Siete minutos después de la hora convocada, la Secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, entró a la sala donde la esperábamos 20 periodistas para hablar de la situación de las casas de acogida y centros de atención para mujeres víctimas de violencia. 

De jean, zapatos deportivos, una chaqueta púrpura con el prendedor de la mariposa en honor a las hermanas Mirabal, Ordóñez empezó diciendo que hay que reconocer el trabajo “invaluable e incansable de los centros de atención integral y las casas de acogida”. 

Luego, sentada en una silla negra, dio durante 10 minutos seguidos su versión de lo que ha ocurrido con estos espacios. 

Empezó, como lo han hecho varios ministros y funcionarios públicos en este y otros gobiernos, hablando de las administraciones anteriores y sus malos manejos. “Han existido muchas falencias desde el sector público, que han acarreado una serie de dificultades jurídicas”, dijo refiriéndose a los convenios que han firmado las casas de acogida y centros de atención con el Estado en los últimos años. 

Sosteniendo el micrófono inalámbrico con sus manos de uñas lila dijo, enfática, que están solucionando “definitivamente” esos problemas. “No puede ser que se sigan dando estos nudos jurídicos”, dijo Ordóñez. Admitió que hay “un problema en el tiempo en que se inician los convenios”. De una carpeta manila en su regazo sacó una hoja: “Aquí tengo el histórico, hay veces que se han suscrito en abril”, dijo. Es una verdad conocida y siempre reclamada por las administradoras y coordinadoras de las casas y los centros. 

Durante más de una década —se firmaron por primera vez en 2008—, los convenios para la transferencia de fondos se han hecho entre marzo y abril. Esos meses, casi siempre, han sido reembolsados con convenios de pago y otros mecanismos. Estas formas son las que Ordóñez criticó hoy, y que, aseguró, el actual gobierno está corrigiendo. 

Pero mientras se hacen las correcciones legales, a las casas, siguen llegando las mujeres que huyen de sus agresores. En ellas encuentran hospedaje, alimentación, apoyo psicológico. En los centros, las mujeres reciben servicios ambulatorios psicológicos, legales y de trabajo social. Llegan por centenas cada año. Solo a la Casa Amiga, en la ciudad amazónica de Lago Agrio, llegaron en 2021, 102 mujeres en busca de refugio. 

La Secretaria continuó. Dijo lo que ya se sabía: que este año harán un concurso abierto para que más organizaciones de la sociedad civil y fundaciones puedan postular por los fondos.

A los diez minutos terminó. Su intervención está colgada en la página de Facebook de la Secretaría bajo el nombre de Diálogo con medios de comunicación. No hay ninguna de las preguntas que se le hicieron —monólogo le quedaría mejor a la publicación. 

Después, la asesora Grace Jiménez tomó el micrófono y leyó la lista de periodistas y medios que estábamos ahí. Podíamos, dijo, hacer nuestras preguntas, en el orden que nos nombrara. “Se habla de concurso abierto, tengo entendido que este año van a participar más organizaciones. ¿Eso significa que se va a ampliar el presupuesto actual de 2 millones de dólares, o cómo va a funcionar?”, le preguntó Jonathan Machado, periodista del medio Primicias. 

La respuesta de la Secretaria fue que el presupuesto para 2022 para las casas y centros es de 2,17 millones de dólares. “Lo que venía pasando es que se hacía una invitación directa a los centros y casas de acogida”, repitió. Afirmó que uno de los puntos fundamentales para elegir a quienes recibirán los fondos será la experiencia. Dijo que van a trabajar con los gobiernos autónomos descentralizados (municipios y prefecturas, entre otros) para que asuman su responsabilidad pues la Ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, aprobada en 2018, los obliga a financiar a estos espacios. 

Luego José Daniel Acosta, de diario Expreso, preguntó qué pasará si las casas de acogida y centros que hoy dan servicios no resultan favorecidas en el concurso. “¿Qué sucede si no logran entrar? ¿El Estado va a reconocer el aporte que hacen estas casas de otra manera?”, le preguntó a la Secretaria. 

Bernarda Ordóñez esquivó esta pregunta. Repitió que ya prometió suscribir convenios con las 5 casas y 17 centros para que puedan funcionar entre enero y marzo de 2022, mientras se elige a los ganadores del concurso. “Muchas preguntas se van a ir resolviendo, como cuántas casas y centros van a participar, y ya lo sabremos al cierre de la convocatoria”, ofreció la secretaria Bernarda Ordóñez.

“¿Es decir que a los 21 centros y casas se les va a renovar para 2022?”, repreguntó Acosta. “No le puedo decir si serán los mismos centros, las mismas casas, los mismos convenios”, admitió la Secretaria. “Esperamos a la convocatoria a ver quiénes participan, quiénes no, quiénes presenten sus propuestas técnicas”, le dijo la Secretaria Ordóñez. 

En su respuesta está el germen de la incertidumbre que viven las administradoras de estos refugios para mujeres. En los últimos 13 años, entre el 40 y 60% de su presupuesto proviene de los fondos que reciben del Estado. Si se quedan sin ese sostén, muchas casas y centros reducirían significativamente su operación. Podrían quedarse sin uno de los pilares económicos de su operación. Pero la Secretaria no dijo qué pasaría, si hay un plan, para reconocer el trabajo que durante tanto tiempo han hecho estos espacios. 

Arahí Vega, del diario La Hora, le preguntó para cuántas casas de acogida sería el presupuesto: “Porque podrían entrar muchas más de las que ahora son”, le dijo Vega. Ahora son 21. Bernarda Ordóñez no le dio un número. 

Repitió que el presupuesto era de dos millones dólares, que iban a trabajar con base a las propuestas técnicas que las casas y los centros presenten. Dijo que había conocido experiencias en Colombia y Chile sobre mecanismos para distribuir los fondos; que de acuerdo a las propuestas técnicas que reciban se decidirá cómo será la distribución. 

Entonces me tocó a mí.  Además de pedir una explicación de cómo planeaban trabajar con los municipios si estos gobiernos locales hace años reclaman que el gobierno central les debe plata, insistí en otra versión de la misma pregunta: “¿Van a disminuir la cuota por cada centro y casa? ¿O van a tener un mínimo de centros y casas para mantener fondos anuales similares?”.

Mientras los periodistas hacían las preguntas, Bernarda Ordóñez hacía apuntes, desde el centro del auditorio. Fotografía de Isabela Ponce para GK.

La Secretaria Ordóñez explicó que inicialmente el proyecto de inversión para fortalecer los centros y las casas, que data de 2015, era de 1,5 millones de dólares. En 2022, dijo, les han asignado una cifra muy parecida al año anterior por la forma en que se ejecutó el presupuesto, y que por eso aún no puede ser mayor. 

Cuando parecía que iba a contestar lo que la mayoría esperaba, una vez más, se quedó a medias. “Con respecto a si van a ser los fondos similares para cada casa o para cada centro, tenemos que analizar la propuesta técnica que presente cada uno”, repitió la Secretaria. “Hemos pasado pandemia, las necesidades son diferentes, tenemos que ver quiénes presentan, qué presentan”, insistió, sin concretar. La pregunta de si los 21 centros y casas que llevan décadas atendiendo, van a contar con el apoyo financiero de la Secretaría para continuar su atención, quedó flotando, incómoda, en el aire. 

§

Después de 43 minutos de estar en el diálogo que fue convocado apenas ayer, Susana Morán, de la revista Plan V lo hizo de nuevo. “Lamentablemente tengo que insistir en una pregunta que tres colegas míos hicieron y no ha sido respondida y tiene que ver con el presupuesto de este año para las casas de acogida”, recalcó. 

“Entiendo que van a entrar a competir las 21 organizaciones que están recibiendo en este momento los recursos, más los otros que quieran sumarse”, dijo Susana Morán. “Esto quiere decir que evidentemente habrá reducción de presupuesto para las 21 organizaciones que están recibiendo esos 2 millones de dólares”. Cerró con un amable y contundente pedido: “Espero, por favor, que esta vez sí sea contestada”. 

Pero aún no hubo respuesta directa. La Secretaria volvió al presupuesto. De nuevo, dijo que la convocatoria será abierta. Que antes se habían hecho invitaciones directas que podían ser observadas por la Contraloría. “Por eso tiene que ser convocatoria abierta”, dijo. 

Cuando se iba a cumplir la hora de conversación, una mujer que se identificó como comunicadora de una fundación dijo que quería hacer una sugerencia, no una pregunta. Le dijo a Ordóñez que para los convenios se debería considerar que las casas y los centros tengan programas de emprendimientos. 

Por un momento la tensión de la pregunta no respondida se esfumó, pero enseguida, el mismo periodista de Primicias que había empezado el diálogo, cogió el micrófono de nuevo. Esta vez puso un ejemplo, quizás para ver si así, conseguía la respuesta que tanto estábamos esperando. 

Entre pregunta y pregunta, Grace Jiménez —asesora de Bernarda Ordóñez— se acercaba y le decía cosas al oído. Fotografía de Isabela Ponce para GK.

“La casa de acogida de Orellana, por ejemplo, ha cerrado”, dijo. Si no gana el concurso, “¿qué va a pasar con esas mujeres? ¿Se las va a trasladar a otra casa? Porque en Orellana no hay otro centro. ¿Cómo va a funcionar ese tema?”, insistió Jonathan Machado. 

Fue entonces que Bernarda Ordóñez dio una respuesta fuera del guión del presupuesto, de la convocatoria abierta, de las propuestas técnicas. “Si en el evento que la casa de alguna provincia no resultare elegida este año, pues créame que de la Secretaría de Derechos Humanos encontraremos una solución”, dijo. “Pero a nadie vamos a dejar en el abandono, a ninguna organización de la sociedad civil le vamos a dar la espalda”, prometió. Un minuto después, su asesora tomó el micrófono y anunció que se terminaba el diálogo. Para las casas y centros, esa respuesta aún no es suficiente.