El asesinato de los periodistas Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra en abril de 2018 evidenció de la manera más cruda y dolorosa la inexistencia de garantías para el ejercicio periodístico en Ecuador. Mientras cubríamos ese crimen, la sensación de que le pudo pasar a cualquiera, planteó la necesidad de exigir condiciones mínimas para nuestro trabajo. Un año después, el gobierno anunció la creación del Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas. Su objetivo, dice el documento que lo creó, entregado por el Ministerio de Gobierno, es establecer “acuerdos, protocolos y mecanismos para prevenir y proteger a los trabajadores de la comunicación” de los riesgos en su trabajo. Desde entonces, si contamos las veces que el comité pudo haber hecho algo, está claro que no ha servido para mucho.
El comité era, originalmente, un compendio de oficinas gubernamentales. Tenían representantes del Ministerio de Gobierno, la Cancillería, la Secretaría Nacional de Comunicación, la Secretaría General de la Presidencia y del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación y la información (Cordicom). Tras el paro nacional de octubre de 2019, se integraron Fundamedios y la Unión Nacional de Periodistas. Diego Tipán, Secretario del comité y funcionario del Ministerio de Gobierno dice que sesiona ocasionalmente pero que se activa cuando se considera que hay una emergencia.
Se activó durante el paro nacional de octubre de 2019 cuando un grupo de periodistas fue impedido de salir de la Casa Cultura, donde se había concentrado el movimiento indígena que encabezaba las protestas contra el gobierno de Lenín Moreno. César Ricaurte, director de Fundamedios, dice que en esa ocasión se instaló el Comité bajo la dirección de la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, y que se activaron mecanismos de negociación para precautelar la seguridad de los periodistas.
Fundamedios nombró a dos representantes para que fueran testigos del proceso. Finalmente, los periodistas pudieron salir, pero uno de ellos, Freddy Paredes de Teleamazonas, fue hostigado, insultado y apedreado a la salida. Fue la única vez en los once días que duró el paro en que se activó el comité, aunque hubo al menos 115 agresiones a periodistas y 6 a medios de comunicación.
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Seis meses después, en medio de una crisis sanitaria sin precedentes, el comité se volvió a instalar el 20 de abril de 2020. Lo dirigió el viceministro de Gobierno, Patricio Pazmiño. Estuvo también el Canciller, el Presidente del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Comunicación (Cordicom), y los representantes de la UNP y Fundamedios. Su objetivo, según una nota de Fundamedios, fue discutir “un borrador de Protocolo de buenas prácticas para coberturas en zonas de riesgo, propuesto por el Ministerio de Gobierno.” El resultado fue un documento de quince páginas. En su mayoría, recoge recomendaciones que ya constan en manuales de organizaciones como Reporteros sin Fronteras o la Fundación Gabo para coberturas periodísticas de riesgo e incluye recomendaciones muy generales como “para evitar el contagio se recomienda usar una máscara”. Un resultado tan pobre, difícilmente justifica la existencia de un comité que agrupa a autoridades de alto nivel, que representan al Estado y las obligaciones que éste tiene hacia los periodistas.
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Peor aún, si hasta el 3 de mayo de 2020 el documento seguía en borrador. Los cambios en discusión —entre el primer y segundo borrador, ambos trabajados en esos doce días— surgieron de las observaciones hechas por Fundamedios.
Una de ellas era que la primera versión no contemplaba las obligaciones que le competen al Estado para las garantías del ejercicio periodístico. Están recogidas en una página y otra habla sobre las responsabilidades de los medios de comunicación. Once páginas se dedican a las de los periodistas. Es como si el Estado pretendiese asumir la menor responsabilidad posible. “El comité sigue llegando tarde, mal o nunca, para atender las amenazas contra la seguridad de los periodistas”, dice César Ricaurte. Durante la crisis sanitaria, Fundamedios ha registrado los casos de periodistas en peligro. Hasta ahora, ha contabilizado veintitrés contagiados de covid-19 y trece fallecidos con diagnóstico (o síntomas) de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, aunque reconoce que puede haber un subregistro.
Aunque es evidente que la crisis no tiene precedentes y que muchos ciudadanos han tenido graves dificultades para hacerse pruebas rápidas o tener atención médica, se supone que el comité sirve de puente entre los periodistas y el Ministerio de Salud Pública. Dice Tipán que si una de las organizaciones que agrupa periodistas les advierte que hay reporteros u otros trabajadores de la comunicación sin poderse hacer una prueba o que su estado de salud es crítico, el comité “articula con el Ministerio de Salud Pública, pidiendo que se atienda de la manera más pronta este tipo de casos”. Según Tipán, asegura que el comité no ha recibido ninguna alerta por parte de los organismos de la sociedad civil (Fundamedios, UNP u otros) sobre casos así.
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A un año vista, ¿de qué ha servido entonces comité? Ni el acuerdo interinstitucional de su creación ni las respuestas del vocero del Ministerio de Gobierno dan una respuesta rotunda. A Diego Tipán le cuesta explicar cuáles son las acciones concretas para garantizar la seguridad de los periodistas que están también recorriendo calles, visitando hospitales y reportando lo que ocurre. El propósito general del organismo, dice, es garantizar un ambiente propicio para que la prensa cumpla con su trabajo y velar por el derecho a los ciudadanos a estar informados.
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Pero ni el comité ni los documentos que de allí surgen tienen la validez de una ley, por lo tanto no son de cumplimiento obligatorio. Son simplemente recomendaciones y protocolos, lineamientos, guías, palabras escritas sobre un papel —muchas ya escritas en otros papeles de organismos internacionales de defensa de derechos y promoción del periodismo— que pueden ser un intento de crear una percepción de garantías estatales al cumplimiento del trabajo periodístico.
Aunque estas sugerencias están en el papel —con la esperanza de que algún día se conviertan en política pública— ha sido necesario lanzar una campaña para pedir donaciones para paliar la precariedad que muchos periodistas enfrentan, sobre todo en Guayas, la provincia más afectada por el coronavirus. El comité parece ser una buena idea que no ha saltado del papel a la realidad.
