En poco más de dos años, al menos 500 personas presas han sido asesinadas en las masacres carcelarias  documentadas entre febrero de 2021 y julio de 2023 en Ecuador. Hasta ahora no hay aún un responsable directo por aquellas muertes.

Previo a que las masacres ocurrieran hubo alertas y pedidos de auxilio de los internos, que no fueron escuchados por las autoridades. La de Yolkin, un joven que intentaba superar una adicción a las drogas  —asesinado el 28 de septiembre de 2021 en la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más violenta de Ecuador— es una de las cientos de historias que han demostrado, dice Alexandra Zumárraga, ex directora nacional de Rehabilitación, que el sistema carcelario se ha convertido en un pozo olvidado que hoy solo logra recoger cadáveres.

Última Actualización: 25 julio, 2023
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Ni los reclamos de las personas presas y los de sus familias, los estados de excepción, las declaratorias de emergencia, la inyección de presupuesto a la fuerza pública, las acciones enfocadas a fortalecer la seguridad en las cárceles ecuatorianas, cuestiona Zumárraga, han frenado las muertes en las prisiones. Pero aún es posible construir soluciones, dicen presos, expertos e investigadores. 

En esta lista, te presentamos un recuento breve de cada masacre en orden cronológico ascendente.

2023

25 de julio de 2023

El SNAI confirmó que la cifra de personas privadas de libertad muertas ascendió a 18. 

700 miembros de la Policía Nacional y 700 de las Fuerzas Armadas ingresaron en la mañana al Centro de Privación de Libertad Guayas No 1. El objetivo fue tomar el control del lugar.

En videos e imágenes compartidas por las cuentas de Twitter de la Policía y de la Secretaría General de Comunicación, se pueden ver momentos de la intervención en la también conocida Penitenciaría del Litoral. Se ve a decenas de personas privadas de libertad en los patios del centro, sentadas, maniatadas. Una imagen similar a lo que se observa en algunas fotografías de intervenciones en cárceles de El Salvador.

Una vez dentro de la prisión, la Fiscalía confirmó el número de muertos. El número de heridos continúa siendo de 11, entre ellos se cuenta un agente policial.

22, 23 y 24 de julio de 2023

La tarde del sábado 22 de julio hubo enfrentamientos entre varios grupos delincuenciales en el Centro de Privación de Libertad Guayas No 1, en Guayaquil. Los enfrentamientos se extendieron hasta el 24 de julio. Ese día el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) informó que hay seis personas privadas de libertad muertas y 11 heridos. 

Los heridos fueron trasladados a centros médicos. Existe, de acuerdo al comunicado del SNAI, dos puestos móviles del Ministerio de Salud Pública para la atención de los heridos.  

El 24 de julio, el SNAI también dijo que en otras cinco cárceles del país hay 96 guías penitenciarios detenidos. Los guías en las cárceles de Cotopaxi, Azuay, Cañar, Napo y El Oro están retenidos por los presos. Pero están en buen estado. Por el momento, el Comité de Crisis está activado para conseguir la liberación de los empleados penitenciarios. 

Desde febrero de 2023, agentes de guías penitenciarios son secuestrados —por más de 24 horas— por bandas criminales debido a la amenaza de traslados de personas a otros centros carcelarios. De acuerdo con fuentes reservadas consultadas por GK, ese habría sido el motivo por el que se desataron los enfrentamientos el fin de semana en la Penitenciaría del Litoral.

En trece cárceles —de Imbabura, Napo, dos centros penitenciarios en Chimborazo, Tungurahua, Azuay, dos centros en Cañar, El Oro, Loja, Guayas, Cotopaxi y Pichincha— se mantiene una huelga de hambre generalizada. La organización anti penitenciaria Mujeres de Frente también ha dicho que esta violencia en las prisiones se da por la “amenaza de traslados masivos”.

Los guías aceptan que hay una gran cantidad de agentes “cooptados” por las bandas, sea por miedo, extorsiones o dinero. Uno de ellos le dijo a GK que “el SNAI está esperando que nos maten para darnos garantías frente a las órdenes de cabecillas que nos obligan a trabajar para ellos”.

“No estamos retenidos, estamos secuestrados y tememos nuestra muerte”, dijo uno de ellos.

En horas de la tarde del 24 de julio, el presidente Lasso firmó el decreto 823 con el que declaró estado de excepción “por grave conmoción interna en todos los centros de privación de libertad que integran el Sistema de Rehabilitación Social a nivel nacional”. De acuerdo al decreto —en el que se puede leer que en la Penitenciaría del Litoral existe una piscina de tilapias—, este estado de excepción durará 60 días.

14 de abril de 2023

Un enfrentamiento entre los pabellones 3, 5, 8 y 9 de la Penitenciaría del Litoral dejó 12 muertos y al menos 3 heridos. 

El SNAI dijo que activó protocolos de seguridad por nuevos incidentes en el interior de la Penitenciaría. En su cuenta de Twitter, el SNAI también dijo que evacuó al personal administrativo, de salud, de construcción, entre otros. 

El Comité de Familiares por Justicia en Cárceles dijo el 14 de abril en su cuenta de Twitter que “desde hace semanas se ha venido advirtiendo de una nueva masacre”. La Red Internacional de Mujeres Familiares de Personas Privadas de su Libertad también levantó una alerta por la violencia dentro de esta cárcel.

Ese día, la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) anunció en su cuenta de Twitter que cerró el tránsito vehicular en la vía a Daule hacia la Penitenciaría del Litoral. La ATM dijo que el cierre se hizo “por procedimiento de la Policía Nacional”. 

Esta masacre pasó 24 horas después de que tres guías penitenciarias fueran asesinadas en los exteriores del Complejo Penitenciario Guayas. Allí además de la Penitenciaría está La Roca, el Centro de Rehabilitación Regional y el Centro de Detención Provisional.

2022

18 de noviembre de 2022

Una nueva masacre carcelaria, la onceava desde 2021, pasó la tarde del viernes 18 de noviembre de 2022, en el Centro de Privación Provisional de Libertad El Inca, al norte de Quito. El resultado preliminar, de acuerdo a la Fiscalía, era de nueve personas presas muertas. Sin embargo, el SNAI confirmó que eran 10 muertos, hasta las 4:40 de la tarde del 18 de noviembre.

La Fiscalía abrió de oficio una investigación sobre lo sucedido, que se habría dado —según el SNAI— luego del traslado de Jonathan Bermúdez, líder de la banda Los Lobos, desde ese centro hasta la cárcel La Roca, la mañana del 18 de noviembre. El SNAI confirmó que Los Lobos tomaron represalias por el traslado e informó que los responsables intelectuales de esta masacre —Juan S, alias Sargento; Milton Q, alias Junior y David G, alias Hormiga— serán llevados también a La Roca.

El traslado de Bermúdez fue anunciado por el presidente Guillermo Lasso, a través de su cuenta de Twitter, la mañana del 18 de noviembre de 2022. “Con valentía las fuerzas del orden esta madrugada, trasladaron al cabecilla de la banda narcoterrorista “Lobos”, a la cárcel de máxima seguridad, La Roca”, escribió Lasso.

Bermúdez fue trasladado de Quito a Guayaquil por helicóptero.

7 de noviembre de 2022

Desde las cinco de la tarde del 7 de noviembre de 2022 se escucharon detonaciones en las inmediaciones de la cárcel de El Inca, en el norte de Quito. Pasadas las siete de la noche, el SNAI confirmó, de forma preliminar, que cinco personas presas fueron asesinadas, presumiblemente con armas blancas. También se confirmó que cinco personas resultaron heridas, tres de ellas fueron hospitalizadas. Además, un agente de seguridad penitenciaria fue herido en medio de los enfrentamientos.

En esa cárcel, la gobernanza criminal está dividida entre Los Lobos y los Latin Kings. Aunque aún no se han confirmado qué grupos de delincuencia organizada estuvieron involucrados, Los Lobos y la nación Latin Kings han estado en constante combate. Así ocurrió el 25 de abril de este año, cuando un enfrentamiento entre las dos organizaciones dejó, al menos, 15 heridos.

De acuerdo al general Víctor Heredia, comandante de la Policía del Distrito Metropolitano de Quito, la situación en la cárcel de El Inca se habría controlado aproximadamente a las 8 de la noche.

5 de octubre de 2022

La violencia en las cárceles ecuatorianas no se han detenido desde el asesinato del presunto capo de la droga Leandro Norero en la cárcel de Cotopaxi. El 5 de octubre de 2022, incidentes dentro de la Penitenciaría del Litoral marcaron el tercer día consecutivo de enfrentamientos en el sistema carcelario.

De acuerdo al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), hasta el mediodía del 6 de octubre se registran trece personas presas muertas, dieciocho heridas. También hay cinco policías heridos. 

Los incidentes en la Penitenciaría del Litoral empezaron la mañana del 5 de octubre de 2022. El aviso de lo que sucedía fue recibido por la Policía horas después: a las 12 y media de la tarde. Los vecinos de la zona lanzaron la alarma por las explosiones y el sonido de ráfagas de metralla que se escuchaban al interior de la Penitenciaría.

El mortal choque se dio entre las personas presas de los pabellones contiguos 2 y 3 contra las que están recluidas en el 9. El 2 y el 3 están controlados por dos bandas que ahora están aliadas, los Chone Killers y Los Águilas.

3 de octubre de 2022

El 3 de octubre de 2022 en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, conocida como la cárcel de Latacunga, hubo pánico en medio de la octava masacre carcelaria desde 2021. 

El tiroteo se originó de un ataque a Leandro Antonio Norero —conocido como alias El Patrón en las estructuras de delincuencia organizada de Ecuador— quien murió a causa del ataque. Norero estaba cárcel de Latacunga donde cumplía una orden de prisión preventiva mientras era procesado por lavado de activos y narcotráfico.

El atentado contra Norero detonó el pánico de decenas de personas presas que —desesperadas, suplicando auxilio— pedían la intervención de las autoridades, debido a amenazas de más asesinatos en las zonas de mínima y mediana seguridad de ese recinto carcelario. 

Norero no fue el único asesinado en el tiroteo. La octava masacre carcelaria en Ecuador  ha dejado, al menos, 15 personas presas asesinadas y de 21 heridos. 

A Norero lo asesinaron el mismo día en el que iba a instalarse la audiencia de formulación de cargos en el marco de las investigaciones penales por presunto delito de narcotráfico. La diligencia se desarrollaría en la Unidad Multicompetente de Samborondón, por la mañana. No ocurrió: el nuevo abogado de alias El Patrón no asistió por motivos de salud.

Una fuente reservada le dijo a GK  que hubo un quiebre en la alianza entre Norero  y Antonio Benjamín Camacho, alias Ben 10, quien junto a su hermano Israel Camacho, alias Trompudo, y Norero, fundaron a Los Chone Killers

Según la fuente, Ben 10 se habría aliado, de nuevo, con los actuales líderes de la fragmentada banda delictiva Los Choneros: Adolfo Fito Macías y Junior Roldán. Hasta el 2020, Ben 10 trabajó de cerca con Los Choneros, cuando operaban bajo el liderazgo del fallecido Jorge Luis Zambrano, alias JL o Rasquiña. Luego de su asesinato, en diciembre de ese año, el trabajo conjunto se quebró y Ben 10, junto a sus aliados, se alineó a Los Lobos y Los Tiguerones. 

La dinámica en la cárcel de Latacunga había cambiado en las últimas semanas, sobre todo, con la liberación de Santiago Madrid, a quien conocían como alias Madrid, miembro de Los Lobos. Él comandó a aquella prisión, junto a varios de sus aliados hasta la última semana de septiembre. 

El 21 de septiembre de 2022, alias Madrid y su aliado John Navarrete, alias Cuyuyuy, dejaron sus celdas. Desde entonces, el liderazgo de la cárcel entró en un proceso de transición donde sonaron nombres —así se llama a los apodos en el mundo del ‘hampa’— de alias Chino, uno de los presos encargado de la seguridad de Leandro Norero, y alias Cerezo. 

18 de julio de 2022

Apenas pasaron dos meses desde la sexta masacre carcelaria en la cárcel de Santo Domingo, una nueva estalló la tarde del 18 de julio de 2022. 

“Se armó, se armó”, alertaba, angustiado, José* — un preso que cumple su condena en el pabellón de mediana seguridad del Centro de Rehabilitación Social, en Santo Domingo y que solicitó la reserva de su identidad—, a su familia. Él había llamado a su familia antes de las tres de la tarde. “Estaba comenzando la matanza”, dijo su familiar. 

Casi dos horas después, GK conoció que al menos 12 personas habían sido asesinadas y mutiladas con arma blanca en el interior de aquel recinto carcelario. Recogimos dos testimonios: el de una familiar que recibió mensajes de un interno y de una persona presa. Ambos coinciden en que el conflicto había empezado a inicios de la tarde. Sin embargo, según ellos, los rumores de nuevos episodios habían comenzado cinco días antes. 

Según sus relatos, que coinciden, la violencia comenzó en el pabellón de mínima seguridad, en una zona a la que llaman “La Bomba”, cercana a aquella por la que ingresan las visitas. Son varios miembros de la banda R7, que antes era aliada de la organización narcodelictiva Los Lobos, quienes habitan en ese pabellón, de acuerdo con fuentes carcelarias. 

Los presos de la zona de mediana seguridad fueron a la de máxima, “y dañaron los candados para que sus compañeros pudieran salir”, dice uno de ellos. 

Las imágenes de la masacre —al igual que en las seis anteriores— eran impactantes. Las familias tuvieron que ver fotografías donde cuerpos apilados eran aún disparados por miembros de la banda delictiva R7, una organización dedicada al microtráfico de drogas, la extorsión y el sicariato que se creó mientras Jorge Luis Zambrano, alias JL, liderada a Los Choneros. En las filas de JL estaba también Freddy Anchundia, que hizo “equipo” con Angelo Javier Achilie, alias Negro Angelo. Con él formaron a los R7. Trabajaron en conjunto hasta el asesinato de JL, en diciembre de 2020. Los fundadores de los R7 se alejaron de Macías y Roldán “por haber percibido una traición” de ellos contra Zambrano. Es decir, señalaron su posible participación en el asesinato de JL, alineados con una organización de narcotráfico internacional mexicana. 

No eran los únicos: lo mismo han dicho otras bandas narcodelictivas que ahora enfrentan a la ya fragmentada organización Los Choneros.

Fuentes reservadas dijeron a GK que los R7, cuyos miembros responden a las órdenes de Freddy Anchundia, volvieron a alinearse a Los Choneros, la organización liderada por Adolfo Macías Villamar, alias Fito, y Junior Roldán, alias JR, luego de su quiebre con Los Lobos, con quien se enfrentó en la sexta masacre carcelaria en misma prisión de Santo Domingo. En uno de los videos explícitos de la matanza, uno de los atacantes exclama: “Esto es por Comandante J” [se referiría a alias JR], mientras dispara a uno de los cuerpos desmembrados. 

Durante casi cuatro horas, la violencia continuó, aunque los asesinatos se concretaron en menos de una. Los miembros de R7, según fuentes carcelarias, atacaron primero a José Gregorio Ramírez, conocido en el mundo criminal como alias Goyo. El hombre cumplía una sentencia máxima de más de 34 años por el asesinato de una familia en Manta y colaboraba con los R7. Él habría tenido la intención, dicen las fuentes, de aliarse con la banda narcodelictiva Los Lobos, que se ha convertido en una de las bandas con más expansión territorial en el país no solo en las cárceles, sino en las calles. Para hacerlo, estaba conformando una microbanda llamada Anubis. No logró concretarse.

Varios medios de comunicación replicaron la hipótesis de inteligencia policial que aseguró que todas las bandas delictivas habrían planeado asesinar a Goyo, quien también participó en la quinta y sexta masacre carcelaria, después de haber descubierto su supuesta participación en la muerte de JL.

Pero una fuente reservada, que conoce la dinámica de las bandas narcodelictivas y las ha investigado in situ dice: “ponen sobre Goyo el peso de ese asesinato, cuando durante años han acusado a los líderes actuales de Los Choneros como los colaboradores de un cártel mexicano para matar a JL. Él (JL) fue ambicioso, quiso incluso hacer suyas las rutas nacionales con salida internacional. Parece que crean toda una historia para poner a Goyo como el principal actor. Lo que están haciendo Los Choneros es exterminar a cada uno de sus potenciales enemigos”.

9 de mayo de 2022

Desde las 12:30 de la madrugada del lunes 9 de mayo de 2022, las familias de las personas presas en el Centro de Rehabilitación Bellavista, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, recibieron mensajes de alerta sobre enfrentamientos, detonaciones y explosiones en esa cárcel. Cinco horas más tarde, pasadas las 6:40 de la mañana, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) confirmó en su cuenta de Twitter que había “alteraciones al orden” dentro de la cárcel de Santo Domingo, pero no se confirmaron detalles de los heridos ni fallecidos.

GK accedió a imágenes explícitas: se veían decenas de cadáveres n el mini patio del pabellón de máxima seguridad de la cárcel de Santo Domingo.

Horas más tarde, GK conoció que hubo, hasta las diez de la mañana, al menos 44 muertos y decenas de heridos.

Varios de los fallecidos murieron desangrados. También hubo detonaciones y granadas de uso militar, que fueron ingresadas en una cadena de custodia a la Policía Judicial para las investigaciones. En las inmediaciones de la cárcel, se encontraron también una maleta llena de fusiles y armas de largo alcance.

“Estaban en máxima [seguridad]. Pero ahora todo está en mínima. Los están quemando, nadie los ayuda. Hay muchos muertos”, dijo una familiar de una de las personas presas en esa cárcel a GK, durante la madrugada. 

Además, hubo una fuga de más de doscientos presos de esa cárcel. Aunque la mayoría fueron recapturados, algunos aún continúan libres, prófugos. El SNAI  no ha podido precisar la cifra de personas que no pudieron ser regresadas a la cárcel. 

El general Patricio Carrillo, entonces Ministerio del Interior, dispuso el traslado de más policías para, según él, “controlar el amotinamiento”, en un trabajo coordinado con las Fuerzas Armadas. Sin embargo, otra familiar de una de las personas presas en la cárcel de Santo Domingo que habló con GK reclamó la falta de respuestas de las autoridades. “Nadie llegaba, los dejaron solos, botados” durante al menos tres horas, dijo. 

3 de abril de 2022

“Señor, por favor, ayúdanos, sálvanos señor Jesucristo”, gritaban los internos del pabellón de máxima seguridad de la cárcel de Turi, en Cuenca. Esta, se supone, es una de las cárceles que tiene mayor custodia policial en el país.

Cuando esto ocurrió, había pasado más de un año desde la primera masacre carcelaria en Ecuador.

A las seis de la mañana, dos presos de aquella prisión confirmaron a GK que los enfrentamientos comenzaron durante la noche del sábado 2 de abril y que se sabía de este nuevo amotinamiento con al menos una semana de anticipación. 

En la masacre, fueron dos bandas las que se enfrentaron: Los Lobos, la segunda más grande del Ecuador, y la súbcelula R7, compuesta por ex miembros de Los Lobos. 

Durante casi veinte horas, las autoridades no lograban retomar el control del centro carcelario, donde fallecieron al menos 20 personas. Hubo, además, un intento de fuga de más de 60 personas privadas de la libertad. 

Ese masacre devino en la apertura de La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil. Cinco líderes de las bandas responsables de lo ocurrido en Turi, fueron trasladados a La Roca, un centro penitenciario con un largo historial de violencia, extorsión y fugas. Estos fueron los presos trasladados:

  • Eduardo Vicente Moreira Paredes
  • Alexander Quezada San Martín 
  • Freddy Marcelo Anchundia Loor
  • Marvin Rodrigo Cortez Ramírez 
  • Juan Andrés Mejía Bermúdez 

Freddy Anchundia fue posteriormente trasladado a la cárcel de Santo Domingo, lo que desataría una nueva masacre. 

2021

12 y 13 de noviembre de 2021

A las 9 y 21 de la noche del viernes 12 de noviembre de 2021, a la redacción de GK llegó una nota de voz que decía: 

Quiero que me haga un favor, quiero que manden la ley, que llamen militares, todo lo que es policía, porque hoy nos matan si no llegan

Era Fausto*, una persona privada de la libertad que cumple su condena en el pabellón 2 de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil. Pedía auxilio, temía morir: presos de los pabellones 3, 6 y 12, liderados por los dos hombres que intentan asumir el control máximo de la prisión: alias ‘Junior’ y alias ‘Fito’, ambos líderes de Los Choneros, intentaban, según alertó, ingresar a su zona para asesinarlos. 

El pabellón 2, en cambio, está liderado por alias ‘Ben 10’, quien actualmente lidera a Los Chone Killer, aliados de Los Tiguerones y Los Lobos, organizaciones delictivas enemigas de Los Choneros.

Las alertas también llegaron a oídos de las autoridades, pues la masacre había comenzado antes de las seis de la tarde. Los mensajes de despedida y auxilio empezaron a replicarse en los celulares de los familiares:  “Mamita, si me pasa algo, no te pongas mal”, “ora por mí, por favor”, “ayúdennos, nos van a matar”. 

Un preso del pabellón 2 logró transmitir en vivo al menos dos horas de la masacre. Más de 14 mil personas la vimos. Pero nadie ingresó. Mientras ocurrían los enfrentamientos al interior de la cárcel, el presidente Guillermo Lasso y su gabinete estaba en un acto de celebración con el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick. Lasso no se pronunció sino hasta casi 72 horas más tarde por las muertes. 

Por la tarde del 13 de noviembre, GK recibió el primer balance extraoficial de una fuente carcelaria: 56 personas muertas. Pero luego, el número ascendería a 65, según confirmó el SNAI. 

A la mañana siguiente, el 13 de noviembre, el entonces gobernador del Guayas, Pablo Arosemena (ahora ministro de Finanzas),  declaró que la Policía intentó ingresar desde las nueve y media de la noche, sin embargo, la entrada fue bloqueada con explosivos, dijo. La entonces comandante general de la Policía, Tannya Varela, aceptó que hubo alertas antes y dijo, además, que la masacre podría estar relacionada con la liberación de un cabecilla de una banda delictiva, Álex Salazar, miembro de Los Tiguerones. Esa semana, Salazar, uno de los líderes del pabellón 2, obtuvo la prelibertad.

28 de septiembre de 2021 

Las alertas comenzaron, de nuevo, durante la madrugada. Aunque, según dos presos de la Penitenciaría del Litoral, el comienzo de la tercera masacre carcelaria en Ecuador era ya inminente. 

La mañana del 28 de septiembre de 2021, el país atestiguó la peor masacre penitenciaria documentada en su historia. Hay dos versiones sobre lo que ocurrió ese día. La primera fue contada por Jorge* —un interno de esa cárcel— y por Carlos*, un guía penitenciario, ambos pidieron la reserva de sus nombres para precautelar su seguridad. Ellos dijeron que el ataque fue dirigido a Los Fatales, una banda delictiva creada por Alias Fito, quien fue hombre de confianza del asesinado líder de los Choneros, alias JL.

En aquella masacre no fueron usados solo fusiles —armas largas de amplio alcance— si no también granadas. 

El guía Carlos, por un lado, dice que Los Fatales intentaron aliarse con Los Tiguerones, otra de las bandas en la cárcel, liderada por alias Willy, un exagente penitenciario. “Ellos no tenían bandera, por así decirlo, por eso intentaron unirse a Los Tiguerones. Pero Los Choneros y los Águilas los mandaron a matar a todos por volteados. Exterminaron a todo el pabellón”, aseguró. Volteados es, en jerga penitenciaria, traidores. 

En cambio, Jorge dice que fueron los Tiguerones y Los Lobos, ambas bandas narcodelictivas alidas, que lideran los pabellones 9 y 10 de la Penitenciaría, quienes atacaron a Los Fatales para levantar su poder en el centro carcelario. 

Ese día, fueron asesinadas al menos 119 personas, según la información oficial. En diciembre de ese año, Criminalística confirmó que eran 125: seis cuerpos aún no habían sido reconocidos. 

21 de julio de 2021

“Ayuda, queremos paz”, decían los carteles con letra roja que los presos extendían en lo alto de los muros de sus pabellones en la Penitenciaría del Litoral y la cárcel de Latacunga, el 21 de julio de 2021. Ese día, ocurrió la segunda masacre carcelaria en Ecuador, cuando las bandas de los pabellones 7 y 8 se enfrentaron. 

En el primero, habitan Los Tiguerones y Los Águilas. Los primeros son liderados por el ex guía penitenciario alias Negro Willy. Los Águilas, es la banda fundada por Junior Roldán, alias JR, un ex hombre de confianza del asesinado Jorge Luis Zambrano, alias JL. Cuando ocurrió la masacre, se sabía poco de Los Águilas. 

El día que ocurrió, al menos 21 internos fueron asesinados. Además una mujer policía fue violada en la cárcel de Latacunga. Hubo también más de 57 personas heridas y tres agentes policiales fueron atacados. 

23 de febrero de 2021 

Las alertas comenzaron desde la madrugada del martes 23 de febrero del 2021. Decenas de personas presas pedían auxilio a sus familias en cuatro cárceles: la cárcel regional de Guayas, la Penitenciaría del Litoral, ambas en Guayaquil; la cárcel de Turi, en Cuenca; y en la cárcel de Latacunga. Pero poco pudieron hacer sus familiares. 

Antes de las nueve de la mañana, la masacre, que conmocionó al país y convirtió al Ecuador en uno de los países con mayor violencia en los sistemas carcelarios de la región, comenzó en las cuatro prisiones. El balance de muertos iba en aumento con el pasar de las horas. Comenzó con 60, pero, para la noche, la cifra oficial ascendió a 79 personas masacradas en aquellas cárceles. Dos días después, dos muertes más fueron confirmadas. 

Esta primera masacre llegó apenas dos meses después del asesinato de Jorge Luis Zambrano, alias JL o Rasquiña, en diciembre de 2020. El fallecido líder de Los Choneros había intentado centralizar la producción, distribución y ganancias de crímenes vinculados a las redes de delincuencia organizada —tráfico de drogas a gran escala, venta en cárceles, extorsión, secuestro y sicariato— en Ecuador. Zambrano estaba aliado con redes criminales internacionales como el cártel de Sinaloa. 

Cuando ocurrió esa masacre, quien lideraba el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) era el coronel de Policía, en servicio pasivo, Edmundo Moncayo. Antes de él, fueron civiles quiénes lideraban el control de las cárceles en Ecuador, uno de ellos fue el abogado Ernesto Pazmiño. 

Para Moncayo, la génesis de aquella masacre había tenido como detonante el asesinato de JL. Fuentes carcelarias han dicho a GK que los actuales líderes de Los Choneros, alias Fito y alias JR, quienes fueron los hombres de confianza de JL, habrían estado involucrados en el crimen, aunque eso no se ha comprobado. 

Lo que sí fue evidente, es que la masacre de febrero marcó el quiebre entre las alianzas que JL había gestado mientras fue líder de Los Choneros. 

Quienes estuvieron involucradas en esa masacre carcelaria fueron Los Lobos, Los Chone Killers, Los Tiguerones, Los Pipos, quienes, hasta el 2020, trabajaban en conjunto con Los Choneros aún liderados por JL. Sin embargo, desde febrero de 2021, ya sin JL al frente, esas organizaciones decidieron no reconocer el liderazgo de Fito y JR. Por el contrario, comenzaron a combatir a ambos líderes, a su organización, Los Choneros y a sus subcélulas, Los Águilas y Los Fatales. 

La versión oficial fue que la masacre se produjo por una guerra de bandas. La dijo Moncayo y fue ratificada por el entonces presidente Lenín Moreno. Esta versión, sin embargo, fue cuestionada por personas presas, familiares, expertos y organizaciones de Derechos Humanos. 

El sistema carcelario, en ese año, tenía un nivel de hacinamiento de más del 33% en promedio. Pero en varias cárceles el porcentaje ascendía a cerca del 200%. Además, dentro de los pabellones, cientos de personas eran amenazadas y extorsionadas —todavía lo son— por las bandas narcodelictivas para obligarlos a pertenecer a sus bandas. Todo esto ocurre en medio de un sistema de corrupción que, según algunos funcionarios carcelarios, es avalado por las propias autoridades de las cárceles. 

Antes de las masacres, las cárceles en el país fueron olvidadas de forma sistemática por el Estado: ni siquiera había un registro correcto de las personas presas.

Tras esta primera masacre, varios internos tuvieron que ayudar a la Policía a determinar las identidades de las personas asesinadas y a escribirlas en una lista. 

Otras personas presas, en cambio, no tenían cédula. A varias familias les dijeron que sus familiares estaban vivos o en el hospital, y días después supieron por Criminalística que, en realidad, sus seres queridos habían muerto. 

La masacre del 23 de febrero —al contrario de lo que se pensaba en aquel año— no marcó el cambio de políticas de rehabilitación, fue apenas la primera de las seis que seguirán en los próximos meses. 

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