Desde el 30 de enero de 2025, tres vocales del Consejo de la Judicatura (CJ) están prorrogados en sus funciones. Ese día debían asumir cinco nuevos vocales principales y sus suplentes, designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Pero hasta el 15 de julio de 2025 la renovación de los vocales de la Judicatura 2025-2031 sigue estancada.
Para la designación se necesitan ternas enviadas por cinco instituciones del Estado: la Corte Nacional de Justicia —cuyo representante será el presidente de la Judicatura—, la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública, la Asamblea Nacional y el Ejecutivo.
Pero hasta el 15 de julio de 2025 aún hay dos ternas incompletas, a pesar de que Andrés Fantoni, presidente del CPCCS, pidió que las enviaran el 16 de diciembre de 2024. Es decir, siete meses atrás. Desde entonces, el proceso ha tenido demoras y no ha habido consensos.
“Hay una pasividad del CPCCS en exigir que remitan las ternas”, opina Mónica Jaramillo, presidenta del Observatorio de Control Ciudadano (OCC). Jaramillo explica que el proceso de designación ha quedado a “discreción de la voluntad política”, a pesar de que la crisis que enfrenta ahora el sistema judicial necesita una solución urgente.
El Consejo de la Judicatura, que está paralizado, es el órgano encargado de administrar la justicia ordinaria en el país. Está compuesto por un presidente, cuatro vocales principales y cinco suplentes que deben evaluar y designar jueces, y aplicar sanciones disciplinarias. Su paralización, por la negligencia política, la falta de presupuesto y un sistema de designación que no funciona, complica el funcionamiento del aparato de justicia.
Las consecuencias son concretas: audiencias postergadas, concursos de jueces detenidos, sanciones disciplinarias suspendidas. “Es necesario declarar en emergencia al sistema de justicia, pero debe hacerse con criterios técnicos, no políticos”, advierte Jaramillo.
Pero antes, se debe designar a los vocales de la Judicatura 2025-2031.
Solo tres vocales en funciones
El período 2019–2025 del Consejo de la Judicatura ha estado marcado por renuncias y destituciones por investigaciones por corrupción y delincuencia organizada.
En 2024, el vocal Fausto Murillo fue destituido tras un juicio político. Quedaron solo cuatro. En marzo de 2025, renunció el vocal Merck Benavides y la Judicatura se quedó solo con tres integrantes —las dos vacantes para completarlo no han podido llenarse porque tampoco hay suplentes.
La suplente Yolanda Yupangui es vocal principal desde octubre de 2023, tras la salida de Maribel Barreno, investigada por tráfico de influencias. En febrero de 2024, la suplente Solanda Goyes ocupó la vacante de Xavier Muñoz, procesado por obstrucción a la justicia en el caso Independencia Judicial.
Pero los cambios de vocales no son los únicos.
El cargo de presidente cambió varias veces desde diciembre de 2023 cuando fue detenido Wilman Terán, hoy sentenciado en el caso Metástasis y otros. En ese momento, Álvaro Román —suplente de la Presidencia de la Judicatura— asumió el cargo de forma interina. Se quedó hasta julio de 2024, cuando Mario Godoy fue designado como presidente.
Las trabas del proceso de designación
El 16 de diciembre de 2024, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, pidió a las cinco funciones del Estado —Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Fiscalía General del Estado y Defensoría Pública— que enviaran sus ternas para empezar el proceso de designación de los vocales del Consejo de la Judicatura.
Cada institución tenía diez días para presentar las ternas, y debía cumplir con los requisitos de paridad de género, principio de interculturalidad y documentos que habilite a los candidatos, como el certificado de no estar impedido de ocupar un cargo público o el formulario de declaración de no tener conflicto de intereses.
Cumplieron con el plazo solo la Defensoría Pública, la Asamblea Nacional y la Fiscalía General del Estado. Luego lo hizo la Corte Nacional de Justicia y, mucho después, el Ejecutivo.
El 26 de febrero de 2025, el CPCCS dijo que no todas las ternas tenían la documentación completa. Por eso, pidió cinco días más para que ratifiquen o reemplacen a los integrantes de sus ternas, y actualicen la documentación.
Siete meses después de que empezó el proceso, hasta el 15 de julio de 2025, la situación de las ternas es la siguiente:
1. Corte Nacional de Justicia
La terna enviada por la CNJ ha sido la más polémica. El postulante de esa terna que sea designado por el CPCCS presidirá el Consejo de la Judicatura.
Aunque la Constitución dice que es el presidente de la CNJ el que debe presentar la terna, José Suing, quien ocupa ese cargo, dijo que recibió aportes de todos los jueces y juezas. También pidió prórroga para entregar la terna pero el CPCCS dijo que no tenía esa competencia.
En diciembre de 2024, diario Expreso publicó que Godoy sería uno de los preseleccionados por Suing. Godoy ya había sido incluido por Suing en una terna anterior, enviada en junio de 2024, que resultó en su designación como presidente de la Judicatura.
Pero el 23 de diciembre de 2024, Godoy —ya como presidente de la Judicatura— estuvo inmerso en un escándalo cuando la jueza Nubia Vera lo denunció de haberla amenazado para que fallara contra la vicepresidenta Verónica Abad en una acción de protección. Según Vera, Godoy le habría entregado un pendrive con la resolución redactada. Hay una investigación abierta por este caso, pero Godoy ha negado las acusaciones.
El 17 de enero de 2025, Suing envió al CPCCS la terna que no incluía a Godoy. Los candidatos fueron Marco Xavier Rodríguez Ruiz, Alexandra Villacís Parada y Edison Toro Calderón.
Cinco meses después, el 24 de junio de 2025, el ciudadano Fernando Illanes Vela denunció a Edison Toro Calderón, conjuez ocasional del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), ante el CPCCS. Según el Código de la Democracia, un juez electoral no puede postular a otros cargos estatales.
Un día después, el CPCCS sacó a Toro de la terna.
Esta decisión fue cuestionada por expertas como Mónica Jaramillo, presidenta del Observatorio de Control Ciudadano. Según Jaramillo, el CPCCS “se extralimita en sus funciones”. La medida fue interpretada como una jugada para permitir el regreso de Mario Godoy al proceso.
El reemplazo de Toro se supo el 9 de julio, cuando la Corte anunció que sería Mario Godoy.
Un día después, renunció Marco Rodríguez, quien también integraba la terna, porque dijo que el concurso no ofrecía garantías de mérito, experiencia ni transparencia.
2. Asamblea Nacional
El 30 de diciembre de 2024, la Asamblea Nacional, entonces presidida por Viviana Veloz de la bancada de la Revolución Ciudadana, envió al CPCCS su terna. Estaba conformada por Pablo Renato Villagómez, Yolanda Narcisa de Jesús Salgado Guerrón e Iván Patricio Montero.
Cuatro meses después, el 21 de abril de 2025, Pablo Villagómez declinó a la postulación.
El 13 de mayo de 2025, un día antes de que se posesionara la nueva Asamblea Nacional, el Pleno, con mayoría correísta, aprobó que Ángel Romero Estévez reemplace a Villagómez.
Sin embargo, el 5 de junio de 2025, la nueva Asamblea aprobó una moción para anular esa terna. El asambleísta por ADN, Henry Bósquez, dijo que esa terna tenía “irregularidades” y respondía al “desespero de un grupo político y sus aliados”.
Recién un mes después, el 11 de julio de 2025, el Legislativo envió una nueva terna integrada por Fabián Plinio Efraín Fabara Gallardo, María Emilia Grijalva Reyes y Walter Giovanny López Endara.
Sin embargo, ese mismo día Walter López renunció. Dijo que había sido elegido como asambleísta suplente de Pablo Jurado Moreno, del movimiento Construye, por la provincia de Imbabura, para el período 2025–2029.
El CPCCS aceptó la renuncia y dispuso a la Asamblea completar la terna.
Finalmente, el 15 de julio, la Asamblea eligió como reemplazo a Carlos Omar Espinoza Torres.
3. Ejecutivo
El presidente Daniel Noboa no envió su terna al CPCCS dentro del plazo establecido por el reglamento.
El 26 de febrero de 2025, el CPCCS le pidió “de la manera más comedida” que la enviara.
Recién el 9 de julio de 2025 la envió. Está integrada por Carlos Faustino Falconí Lindao, Ivonne Elizabeth Núñez Figueroa y Andrés Eduardo Jaramillo Martínez.
Al día siguiente, Jaramillo presentó su renuncia irrevocable, alegando un conflicto de intereses: su hermano, Roberto Jaramillo, es asambleísta por la provincia de Imbabura.
Noboa designó un reemplazo en medio de críticas ya que el Consejo de la Judicatura debería estar integrado por personas que no tengan conflicto de intereses, pero Ivonne Nuñez es su actual ministra de Trabajo.
4. Defensoría Pública
El 31 de diciembre de 2024, la Defensoría Pública envió al CPCCS su terna: Fausto Iván Andrade Vera, Wendy Carolina Moncayo Salgado y Santiago Javier Valarezo Guerrero.
El 4 de julio de 2025, Valarezo renunció a la postulación por motivos personales.
5. Fiscalía General del Estado
El 30 de diciembre de 2024, la Fiscalía envió la terna conformada por:
El 7 de marzo, la Fiscalía la ratificó y desde esa fecha no ha habido cambios.
Con ternas listas, así debería ser el proceso
En diciembre de 2024, el CPCCS aprobó una reforma al Reglamento para la selección y designación de los vocales del Consejo de la Judicatura.
El nuevo reglamento determina los criterios del concurso, entre ellos, que se cree una comisión técnica integrada por siete delegados —uno por cada consejero del CPCCS.
Después de que lleguen las ternas completas de las cinco funciones, esta comisión se encargará de verificar los requisitos —como nacionalidad, formación académica y experiencia profesional— de los 15 postulantes.
También será la responsable de verificar las inhabilidades de los candidatos, es decir, conflictos de interés, deudas tributarias, procesos judiciales abiertos por corrupción o delincuencia organizada, contratos con el Estado, entre otros.
Entre el 16 de diciembre de 2024 —cuando empezó el proceso de designación de los vocales— y el 16 de abril de 2025, la comisión técnica ha cambiado tres veces. Las causas: renuncias de sus miembros y la propia inestabilidad del CPCCS. En ese período, fueron destituidos Juan Esteban Guarderas y los consejeros de la denominada Liga Azul: Eduardo Franco Loor, Augusto Verduga y Yadira Saltos.
Una vez que los candidatos propuestos en las ternas cumplan con los requisitos de admisibilidad, empieza la fase de impugnación ciudadana.
En esta etapa, cualquier ciudadano puede presentar objeciones fundamentadas que justifiquen por qué un postulante no debería continuar en el proceso. Las impugnaciones pueden basarse en deudas pendientes con el Estado, conflictos de interés, denuncias previas, entre otros motivos legalmente que deben estar sustentados.
Si los postulantes superan la fase de impugnaciones, deberán presentar sus planes de trabajo ante el Pleno del CPCCS. Posteriormente, los consejeros votan para designar a los cinco vocales principales y a sus respectivos suplentes.
Para que un candidato sea designado, se requiere el voto favorable de al menos cuatro de los siete consejeros, es decir, la mayoría.
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