Un día antes de que se acabe el 2021 circuló un boletín que anunciaba el cierre de Casa Amiga, un espacio en Lago Agrio, en la provincia amazónica de Sucumbíos, que durante 25 años ha sido el refugio de cientos de niñas y mujeres víctimas de violencia y sus hijos. 

A la Casa Amiga llegó Daniela*, una adolescente que fue violada por su padre, quedó embarazada, y fue expulsada de su familia y su pueblo. En este espacio lleno de árboles frondosos y sororidad, Daniela no solo tuvo un techo, tres comidas, refrigerios y talleres de manualidades, sino tiempo para ella, mientras su hijo era cuidado en una guardería que funciona ahí mismo.

Hoy es el tercer día en que este espacio no ha podido abrir sus puertas a quienes están huyendo de su agresor. La razón del cierre: quienes conforman Casa Amiga dicen que el gobierno ecuatoriano no se ha comprometido “con la continuidad de los servicios”. 

Allí las mujeres tienen techo, alimentación, apoyo psicológico y legal, espacios de terapia con arte, talleres, y una larga lista de actividades para que puedan recuperar su vida. Hoy viven 19 en la Casa Amiga. 

Casa Paula, que atiende a mujeres desde hace 22 años en El Coca, en la provincia amazónica de Orellana, también cerró sus puertas el 1 de enero de 2022. Nancy Pastuña, su administradora, dice que no podrán acoger a nadie más mientras no tengan la certeza de que el Estado les dará los fondos para cubrir los sueldos de su personal. De los 15 profesionales que allí trabajan, 7 reciben el sueldo con fondos de la Secretaría de Derechos Humanos. 

El cierre de ambos espacios se dio tres días después de que las coordinadoras y administradoras de 5 casas de acogida (en Lago Agrio, El Coca, Guayaquil, Cuenca y Quito) y 17 centros de atención para mujeres víctimas de violencia fueran convocadas, por la Secretaría de Derechos Humanos, a una llamada por Zoom para esa misma tarde. 

Desde las 4:30 y hasta las 8 de la noche del 28 de diciembre, las representantes que llevan décadas trabajando por los derechos de las mujeres insistieron en tres preguntas: ¿Cuándo vamos a renovar el convenio con la Secretaría para recibir los fondos para 2022? ¿Nos van a reconocer los gastos de los meses en los que no tengamos convenio? ¿De qué manera?

En Casa Paula, en El Coca, las mujeres participan en terapias colectivas. Fotografía cortesía de Nancy Pastuña.

Según Amparo Peñaherrera, coordinadora de la Casa Amiga, después de varias vueltas de diferentes funcionarios, la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, se sumó a la videollamada. 

Ordóñez les dijo que pronto abrirán un nuevo concurso, al que llamó “amplio, participativo, y transparente”, en el que más organizaciones y fundaciones que brindan atención a mujeres  puedan postular a los fondos. Según Amparo Peñaherra, la secretaria Ordóñez agregó que todavía no encontraba un mecanismo para pagarles los meses que tengan que funcionar hasta que el proceso de asignación de los fondos se complete. 

La mayoría de estos 22 centros y casas de acogida han firmado convenios con el Estado desde 2008. No siempre fue con la Secretaría de Derechos Humanos. 

Primero los fondos venían del Ministerio de Inclusión Económica y Social, en una alianza, como parte del proyecto Fortalecimiento de Centros de Atención y Protección a niñas, niños y adolescentes y mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o sexual y explotación sexual en Ecuador’. 

Luego pasó al Ministerio del Interior, porque ahí estaba la Dirección de Género. Después pasó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y cuando ese ministerio fue disuelto, pasó a la Secretaría de Derechos Humanos, donde sigue hasta ahora. 

En estos casi trece años, las casas y centros han tenido que soportar los retrasos de los pagos del Estado; casi siempre los convenios se han firmado en marzo de cada año. Esto hace que los centros deban operar tres meses sin fondos, fiándole a proveedores, pidiéndole paciencia a sus colaboradores, y corriendo de un lado a otro para levantar fondos para cosas tan esenciales como pagar la electricidad, el agua y el internet y darles una dieta balanceada a las mujeres y niños que allí viven. 

Esta no es la primera vez que su subsistencia está amenazada. Pero el dinero siempre ha llegado, incluso de manera retroactiva, para cubrir los meses entre convenio y convenio. Para las cinco casas de acogida, estos fondos representan entre el 40% y 60% de su presupuesto anual —el resto lo completan con cooperación internacional y autogestión. 

Pero a pesar de todos los problemas de años anteriores, dice Amparo Peñaherrera, es la primera vez que no les garantizaron la continuidad de los fondos. Tres días después, la Secretaría les confirmó que sí va a asegurar esos recursos, pero la respuesta inicial ha causado incertidumbre en las directoras de las casas y los centros. 

En un comunicado que recibieron las administradoras y coordinadoras el 31 de diciembre de 2021 les anunciaron el cierre del convenio de 2021. “En la última parte [de la carta] nos dicen que garantizarán los servicios mientras se hace el proceso de cierre de año, pero no dice si será desde el 1, el 5, el 10 de enero”, se queja Nancy Pastuña y resalta que cada día que pasa es un día en que no puede atender a mujeres que necesitan apoyo.

Además, el tiempo corre. “El año pasado, el 16 de diciembre de 2020, ya teníamos presentada la propuesta para el 2021. Ahora no nos han pedido y no sabemos cuándo nos pedirán”, dice Amparo Peñaherrera. Si presentando los planes en diciembre, los fondos llegan en marzo, se pregunta Peñaherrera, cuánto demorarán ahora que ni siquiera se han presentado.

Además de las casas de acogida, los centros de atención integral que brindan servicios ambulatorios de apoyo legal, psicológico y trabajo social también están en un limbo. “En la videollamada [del 28 de diciembre] Bernarda Ordóñez nos dijo que no había encontrado la forma de garantizar esta continuidad de las atenciones de los centros que tenemos convenio con el Estado”, explica Esther Vijay, administradora de la Fundación Solidaridad y Familia (Sofami) que funciona en Azogues, en la provincia andina de Cañar. Vijay dice que “en todos estos años” el Estado les ha garantizado que su atención no se interrumpiría. 

Mientras la Secretaría prepara este concurso, las administradoras de centros y casas se preguntan cómo van a atender a las mujeres que les pidan auxilio en los días —ya van tres— y meses que tome la asignación de recursos. Ya sabemos esa verdad cruenta e incómoda: la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres sucede a diario en este país. No se detiene —menos aún porque hay procesos burocráticos en curso. 

En respuesta a un pedido de información, la Secretaría de Derechos Humanos dijo que ya han notificado a los centros y casas sobre “una extensión de plazo para los meses de enero/febrero/marzo garantizando de manera responsable que los recursos para la atención a sobrevivientes de violencia beneficiarias de los servicios”. Pero Amparo Peñaherrera y Nancy Pastuña dicen que no han recibido esa notificación. Esther Vijay dice que el 30 de diciembre la llamaron a decirle que estaban buscando una solución para no dejar sin atención.

Peñaherrera y Pastuña coinciden en que la Secretaría no les ha dicho qué figura legal usará para transferirles los fondos hasta que estén los convenios con los centros a los que se les asigne los fondos, ni desde cuándo les reconocerán los pagos que hagan en estos meses. 

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Cada día que pasa es crítico. Nancy Pastuña recuerda que en 2018 también tuvieron que cerrar la casa temporalmente por falta de fondos del Estado. En los meses que estuvieron cerradas, hubo dos femicidios en la ciudad de El Coca. “Esperemos que ahora no se suscite nada fuerte”, se lamenta. 

Hoy viven en la Casa Paula 26 personas entre mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia y sus hijos. Permanecerán allí pero la Casa no podrá recibir ni una sola más. La administradora de Casa Paula dice que 5 de los 7 empleados van a trabajar como voluntariado en enero, y en febrero verán qué avances hay con la Secretaría. 

En El Coca también funciona el centro de atención integral Fundación Ayllu Huarmicuna, en el que trabajan 4 personas: una administradora, una trabajadora social, una psicóloga y una abogada. Nancy Pastuña dice que el centro ha decidido no tomar ningún caso nuevo, solo seguir el acompañamiento y apoyo a las mujeres que ya lo empezaron. Cada mes, a ese centro llegan cerca de 80 mujeres. Entre los casos de años anteriores y todos los del 2021, sumaron cerca de 1200 víctimas atendidas.

A Esther Vijay le preocupa cómo brindará en Azogues los servicios en los meses que dure el proceso de selección. “No podemos cerrar. Hay que continuar porque existen procesos de acompañamiento con mujeres que apenas empezaron en diciembre, y otros procesos legales y psicológicos de meses y años anteriores que no pueden ser interrumpidos”, explica. En pocas palabras: el peligro para estas niñas, mujeres y adolescentes no se va a detener mientras avanza un concurso público, ¿con qué fondos van a sostenerse estos centros si no reciben los fondos que habían recibido desde hace al menos una década?

Ante la incertidumbre, Sofami —el centro que administra Vijay— terminará los contratos de tres personas de su equipo; en el centro trabajan 7 personas: una administradora, dos psicólogas, dos abogadas y dos trabajadoras sociales. Tras la llamada del 28 de diciembre con la secretaria Ordóñez, Vijay dice que decidieron separar a una psicóloga, una trabajadora social y una abogada. “La capacidad de atención va a disminuir notablemente pero es lo que podemos hacer ahora”, dice, preocupada, Esther Vijay. 

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En la respuesta al pedido de información, la Secretaría de Derechos Humanos dice que ratifica el compromiso “para trabajar con todas las organizaciones de mujeres que trabajan en atención y acogimiento a las niñas y mujeres del país” pero con una explicación legal: agrega que no es su competencia el financiamiento de las casas de acogida y centros de atención. 

En su respuesta, la Secretaría escribió que según el artículo 38 de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres —publicada en 2018—, “en relación al financiamiento de Casas De Acogida Y Centros De Atención Integral establece: Los Gobiernos Autónomos Descentralizados deben garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género, los servicios integrales de casas de acogida con personal especializado, tanto en los cantones como en las provincias”. En la misma respuesta, añade que le corresponde a la Secretaría “regular y controlar el funcionamiento de las Casas de Acogida y Centros de Atención”.

“El resultado final de todo esto no afecta a las organizaciones, casas o centros sino a las mujeres”, dice Geraldine Guerra, coordinadora de la Red de Casas de Acogida, que agrupa a ocho casas de acogida de todo el país.  

A ella le preocupa que el financiamiento de los centros y las casas dependa de los municipios, pues es sabido que el Estado central mantiene una alta deuda con esos gobiernos locales —lo que abona a la incertidumbre de la continuidad de los servicios que brindan a cientos de mujeres que huyen de sus agresores (en 2021, según la propia Secretaría, solo a la Casa Amiga de Lago Agrio llegaron 102 mujeres en busca de auxilio). 

La Secretaría dice también que la propuesta de nuevo reglamento —para participar en el concurso de asignación de fondos para casas y centros— se publicará el 10 de enero. “Es importante mencionar que de conformidad con los mecanismos de participación ciudadana vigentes en el país, el documento será socializado por el tiempo que manda la ley. Luego de ello entrará en vigencia y se correrán los plazos hasta marzo”, dice la respuesta sobre el tiempo que tomará el concurso y firmar los nuevos convenios. 

Mientras tanto, las coordinadoras esperan que se cumpla la promesa de garantizarles los fondos para el primer trimestre y no tener que despedir a nadie ni dejar de atender a quienes lo necesitan.

Actualización al 4 de enero: La tarde del 3 de enero, la Red Nacional de Centros de Atención de violencia hacia las mujeres —que agrupa 21 centros en todo el país— publicó un comunicado en el que dice que sostendrán sus servicios “de respuesta integral, especializada, de manera continua”. Luego de escribir que reafirman su compromiso, hicieron una lista de 7 exigencias para el Estado ecuatoriano que incluye que deben garantizar la continuidad de los servicios ininterrumpidos, y que es urgente que se establezcan mecanismos “ágiles, eficientes y efectivos al interior de la institucionalidad de la SDH [Secretaría de Derechos Humanos] para evitar generar perjuicios para las organizaciones que firman los convenios”.