“Si no se preserva el trabajo periodístico, los ciudadanos no tienen información fiable”

El miércoles 23 de agosto de 2023, rodeado de periodistas y ministros, el presidente Guillermo Lasso firmó el reglamento para la ley de comunicación, en el salón amarillo de Carondelet. El director de Fundamedios, César Ricaurte, cree que la presión de organizaciones locales e internacionales como el CPJ (Comité para la Protección de Periodistas por sus siglas en inglés), fue clave para que finalmente se publicara. Uno de sus puntos más esperados, para las organizaciones que promueven la libertad de prensa, es el mecanismo de protección para periodistas.

El reglamento regula la Ley que, a su vez, regula los medios y el ejercicio periodístico en el Ecuador. El documento debía estar listo en mayo pero tardó cerca de tres meses más. Entra en vigencia en el momento más inseguro para ejercer periodismo en el Ecuador: en 2022, 3 periodistas fueron asesinados. En lo que va de 2023, 5 han tenido que dejar el país por amenazas contra su vida. 

En esta entrevista, César Ricaurte habla del contexto de la prensa libre estos años, de la importancia de, finalmente, contar con un reglamento de la Ley, y de lo clave que es que no se quede en el papel, sobre todo porque pronto cambiaremos de gobierno. 

¿En qué contexto se publica el reglamento a la ley de comunicación?

Este año cinco periodistas están exiliados y otros han sido desplazados internamente. Reporteros  reciben amenazas. Hubo un magnicidio que involucra a un candidato que también ejercía el periodismo. 

El día que se firmó el decreto del reglamento, una serie de periodistas y medios de comunicación fueron amenazados en la provincia de Bolívar. Tratan de obligarlos a emitir un vídeo de un grupo de crimen organizado. Si se niegan, les amenazan. Esa misma noche recibimos la noticia de que al directivo de uno de estos medios de comunicación lo llamaron de forma directa a amenazarlo de muerte.

Entonces, pasan ese tipo de cuestiones que hablan de la urgencia de la activación del mecanismo de protección, que es parte del reglamento. Evidentemente el mecanismo todavía está en el papel. Pero el reglamento ya genera el marco para el mecanismo, que creemos que está bien, porque se recogieron muchos insumos que presentamos.

Pero el gran reto ahora es pasar del papel hacia el mecanismo real. 

¿Crees que la puesta en marcha del reglamento, y con él del mecanismo, será muy compleja?

El gran problema con nuestra legislación sobre los medios de comunicación es que esta famosa ley de comunicación es una colcha de retazos.

La ley de comunicación original del correísmo, del 2013, tenía una concepción de regulación de todos los aspectos de la comunicación social y humana por parte del Estado. Esa era la ambición de esa Ley. Entonces era una cosa abarcativa. Trataba de regular todo tipo de mensajes. Al final, lo que predominó es el control sobre los medios de comunicación, que lo hizo la Superintendencia.

Ahora, cuando se desmonta gran parte de la ley con Lenín Moreno, de todas maneras sigue teniendo muchas de las cosas de la ley original. 

Luego vienen las reformas de Guillermo Lasso. Entonces tenemos la ley original, las reformas de Moreno, las reformas que implementó la Asamblea. Porque la Asamblea también introdujo cosas que no estaban en la reforma de Lasso.

El mecanismo de protección para periodistas es parte del nuevo reglamento de la Ley de Comunicación. Ricaurte explica que es un mecanismo estatal que deberá tener la vigilancia de la sociedad civil. Fotografía de Paola Aguilar para GK.

Entonces, tienes por lo menos cinco pedazos de legislación que están ahí tratando de convivir, digamos, pero con concepciones radicalmente distintas.

Es sumamente complicado tener un reglamento abarcativo. Por eso, si analizas el reglamento, es bastante general. Creo que el mecanismo es lo más avanzado que tiene.

¿Lo desarrolla más?

Exactamente, es lo que más se desarrolla. Porque en realidad, la mayoría de cosas se dejan enunciadas. Se deja para que el Consejo de Comunicación lo resuelva después.

Resulta, entonces, ¿un reglamento tibio?

Sí. Repite mucho que el Consejo resolverá. Por ejemplo, la publicidad oficial, que es un tema de un debate muy fuerte, y fue una de las cosas que demoró la expedición del reglamento, no está completamente resuelto. 

Si deja tantas cosas abiertas, entonces ¿dependerá del próximo gobierno hacerlas, o no?

Hay aspectos en los que el problema de fondo es la ley de retazos. Pero lo rescatable de todo el proceso de las reformas en 2022 es el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Porque la Corte le dice al Estado ‘sólo puedes regular hasta aquí; ir un poco más allá ya es violar la Constitución, tratados internacionales, etcétera’.

Y eso va a tener que aplicar el próximo gobierno, sea el correísmo o Noboa. 

Sabemos que el viejo correísmo cree en la Ley de Comunicación del control de los medios. Han convertido el ataque contra los medios de comunicación en parte de la primera parte de la campaña. Fue muy fuerte regresar a ese discurso muy confrontativo con los medios de comunicación. Pero ya después ese tono bajó. 

No sabemos qué va a pasar en esta segunda parte de la campaña y cuál, al final del día, va a ser lo que predomina. En todo caso digamos que hay un correísmo duro, apegado a la concepción del líder que lo que dice es control de los medios.

Pero Noboa en ese sentido también es un misterio. No ha habido un ataque directo contra los medios de comunicación, pero tampoco ha habido ningún tipo de pronunciamiento al respecto. 

En todo caso, como te digo, el gran avance que hemos tenido en los últimos años es ese pronunciamiento de la Corte Constitucional y el blindaje al decirle al Estado, básicamente, usted sólo puede ir hasta aquí en la regulación de medios. 

Por ejemplo, una superintendencia de información y comunicación que sancione medios de nuevo es incompatible con los estándares internacionales, la Constitución.

¿Podrías ampliar qué más dijo la Corte Constitucional que es esencial que la sociedad entienda, y también los candidatos presidenciales?

La Corte hace un ejercicio muy interesante en el sentido de devolverle la correcta dimensión a la libertad de expresión, y señalar que no sólo es una libertad de los medios de comunicación sino que es un derecho de los ciudadanos. Dice que el derecho es informar y ser informado, o sea es de doble vía. 

Cuando se afecta el uno, se afecta también el otro. 

Y la Corte recuerda también esa triple dimensión de la libertad de expresión: es un derecho individual, pero también un derecho social que sirve para defender otros derechos. Por eso no puede ser limitado. Y también es un derecho estructural; es decir, es uno de los pilares de la democracia.

Entonces ahí la Corte básicamente recuerda el papel que juega la protección de la libertad de expresión. Y, con ello la protección de la libertad de prensa, que es el ejercicio de la libertad de expresión a través de los medios.

Mencionaste que una de las debilidades del reglamento es que deja muchos pendientes para que sea el Consejo de Comunicación quien resuelva. ¿Cuáles podrían ser las fortalezas?

El mecanismo implica que el Estado asume su responsabilidad en la protección del trabajo periodístico. Son responsabilidades que están fijadas en varios instrumentos internacionales. 

En la misma ley de comunicación ya se crea el mecanismo en respuesta. Recordemos que para llegar a esto tuvieron que pasar diversas instancias. 

En el informe de los relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hicieron después de visitar Ecuador en 2018, después del correísmo, hacen un balance de lo que queda del correísmo. Ahí ya se sugiere que el país debe tener un mecanismo de protección para los periodistas, y esto se vuelve mucho más evidente después del secuestro y asesinato de los periodistas de El Comercio. 

Hay pedidos expresos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Incluso en las recomendaciones del informe existe explícitamente el pedido de que se cree, en ese entonces, el Comité para la Protección de periodistas. De alguna forma se dieron unos pasos iniciales en esa época, y al final eso no funcionó. 

En el último tiempo se ha vuelto a insistir al Estado ecuatoriano que es necesaria la protección de periodistas, y la creación del mecanismo. 

Entonces, todo el mecanismo en realidad responde a todo este tipo de exigencias de la comunidad internacional para que el Estado ecuatoriano asuma esa responsabilidad. Y también, por supuesto, hubo presión interna, que han ejercido periodistas, medios de comunicación, sociedad civil, para que exista el mecanismo. 

¿Qué implica, más en detalle, este mecanismo?

El mecanismo tal como está planteado en el reglamento tiene tres partes muy bien definidas. 

Una parte es la prevención de las violencias contra periodistas, que significa la adopción de políticas públicas a partir de diagnósticos. Y, por eso, el mecanismo incluso contempla un sistema de monitoreo estatal o nacional de acciones contra la prensa. Caracteriza incluso a agresores estatales y no estatales. Eso es muy fuerte, pero a mí me parece bien porque finalmente sí quieres hacer un monitoreo, no puedes no monitorear las agresiones estatales. 

Entonces, por ahí creo que el mecanismo funciona bien. Plantea un mapeo integral de riesgos para, justamente, detectar cuáles son los mayores riesgos de periodistas, incluso por zonas geográficas. Y eso está muy bien para la definición de las políticas públicas. 

El director de Fundamedios, César Ricaurte, cree que la creación del mecanismo de protección de periodistas será clave para el contexto que vive el país. Fotografía de Isabela Ponce para GK.

Luego, claro, plantea ya los mecanismos de protección en sí mismos. Que ya es cuando un periodista ha recibido una amenaza, ha sido víctima de un atentado, y tiene que el Estado activar los mecanismos de protección.

Ahí evidentemente lo que hay que vigilar es que el Estado cumpla bien con esos diseños de respuestas. Porque se corre el riesgo de que haya respuestas genéricas ante casos muy distintos, y básicamente sea “te voy a mandar un policía para que te cuide un par de días” porque “con eso ya estaría cumpliendo mi obligación de protección”. Y eso no es.

Precisamente ese diseño más personalizado es el que está pendiente…

Exacto, porque estas medidas de protección van a responder mucho a cada caso. Hay  que hacer un análisis pormenorizado de cada caso y diseñar las respuestas que tienen que ver. Y el papel que tenemos que cumplir desde la sociedad civil, es asegurarnos de que eso suceda.

El mecanismo en este momento tiene que recién entrar a funcionar. Y claro, creo que también un aspecto importante del mecanismo es saber que es estatal. Pero nosotros explícitamente trabajamos y pedimos que se incorpore a la sociedad civil en el mecanismo, en la vigilancia, en el apoyo técnico. Porque sino corres el riesgo de que se reúnan cuatro burócratas y digan “el riesgo es tal”. Y no tienen realmente una idea de lo que se requiere, y cuáles son los análisis que se tienen que hacer en una situación como esta.

Lo importante es que el mecanismo sí contempla, incluso el reglamento lo ordena, que se articule con la sociedad civil. Que se articule incluso con medios de comunicación y periodistas. Esas respuestas tienen que darse en situaciones de protección.

Durante la firma del decreto, el secretario jurídico de la Presidencia, Juan Pablo Ortiz, dijo que el mecanismo será interinstitucional. Habló del Ministerio de Defensa, de Derechos Humanos, de Riesgos. Entonces, se supone que si algo pasa, el mecanismo tiene que activarse, y tiene que estar el representante de todos estos ministerios.

Correcto, el Consejo de Comunicación es el ente rector del mecanismo. Pero justamente el papel del Consejo es articular con todas estas instituciones estatales, con la sociedad civil y con los medios de comunicación.

El presidente Guillermo Lasso muestra la firma del decreto del reglamento de la ley de comunicación. Fotografía de Isabela Ponce para GK.

¿Hay ejemplos en otros países de los que podamos aprender sobre cómo funcionan estos mecanismos?  

Hay. Los mecanismos de protección en Colombia, en México, en Honduras. En Paraguay  también se está creando. Ahora, por ejemplo, en el caso de México, el mecanismo federal de protección es un fracaso total, y se construyó a imagen y semejanza del colombiano. 

Hay que tener mucho cuidado porque el colombiano es un mecanismo que responde a la particularidad del conflicto colombiano, y es un mecanismo que en realidad protege a muchos grupos vulnerables, no sólo periodistas, sino también a defensores ambientales, líderes sindicales, profesores. Son como 14 grupos sociales que están bajo la protección del mecanismo. 

Es un mecanismo muy caro; cuesta, de lo que entiendo, como 200 millones de dólares al año. Pero en México no funcionó porque se intentó reproducir el esquema colombiano.

¿Sin considerar contextos?

En México están funcionando mucho mejor los mecanismos a nivel local porque México es complejo. Es un país federal, en el cual los poderes locales tienen un peso enorme y muchas veces esos poderes locales están coligados al narcotráfico, con el crimen organizado. Entonces, el que los mecanismos más locales funcionen de forma más efectiva no es un secreto. Es más bien es algo que debía pasar así. 

Yo creo que el mecanismo en el Ecuador sí se hizo del análisis de todos estos mecanismos que están funcionando en América Latina. Creo que recoge las experiencias de lo  que estaba pasando en otros países, pero trata también de ir un poco más allá, y responder al contexto ecuatoriano. 

Por eso plantea justamente la articulación de instituciones públicas, que son básicamente las que tienen que ver con los temas de seguridad a nivel general. Por ejemplo, la Secretaría de Riesgos es muy importante porque los riesgos no sólo son de crimen organizado. Puede ser que mañana haya una erupción del Cotopaxi, o llegue el fenómeno El Niño. Eso ya plantea riesgos también a las coberturas y al trabajo periodístico, que tienen que ser establecidas.

Para los periodistas es bastante evidente la necesidad de un mecanismo de protección pero, ¿cómo se le podría explicar a la sociedad su importancia?

Yo diría que es importante porque finalmente protege a quienes llevan información a los ciudadanos. Tomando el último ejemplo, en una situación como la de El Niño, la población tiene que estar informada. 

Si no se preserva el trabajo periodístico más cercano a los ciudadanos es muy complicado tener información fiable y certera. Por ejemplo, cuando ciertas vías están cortadas porque hay inundaciones y tienes que tomar precauciones para circular, si es que no se protege el trabajo periodístico, estamos a la merced de la desinformación. 

Creo que es importante por eso. Porque al final del día el periodismo cumple una función social que es sumamente relevante para la vida de los ciudadanos.

No deja de preocuparme qué puede pasar en el próximo gobierno con este mecanismo. Tomando en cuenta que requiere de voluntad política, de articulación entre ministerios, etcétera. Por ejemplo, el reglamento entró en vigencia con un decreto, ¿podría el próximo gobierno derogarlo?

Al final, claro, es un decreto presidencial. De hecho, el presidente Lasso cuando entró al poder derogó el reglamento a la ley anterior. 

Ahora, yo diría que derogar el reglamento y dejar sin mecanismo a los periodistas tendría un alto costo para cualquier gobierno. Porque al final del día la situación es tan urgente y tan grave, que corres el riesgo de que se derogues el reglamento, y asesinen a un periodista o atenten contra un medio de comunicación, y todo eso te caiga encima.

Entonces, sería realmente una tontería que por resentimientos personales, diatribas, posiciones, dejes sin protección el trabajo periodístico.

Hace un momento decías que habría tres partes bien definidas del reglamento: la prevención y la activación del mecanismo. ¿Cuál es la tercera?

La tercera es la procuración de justicia. La Fiscalía también está en el mecanismo que es sumamente importante. Incluye todo el tema de denuncias, de las de las agresiones a periodistas, que es el inicio de todo el proceso de procuración de justicia. 

Creo que el mecanismo, al integrar a la Fiscalía, de alguna forma ya encuentra una vía para que se puedan facilitar esas denuncias. Que la misma Fiscalía comience a reconocer que hay una necesidad de tratar las agresiones contra periodistas de una forma diferenciada, no privilegiada. 

Actualmente la Fiscalía no investiga el móvil profesional, y eso puede ser clave justamente para esclarecer los delitos contra los periodistas.