Verónica Abad perdió los derechos de participación política, ¿qué pasa ahora?

Los derechos de participación política de la vicepresidenta del Ecuador, Verónica Abad, fueron  suspendidos. Es una sanción impuesta por Guillermo Ortega, quien actuó como juez de primera instancia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en un proceso por violencia política de género, una infracción electoral muy grave, según el artículo 279, numeral 14, del Código de la Democracia. Abad fue denunciada por la canciller Gabriela Sommerfeld, quien adujo que Abad hizo declaraciones denigrantes contra ella —con base en estereotipos de género— con la intención de obstaculizar sus funciones. 

La sentencia de primera instancia se difundió el 27 de febrero de 2025, previo al feriado de carnaval. Aún no está en firme, pues Abad ha interpuesto un recurso de ampliación y aclaración contra el fallo, dijo Dominique Dávila, abogada de Abad.

¿Qué pasa ahora?

Después de esos dos recursos, Abad podría apelar la sentencia. Aún así, ha surgido la interrogante de qué pasaría si el TCE ratifica el fallo en segunda y definitiva instancia. 

¿Podría ser destituida del cargo de Vicepresidenta? Dávila sostiene que los derechos de participación política están dentro de la esfera de los derechos políticos. En este caso, dijo, la suspensión apunta a temas puntuales. Por ejemplo, a su derecho de elegir y ser elegida —si fuera candidata—, o en la toma decisiones del poder público.

Con ello concuerda el abogado y experto en derecho legislativo, Marcelo Espinel. Espinel dice que la suspensión de derechos de participación política no incluye la destitución del cargo. 

Ahora, explicó, si la Vicepresidenta llegara a dejar su cargo —o la destituyeran por algún otro motivo—, la Presidencia de la República tendría que mandar una terna a la Asamblea Nacional en un plazo de 15 días, conforme el artículo 43 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. 

A partir de allí, en 30 días, el pleno del legislativo escogería de esa terna al nuevo vicepresidente con el voto de la mayoría absoluta de sus integrantes —es decir, con al menos 69. Si esto sucede después de que se posesione la nueva Asamblea, el 14 de mayo de 2025, se necesitarán 76 votos, pues el número de legisladores en el Ecuador pasó de 137 a 151 en las elecciones de 2025. 

Un proceso de tiempos ajustados, tomando en cuenta las elecciones presidenciales de 2025, cuya segunda vuelta será el 13 de abril de 2025. 

Davila aduce que la sentencia del TCE contradice al artículo 145 de la Constitución, que establece las causas por las que puede ser destituido “el primer y segundo mandatario” del Ecuador: entre ellas, un juicio político de la Asamblea. Bajo ningún concepto, dijo, el TCE podría hacerlo. “Ella es la vicepresidenta”, apuntó.  

Mónica Jaramillo, abogada experta en derecho electoral, dijo que esa sería la razón por la que el juez del TCE que sancionó a Abad, Guillermo Ortega, no la destituyó, pese a que el artículo 279 del Código de la Democracia dice literalmente que las infracciones electorales muy graves serán sancionadas con una multa económica, la destitución y/o suspensión de derechos de participación. “A mi criterio, la destitución de un presidente o vicepresidente es por juicio político, aunque si se ratifica esta sentencia y se ejecutoría, tendría el mismo efecto, una destitución indirecta”, dijo. 

Jaramillo dijo que quienes no están en goce de los derechos de participación, según el artículo 61 de la Constitución, no pueden “desempeñar empleos y funciones públicas”. De esa forma, la suspensión de derechos de Abad desembocaría en que sea destituida, además de tener que pagar una multa de 14.100 dólares. 

Es probable que esta contradicción aparente tenga que ser dirimida por el propio TCE o, quizá, por la Corte Constitucional, aunque esta ha dicho que no puede pronunciarse sobre materias electorales por expreso mandato de la Constitución.

La denuncia de Sommerfeld contra Abad

El 24 de noviembre de 2023, Verónica Abad fue nombrada como Embajadora por la paz en Israel, poco después de que se posesionara junto a Daniel Noboa como presidente y vicepresidenta del Ecuador. 

 Días después, dejó Ecuador y viajó a Tel Aviv. A partir de entonces, le retiraron la seguridad y hubo una disposición de que no realizara declaraciones sin antes consultar con el Ejecutivo. Desde entonces no ha podido ejercer el cargo de vicepresidenta, lo que volvió evidente el quiebre con el presidente Daniel Noboa y sus ministros.

El 7 de agosto de 2024, la canciller Gabriela Sommerfeld recomendó a los ecuatorianos que residían en Israel, Palestina y Líbano que dejaran esos países, ante los conflictos en Medio Oriente. Fue entonces cuando Noboa ordenó el traslado temporal de Abad de Israel a la Embajada de Ankara, en Turquía —una orden que la Vicepresidenta debía cumplir hasta antes del 1 de septiembre. 

En ese lapso, Abad denunció a Noboa, Sommerfeld, Diana Jácome, asesora presidencial, y Esteban Torres, entonces viceministro de gobierno, ante el TCE por presunta violencia política de género. Su denuncia no fue admitida y el tribunal ratificó esa decisión el 28 de febrero de 2025.

El 14 de octubre de 2024, Sommerfeld presentó una denuncia contra Abad ante el TCE. 

Según el documento, la Vicepresidenta compareció ante la Comisión Ocasional para la investigación de irregularidades en contra de la Administración Pública de la Asamblea, el 7 de agosto de 2024, donde dijo —vía telemática— que Sommerfeld “la ha perseguido, que es sorda; que no ejerce adecuadamente su cargo de canciller; que no actúa ante conflictos; que la tiene desterrada, secuestrada, censurada; y que ha amenazada contra su vida”. Según la denuncia, no existen pruebas y sus comentarios “denigran como mujer y funcionaria” a la Canciller.

El documento también detalla que Abad ha acusado a Sommerfeld por el encarcelamiento de su hijo, Sebastián Barreiro, quien actualmente se defiende en libertad de una investigación por tráfico de influencias. Según la Canciller, ella no tiene las competencias judiciales para impulsar tal proceso. 

También —dice la denuncia de Sommerfeld— que la Vicepresidenta ha actuado como “vocera contra el Ecuador y contra mi persona en los procesos litigiosos de carácter internacional”. Alega, además, que Abad ha utilizado funciones, su posición política y medios para atacarla y denigrarla “solo por el hecho de ser mujer” con insultos, comunicaciones falsas y acciones legales de mala fe con el fin de impedirle el cargo y lograr la destitución de la canciller. 

Dice que Abad se refiere a Sommerfeld como “subordinada” y “subalterna” para causarle amedrentamiento; o que la canciller ha usado el Ministerio de Relaciones Exteriores para violentar la Ley  Orgánica del Servicio Exterior.

De acuerdo al artículo 280 del Código de la Democracia, en el que Sommerfeld sostiene su denuncia, la violencia política de género es la agresión contra mujeres candidatas, militantes, electas, designadas o que ejercen cargos públicos, entre otras. Esta violencia, dice, restringe el ejercicio de sus funciones. 

Además, la denuncia de Sommerfled señala que hubo amenazas con el objetivo de anular derechos políticos, incluyendo la renuncia al cargo, y que limitan el uso de recursos inherentes al cargo que ocupa la canciller. 

Por eso, la canciller Sommerfeld pidió que Abad sea destituida de su cargo, pero Abad perdió los derechos de participación política. 

Verónica Abad perdió los derechos de participación política. En la imagen, Abad intentó entrar a la Vicepresidencia pero no la dejaron. Fotografía de Diego Lucero para GK.

¿Por qué el TCE sancionó a Verónica Abad?

El 5 de febrero de 2025 fue convocada la audiencia de pruebas y alegatos sobre la denuncia de violencia política de género. Sin embargo, el abogado de la Vicepresidenta no llegó porque tenía que asistir a una diligencia previamente anunciada fuera de Quito, en la provincia norteña del Carchi. Pese a ello, el juez Guillermo Ortega continuó con la audiencia y declaró en rebeldía a Verónica Abad. 

Sin embargo, ante la justificación de la defensa, el juez declaró la nulidad de esa audiencia y convocó a una nueva, el 21 de febrero de 2025. 

Ese día, la defensa de Sommerfeld presentó como prueba las declaraciones públicas de Abad el 3 de octubre de 2024, cuando dijo que la canciller “visita Israel el 3 de septiembre y permanece hasta el 5 de septiembre de manera medio oscura (…) yo estuve trabajando en mi oficina el día que ella oscuramente hizo una reunión (…) para reunirse con ecuatorianos, tomarse la foto y decir que ha cumplido”. Un día después, Abad también dijo que “el ser cancillera y no usar las herramientas diplomáticas le aleja demasiado de las cosas buenas”.

Para el TCE, esas declaraciones fueron basadas en estereotipos de género. Según la sentencia, fueron realizadas en el ámbito político y dirigidas contra una mujer que ostenta un cargo público. “Tiene como fin desacreditar y denigrar a una mujer política, cuestionando su capacidad, transparencia y legitimidad sin base objetiva”, dice el documento. Además, se detalla que difundir descalificaciones con un impacto mayor en la opinión pública es idóneo para menoscabar la imagen de la canciller, lo que impide su ejercicio pleno de funciones. 

Además, Abad dijo que Sommerfiel la tenía “secuestrada” —porque fue enviada a Medio Oriente como Embajadora de la paz apenas asumió la Vicepresidencia, en noviembre de 2023. Para el TCE, el uso de esa metáfora contribuye a crear una imagen de que se están vulnerando derechos fundamentales, como la libertad.

Por esa razón, Abad perdió los derechos de participación política y el tribunal, además, la multó. También dispuso que Abad pida disculpas a la canciller mediante una publicación en un diario de amplia circulación a escala nacional. 

El fallo, entre otros intentos por deshacerse de Abad

La denuncia por violencia de género que Sommerfeld presentó y con la que Verónica Abad perdió los derechos de participación política no es la única forma con la que el gobierno ha intentado removerla del cargo para el que fue electa. 

Desde noviembre de 2023, cuando asumieron el poder, se desató una pugna entre Abad y Daniel Noboa. Para “quitársela del camino”, alegó Abad, el Presidente ordenó el traslado de la Vicepresidenta a Israel para que colabore con la paz. 

Pero el clímax de la pugna ocurrió cuando el hijo de Abad, Sebastián Barreiro, fue detenido en marzo de 2024 tras un allanamiento de su casa y oficinas. Tras la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de tráfico de influencias, lo mandaron a la cárcel de máxima seguridad La Roca. 

Unos días después, la Vicepresidenta dijo que se trataba de una “persecución” contra ella y que para regresar al país a defender a su hijo necesitaba un permiso. Para ella, esa era una presión del gobierno de Noboa para que renunciara y que no pudiera asumir la Presidencia una vez que Noboa pidiera licencia para hacer campaña para las elecciones generales de 2025. 

Actualmente, Barreiro está libre tras pagar una fianza, pero el proceso judicial continúa. 

Luego, Diana Jácome, ex asesora de la Presidencia y actual asambleísta nacional electa por Acción Democrática Nacional (ADN), denunció a Abad en el TCE por violencia política de género, y solicitó la suspensión de sus derechos políticos. En su denuncia, Jácome dijo que quiere dejar en evidencia a todos los “partidos ocultos” que respaldan a Abad. 

Posteriormente, el Ministerio de Trabajo abrió un sumario administrativo contra Abad. En agosto de 2024, ante los conflictos en Medio Oriente, Noboa dispuso que Abad sea trasladada desde Israel —donde era Embajadora de la paz— a Ankara, en Turquía, hasta antes del 1 de septiembre. Abad llegó el 9 de septiembre. 

Ese fue el motivo de la acción administrativa por el que la suspendieron del cargo durante 150 días y el Presidente designó a Sariha Moya como la vicepresidenta de la República encargada. 

Abad presentó una acción de protección y la jueza de la Unidad de la Famili, Nubia Vera, falló a su favor, dejó sin efecto el sumario administrativo porque no correspondía sancionar a una funcionaria electa por voto popular y le devolvió el cargo de Vicepresidenta, el 23 de diciembre de 2024, en medio de un proceso de presiones y amenazas, según denunció Vera contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. 

Tras el fallo, el gobierno dispuso que viajara inmediatamente a Turquía para encargarse de las relaciones económicas con ese país. Abad se negó. “El Presidente de la República busca mi destierro a Turquía”, dijo. El 2 de enero de 2025, en medio del largo feriado de fin de año, el ministro de gobierno, José de la Gasca, anunció que no había cumplido con la disposición y que Sariha Mora ocuparía nuevamente el cargo. 

El 4 de enero de 2025, Verónica Abad dijo que el 5 de enero asumiría, como obligación constitucional, la Presidencia después de que Daniel Noboa tomara una licencia para realizar su campaña para las Elecciones Generales 2025. Horas más tarde, Sariha Moya renunció al encargo, alegando problemas de salud.

Noboa inmediatamente buscó otra opción: Cynthia Gellibert, secretaria general de Administración Pública y Gabinete Presidencial, quien fue designada como la tercera vicepresidenta —en menos de diez días— bajo el decreto 494. 

El 9 de enero de 2025, Abad dijo en una rueda de prensa: “Ecuatorianos, en pocas horas se consumará el golpe de Estado planificado y anunciado por el presidente Daniel Noboa y su gabinete”. Se refería al polémico decreto 500, publicado el 7 de enero de 2025, con el que Noboa dijo que encargó la Presidencia a Cynthia Gellibert por “fuerza mayor”, en lugar de dejar la Presidencia a Abad, como manda la Constitución. 

Presentó una acción de protección contra los decretos, pero un tribunal de garantías penales rechazó la acción de protección. Sin embargo, el 23 de enero de 2025,  la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad del encargo de la Presidencia a Gellibert. Sin embargo, esto tampoco hizo que Noboa le encargara la Presidencia a Abad. 

Hasta ahora, Abad no ha ocupado el cargo ni por un solo minuto.