Diana Jácome Silva, oriunda de Santo Domingo de los Tsáchilas, es abogada y asambleísta para el periodo 2025–2029 por el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN). Antes de entrar a la política, entre otras, fue presentadora de televisión.
En las elecciones anticipadas de 2023 fue candidata a la Vicepresidencia por el Partido Social Cristiano (PSC), junto a Jan Topic. El binomio quedó en cuarto lugar.
En enero de 2024 llegó al gobierno de Daniel Noboa como asesora presidencial. El 14 de mayo de ese mismo año fue designada como delegada del Ejecutivo en los directorios de dos empresas públicas en proceso de liquidación: Correos del Ecuador y la Empresa Pública Medios Públicos de Comunicación del Ecuador en Liquidación.
La de medios fue la empresa estatal que administraba Ecuador TV, El Telégrafo y radios públicas. Durante el gobierno de Lenín Moreno decidió cerrarla, y en 2020 dispuso su liquidación por problemas financieros y cuestionamientos a su manejo.
Para cerrar esa empresa se creó otra distinta: la Empresa Pública Medios Públicos de Comunicación del Ecuador en Liquidación. Esta no administra medios sino que su función es liquidar la anterior: pagar deudas, vender activos, cerrar contratos y terminar legalmente la empresa.
En las elecciones de 2025, Jácome fue candidata a la Asamblea Nacional por ADN y obtuvo una curul.
Su carrera profesional
Diana Jácome es abogada por la Universidad Técnica Particular de Loja y tiene una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Espíritu Santo. Ambos títulos están registrados en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt).
En el anuncio de su candidatura vicepresidencial en 2023, el entonces candidato presidencial Jan Topic dijo que Jácome tiene una maestría en Argumentación Jurídica de la Universidad de Alicante y que está cursando un posgrado en Derecho Penal en la Universidad Andina Simón Bolívar.
Jácome ha sido funcionaria pública en varias ocasiones y durante varios gobiernos. Fue, por ejemplo, analista de la Secretaría General de la Corte Constitucional en la época de Patricio Pazmiño, entre 2014 y 2016.
También fue asesora de Galo Cevallos en el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información (Cordicom), en el gobierno de Lenín Moreno. Fue, además, coordinadora de Disposiciones del Pleno y Presidencia en el Consejo de la Judicatura, entre 2018 y 2019, cuando María del Carmen Maldonado estaba al frente del organismo.
Jácome inició su carrera como presentadora de televisión en Zaracay TV, medio local de Santo Domingo de los Tsáchilas, ciudad en la que nació y estudió. Unos años antes —cuando tenía 16— fue locutora en Constelación, una radio local. También participó como candidata a reina de Santo Domingo.
La precandidata fue también presentadora de televisión en los medios en manos del gobierno: Ecuador TV, TC Televisión y Gama TV. Además trabajó en El Comercio TV.
Polémica sobre su candidatura
Al lanzar su candidatura, en junio de 2023, surgieron cuestionamientos públicos sobre su filiación política pues a Topic lo apoyó el Partido Social Cristiano (PSC), y a Jácome se la ha señalado como simpatizante del correísmo.
Esta imagen ha circulado en redes sociales; allí aparece Diana Jácome vistiendo la camiseta del correismo.
En redes sociales han circulado imágenes de Jácome vistiendo los colores —el verde fosforescente— y la camiseta distintiva de Alianza País cuando estaba liderada por Rafael Correa.
Los viejos tuits de Diana Jácome han generado cuestionamientos.
Tras hacerse públicos estos cuestionamientos, el PSC emitió un comunicado, firmado por Jaime Nebot, presidente vitalicio del PSC, y Alfredo Serrano, presidente en funciones del partido.
— Jaime Nebot 🇪🇨 (@jaimenebotsaadi) June 6, 2023
Allí Nebot y Serrano decían que la candidata a vicepresidenta debe compartir con Topic “la misma filosofía y atributos que nos han llevado a asignarlo”.
Entre lo que Nebot y Serrano consideraban atributos están, por ejemplo “la independencia partidista, una filosofía de economía social de mercado totalmente alejada del socialismo de cualquier siglo”, dicen, en alusión al llamado Socialismo del Siglo 21, del que fue impulsor el ex presidente Rafael Correa.
A pesar de la incomodidad mostrada por el PSC, Topic defendió la elección de Jácome. “Yo iba a jalarme talento, venga de izquierda, derecha, de centro, poco podría importar el color de su bandera política. Lo que importa es la competencia y que no venga a robar”, dijo en una entrevista en Sonorama.
Dijo que Jácome es “altamente competente; tres maestrías, ha trabajado en muchas áreas del gobierno, Ministerio de Trabajo, SRI, Consejo de la Judicatura y es excelente presentadora. No ha tenido ni un tema de corrupción”.
En la noche del 7 de junio, Topic difundió un comunicado en el que agradecía al PSC “por hacer oficial su respaldo” a su candidatura y por “darme total apertura” para escoger a Jácome.
El comunicado de Topic se da sin que el PSC se haya vuelto a pronunciar públicamente. El último pronunciamiento fue el firmado por Serrano y Nebot.
En 2024, Diana Jácome cambió nuevamente de camiseta política. El presidente Daniel Noboa la designó como asesora y luego la delegó a los directorios de dos empresas públicas en proceso de cierre.
Mientras ocupó estos cargos, Jácome se convirtió en una de las voceras del Ejecutivo en medios, especialmente durante la campaña de la consulta popular y referéndum del 21 de abril de 2024, en la que defendió las preguntas impulsadas por el gobierno, centradas en seguridad y reformas legales frente al crimen organizado. Ese año el “Sí” ganó en 9 preguntas y el “No” en 2.
En enero de 2025 participó en la campaña presidencial de Noboa y, en las elecciones legislativas de ese año, fue electa asambleísta nacional por ADN.
En la Asamblea, hasta abril de 2026, preside la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social. En diciembre de 2025, esta comisión aprobó un informe de fiscalización sobre los contratos de Celec EP con la empresa estadounidense Progen Industries LLC para la generación eléctrica de emergencia.
El informe concluyó que no existían responsabilidades políticas de las autoridades involucradas y remitió el caso a la Fiscalía para determinar posibles responsabilidades penales.
Los contratos con Progen fueron cuestionados por presuntas irregularidades en los procesos de contratación y por los altos costos del servicio en el contexto de la crisis energética, lo que generó críticas desde sectores políticos y técnicos. Sin embargo, hasta ahora, los posibles perjuicios económicos para el Estado están en investigación y no existe una cifra oficial sobre cuánto fue.
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