En su primer año, el presidente Guillermo Lasso le ha dado la espalda a las mujeres. En solo 12 meses dijo públicamente comentarios sexistas, reprimió al menos dos marchas del 8 de Marzo, incumplió con su promesa de un gabinete paritario, y escribió una ley que limita el acceso al aborto a las víctimas de violación. Sus palabras y acciones confirman los temores que defensores de derechos humanos advirtieron cuando era candidato: que es un hombre conservador y, por ello, los derechos de las niñas y mujeres, y las políticas de género no son su prioridad.

En la campaña de segunda vuelta, el entonces candidato reforzó su discurso para hablarle directamente a las mujeres; incluso preparó un plan exclusivo para ellas. Llegó a afirmar, por primera vez, que no estaba de acuerdo con que una mujer violada fuese a la cárcel por abortar. Pero el guión duró hasta el 11 de abril, el día en que se confirmó que sería el próximo Presidente del Ecuador. 

El primer momento que activó las banderas rojas fue su discurso de victoria. En él, puso en el centro de su retórica a su religión, quizás olvidándose cómo su credo ya había interferido con declaraciones públicas, como cuando pidió al ex presidente Lenín Moreno vetar el Código de Salud porque no protegía “la vida del niño por nacer”. 

Frente a sus simpatizantes en esa primera aparición como presidente electo dijo también que él y su esposa, María de Lourdes Alcívar, protegerían y cuidarían a las adolescentes embarazadas, ignorando que ellas no necesitan paternalismos condescendientes. Necesitan políticas públicas para que su vida no se pierda por una maternidad a destiempo, cuando deberían estar dedicadas a crecer y estudiar.

En la columna de opinión Cumplir y cuidar la palabra analicé ese primer discurso. Escribí que un Presidente, que es un servidor público, puede ejercer su libertad de práctica religiosa pero que esta no puede intervenir en su manera de gobernar y hacer política pública. Escribí que Lasso tendría el desafío de separar su yo personal de su yo servidor público. Un desafío que no logró.

En este año Guillermo Lasso demostró que no cumplió ni cuidó la palabra. 

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El tiempo le ha ido sumando momentos que confirman que el Presidente no termina de entender las desigualdades a las que nos enfrentamos mujeres y niñas. 

La primera evidencia, y quizás la más contundente, es su veto a la ley para interrumpir el embarazo en casos de violación. Su propuesta, que fue la que finalmente entró en vigencia en abril de 2022, obstaculizó tanto el acceso al aborto por violación que la victoria que fue el fallo que lo despenalizó casi se convierte en un fracaso. 

Aunque fueron 61 objeciones a una ley de 63 artículos, hay dos que impactan más directamente al acceso a un aborto por violación. Ambas muestran que el Presidente parece no entender lo que enfrenta una niña, adolescente o mujer violada. 

El primer cambio propuesto fue homologar el tiempo para interrumpir el embarazo: 12 semanas. La ley de la Asamblea Nacional proponía 12 para las adultas y 18 semanas para las niñas, adolescentes y mujeres de la ruralidad. Con el argumento de garantizar igualdad ante la ley, el Presidente propuso que sea para todas el término más bajo. 

El segundo cambio fue incluir un requisito obligatorio para acceder al procedimiento: una declaración juramentada, una denuncia ante la Fiscalía o un examen de salud. En los tres casos, ignorando cómo en las instituciones públicas ecuatorianas, la revictimización parece más una regla que una excepción.

Un estudio de 2021 demostró que mujeres han tenido que insistir hasta 17 veces para que recepten su denuncia de violencia sexual. Nunca he escuchado al Presidente hablar de estos obstáculos, parece tal su desconexión que me pregunto si realmente cree que la Fiscalía y los hospitales públicos son espacios que atienden de manera respetuosa y ágil a las mujeres.

El tema del veto no terminó cuando lo envió a la Asamblea Nacional. En su espacio de entrevistas de los martes habló del tema.

Para justificar la homologación del plazo para acceder a la interrupción del embarazo dijo que había la posibilidad de que una mujer violada “pueda hacerse un examen médico a los 5 días del acto de violación, y ya puede conocer si se ha producido o no un embarazo, por lo tanto las 12 semanas es un plazo realmente en exceso”. Ignorando la ciencia y, como escribió la editora política de GK, Sol Borja, sospechando de las mujeres. Por esa sospecha, escribió Sol Borja, Lasso cree que “hay que poner todas las barreras posibles para evitar que las mujeres se descontrolen y, Dios no quiera, aborten como si de un deporte se tratara”. 

Su postura, comentarios y acciones concretas frente al derecho al aborto por violación no ha sido la única forma de darle la espalda a las mujeres durante este año.

La Casa Amiga es una de las casas de acogida de mujeres víctimas de violencia. Allí reciben hospedaje, alimentación, apoyo legal y emocional. Fotografía de Isabela Ponce para GK.

El 2022 arrancó mal: un comunicado de 5 casas de acogida y 17 centros de atención para víctimas de violencia decía que su subsistencia estaba en riesgo. Luego de reuniones, ruedas de prensa y comunicados, la Secretaría de Derechos Humanos anunció que abriría una nueva convocatoria para que estos espacios pudiesen renovar los convenios con el Estado. Pero el proceso tuvo muchas críticas de las administradoras de estos espacios, quienes aseguran que el gobierno no entiende la urgencia de la atención a las víctimas. 

El resultado fue que dos de ellas, la Casa Amiga en Lago Agrio, y la Casa Paula en Orellana, decidieron no renovar el convenio. Son lugares en los que por 25 y 22 años, respectivamente, miles de mujeres han encontrado refugio y se han salvado, literalmente, de ser asesinadas. 

Otro preocupante hecho de este gobierno con las mujeres ocurrió el 8 de marzo, durante las marchas por el Día de la Mujer. Manifestantes en Quito y Guayaquil denunciaron haber sido agredidas por policías quienes, según se ve en videos que circularon en redes sociales, les lanzaron gas pimienta directamente a los ojos.

Cuando a Lasso le preguntaron sobre el hecho, dijo “yo siempre voy a estar del lado de los policías” y agregó que Alexandra Vela, entonces ministra de Gobierno “envió policías mujeres a una marcha feminista, todos los policías eran mujeres en esa tarde”. Las fotos que circularon esa noche fueron tan alarmantes, que pocos días después, la organización Human Rights Watch pidió al gobierno investigar los abusos policiales durante la marcha.

La represión policial en marchas del 8M muestran la incapacidad de diálogo del gobierno de Guillermo Lasso. Fotografía de Vanessa Terán para GK.

La idea que tiene de cómo somos las mujeres la compartió en otro momento de este primer año. En un evento público en la provincia de Esmeraldas sobre creación de viviendas para las familias afectadas por el terremoto de 2016, intervino la prefecta de la provincia, Roberta Zambrano. Le dijo al Presidente que los afectados por el sismo tienen proyectos productivos aprobados y que el sector productivo “también se ha beneficiado en esta ocasión”. 

Lasso tomó el micrófono, dijo “bueno, prefecta, haremos todo lo necesario” y cuando se estaba despidiendo para cerrar el evento, se oyó una voz, sin la amplificación del micrófono, que lo interrumpía. El Presidente reaccionó diciendo “a ver, señora alcaldesa”, refiriéndose a Lucía Sosa, de la ciudad de Esmeraldas. Y remató comentando entre risas: “las mujeres: si la una habla, la otra también quiere hablar”.

Aunque seguramente no lo sabe, su comentario fue una forma de violencia política de género. Esta se da, explica la ex relatora especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, Dubravka Simonovic, porque hay una intención social por conservar los “roles y estereotipos de género tradicionales, y las desigualdades estructurales”. Lo que para Lasso fue seguramente una broma que habría pasado desapercibida en su casa, fue un comentario sexista que etiqueta a las mujeres de una manera específica (conversonas, chismosas) desconociendo sus roles y autoridades (políticas, alcaldesas, prefectas), fijándose en el género y no en la capacidad de ellas.

Cada vez que dice un comentario machista públicamente, o que toma una decisión evidentemente contraria a los derechos de las mujeres, es inevitable preguntarse quién lo asesora? 

Ahí aparece otra de las deudas: la falta de paridad en su gobierno. Fue una promesa de campaña que duró muy poco. Hoy de los 19 ministros, solo 4 son mujeres; de los 11 secretarios, sólo 1 es mujer. Los 8 consejeros presidenciales: todos hombres. 

En el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, María de Lourdes Alcívar pronunció un discurso revictimizante. Imagen de la Presidencia de la República.

La única mujer que está muy cerca y a quien él parece escuchar es su esposa, María de Lourdes Alcívar. Pero lejos de ser una influencia para que el Presidente entienda más las necesidades de las mujeres del Ecuador, su postura ha sido contraria a los derechos.

En el día para conmemorar la erradicación de la violencia contra las mujeres, Alcívar dio un discurso en el que sugirió que las mujeres eran víctimas de violencia porque querían. No, mujeres, no somos víctimas de nadie, solo de nosotras mismas, si nos dejamos. Si nosotras no nos hacemos respetar, nada va a cambiar”, dijo. Lasso nunca se disculpó por las palabras de su esposa en el evento oficial, frente a cientos de personas, en el que el gobierno lanzó una campaña para prevenir la violencia de género. 

Si al Presidente realmente le importamos las mujeres como lo ha dicho en distintos momentos en estos 12 meses, debe cuidar más lo que dice, cumplir lo que prometió, rodearse de quienes entienden lo que vivimos las mujeres en este país y dejarlas trabajar. Sin que su conservadurismo intervenga.