En su primer día como Presidente Constitucional de la República, Guillermo Lasso Mendoza firmó 34 decretos, incluyendo el que asumió el poder. Desde el salón amarillo del Palacio de Carondelet, la tarde de hoy, 24 de Mayo de 2021, Lasso suscribió los nombramientos de su gabinete, emitió el Código de Ética para la función pública y reestructuró algunas instituciones del Ejecutivo. Uno de los decretos firmados por Lasso derogó el Reglamento General de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) que fue emitido en enero de 2014 y todas sus reformas posteriores. 

Según la Constitución, que el Presidente de la República puede “expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes, sin contravenirlas ni alterarlas, así como los que convengan a la buena marcha de la administración”. La derogación de este reglamento, dice el decreto, está “en concordancia” con esa parte de la Constitución. 

La abogada María Dolores Miño, especialista en derechos humanos, dice que eliminar un reglamento “no dice mucho” mientras la ley siga vigente, porque es esa ley la que establece las obligaciones y los derechos. Sin embargo, en un caso como este, en el que el reglamento “operativizaba los procesos de sanción”, sí se frenaría las penalidades que contempla la polémica ley. 

El reglamento de la LOC incluía los mecanismos para que los ciudadanos ejerzan derechos como el de rectificación y réplica sobre una publicación en un medio de comunicación. El reglamento contemplaba el proceso para presentar reclamos a cualquier medio de comunicación de alcance nacional con la posibilidad de que tenga efectos legales. Además, establecía restricciones para hacer publicidad de ciertos productos como bebidas alcohólicas y con ciertas imágenes, como aquellas de contenido sexual.

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Miño dice la Ley Orgánica de Comunicación se hizo “en un momento político que respondía intereses distintos a los que ha dicho tener este gobierno” —fue expedida en 2013, en el gobierno de Rafael Correa que se caracterizó por su constante confrontación con la prensa, a la que señaló como uno de sus adversarios políticos. Por ello, Miño considera que es importante derogarla (lo que deberá hacer la Asamblea) “y que se presente un nuevo proyecto de ley”, dice la experta. Ese es el plan, según el Presidente. En la firma de los decretos, Lasso dijo que enviará a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica de Libre Expresión y Comunicación. Según el Presidente, la propuesta será “redactada acorde a los principios internacionales que garanticen la plena libertad de expresión en el Ecuador”. 

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La nueva propuesta, según la abogada, debe ser consistente con los de objetivos como proteger la democracia y el respeto a los derechos y libertades que el Presidente apuntó en su discurso de posesión. Además, Miño dice que lo que el Ejecutivo proponga debe ser congruente con las obligaciones estatales en materia de derechos humanos, especialmente las relacionadas a la libertad de expresión.  

La tarde de hoy, Lasso también reestructuró la Presidencia y el gabinete con un decreto. El primer cambio es que la Secretaría del Deporte pasará a ser un Ministerio. La institución tendrá la misma estructura legal que ha mantenido desde julio de 2018, cuando se creó la Secretaría. Además, la Secretaría Técnica Planifica Ecuador pasará a ser la Secretaría Nacional de Planificación. El último cambio es que la Secretaría General de Gabinete ahora se llamará Secretaría General de Administración Pública y Gabinete de la Presidencia. Todos los cambios entrarán en vigencia desde hoy. 

Con el decreto 33, Lasso dispuso la eliminación los registros de crédito de deudas vencidas —es decir, que no habían sido pagadas en el plazo establecido— menores a mil dólares. El decreto se aplicó a las obligaciones pendientes en instituciones y empresas públicas y privadas que den créditos. Así, dice un comunicado de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de hoy, “se reincorporará a la vida productiva a 1,7 millones de ecuatorianos”. En su cuenta de Twitter, Lasso dijo que la eliminación de estos registros era un “acto de estricta justicia”.  

Lasso también firmó hoy el decreto que establece las normas de comportamiento ético que deberá seguir todo el personal del Ejecutivo. El Código de Ética prohíbe que los familiares del Presidente, Vicepresidente, los Ministros, Secretarios, gerentes y directores de empresas públicas sean designados para un cargo público. Se aplicará hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y para quienes tengan uniones de hecho. También establece reglas para el uso de recursos presidenciales como los aviones y vehículos; restricciones para “relaciones inapropiadas” con otras entidades del Estado, entre otras.