentos en los que ni el poder Ejecutivo ni el Legislativo estuvieron a la altura. 

En junio de 2019 reconoció el derecho al matrimonio igualitario y sentó un precedente importantísimo al establecer que las garantías civiles están por sobre cualquier creencia personal o religiosa. 

Luego, en abril de este año, los mismos jueces decidieron —con siete votos a favor y dos en contra— despenalizar el aborto en caso de violación. En ese momento el recién electo presidente Lasso dijo que respetaría la decisión de la Corte, en un gesto verdaderamente demócratico ¿Qué ha pasado que en tan poco tiempo ha dado un giro tan radical?

Este año también falló sobre la constitucionalidad de una reforma a la Ley orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y le dio una repelada histórica a la Asamblea. La Corte dijo que deploraba (sí, ese verbo usó) que la Asamblea Nacional y el presidente de ese entonces (Lenín Moreno) hayan incumplido su deber de garantizar la sostenibilidad de la seguridad social. Dijo que tal proceder carecía  de seriedad, ya que promovía el desarrollo de los derechos sociales de la población “solo de manera ilusoria”. Y por si fuera poco, sin la Corte Constitucional, Quito seguiría sumida en la disputa entre Jorge Yunda y Santiago Guarderas por la alcaldía capitalina. 

Hace pocos días, los jueces de la Corte hicieron una visita al territorio de la nacionalidad indígena Cofán para poder resolver dos acciones sobre la violación al derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado de este pueblo amazónico. “La decisión del máximo tribunal nacional podría crear jurisprudencia sobre otros casos de falta de consulta previa en territorios indígenas”, dice una nota en GK.

Por supuesto, hay decisiones de la Corte que no son del agrado de todos. La han criticado desde activistas autoproclamados provida hasta defensores del medioambiente, que han considerado sus fallos sobre proyectos extractivistas tibios o, directamente, equivocados. Pero ese es el juego republicano y democrático. La Corte es un seguro de legitimidad. Es un árbitro imparcial que aplica la Constitución sin hacer cálculos políticos. O sea, es un bicho raro en un país donde todos los jueces se mecen al vaivén de las elecciones y las popularidades de masas. En ese sentido, la actual Corte —tan distinta de las anteriores— ha vivido al margen de la veleidad política y nos ha dado un mensaje claro: si queremos construir un país donde todos podamos vivir, las reglas tienen que estar claras y regir siempre y para todos. 

El Ecuador ha caído con demasiada frecuencia en las pulsiones estomacales o los prejuicios de presidentes y sus partidos. La ley y la Constitución han pasado a segundo plano, eclipsadas por discursos altisonantes de toda índole, desde revolucionarios hasta militaristas. 

La urgencia es fácil tentación para la inconstitucionalidad. El ataque pasivo-agresivo del presidente hacia la Corte es una bandera roja. El Ecuador necesita de quién vele por la Constitución y los derechos humanos. En los últimos años, les debemos a estas nueve personas, que se sientan a diario en sus despachos, el poco progreso en derechos sociales que ha hecho el país.