En mayo de 2021, Surkuna, Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos realizó un estudio sobre los principales obstáculos que enfrentan las víctimas y sobrevivientes de violación en Ecuador para acceder a la justicia, hacer denuncias, recibir medidas de protección y reparación. Para el estudio, Surkuna realizó entrevistas a profesionales de psicología, abogados, trabajo social de Centros de Atención y Casas de Acogida. También realizó encuestas virtuales a 164 mujeres de distintas provincias del país, a través de sus cuentas de Facebook, Instagram y Twitter. 

La investigación también dice que se basó en los datos oficiales de diferentes instituciones públicas. Para eso, solicitaron información a instituciones como la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Salud Pública, el ECU 911, el Ministerio de Gobierno, el Consejo de la Judicatura, entre otras. Sin embargo, de las 11 instituciones a las que pidieron información, solo 5 les respondieron, y no todas brindaron la información completa.

Esto dice el estudio: 

Sobre la violencia sexual en las aulas

Desde marzo de 2014 hasta el 31 de mayo de 2021, se han reportado 11.961 casos de violencia sexual detectada o cometida en el sistema educativo, según el Registro interno de los casos de violencia sexual detectados o cometidos en el Sistema Educativo Nacional (REDEVI) del Ministerio de Educación. De esos casos, el  68,2% se cometieron fuera del sistema educativo pero se detectaron gracias a él, mientras que el 31,8% se cometieron dentro del sistema. De esos casos que ocurrieron dentro del sistema, la mayoría fueron cometidos por profesores. También hay casos de violencia sexual que fueron perpetrados por estudiantes, y personal de limpieza o de la administración. Además, un informe enviado por el Ministerio de Educación especifica que en los últimos 15 meses de pandemia, se estima que se ha dejado de detectar un aproximado de 1.000 casos de violencia sexual debido a que la modalidad virtual y el confinamiento son obstáculos para que los estudiantes denuncien que han sido víctimas de esta clase de violencia.

Sobre la violencia sexual en general

Según el ECU 911, entre 2016 y 2020 se registraron 558.849 incidentes relacionados a auxilio de personas víctimas de violencia. De ellos, 1.236 estaban relacionados con la violencia sexual, 2.514 correspondían a delitos sexuales (en general), 2.630 fueron reportes de abuso sexual, 2.340 fueron incidentes de delitos de violación y 212 fueron identificados como temas relacionados con aborto. 

Por otro lado, las estadísticas de la Fiscalía General del Estado sobre los delitos sexuales —y específicamente— el delito de violación, muestran que en los últimos cuatro años hubo un incremento del número de víctimas que denunciaron el delito. En 2016, se registraron 4.884 víctimas, en 2017 fueron 5.045, en 2018 el número aumentó a 5.667, y en 2019 fueron 6.034. Solo en 2020, año en que comenzó la pandemia por covid-19, la cifra se redujo a 5.450. Según Surkuna, esto no significa que el delito decayó, sino que las víctimas y sobrevivientes no podían denunciar el delito con sus agresores en casa.

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Además, la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las  Mujeres (ENVIGMU) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) confirma que la violencia sexual sigue siendo un tema prevalente a lo largo de la vida de las mujeres en Ecuador. Pero en el último año, dice Surkuna, la situación “es alarmante” porque 24 de cada 100 mujeres dijeron haber sufrido violencia sexual a lo largo de su vida, y 9 de 100 lo habían experimentado en el último año. Pero la cifra podría ser aún mayor, ya que la misma encuesta dice que el 97,1% de mujeres que han sufrido violencia sexual nunca han denunciado la agresión.

Sobre el sistema de justicia

En respuesta a un pedido de información de Surkuna, la Fiscalía General dice que esta es la clasificación de la etapa en la que se encuentran las denuncias por el delito de violación:

  • 22.015 casos están en la etapa de investigación previa 
  • 413 casos están en la etapa de instrucción fiscal
  • 2.826 casos están en la etapa preparatoria de juicio
  • 3.039 casos están en etapa de juicio 
  • 22 casos están en impugnación
  • Además, sobre violación incestuosa, hay 26 casos que están en investigación previa y 4 que están en juicio.

Obstáculos en el camino hacia la justicia

El estudio de Surkuna además encontró que hay una serie de obstáculos que impiden que las víctimas  y sobrevivientes de violencia sexual accedan a la justicia. Algunos de estos son:

  • Rutas de atención para denunciar la violencia sexual que no se adaptan a las realidades territoriales del Ecuador: El estudio dice que muchas vícitmas no saben cómo o dónde denunciar, otras deben ir más de una vez a algún lugar para que se les reciba la denuncia, otras se ven obligadas a acudir primero a organizaciones sin fines de lucro buscando patrocinio legal, y otras han tenido que contratar abogados particulares, cuyo costo no es accesible para la mayoría de víctimas.
  • Ausencia de medidas especiales de protección para casos donde la vulnerabilidad es mayor: Surkuna dice que no se habla de la situación de las mujeres indígenas, mestizas, afrodescendientes, lesbianas y bisexuales que son propensas a la violencia sexual.
  • Ausencia de normas específicas para la protección de las mujeres en territorios locales: Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) no han cumplido con su deber de diseñar, formular y ejecutar normas y políticas locales para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.
  • Fallas en tipos penales y su interpretación: La ley no considera de forma expresa la falta de consentimiento de la víctima como elemento del tipo penal, siendo este uno de los mayores obstáculos al momento de buscar justicia para las víctimas.
  • Falta de difusión sobre los derechos de las víctimas de violencia sexual: Los profesionales de Surkuna dicen que es necesario que haya personal sensibilizado que difunda cuáles son los derechos de las sobrevivientes de violencia sexual de una manera amplia y usando un lenguaje accesible y comprensible para las víctimas y sus familias.
  • Insistencia para recibir atención y protección: El estudio dice que algunas mujeres víctimas de violencia sexual han tenido que insistir hasta 17 veces para ser atendidas en las instituciones a las que fueron para hacer la denuncia. En muchas ocasiones, al intentar hacer sus denuncias, las mujeres son re victimizadas.
  • Número insuficiente de entidades especializadas para la atención de violencia contra las mujeres: Según Surkuna, no existen suficientes unidades de la Fiscalía o del Consejo de la Judicatura especializadas en el abordaje de la violencia de género en el país. Tampoco hay suficientes jueces especializados en el tema. 
  • Déficit de fiscales a nivel nacional: El estudio de Surkuna encontró que hay un déficit de 570 fiscales a nivel nacional. En 2020, la Fiscal Diana Salazar reconoció este problema y dijo que había un largo camino por recorrer en ese ámbito.
  • Déficit de peritos especializados: Surkuna dice que en todo el país solo hay 18 técnicos de Cámara de Gesell —un mecanismo indispensable para la atención de las víctimas de violencia sexual—. En un país donde hay 24 provincias, el déficit es evidente.
  • Profesionales con capacitación insuficiente en enfoque de género y violencias: El estudio dice que de los a 413 operadores de justicia de la Fiscalía que están distribuidos a nivel nacional, solo 284 tienen alguna clase de capacitación en enfoque de género, sensibilización y no revictimización, y prevención de violencia contra las mujeres.

El estudio también dice que las víctimas han reportado que enfrentan otros obstáculos al momento de realizar las denuncias. Algunos de estos son: la falta de sensibilidad del personal, estigmas sociales, la exigencia de exámenes médicos legales, xenofobia, discriminación por orientación sexual, falta de privacidad, corrupción en el sistema judicial, y el poner en duda la palabra de vida de las víctimas y culparlas por lo sucedido.

Sobre el dudar del testimonio de las víctimas y culpabilizarlas por la violencia que experimentaron, el estudio dice que este es el obstáculo al que más se enfrentan las sobrevivientes de violencia en todas las instancias. El sistema de justicia aún asume la culpabilidad de las víctimas y cuestiona aspectos como su forma de vestir, su ocupación laboral, su conducta sexual, y su relación o parentesco con el agresor. Por esto, dice el estudio, muchas víctimas se desaniman a continuar con sus procesos de denuncia y búsqueda de justicia. 

¿Qué pasa con los embarazos producto de violaciones?

La investigación de Surkuna dice que cuando una violación desencadena en un embarazo, “las alternativas son totalmente injustas para la autonomía y derechos de las mujeres”. En Ecuador, el aborto en casos de violación se despenalizó apenas en abril de 2021 gracias a un fallo de la Corte Constitucional. Pero antes de esto, las mujeres que se embarazaban producto de una violación eran obligadas a continuar con sus embarazos sin ninguna clase de “seguimiento médico” ni acompañamiento por parte de las instituciones del Estado. Y si abortaban, eran encarceladas.

Ahora, dice Surkuna, el acceso al aborto por violación es trascendental “para restituir los derechos de las mujeres, niñas, y adolescentes”. Aquí encuentas una guía sobre: Cómo abortar en Ecuador en caso de violación tras su despenalización