“Las medidas aisladas no van a solucionar nada; el IVA no es suficiente”

En las últimas semanas de 2023, el ministro de Economía y Finanzas Juan Carlos Vega dijo que la situación económica del Ecuador “no genera empleo formal, ni adecuado; por lo cual se vuelve una gran semilla para la inseguridad y la violencia”.

En los primeros días de enero de 2024, la ola de violencia en Ecuador se incrementó y puso todavía en más riesgo a la débil situación económica de Ecuador.

En esta entrevista, María Paz Jervis, presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción (CIP), habla sobre los costos económicos y sociales del estado de guerra contra los grupos de delincuencia organizada que hay en el país. Y de qué medidas sostenibles y estructurales se pueden tomar para mejorar la situación económica del Ecuador. 

¿Cómo han afectado los hechos de los primeros días de enero a los indicadores económicos del país?

Todavía es pronto para tener la data. Estamos tratando de levantar información, pero ciertamente ha sido una época súper convulsa en la que de una semana a otra cambia diametralmente la situación. 

Definitivamente no es positivo. 

Esta lucha contra el terrorismo la ha declarado el presidente Noboa, pero ya sabíamos que en el Ecuador desde hace rato había penetrado el crimen organizado en distintos niveles. 

Y nosotros ya lo percibíamos en términos económicos. Por ejemplo, en las vacunas que se incrementaron hasta volverse una dinámica casi natural en el sector productivo. Hablamos de que 3 de cada 10 empresas han sido víctimas de vacunas, de extorsiones. 

En 2023, nuestros afiliados [a la Cámara de Industrias y Producción] incrementaron el 8% de su presupuesto para asignarlo a seguridad. Sólo ahí tenemos la contracción de la economía y del consumo. En todo el 2023, las ventas se redujeron en un 12% mes a mes. 

Ahora, el hecho de enfrentar esta batalla —en el nivel político, penal y de uso de fuerza— tiene dos perspectivas. Una esperanza de que finalmente el imperio de la ley y el estado de derecho puedan imponerse por sobre las organizaciones criminales y terroristas, pero al mismo tiempo tiene unos costos incuantificables aún.

Nosotros decimos que el Ecuador enfrenta dos desafíos ahora: el primero es el costo que suponga esta guerra, que es lo que se debe invertir en materia de seguridad y lo que se deja de consumir. Además de medidas que en un nivel pueden ser justificadas como ciertos toques de queda. La semaforización ha sido un clamor del sector productivo y de la sociedad civil. 

María Paz Jervis, presidenta ejecutiva de la CIP, dice que Ecuador tiene un antes y un después del terror televisado. Fotografía de Diego Lucero Para GK.

Entonces tenemos ese costo, que podemos justificar en algún grado, pero del que nos gustaría tener un poco más de conocimiento sobre qué motiva esta política pública. No vamos jamás a pedir que se nos comparta el mapa táctico de un plan de seguridad porque eso sería pernicioso. Pero sí creemos que, como sociedad civil y como representantes de un sector como este, deberíamos de estar informados, inclusive para abonar con nuestra visión, con nuestro conocimiento del sector, a la toma de decisiones. Y que ese impacto sea el menor posible. 

El segundo inmenso desafío, que no es menor, es la crisis fiscal que tenemos. Esto se arrastra desde hace varios años y estamos en un momento clave en que no podemos obviar, ya no podemos hacernos los locos. 

Entonces creo que ahí enfrentamos dos desafíos que definitivamente tienen repercusión en la economía ecuatoriana. 

¿Cómo contribuiría la semaforización a incrementar las ventas o a mejorar las ganancias y tal vez aliviar un poco las consecuencias del estado de excepción? 

Si logramos que esa semaforización precautele en la mejor manera posible la seguridad y la integridad de la sociedad y, al mismo tiempo, dé un empujón a que el empleo formal se siga consolidando, entonces creo que que esa también es una de las de las apuestas que se debe hacer en momentos de crisis. 

A veces no se visualiza que detrás de esas horas de cierre lo que estamos haciendo es frenando la actividad económica e incrementando este ánimo de terror. Yo hablo de una histeria colectiva que está justificada. No somos tan locos. Todos, en un momento dado, nos hemos sentido al borde de los nervios. 

Creo que la responsabilidad de los actores sociales también es guiar a la sociedad y devolver la calma. Me incluyo en eso. Yo no le echo la culpa sólo al gobierno, creo que nosotros como representantes de la sociedad civil también tenemos que aprender a convivir con este monstruo que es la inseguridad, pero ahora es tomar el toro por los cuernos, decirlo en voz alta.

No me puedo imaginar generaciones enteras que no se educaron o negocios que nunca más abrieron en Colombia en la década de 1990 o en Perú durante el Sendero Luminoso. Deberíamos no sólo enfocarnos en el sector turístico, que realmente es uno de los más golpeados, sino también pensar que todo el consumo en general se ve contraído. 

En otra entrevista con Radio Centro usted dijo que el impacto social podría llegar a ser peor que el impacto económico. ¿A qué se refiere? 

El impacto social es difícil de cuantificar, no le podemos poner un número. Yo creo que nos hemos enfrentado al temor, a la incertidumbre, a la angustia. Y son malos enemigos. 

Me refiero, aunque quisiera borrarlas del mapa de la historia del Ecuador, a esas imágenes terroríficas que vimos de TC Televisión el martes 9 de enero, donde ciertamente lo que estaba era la decisión política de los grupos armados de querer mostrarnos su imposición por sobre el estado de derecho, y del terror como mecanismo de interrelación en nuestra sociedad. 

Creo que Ecuador tiene un antes y un después de esas escenas de terror televisadas. Pasará mucho tiempo para que podamos procesar el impacto psicológico en el autoestima de la ciudadanía. 

Eso no se mide, pero se refleja en todo. 

Se refleja en esa juventud de todos los estratos sociales que busca desesperadamente irse del país. No saben a dónde pero quieren irse. Se traduce en tener niños de siete u ocho años que no saben lo que está pasando y te dicen “mami, tú crees que Fito esté cerca de nuestra casa”. Para mí, como madre y ciudadana, eso es desgarrador. 

También está la sensación de enajenación que hemos tenido. Nos están arrancando lo más nuestro que es nuestra ciudadanía. 

Entonces eso se ve en las pocas ganas de salir y el miedo se refleja en el consumo. 

Creo que algo muy grave, a lo que tal vez no le podemos poner un número, es que perdamos el deseo de soñar. No puede haber una sociedad que no sueñe. Y cuando no se puede soñar en un futuro porque no sabes lo que va a pasar en dos días, eso se traduce en impactos económicos lesivos que derivan en la pérdida de bienestar para las familias ecuatorianas. 

«El déficit fiscal estructural se debe atender con medidas estructurales», dice María Paz Jervis. Fotografía de Diego Lucero para GK.

El gobierno ha dicho que es necesario incrementar el IVA en 3% para poder cubrir el costo de la guerra. ¿Es una medida necesaria?

Coincidimos en que hay que subir el IVA. Esto sorprende a algunos porque nunca es chévere  subir un impuesto, nadie quiere hacerlo. Y definitivamente eso puede tener un impacto en el consumo, no lo negamos, pero creemos que frente a todas las medidas que se pueden tomar, el IVA es el menos malo de los impuestos. 

En este sentido, quizás en la única parte que discrepo es que no creo que sea sólo para atender la guerra. Creo que es importante recordar estos dos desafíos que hablábamos al inicio de la conversación. Sí, está el desafío de la guerra, que es la coyuntura. Pero está uno gigante, que no lo estamos viendo: la crisis fiscal que arrastra el Ecuador. 

Por eso hay partes en las que coincidimos con el gobierno y otras en las que no porque nos parece inadmisible que sólo se plantee que la subida del IVA sea temporal. El déficit estructural se debe atender con medidas estructurales. 

¿Por qué él IVA sí y no otros impuestos? 

Porque el IVA es un impuesto de mucha más fácil recaudación. Es inmediato. Ciertos sectores, a los que les encanta causar terror, dicen que afectará a los más pobres. Eso es mentira. El IVA es un impuesto más justo porque lo pagamos todos. Y esta guerra y esta situación fiscal es de todos los ecuatorianos. 

La canasta básica no es que esté 100% exenta, hay que ser muy honestos. Pero al menos el 65% de los principales productos de la canasta básica no tienen IVA. Lo que implica que las familias de escasos recursos, cuyos ingresos se dirigen exclusivamente a los bienes de primera necesidad, no estarán gravados por IVA. 

A Ecuador le gusta a veces ser una isla. Pero si miramos regionalmente no estamos inventando el agua tibia, nos estamos igualando a los estándares internacionales. 

Hay este discurso súper rentable en lo político: el de la venganza, del odio, en el que dicen “por qué no se grava a los que más tienen”. Cuando sabemos que el principio de la recaudación tributaria es que quien más tiene, siempre aporta más. Esto ya ocurre, los impuestos únicos especiales ya no son únicos ni son especiales porque son constantes, entonces tenemos que entender que esos impactos [de los impuestos únicos y especiales] en quienes generan empleo formal se traducen en un círculo poco virtuoso en toda la economía ecuatoriana. 

Entonces hay que ser muy cuidadoso con los incentivos o desincentivos que se generan para la inversión, para la generación del empleo formal que sí paga impuestos. 

El riesgo país se mantiene alto, por sobre 1.700 puntos. ¿Qué significa en una crisis como esta?

Yo voy a citar a uno de los directores de la CIP que tiene una expresión que me parece que lo describe a plenitud: el impuesto más caro que pagamos los ecuatorianos es el del riesgo país. 

Entiendo que desde una narrativa política se puso que el riesgo país era un invento de estos monstruos: los organismos multilaterales. Pero no hay tal porque el riesgo país, en buen romance, no es otra cosa que el costo que pagamos nosotros para acceder a créditos. 

A mí me gusta ser muy didáctica al explicar esto. Es como cualquier persona que ha sacado un préstamo para comprar algo. Por ejemplo, si te descuidas en esa tarjeta de crédito que pensaste que ya no debías nada porque el estado de cuenta te llegaba a la casa anterior y no viste que debías 8, 10 o 20 dólares, esto te fue generando intereses. Y si no has pagado [así sea una cantidad pequeña y por error] eres un mal pagador. 

El sector financiero, a nivel internacional, no entra al detalle: [no le importa que digas] no era mío, no supe, no me llegó. Simplemente te constituyes como un mal pagador y a ti no te dan créditos. Y, en el caso de que te den, es a un costo muy alto. 

Esta es la historia del Ecuador. El país es muy mal pagador, tiene poco o nulo acceso a créditos internacionales. Y hoy por hoy, con la situación fiscal y el déficit que enfrentamos, es imposible subsanarlos sin crédito internacional. 

Entonces, buscar crédito internacional no es un capricho de ciertos sectores, es una necesidad vital y esto repercute inmediatamente en la banca doméstica y el crédito interno. Si tenemos un riesgo país tan alto y no tenemos acceso a financiamiento, el costo de endeudamiento interno también se vuelve muy alto e inasequible para quien menos recursos tiene.

Si queremos revertir las brechas socioeconómicas, si queremos fomentar la inversión y el empleo formal necesitamos acceder a créditos. 

Jervis dice que la subida del IVA no debería ser sólo temporal. Fotografía de Diego Lucero Para GK.

¿Cómo se puede generar empleo en una crisis que está repleta de incertidumbre?

El empleo no se genera por decreto ejecutivo, ni por anuncios de tarima, ni por voluntad. El empleo se genera cumpliendo unas condiciones mínimas de disciplina fiscal, de seguridad jurídica y de seguridad integral que es a lo que le estamos apostando. 

Si no tomamos medidas estructurales en estos aspectos es imposible que el empleo se genere por arte de magia. Entonces, también entiendo que hay muchos sectores políticos que les es muy rentable decir: “estos empresarios malvados perversos que no generan empleo”. Pues es muy difícil que se generen los empleos formales que necesitamos si seguimos apostando por otro tipo de impuestos que encarecen toda la cadena productiva como el impuesto a consumos especiales (ICE) y el impuesto a salida de divisas (ISD). 

Por eso es que es importantísimo que los tomadores de decisiones tengan la mirada integral, se salgan un poco del espectáculo de la política y lo hagan con responsabilidad para atraer a la inversión extranjera. 

Tampoco se atrae empleo por invitaciones ni por amistades. Se atrae cuando tenemos, por un lado, una disciplina fiscal que es a lo que nosotros apelamos con las medidas estructurales. Por eso nos parece inaudito decir que el incremento del IVA sea una medida temporal porque entonces no cumplimos con los requisitos mínimos que nos pide la banca internacional para poder acceder a créditos. 

Adicionalmente necesitamos seguridad jurídica. Entonces vemos con especial preocupación que precisamente en la Asamblea Nacional —fruto de la propuesta de ley económicamente urgente en la que el Ejecutivo propone incrementar tres puntos del IVA— hay bancadas con importantes números de legisladores que advierten que no sólo que no van a aprobar la propuesta del Presidente, sino que además van a plantear nuevos los impuestos. 

Aquí venimos con una discusión que es bastante obvia para algunos de nosotros y que seguramente para muchos lectores les resulta aburrida, y una tecnicidad innecesaria: el artículo 135 de la Constitución de la República establece que la potestad de crear, modificar y eliminar impuestos es exclusiva del Presidente de la República. 

Cuando esto llega al debate Legislativo, lo que se puede es discutir en torno a esa propuesta, no se puede inventar otros impuestos. Esto lo dice la Constitución y lo reafirma el Código Tributario.

También la Corte Constitucional ha fallado en la inconstitucionalidad de la Ley de Fomento Ambiental en 2022, precisamente porque la Asamblea en lugar de discutir y aprobar o reprobar la propuesta impositiva, propone nuevos impuestos. 

Sin embargo, ya hemos escuchado a ciertas bancadas que anticipan que al ser el poder Legislativo tienen toda la potestad de crear otros impuestos. Hemos tenido acercamientos con esas bancadas y ellos se reafirman en la inconstitucionalidad. 

Ergo, de ocurrir esto, obviamente quienes sí somos fieles defensores de la Constitución iremos con medidas de inconstitucionalidad ante la Corte. Y seguramente ganaremos, si atendemos a los fallos y la tendencia sobre como ya se ha pronunciado. 

Pero ese no es el quid del asunto, el problema es, por un lado, el tiempo que se pierde, pero adicionalmente la seguridad jurídica. ¿Quién va a invertir en este país si seguimos atentando contra la seguridad jurídica? Y mal podrían generarse nuevas plazas de empleo para vencer la informalidad, si no aseguramos esa vía. 

Entonces lo necesario son cambios estructurales y sostenibles para general ese empleo.  

Por supuesto. Definitivamente cambios estructurales, valientes y políticamente poco populares en esa línea. Nosotros sostenemos desde esta Cámara, y lo hemos dicho reiteradamente al ministro de Finanzas, que es momento de focalizar los subsidios. 

El costo del subsidio en el Ecuador es inaudito. Por mencionar una cifra: por cada 100 dólares que invierte el Estado ecuatoriano en subsidiar gas, diésel, gasolina se estima que al menos 54 estarían beneficiando a las clases económicas más favorecidas. 

Eso es inaudito, es poco eficiente y, peor aún, dentro de esos beneficios de las clases más favorecidas se camuflan con frecuencia los grupos terroristas y las bandas criminales. Es decir, que este subsidio está financiando al terrorismo. Lo cual consideramos que además es poco ético, pero hay bancadas y grupos políticos que advierten una vez más quemar el país porque vemos que sus intereses ilícitos ya ni siquiera se esconden. 

La posición de esta Cámara y del sector productivo al que represento es que si se quiere enfrentar esto con valentía y con responsabilidad, es momento de focalizar subsidios.  

Digo focalizar porque nosotros entendemos que hay varios mecanismos por los cuales se puede compensar realmente a los más pobres de este país, a las familias más necesitadas. Por ejemplo, en el gas, sobre todo que es de uso doméstico, y en algunos otros de estos subsidios. Pero es focalización, todo lo demás [que beneficia a las clases más favorecidas] se debe eliminar. 

«El empleo formal no se genera por decreto ejecutivo, ni por anuncios de tarima, ni por voluntad», dice Jervis. Fotografía de Diego Lucero Para GK.

La CIP ha tenido acercamientos con el gobierno. ¿Se han discutido estas opciones en reuniones? ¿Hay algún acuerdo? ¿O cuál ha sido la respuesta?

No, no hemos tenido ningún acuerdo, francamente. La mayor cercanía ha sido con el Ministro de Finanzas, que se ha mostrado bastante abierto a escuchar las preocupaciones del sector. Sin embargo, es un gobierno que apenas empieza, nos encantaría ser tomados en cuenta. Nunca para privilegios nunca para tratos diferenciados, sino para que estas decisiones —por ejemplo de la focalización de subsidios de la que no conocemos nada— se hagan con los sectores que podemos tener un poquito más de información sobre la dinámica cotidiana. 

Uno de los problemas que nos preocupa y que el Ministro de Finanzas ha sido muy receptivo en escucharnos es la situación de la cadena de atrasos de pagos en el Estado. Los no pagos del 2022 al 2023 aumentaron en 126%, poniendo en riesgo a toda la sociedad. Ahí hay nuevamente esos discursos políticos de ciertos sectores: “ah, bueno, los empresarios que apoyen”. Pues lo que no se mira es que [los retrasos de los pagos desde el Estado] afecta a toda la cadena productiva.

Lo que no se mira tampoco es que con las deudas también se pone en riesgo a los 239 mil personas afiliadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

Yo voy a poner un ejemplo en concreto que es el que más utilizo porque quizás es lo que nos permite a los ciudadanos mirarnos de manera más empática. Por ejemplo, una de las empresas internacionales que dan el servicio de diálisis a los afiliados no recibe pagos desde hace muchísimo tiempo, razón por la cual esta empresa está dejando el país. 

Todos sabemos que las personas que requieren de diálisis son personas cuya vida está en riesgo. La cadena de no pagos también afecta a la ciudadanía más vulnerable. 

Se está poniendo en riesgo al sistema financiero clavándole de más impuestos, anticipando que se va a seguir gravando su actividad, cuando ya existe tan poca liquidez. Creo que es importante tomar con seriedad el grave desafío de estabilidad fiscal del país.  

Ya hemos hablado de algunas soluciones a lo largo de la conversación, pero quisiera saber específicamente, ¿qué más se puede hacer para ayudar a reducir el déficit fiscal?

Creemos que las medidas aisladas no van a solucionar nada. El IVA no es suficiente. Apoyamos el incremento al IVA siempre y cuando venga de la mano de medidas estructurales para realmente conseguir el objetivo. 

Hay dos temas más que no he mencionado: la reducción del tamaño del Estado y el control de las empresas públicas. Pero es interesante porque aquí [con estos temas] se vuelve mucho en un discurso político. Nosotros hemos tenido muy mala experiencia con las empresas públicas, creemos que son ineficientes, que son altamente corruptas, que es momento de evaluar eso. 

También obviamente la lucha contra la evasión y el contrabando. Esto es una locura. Por ejemplo, hay el impuesto a los consumos especiales, que tiene el objetivo de gravar excesivamente a estos productos que ya están súper gravados en el Ecuador. Entonces, ¿qué pasa? Que estos son productos que se consumen altamente en el país y son tan costosos que se vuelve un mercado muy atractivo para el mercado negro, y el Estado ecuatoriano ha tenido capacidad nula de combatirlo.

Ojo, las empresas formales que pagamos todos los tributos competimos en una situación de deslealtad y de desventaja frente al mercado negro. Sin mencionar que cuando hablamos de contrabando no estamos hablando sólo de evasión tributaria ni de que se explotan los trabajadores porque no hay ningún nivel de control sobre esas relaciones laborales. También estamos hablando que el contrabando tiene detrás a las organizaciones criminales y es la gran ventana de penetración del crimen organizado en el país. 

Por esa razón, demandamos de quienes nos gobiernan que se tomen las medidas integrales, aun cuando existan estos grupos políticos que rentabilizan el caos y que cuenten con el sector productivo para ese apoyo. 

Al principio de la conversación mencionó que las empresas privadas aumentaron su presupuesto para seguridad, ¿qué estrategias están usando para protegerse y a sus empleados?

Esto afecta directamente a las utilidades de la empresa evidentemente y en muchos casos también reduce su capacidad operativa por los desafíos de seguridad. Aquí no existen fórmulas mágicas, la seguridad privada se ha vuelto más importante que nunca. 

También se ha incrementado la importancia de los gremios y de los mecanismos de representación. Nosotros hemos estado en contacto directo con todos los gobiernos —con este también — para crear las rutas, los convoyes y el apoyo necesario para garantizar la seguridad.

Algo que es interesante, que tal vez no se conoce hacia afuera, es que el sector privado está muy unido. Las empresas que pueden ser competencia, que pueden estar en distintas zonas, se unen para acompañarse, para darse la empatía. Es algo que se pone en evidencia en estas crisis. 

Llevamos algún tiempo funcionando así, trabajamos mucho entre las Cámaras a nivel nacional, con las más pequeñas de ciudades y de provincias, para alertar a las fuerzas del orden [de posibles riesgos]. Lo que nos importa por sobre todo es el bienestar del personal. Siempre se busca dar el mayor apoyo y cuidado tanto a los choferes, como al personal de carga. 

Son desafíos inmensos que los articulamos bastante bien desde los gremios y la representación, sin fórmulas mágicas, dando respuesta a las necesidades coyunturales. No somos expertos en seguridad, tuvimos que aprender. 

María Paz Jervis dice que el gobierno cuenta con el apoyo del sector productivo para tomar medidas estructurales y mejorar la economía del país. Fotografía de Diego Lucero para GK.

¿Y qué se puede hacer de la mano del gobierno?

Obviamente la relación público privada es fundamental. 

Creo que esto es un mensaje importante para que el sector público entienda que no puede funcionar sin el sector privado, ni viceversa. Es importantísimo crear puentes de diálogo. Hay mucho temor en las consecuencias políticas de hacer esto. 

Acuérdense que hay sectores que estamos absolutamente demonizados. Uno de esos es la banca. No me puedo imaginar una sociedad democrática que funcione sin un sistema financiero sólido. Mientras a algunos nos preocupa mucho la salud del sistema financiero, hay bancadas importantes en la Asamblea que parecería que su meta es hacer temblar al sector financiero. Lo cual es absolutamente incomprensible, un sin sentido, y creo que es obligación de quienes hacemos comunicación poder aclarar estos conceptos. 

Para eso aplaudo muchas de las decisiones con alto liderazgo del gobierno nacional. Y esas decisiones seguirán siendo bienvenidas por la sociedad civil en tanto y en cuanto nos demuestren que no estamos a la deriva, que hay un plan. Lo que se hace desde el sector productivo se hace con una convicción, una apuesta de que el país va a salir adelante.