La noche del viernes 22 de marzo de 2024, el Comando Conjunto de las Fuerzas armadas emitió un comunicado informando que personal militar que realizaba operaciones en el recinto fronterizo Barranca en la pequeña ciudad de Cascales, en la provincia amazónica de Sucumbíos, limítrofe con Colombia, “habrían sido emboscados por personas no identificadas fuertemente armadas”.
🚨#Urgente#SUCUMBÍOS
— Fuerzas Armadas del Ecuador (@FFAAECUADOR) March 23, 2024
Un militar falleció y cuatro resultaron heridos durante operaciones militares en el cantón #Cascales.
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Según el comunicado, esa misma noche “fue encontrado sin vida el CBOS I.M [Cabo segundo de Inteligencia Militar] Valencia Arcos Daniel Geovanny, quien estaba desaparecido”.
El ataque dejó, además, cuatro militares heridos, que fueron llevados al hospital de la ciudad de Lago Agrio. El comunicado asevera que tres tienen heridas en las extremidades y uno en el tórax, pero que “todos se encuentran en situación estable”.
La mañana del sábado 23 de marzo, el Comando Conjunto de las Fuerzas Arandas publicó una nota de pesar por la muerte del cabo Daniel Geovanny Valencia. En ella, se solidarizó con la esposa, hijos, padres, hermanos y familiares de Valencia.
El pronunciamiento de las Fuerzas Armadas
Pasadas las 11 de la mañana del 23 de marzo, las Fuerzas Armadas dieron una rueda de prensa sobre lo que sucedió en Sucumbíos, provincia amazónica que colinda con el departamento colombiano del Putumayo, donde operan varios grupos criminales, ligados a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el narcotrafico y el paramilitarismo.
En la rueda de prensa, el general de brigada Fernando Adatty, Comandante General del Ejército, dijo que el 22 de marzo aproximadamente a las cinco de la tarde “una patrulla de inteligencia militar conformada por un oficial y cuatro voluntarios fueron emboscados por aproximadamente 15 miembros del grupo irregular armado Comando de Frontera”.
Según Insight crime, Comando de Frontera es un grupo integrado “por las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y La Constru, un grupo posdesmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”.
Insight Crime explica, además, que el grupo “busca mantener el control sobre el narcotráfico en el bajo Putumayo y la frontera con Ecuador».
En la rueda de prensa el general Adatty dijo que dos de los heridos ya tuvieron el alta y uno “será evacuado a Quito”, pero que su condición es estable.
Adatty explicó que Valencia fue considerado “como desaparecido hasta verificar la condición real en la que se encuentra”. Cuando los militares llegaron y confirmaron su muerte, constataron que “no había sido tomado ni llevado por estos grupos irregulares armados”.
El general Adatty también dijo que la patrulla militar, antes del ataque, estaba “verificando información”, y cuando regresaban desde Barranca Bermeja a Lago Agrio, capital de la provincia, fueron emboscados. Según Adatty, esos grupos “habían preparado de antemano” el ataque, pero los militares pudieron repelerlo.
Finalmente, Adatty dijo que tras el ataque, equipos de combate estaban “rastrillando todo el sector” —es decir, en operaciones de búsqueda y captura. Además, aseguró que el “trabajo de Fuerzas Armadas y fundamentalmente del Ejército Ecuatoriano, no disminuirá, más bien aumentará hasta encontrar a estos culpables”.
No es el primer ataque que reciben militares del ejército mientras patrullan la frontera ecuatoriano-colombiana.
El 14 de marzo de 2024, un helicóptero militar ecuatoriano fue repelido a balas por grupos criminales que operan en la frontera, durante un operativo de destrucción de un laboratorio de procesamiento de cocaína. A pesar de los impactos de bala que recibió la aeronave, no hubo heridos y pudieron seguir con su objetivo .
Víctima de la narcoviolencia
La muerte del cabo Daniel Geovanny Valencia se da en medio del estado de excepción que vive Ecuador por los altos índices de inseguridad y la ola de violencia sin precedentes que vivió el país a inicios de 2024.
No fue una época aislada. 2023 cerró con la tasa de muertes violentas más alta de la historia del Ecuador: hubo más de 40 muertes por cada 100.000 habitantes.
El 8 de enero de 2024, el presidente Daniel Noboa, decretó un estado de excepción de 60 días a nivel nacional que limitó algunos derechos, como el de libre movilidad y de reunión, y que mantiene al país bajo un toque de queda que, desde el 23 de enero de 2024, está semaforizado, es decir, que aplica un horario diferenciado según la peligrosidad de cada ciudad ecuatoriana.
El 9 de enero de 2024, Daniel Noboa firmó un segundo decreto, el 111, en el que declaró “la existencia de un conflicto armado interno” en Ecuador, y calificó a 22 organizaciones criminales y grupos de delincuencia organizada como terroristas.
He firmado el decreto ejecutivo declarando Conflicto Armado Interno e identifiqué a los siguientes grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes: Águilas, ÁguilasKiller, Ak47, Caballeros Oscuros, ChoneKiller,… pic.twitter.com/rVfSTFmHlG
— Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) January 9, 2024
Ese mismo día, el almirante Jaime Vela Erazo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, dijo que aquellos 22 grupos pasaban a ser objetivos militares. Es decir, las Fuerzas Armadas son las encargadas de la seguridad— en lugar de la Policía Nacional que pasa a apoyar a las Fuerzas Armadas— en la localización, búsqueda y neutralización de los miembros de estas organizaciones.
El presidente @DanielNoboaOk dispone la movilización e intervención de las @FFAAECUADOR y @PoliciaEcuador en el territorio nacional para garantizar la soberanía del país contra el crimen organizado. pic.twitter.com/nSoC84GBFe
— Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) January 9, 2024
Según el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, hasta el 22 de marzo de 2024, se han realizado más de 198.000 operativos, y hay 16.120 detenidos, 280 por terrorismo.
Originalmente, el estado de excepción decretado por el presidente finalizaba a inicios de marzo. Sin embargo, el 7 de ese mes, el presidente Noboa amplió la vigencia del estado de excepción por otros 30 días.
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