Wilman Terán es un abogado y juez ecuatoriano. En febrero de 2023 fue elegido, con siete votos del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), como presidente del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, la tarde del 20 de diciembre, Terán presentó la renuncia al cargo, desde la cárcel, donde cumple prisión preventiva.

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La madrugada del 14 de diciembre de 2023, Terán fue una de las 29 personas detenidas en el caso Metástasis, que investiga presunta delincuencia organizada en el sistema judicial. 

El operativo, del 14 de diciembre, en el que se hicieron 75 allanamientos en siete provincias del país, fue parte de la investigación que comenzó tras el asesinato del narcotraficante Leandro Norero en octubre de 2022. 

Este es un breve perfil de Wilman Terán, que decidió renunciar para enfrentar “una acusación maliciosa como un ciudadano y no como autoridad” como escribió en la carta de renuncia, enviada a Nicole Bonifaz, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Detención y formulación de cargos en el Caso Metástasis

La madrugada del jueves 14 de diciembre de 2023, Wilman Terán esperaba su detención

Apareció en videos y fotografías vestido con saco y camisa, pasada la medianoche. Estaba listo para dar declaraciones.

Desde un primer momento, Terán dijo que su detención era una persecución por parte de la Fiscalía. Luego, a través de su cuenta de X (antes Twitter), el presidente del Consejo de la Judicatura dijo que la intención de la Fiscalía es apropiarse de la “justicia, perennizarse en sus cargos; su ambición hoy me tiene perseguido, han destruido vidas, familias, quieren mancillar mi trabajo y trayectoria judicial de más de 20 años”.

Al momento de su detención, las autoridades de la Fiscalía y los agentes policiales encontraron en la vivienda de Terán 25 mil dólares en efectivo, en billetes de 100 y 20 dólares.

La tarde del 14 de diciembre, ya detenido, Terán pidió que el juez nacional Felipe Córdova —el encargado de llevar la causa— sea recusado. Es decir, que sea separado del caso. “He recibido un trato inhumano: me han limitado de alimentación, hidratación, aseo y descanso; derechos para mantener la vitalidad necesaria. Venceré”, escribió Wilman Terán en X.

La audiencia de formulación de cargos, en la Corte Nacional de Justicia —al tener fuero de corte, Terán debe comparecer en la Corte Nacional y no es una provincial—  empezó a las 4 de la tarde del 14 de diciembre. Continuó hasta la madrugada del viernes 15 de diciembre, ya que se debieron resolver inquietudes de cada uno de los abogados de los detenidos.

Aproximadamente a las 3 de la madrugada del 15 de diciembre, Diana Salazar, la fiscal general del Estado, pidió prisión preventiva para Terán y los otros 28 detenidos en el operativo. Salazar pidió también que sean retenidas sus cuentas y que se les prohíba la enajenación de sus bienes. Es decir, que vendan o cedan sus propiedades.

La audiencia continuó la tarde siguiente. Salazar dijo que según las evidencias recabadas, Norero —a través de sus abogados— pagó decenas de miles de dólares a funcionarios del sistema judicial, del gobierno y policías. Lo habría hecho con el objetivo de tener beneficios judiciales como que liberen a su hermano Israel Norero. 

Salazar dijo que en los chats encontrados después de la muerte de Norero, se evidencian las presuntas negociaciones que involucran a Wilman Terán, entonces presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), y a Alex Palacios, actual director provincial del CJ. 

La tarde del viernes 15 de diciembre, el juez Felipe Córdova dispuso la prisión preventiva de Wilman Terán y de otras 15 personas. 

Pedido de habeas corpus y renuncia al cargo

Al ex presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, le negaron el recurso de habeas corpus. Sus abogados pidieron que se le concediera la libertad porque consideraban su detención como ilegal. De esta manera, él podría volver a su despacho y no perder su cargo. 

Incluso, el 18 de diciembre, pidió vacaciones desde la cárcel.

Los abogados de Terán quisieron demostrar que su detención, la madrugada del 14 de diciembre, fue arbitraria y discriminatoria. También reclamaron que no todas las personas mencionadas en los chats son parte del proceso, y que hay procesados que pueden defenderse en libertad.

El tribunal de la Sala de lo Contencioso Administrativo  —compuesto por los jueces Fabián Racines, Iván Larco y Patricio Secaira— negó el habeas corpus argumentando que los abogados de Terán no pudieron demostrar que su detención haya sido ilegal o arbitraria.

Cuando Terán pidió 16 días de vacaciones al Consejo de la Judicatura, el Consejo nombró a Álvaro Román como su reemplazo. Sin embargo, la tarde del 20 de diciembre de 2023 Terán presentó su “renuncia irrevocable” a la presidencia del Consejo de la Judicatura

La cuenta oficial de la vocería de Terán en X publicó la renuncia. “Luchar para desvanecer las falsas y reiterativas acusaciones irrogadas en contra a nivel procesal y mediático”, dice el documento.

Caso Independencia Judicial

El 28 de diciembre de 2023, el juez nacional Luis Rivera acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva para Wilman Terán y Xavier Muñoz, vocal del Consejo de la Judicatura (CJ) por el caso que la Fiscalía denominó “Independencia Judicial”. En él, aparte de Terán y Muñoz, también están involucrados Maribel Barreno, ex vocal del Consejo, y cuatro funcionarios del CJ. 

El Caso Independencia Judicial comenzó el 11 de mayo de 2023 por el supuesto delito de obstrucción a la justicia en el caso Las Torres, en el que estaban involucrados miembros del Consejo de la Judicatura. 

El 29 de agosto de 2023, la Fiscalía publicó un video en su cuenta de X en el cual la fiscal Diana Salazar dice que pidieron a la Corte Nacional de Justicia “fecha y hora para la audiencia en la que se formularán cargos” a los presuntos involucrados.

Según Salazar, la Fiscalía encontró “los suficientes elementos de convicción para que sean procesados por su presunta participación en el delito de obstrucción a la justicia” en dos casos. Uno de ellos el caso Las Torres sobre presunta delincuencia organizada en el que sentenciaron a Pablo Celi, ex contralor del Estado, quien tiene arresto domiciliario desde abril de 2022.

El 28 de diciembre, la Fiscalía presentó más de cincuenta elementos de convicción para formular cargos contra Wilman Terán, Xavier Muñoz y Maribel Barreno como autores directos del delito.  Mientras que, los denominados por la Fiscalía como Andrés J, Marcela V, Carlos G y Katherine L, fueron juzgados en calidad de cómplices.

Al finalizar la audiencia, del 28 de diciembre, el juez Luis Rivera dictó prisión preventiva a Wilman Terán y Xavier Muñoz, mientras que a los otros cinco procesados “les dispuso la prohibición de salida del país, obligación de presentarse periódicamente y el uso del grillete electrónico”.

Rivera, según el comunicado de la Fiscalía, también ordenó “la retención de los valores que mantengan los procesados en cuentas de ahorro, corriente, pólizas e inversiones” y la prohibición de “transferir, enajenar o mover bienes muebles que estén a su nombre».

Finalmente el juez dio medidas de protección a favor del juez Walter Macías, el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, y la fiscal Alexandra Zurita “a fin de evitar que el Consejo de la Judicatura ejerza actos de persecución e intimidación en su contra”, según el comunicado

Su trabajo en el sector público 

Wilman Terán fue conocido en el sector público en 2008, durante el gobierno de Rafael Correa. En junio de ese año, el entonces Presidente nombró a Terán parte de la Comisión de la Verdad. Esta comisión, creada por Correa, tenía el objetivo de investigar las violaciones de derechos humanos entre 1984 y 1988, durante la presidencia de León Febres Cordero. 

Según el perfil de Terán en el Consejo de la Judicatura, el ahora detenido, fue coordinador de Investigaciones de la Comisión de la Verdad Ecuador. 

En el informe final de 2010 de la comisión, Terán es mencionado como parte del equipo de investigación como “personal que aportó temporal o parcialmente en la elaboración de insumos” del informe. 

En su hoja de vida también dice que fue director ejecutivo de la Comisión de Transparencia y Verdad del Caso Angostura que fue creada en un decreto ejecutivo del entonces presidente Rafael Correa. 

Este caso, también denominado Masacre en Sucumbios, ocurrió en marzo de 2008, cuando una brigada aérea del ejército colombiano bombardeó un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que estaba en Sucumbíos, en el norte de la Amazonía ecuatoriana. 

En el ataque murieron 25 personas, incluido Raúl Reyes, uno de los líderes de las FARC. No obstante, no hay información sobre lo que hizo Terán en esa comisión. 

En 2011 Terán fue director nacional de asesoría jurídica y secretario general del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare). Entre 2013 y 2017 fue juez del Tribunal de Garantías Penales de Santo Domingo de los Tsáchilas.

En el ámbito judicial, antes de 2013, según el perfil de la Judicatura, Terán fue abogado en libre ejercicio, consultor independiente y voluntario asociado de las Naciones Unidas.

Entre 2017 y 2018 fue juez de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo. Luego fue candidato a doctor en ciencias jurídicas, por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, candidato a doctor en derecho constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar sede en Bolivia y juez en Los Ríos. 

Entre 2018 y 2021 fue conjuez de la Sala de lo Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia. 

Durante el acto de posesión de siete conjueces de la Corte Nacional de Justicia de 2018, entre ellos Terán, Gustavo Jalkh, entonces presidente del Consejo de la Judicatura, dio un discurso en el que describió a Terán como “un joven jurista” y que, a pesar de que estaba poco tiempo vinculado a la Función Judicial y que no lo conocían “los comentarios que hemos escuchado son realmente muy positivos”.  Para ese momento, Terán tenía 40 años.

Entre 2021 y 2023 fue presidente de la Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores e integrante de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil. 

En la Corte Nacional de Justicia fue parte de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policía, Tránsito y Corrupción y juez. Durante su estancia en la Sala de lo Penal, Terán fue parte del Tribunal de Apelación del Caso Sobornos 2012-2016. Este caso perseguía una trama de corrupción entre varios ex funcionarios del gobierno de Rafael Correa. 

Incluso Correa fue uno de los sentenciados del caso, y Terán votó a favor de la ratificación de la sentencia de ocho años de prisión en contra del expresidente, ahora refugiado en Bélgica. 

Experiencia académica y docencia 

Wilman Gabriel Terán Carrillo es licenciado en ciencias públicas y sociales por la Universidad Central del Ecuador. También es doctor en jurisprudencia y abogado por la misma universidad. Según su perfil en el Consejo de la Judicatura, es “especialista en derecho penal y justicia indígena” por la Universidad Regional Autónoma de los Andes (Uniandes). 

En el mismo perfil dice que también es magíster en derechos humanos por la Universidad Central y magíster en derecho penal y criminología por Uniandes. En la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) Terán tiene registrados los cinco títulos nacionales. 

Wilman Terán tiene también experiencia en la docencia ecuatoriana. Ha sido profesor de maestría y carrera de derecho en la Central y en la Uniandes. Según el perfil del Consejo, Terán actualmente es docente en la maestría de derecho penal y litigación oral en la Universidad Internacional del Ecuador.

En la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros Terán no tiene ningún registro. Mientras que en la página de la Contraloría están sus cargos públicos, desde 2016 hasta 2023, como profesor, juez, conjuez y presidente del Consejo de la Judicatura. 

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