La tarde de hoy, 8 de abril, la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori,  presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de cinco integrantes del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) La presidenta del Legislativo acusa a los asambleístas del delito de arrogación y usurpación de funciones.

La denuncia presentada fue en contra de los siguientes miembros del CAL:

• Virgilio Saquicela, primer vicepresidente del CAL, quien fue expulsado de la bancada oficialista la tarde de ayer y actualmente es considerado como asambleísta independiente.
• Yeseña Guamaní, segunda vicepresidenta e integrante de la  Izquierda Democrática.
• Darwin Pereira, vocal, y miembro de Pachakutik
• Ronny Aleaga, vocal e integrante del partido correista Unión por la Esperanza (Unes)
• Johanna Moreira, quien también es vocal y miembro de la Izquierda Democrática.

Llori confirmó en su cuenta de Twitter que presentó una denuncia ante la Fiscalía “para evitar que se vulnere el debido proceso. Pretenden tomarse la Asamblea de manera ilegal, antidemocrática y violenta. Nadie puede estar por encima de la ley, los asambleístas somos los primeros llamados a defenderla”.

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Esta denuncia la interpuso después de que el 6 de abril varios asambleístas presentaran denuncias contra la presidenta del legislativo, Guadalupe Llori, y los asambleístas que conforman el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Fue presentadas horas después de que un tribunal aceptara las medidas cautelares de Guadalupe Llori contra el pleno de la Asamblea para evitar que se forme una comisión para evaluar la gestión del CAL, órgano presidido por Llori.

Llori hizo el pedido de medidas cautelares poco antes del mediodía del 4 de abril. Casi 24 horas después, fueron aceptadas por un tribunal de garantías penales de la parroquia Iñaquito, en la ciudad de Quito. Se aceptaron el mismo día en el que se planeaba incluir la creación de la comisión en el orden del día que trataría el pleno de la Asamblea. 

Sin embargo, el asambleísta Fausto Jarrín, de la coalición Unión por la Esperanza (UNES)  —quien hizo la moción para cambiar el orden del día e incluir la creación de la comisión— se abstuvo de presentar su moción después de conocer la decisión del tribunal. “No voy a violar la normativa constitucional, ni pedirle a los compañeros asambleistas que violen una medida cautelar”, dijo Jarrín al comenzar la sesión del pleno del 6 de abril. 

Jarrín añadió que sí invitaba al resto de legisladores a “que nos neguemos a participar en este circo en el que quieren convertir a la Asamblea”, dijo entre aplausos de varios de sus compañeros. 

Las denuncias contra Llori, explicadas

El 5 de abril UNES presentó una denuncia contra todos los miembros del CAL, incluyendo a Llori. 

Fausto Jarrín dijo a los medios de comunicación que “después del escabroso día que hemos teniendo que enfrentar la intromisión de la justicia en las competencias de la función Legislativa”, decidieron presentar la denuncia para “quitarles los pretextos” a Llori y que se tenga que conformar la comisión. 

No fue la única denuncia presentada ese 5 de abril en la Asamblea. El asambleísta Esteban Torres, coordinador de la bancada del Partido Social Cristiano (PSC) y sus aliados, presentaron una denuncia contra Llori. Según Torres, lo hizo por incumplimiento de funciones de la Presidenta de la Asamblea para que “sin ningún pretexto, sin ninguna orden judicial mañosa obtenida quién sabe cómo” se reciba la denuncia y se conforme la comisión para evaluar la gestión de las autoridades. 

La noche del 5 de abril, el PSC publicó un comunicado diciendo que lo resuelto por el tribunal sobre las medidas cautelares de Llori “no puede ser acatado” ya que violaría lo que dice la Constitución  porque la función Judicial se estaría entrometiendo en las competencias del Legislativo. 

Sin embargo, los denunciados por los asambleístas juegan un papel esencial en el tratamiento de las denuncias. Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, las denuncias juramentadas por los asambleístas deberán ser dirigidas a la Presidencia de la Asamblea quien deberá enviarlas al CAL para que las califique a trámite en un plazo máximo de 5 días desde que el Consejo las recibe. 

La ley dice que si el CAL decide no calificar a trámite una denuncia, “deberá sentar en actas los motivos de su decisión”. Si se la califica a trámite, el CAL debe conformar una comisión multipartidista que tendrá hasta 10 días para enviar un informe al pleno en el que conste la versión del o los asambleístas acusados. Ellos también podrán defenderse ante el pleno, antes de que se vote sobre el informe de la comisión.