5 momentos del desplome de la Revolución Ciudadana

Aunque desde hace tiempo ya se hablaba de un debilitamiento de la Revolución Ciudadana (RC) por fisuras internas, la situación no había sido tan compleja como ahora. 

El correísmo, que gobernó Ecuador durante una década bajo el liderazgo de Rafael Correa, atraviesa uno de sus momentos más críticos. El movimiento está en terapia intensiva. Y ese escenario se agudizó tras la derrota de Luisa González frente a Daniel Noboa en las elecciones generales del 13 de abril de 2025.

Ha pasado casi un año, y la RC —la principal fuerza opositora del gobierno— ha ido perdiendo poder y espacio. Ocho de sus principales dirigentes están bajo investigación por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos; en la Asamblea Nacional casi ya no tienen voz, y algunas de sus figuras más visibles se fueron.

Es como si la misma RC se hubiese trazado un camino para desaparecer.  

Ahora, de cara a las elecciones seccionales, en las que se eligen alcaldes, prefectos, entre otros cargos, el correísmo se juega su último gran bastión político y territorial. Actualmente, tiene el control de esas autoridades en las principales ciudades del país —Quito, Guayaquil y Cuenca—, pero ganar otra vez no está asegurado. 

Cada vez les aparecen más obstáculos. 

El golpe más reciente al correísmo fue el repentino cambio del calendario electoral de las elecciones. Estaban previstas para febrero de 2027, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió adelantarlas al 29 de noviembre de 2026, bajo el argumento de que es una medida preventiva ante las posibles inundaciones y daños a recintos por el fenómeno de El Niño en 2027. 

¿Por qué le afecta esa decisión a la RC? Porque el 6 de marzo, el movimiento fue suspendido nueve meses por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por una investigación penal contra ocho dirigentes. Si se acortan los tiempos para que empiecen las elecciones, la RC tendría menos posibilidades de levantar esa medida y de participar en las elecciones seccionales. 

Si la RC sigue suspendida, aún le quedaría otra opción: que sus militantes se desafilien y busquen otra organización política. La ley permite hacerlo hasta 90 días antes del inicio de inscripciones —previstas para agosto de 2026 según el nuevo calendario. Y todo apunta a que esa estrategia ya empezó, porque Paola Cabezas, asambleísta y una de las figuras más visibles del movimiento, se desafilió el 30 de marzo de 2026.

Pero ¿podría desaparecer la Revolución Ciudadana? 

Para el analista político César Luis Barthelotti, la RC está desplomándose porque “el arquitecto de ese desplome es el mismo arquitecto que hizo los planos originales, Es decir, Rafael Correa está incendiando el edificio que él construyó”.

Barthelotti explica que la RC está sufriendo el mismo problema que han tenido los partidos importantes de Ecuador: se llama “caudillitis”. Eso significa —según el analista— que la organización está integrada en torno a un líder. Tan personalista es la RC que incluso lleva las siglas del nombre de Rafael Correa. 

El problema es que las organizaciones que han nacido en función de un caudillo —pasó con el velasquismo y el roldosismo— acaban dependiendo de la participación de ese caudillo, por ejemplo, de sus decisiones. En la RC, “Correa es el principal activo y pasivo de ese movimiento político”, opina. Es un activo porque todavía tiene votos de recordación, de amor, de agradecimiento, y un pasivo porque existe el voto anti Correa.

Esa suma y pérdida de votos se refleja en los resultados en las elecciones. Además, dice el experto, Correa no tiene un sucesor porque se ha encargado de que no haya uno. Selene López, analista política, explica que la RC ha tenido problemas en consolidar su liderazgo. “Depender tanto de Correa ha dificultado los procesos de transición, una vez que dejó el poder”.

Una vez que los partidos o movimientos que sufren de caudillitis llegan al poder, continúa Barthelotti, empiezan su decadencia. En el caso concreto de la RC, el movimiento enfrenta un proceso de envejecimiento de su militancia. El analista dice que llegaron al poder hace casi 20 años, y el votante que eligió a Correa era de clase media quiteña, y que veía a Álvaro Noboa como una amenaza. 

Ese votante, que entonces tenía unos 45 años, hoy supera los 60. Muchos ya no tienen la obligación de votar. Aunque militen en las redes sociales y le den su apoyo por Facebook, ese voto se ha ido descomponiendo, dice Barthelotti. 

Esto, en definitiva, ha hecho que la caída del correísmo, sea la caída del proyecto personal de Rafael Correa. Pero hay algo más. La analista López dice que la RC no es responsable de no poder participar en las próximas elecciones, es decir, su situación no responde a los fallos internos de la organización. “Hay una operación autoritaria estatal que hace que no participen en las elecciones”, dice. 

Aquí te cuento cómo ha sido el desplome de la Revolución Ciudadana en el último año, en cinco momentos. 

1. El caso Caja Chica y la suspensión de la RC

La Fiscalía abrió una investigación por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos contra la cúpula de la RC, incluidos Correa, González y Andrés Arauz. 

El caso se denomina Caja Chica. Se presume que dinero ilícito —en efectivo— entraba desde Venezuela y habría servido para financiar la campaña presidencial de 2023, cuando González fue candidata a la Presidencia y Arauz a la Vicepresidencia. En esas elecciones, González y Arauz perdieron frente a Daniel Noboa.

El 28 de enero de 2026, la Fiscalía y la Policía allanaron cuatro casas en las provincias del Guayas y Pichincha, entre esas la de González y Arauz. No hubo detenidos.

Sus dirigentes niegan las acusaciones y hablan de persecución del gobierno. González dijo en una rueda de prensa, horas después de los allanamientos, que el correísmo no ha recibido dinero ilícito y que los fondos de campaña fueron reportados conforme a la ley.

Un mes después, en marzo de 2026, la Fiscalía pidió al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que suspenda a la Revolución Ciudadana, con base en el artículo 374 del Código de la Democracia.

Ese artículo permite la suspensión de una organización política cuando hay una investigación por lavado de activos y, según la ley, el pedido lo debe hacer el Fiscal General. 

El juez Joaquín Viteri acogió la solicitud y dispuso la suspensión del movimiento por nueve meses. En la práctica, eso significa que la Revolución Ciudadana queda fuera, de forma temporal, del registro de organizaciones políticas del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El correísmo ha intentado revertir la decisión, sin éxito. Su abogado, Gabriel Rivera, dijo el 9 de marzo en una rueda de prensa que el pedido no lo hizo el fiscal general Carlos Alarcón, sino una funcionaria de la Fiscalía, Judith Bonilla. También cuestiona el fondo: la norma habla de lavado de activos, pero en este caso la investigación es por delincuencia organizada.

Incluso antes de que el CNE adelantara las elecciones, Rivera ya advertía que los nueve meses de suspensión coinciden con el periodo de inscripción de candidaturas para las seccionales.

Con el calendario corriendo en su contra, la posibilidad de que la Revolución Ciudadana no participe deja de ser un escenario y empieza a perfilarse como un hecho.

2. Coordinador de la RC, acusado en la Asamblea Nacional

Desde que se posesionó en la Asamblea Nacional, la RC ha tenido una participación casi nula, marcada más por polémicas que por incidencia política.

A eso se suma la situación de su coordinador de bancada, Juan Andrés González, señalado por dos cosas: presuntos cobros a su equipo y por calumnias. 

En febrero de 2026, González fue acusado por la asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN), Ana Belén Tapia, de cobrar diezmos a un ex trabajador de su equipo. La legisladora presentó pruebas de que supuestamente González había pedido pagos relacionados con pasajes terrestres para viajar a Loja, incluidos boletos para familiares.

En su defensa, González dijo que ese dinero había sido devuelto. 

El Comité de Ética recomendó destituir al asambleísta. Pero ADN no consiguió los votos.

A la par, González enfrentaba otro proceso en la Asamblea Nacional. En febrero, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) lo suspendió por nueve días. 

¿Por qué? 

Porque el 10 de diciembre de 2025, González calificó de “terrorista” a la bancada de ADN y habló de un supuesto “autoatentado” del gobierno. Se refería al llamado caso Porsche.

Ese caso empezó el 3 de abril de 2025, con una explosión en la Bahía que destruyó varios locales. Tras el atentado, las cámaras permitieron rastrear a los sospechosos hasta la Isla Trinitaria. En operativo militar en una casa de ese sector, fue detenido Iván Ballesteros, quien fue liberado diez días después por falta de pruebas.

El caso escaló políticamente cuando González difundió videos en los que aparece un Porsche afuera de la casa donde había sido el operativo, minutos después de que se fueran los militares. Según él, el vehículo estaría vinculado a Industrial Molinera, una empresa relacionada con la familia del presidente Noboa.

Con base en esa información, el 15 de octubre de 2025, González presentó una denuncia para que se investigue una posible relación entre el vehículo, el atentado y el Presidente. 

El correísmo decía que la explosión pudo haber sido un “autoatentado” para afectar al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, aunque no ha presentado pruebas. Mientras que la defensa del grupo Noboa lo negó. Aseguró que el Porsche era usado por una empleada con una emergencia familiar y que su presencia en el lugar no tiene relación con el atentado.

El caso de González no se quedó en la suspensión: ya había sido denunciado, en enero de 2026, por calumnia por la legisladora oficialista Naila Quintana. 

A partir de eso, un juez de la Corte Nacional de Justicia pidió a la Asamblea autorización para investigarlo penalmente. Esa autorización es necesaria porque los asambleístas tienen inmunidad: no pueden ser procesados por hechos relacionados con su función sin el aval del Legislativo.

Para levantar esa protección se necesitan 101 votos. Pero ADN no los tiene. Por eso, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, suspendió una sesión del Pleno antes de que se tratara el caso de González y luego dijo que no volvería a convocar. 

¿Esa fue una jugada del oficialismo? 

Sí. La Constitución establece que si la Asamblea no responde en 30 días, se entiende que la autorización queda concedida. En ese escenario, González habría perdido la inmunidad.

GK contactó al asambleísta González para conocer su situación en este proceso, pero no respondió hasta el cierre de esta edición. 

3. La salida de sus militantes importantes

La intransigencia del líder máximo, Rafael Correa, ha sido una de las críticas recurrentes al deterioro de la RC. Y eso le ha costado políticamente al movimiento. 

En julio de 2025, cinco de sus principales dirigentes enviaron una carta a Correa en la que expresaron su preocupación por el rumbo de la RC. El documento estaba firmado por Leonardo Orlando, Marcela Aguiñaga, Paola Pabón, Juan Cristóbal Lloret y Pabel Muñoz.

No son militantes cualquiera. Han sido, probablemente, de los cuadros más fieles del correísmo desde sus inicios, en 2007, cuando Correa llegó por primera vez a la Presidencia. 

Incluso, en 2018, tras el quiebre con el entonces presidente Lenín Moreno —cuando una parte del movimiento se quedó con Alianza País y otra siguió con Correa— ellos permanecieron en la línea de la Revolución Ciudadana.

En la carta advirtieron que la organización atraviesa un momento crítico. Escribieron que el movimiento “vive una desconexión con el país” y que “el liderazgo perdió el rumbo, la escucha y la cohesión interna”.

Meses después, en diciembre de 2025, Aguiñaga —uno de los rostros más fuertes del correísmo— anunció su salida de la RC. “Hoy me despojan del movimiento en el que milité 18 años de mi vida, con absoluta convicción”, dijo en un video difundido en sus redes. 

Añadió que asumía ese “castigo” con “serenidad”.

Otro quiebre fue el de Jhajaira Urresta. El 10 de julio de 2025, la entonces asambleísta oficializó su separación del bloque legislativo de la RC y anunció que actuaría como independiente. La decisión se dio tras la filtración de chats en los que Luisa González, ex candidata presidencial y figura del correísmo, la habría insultado.

Urresta había sido cercana al movimiento desde 2019, cuando perdió un ojo durante las protestas de octubre contra el gobierno de Lenín Moreno, tras el impacto de una bomba lacrimógena. Desde entonces, dijo, había demostrado “lealtad al proyecto político”, del que —afirmó— “queda poco o nada”.

Las salidas de figuras cercanas y simbólicas evidencian algo más profundo que casos: el desgaste interno de un movimiento que ya no logra sostener la cohesión que lo caracterizó durante años.

4. Alcaldes del correísmo, investigados

La Revolución Ciudadana tiene en sus filas a los alcaldes de las dos ciudades más importantes del país: Quito y Guayaquil. Hoy, los dos enfrentan investigaciones en la Fiscalía.

Quito

El alcalde Pabel Muñoz es investigado por la compra de 60 trolebuses. 

El 24 de marzo de 2026 fue a la Fiscalía General para rendir su versión dentro de una indagación previa, que se abrió tras un informe de la Contraloría General del Estado.

El informe concluyó que podrían existir irregularidades en la compra de 60 trolebuses eléctricos. Dice que 15 de las 80 especificaciones técnicas —condiciones y características exactas que debe cumplir un producto o servicio antes de ser comprado por el Estado— no se cumplieron, y se omitieron procedimientos obligatorios, como la subasta inversa. 

En su lugar, el proceso se hizo mediante un convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), lo que —según la Contraloría— permitió evitar esos mecanismos de contratación. Por eso, señaló dos cosas:

• Indicios de responsabilidad penal: es decir, posibles delitos que deben ser investigados por la Fiscalía.
• Responsabilidad civil por 2,5 millones de dólares: un posible perjuicio económico al Estado que alguien tendría que devolver. 

Muñoz, tras ir a la Fiscalía, dijo que su participación se limitó a la firma de un memorando de entendimiento con la UNOPS, en el marco de cooperación con el Municipio.

Sobre el informe de la Contraloría, aseguró que “prácticamente no se entiende nada” y que contiene “un conjunto de vulneraciones”. También calificó como un “bochorno internacional” que se investigue un presunto peculado en un proyecto ejecutado con una agencia de la ONU.

Hasta el 8 de abril de 2026, el caso se mantiene en fase preliminar y no hay cargos formulados.

Guayaquil

El alcalde Aquiles Álvarez está detenido en la Cárcel del Encuentro desde el 10 de febrero de 2026.

La Fiscalía lo investiga en el caso Goleada por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. Según la acusación, una estructura habría obtenido dinero de forma irregular a través de la comercialización de combustible y luego habría intentado legalizar esos fondos. Álvarez es señalado como presunto líder.

Además, desde 2024 enfrenta otra investigación en el caso Triple A, que indaga una supuesta red de comercialización ilegal de combustibles —principalmente diésel y gasolina— mediante el desvío de producto subsidiado. El perjuicio estimado supera los 61 millones de dólares, equivalentes a unos 22 millones de galones.

5. Sentencia del TCE por infracción electoral 

El 7 de abril de 2026, el TCE publicó una sentencia contra la RC por infracción electoral. 

¿Qué pasó? El 15 de noviembre de 2025, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, denunció a cuatro personas vinculadas al binomio presidencial de la RC en las elecciones anticipadas de 2023: 

• Estefanía Elizabeth Molina Freire, responsable del manejo económico,
• Joseph Santiago Díaz Asque, jefe de campaña —además investigado por violación,
• Luisa González, entonces candidata presidencial y señalada como representante legal, y
• Andrés Arauz Galarza, entonces candidato a vicepresidente. 

La denuncia se basó en la infracción electoral —en el 281 del Código de la Democracia—, relacionada con incumplimientos en la rendición y subsanación de cuentas de campaña.

El caso se originó en el proceso de las elecciones anticipadas de 2023, cuya primera vuelta fue el 20 de agosto de 2023 y la segunda el 15 de octubre de 2023. 

Dentro de ese proceso, la RC participó con el binomio de González y Arauz.

Según la ley, las organizaciones políticas debían presentar sus cuentas de campaña dentro de los 90 días posteriores a las votaciones, plazo que vencía el 18 de noviembre de 2023. La responsable del manejo económico presentó las cuentas el 17 de noviembre de 2023, es decir, dentro del plazo. 

Ese momento es clave porque, desde esa fecha, empieza a correr el plazo de dos años que tiene el CNE para presentar una denuncia ante el TCE.

Tras la entrega de las cuentas, el CNE empezó el proceso de control del gasto electoral. El 19 de junio de 2024, la Dirección de Fiscalización del CNE emitió un informe con observaciones sobre la información que presentó la RC. Luego, el 27 de diciembre de 2024, la Dirección Jurídica del CNE respaldó esas observaciones mediante un informe jurídico. 

Con base en ese informe, el 29 de enero de 2025, la presidenta del CNE les concedió un plazo de 15 días para que subsanaran inconsistencias detectadas —es decir, que corrigieran los actos administrativos. Esa resolución fue notificada el 1 de febrero de 2025.

Dieciocho días después, la RC presentó documentación para intentar corregir las observaciones. Sin embargo, tras el análisis de esa información, el CNE concluyó que no se habían subsanado completamente los problemas.  

Finalmente, el 22 de octubre de 2025, el CNE resolvió declarar el incumplimiento de RC y un mes después presentó la denuncia ante el TCE.

Una vez iniciado el proceso judicial, el Tribunal analizó primero si la acción había prescrito. Tres de los denunciados argumentaron que sí; sin embargo, el TCE dijo que no hubo prescripción porque la denuncia se presentó el 15 de noviembre de 2025, es decir, antes de que se cumpliera el plazo de dos años contado desde la presentación de las cuentas el 17 de noviembre de 2023. 

Por tanto, el Tribunal decidió analizar el fondo del caso.

En ese análisis, el Tribunal determinó que la infracción no era por no presentar las cuentas, sino por no haber subsanado adecuadamente las observaciones formuladas por el CNE. A partir de la prueba documental y de lo actuado en la audiencia del 13 de marzo de 2026, el TCE concluyó que hubo inconsistencias que afectaban la transparencia y el control del financiamiento electoral. 

Entre ellas, la apertura tardía del Registro Único de Contribuyentes (RUC) y de la cuenta bancaria electoral, la falta de documentación de respaldo, inconsistencias en comprobantes de ingresos y egresos, errores en registros contables, presentación extemporánea de reportes quincenales, así como la existencia de gastos no reportados por servicios de publicidad y propaganda electoral. 

Además, el Tribunal consideró especialmente grave la falta de documentación que permita verificar el origen de aportes económicos, lo que impide establecer su procedencia y legalidad.

El fallo también recoge que, aunque la organización política reportó ingresos por aproximadamente 134.861 dólares y gastos por más de 120.000, el CNE detectó valores adicionales no reportados —particularmente en publicidad— que fueron imputados al gasto electoral, elevando el total a más de 360.000 dólares. 

Aunque ese monto no superó el límite legal de gasto electoral permitido para el binomio presidencial, el Tribunal dijo que eso no elimina la obligación de justificar los ingresos y egresos.

El TCE también estableció que la responsabilidad principal es de Estefanía Molina, encargada del manejo económico y de administrar, registrar y sustentar las cuentas de campaña. 

Además, determinó que hay responsabilidad solidaria —de carácter económico— para los candidatos del binomio presidencial, Luisa González y Andrés Arauz, como beneficiarios directos del financiamiento y del gasto electoral. Deberán pagar 18.000 dólares, un valor que puede ser exigido en su totalidad a cualquiera de ellos. 

El pago debe realizarse en un plazo de tres meses desde la ejecutoria de la sentencia, y en caso de incumplimiento el CNE podrá cobrarlo por vía coactiva.

En cambio, el Tribunal rechazó la denuncia contra Santiago Díaz, al considerar que la ley al momento de los hechos no contemplaba al jefe de campaña como responsable de esta infracción. 

Asimismo, descartó la responsabilidad de Luisa González en calidad de representante legal, porque no se probó que haya sido notificada en esa condición durante el proceso administrativo.

Finalmente, el Tribunal dispuso enviar copias del expediente a la Fiscalía General del Estado para que investigue posibles irregularidades relacionadas con el origen de los aportes y la cuantificación de la publicidad electoral no reportada, lo que abre un frente adicional más allá de la sanción administrativa electoral.