¿Le importan las mujeres y las niñas a la Asamblea?

Briana tenía 3 años. Génesis tenía 9. Dana, 8. Los cuerpos de las tres niñas fueron encontrados sin vida la segunda semana de febrero de 2024 en Ecuador. Los hallaron mientras rige un estado de excepción que, se supone, debería garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Los índices de delitos asociados al crimen organizado disminuyen por la militarización, los operativos y controles, pero, ¿a quién le importa los que se cometen en contra de las niñas y las mujeres?

Por las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que discute la Asamblea Nacional, parece que a los 137 legisladores del Ecuador, no. 

No importan sus declaraciones altisonantes, ni sus condolencias, ni sus impostadas reacciones de solidaridad. Lo que importa es que están tratando de reformar el delito de femicidio, poniendo en riesgo la más clara radiografía de la violencia contra las mujeres de las que disponemos en el Ecuador. 

Mientras tanto, el horror continúa. Briana fue encontrada en un aljibe el 12 de febrero. Génesis, un día después, en un pozo, dentro de un saco de yute. Las hermanas, que vivían en la ciudad fronteriza de Tulcán, llevaban desaparecidas cuatro meses. Su madre, Vanessa Villarreal, una comerciante informal de 29 años, fue asesinada el 29 de octubre de 2023. Su pareja es el principal sospechoso.  

Dana fue encontrada el 16 de febrero de 2024, en la ciudad de Riobamba, en una cisterna en la casa de su padre, un sargento de la Policía Nacional. 

Sus casos, por escalofriantes que suenen, no son aislados. El 2023 cerró con 321 asesinatos de niñas y mujeres —128 fueron femicidios cometidos por sus parejas o exparejas. 

Aunque parezca insólito, en medio de estas cifras, los asambleístas que, se supone, son los representantes de la sociedad, intentan redefinir el delito de femicidio. Un acto que muestra la profunda desconexión de los legisladores con la realidad, y que invisibilizaría aún más la violencia que sufren las niñas y mujeres. 

La propuesta de cambiar el artículo 141 es parte de las 88 reformas al Código Orgánico Integral Penal que debate la Asamblea Nacional. La ley vigente dice que:

La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.

y lo que intenta hacer un grupo de asambleístas que parecen no entender la violencia es reemplazar el texto por:

La persona que, por razones de género, dé muerte a una mujer será sancionado con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años. Se considera que existen razones de género cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias:

• La víctima presente, antes o después de la privación de la vida, signos de lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes; así como violencia física, sexual, psicológica, patrimonial, digital, familiar, laboral, escolar, militar o de cualquier otra índole.
• La persona haya realizado amenazas de cometer signos de lesiones o mutilaciones infamantes o  degradantes; así como violencia física, sexual, psicológica, patrimonial, digital, familiar, laboral, escolar, militar o de cualquier otra índole.

Es decir, intentan definir qué son razones de género. ¿Qué pasa, entonces, con los casos que no se enmarcan en esas dos circunstancias? ¿Se van a tipificar como homicidio o asesinato, y así borrarán la estadísticas del femicidio?

La Coalición de Mujeres del Ecuador rechazó la propuesta de reforma. Dijo que elimina la especificación de que el femicidio es el resultado de relaciones de poder, quitándole el contexto en que se dan estos crímenes. 

Con la reforma, la Asamblea estaría invisibilizando casos de femicidio. Estaría, además, invisibilizando a los 187 hijos e hijas de las víctimas que quedaron huérfanos en 2023. 

§

Estos casos se dieron en el peor contexto de violencia en el país. Quizá uno de los efectos más perniciosos de la crisis del crimen organizado es que nos impide pensar en las víctimas de femicidio. 

Es entendible que la atención esté en lo que nos ha robado la calma a la mayoría: el 2023 cerró 40 muertes violentas por cada 100 mil habitantes. La tasa más alta de la historia. Y las medidas que ha tomado el gobierno del presidente Daniel Noboa, además de la declaratoria de conflicto armado interno, parecen estar dando resultados —al menos, temporalmente. 

Pero es inevitable preguntarse por qué no existe la misma efectividad para combatir la violencia que cada 27 horas arrebata la vida a una niña o una mujer. 

A inicios de año, parecía que habíamos llegado a un letargo colectivo que nos explotó en la cara cuando, el 9 de enero de 2024, vimos amotinamientos en las cárceles y guardias de rehenes, coches bomba, tiroteos, balas perdidas y hasta el secuestro de un canal de televisión en vivo. 

Nos quedamos en shock. Seguimos en shock. Pero no deberíamos permitir que ese estado nos impida fijarnos también en otro tema importante: la vida de las mujeres. 

Así como hemos exigido al Estado respuestas para frenar la violencia callejera y el crimen organizado, deberíamos exigir medidas para proteger a las niñas y a las mujeres. La última vez que el país lo hizo fue a finales de 2022, luego del femicidio de María Belén Bernal en una escuela de la Policía. Desde esa fecha, ¿qué medidas concretas se han tomado para intentar frenar los femicidios en el país?

Estas medidas, sin embargo, no deberían venir sólo del Estado. ¿Qué están haciendo los padres y madres de familia para criar a sus hijos con igualdad y explicarles que la violencia es inadmisible? La misma pregunta aplica para escuelas, colegios y universidades, las empresas privadas —en definitiva, todos quienes hacemos este país. Y lo que está haciendo la Asamblea para desdibujar el femicidio como tipo penal, ¿abona a la cura contra la pandemia de violencia contra las mujeres y niñas en el Ecuador o la recrudece?