La crisis en la Asamblea parece no tener fin. Los asambleístas del bloque legislativo Unión por la Esperanza (UNES) presentaron una denuncia contra Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea.

La mañana de hoy, 10 de mayo, los asambleístas junto a decenas de simpatizantes se convocaron fuera de la Fiscalía General del Estado, en el norte de Quito, para denunciar a Llori por el supuesto delito de peculado. También, denunciaron por el mismo delito a Santiago Salazar, abogado de la Asamblea. 

“Vamos a recurrir ante la Fiscal General del Estado para denunciar algo que es público y todo el país lo sabe”, dijo Fausto Jarrín, uno de los asambleístas representantes de la bancada de UNES antes de entregar la denuncia. Jarrín aduce que el delito existiría porque Llori “ha utilizado funcionarios de la Asamblea para su propio beneficio”. 

Viviana Veloz, la otra asambleísta representante de UNES,  también escribió en Twitter que  Llori “pretendiendo aferrarse al cargo ha venido utilizando bienes y servicios que son públicos”.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) dice que el peculado lo cometen los servidores públicos que actúen en beneficio propio o de terceros, abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados. Según el COIP, el peculado se sanciona con diez a tres años de prisión. 

“Estamos pidiendo que sean decentes e investiguen lo que tienen que investigar porque el país está harto de la justicia selectiva”, dijo Jarrín refiriéndose a que esperan que la denuncia no sea archivada y comience la Fiscalía a investigar. 

Lo que ha hecho Llori en su defensa 

Luego de varios enfrentamientos y críticas entre varios asambleístas y la presidenta de la Asamblea, el 1 de abril de 2022, Llori dijo en una rueda de prensa que no renunciará a su cargo como presidenta de la Función Legislativa. En esa rueda de prensa, Llori dijo que la oposición está buscando “repartos” dentro de la Asamblea, aunque no explicó cómo ni mostró ninguna prueba.

La rueda de prensa fue también para aclarar que Llori había suspendido la sesión del pleno del 29 de marzo porque se reunió “con todos los miembros del CAL [Consejo de Administración Legislativa] y jefes de las bancadas” para llegar a acuerdos sobre la sesión.

Las denuncias por la gestión de Llori, explicadas 

El 4 de abril, Guadalupe Llori solicitó medidas cautelares —recurso para garantizar protección— contra el Pleno de la Asamblea. El motivo fue para que el pleno se abstenga de conocer, debatir y resolver el pedido del proyecto de resolución del pleno de la Asamblea para la conformación de una comisión multipartidista que evalúe su gestión. Las medidas cautelares fueron aceptadas, horas antes de que el pleno se reúna para crear la comisión multipartidista. 

El 5 de abril, Esteban Torres, coordinador de la bancada del Partido Social Cristiano (PSC) presentó una denuncia contra Llori, por el supuesto incumplimiento de funciones, para así conformar la comisión para evaluar la gestión de las autoridades del CAL. La bancada de UNES también presentó una denuncia, esta vez contra los miembros del CAL. Al siguiente día, el asambleísta Gruber Zambrano —de la Bancada Acuerdo Nacional (BAN)— también presentó una denuncia contra los miembros del CAL por presunto incumplimiento de funciones. Finalmente, el CAL solo calificó a trámite la denuncia de Torres en contra de Llori. En las otras, el organismo argumentó que no podía calificarlas porque hacían referencia ellos mismos. 

Y el 8 de abril, Llori presentó una denuncia ante la Fiscalía en contra de cinco integrantes del CAL por el presunto delito de arrogación y usurpación de funciones. Esos asambleístas son: Virgilio Saquicela, Yeseña Guamaní, Darwin Pereira, Ronny Aleaga y Johanna Moreira. 

Las intenciones de defensa no cesaban. El 14 de abril, Guadalupe Llori presentó una acción de protección en contra de cinco de los siete miembros del CAL que votaron para calificar la denuncia del asambleísta Esteban Torres en su contra. Además de ella, la otra asambleísta que no fue incluida fue Nathaly Arias de CREO, quien se ausentó en la sesión del CAL en la que calificaron a trámite la denuncia contra Guadalupe Llori. 

También, Llori denunció a la Asamblea. La denuncia la hizo contra los 93 asambleístas que aprobaron que se conforme la Comisión Multipartidista Ad hoc, el 26 de abril de 2022. Llori presentó la denuncia por una supuesta violación de las medidas cautelares que fueron interpuestas. Llori aduce en la denuncia que se habría cometido el delito de “incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente”. 

Además, la denuncia se hizo a la misma hora que, la Asamblea aprobó la moción de la asambleísta Marcela Holguín, de UNES con la que se proponía incluir la creación de la comisión de evaluación a las autoridades.

A pesar de los intentos de frenar la creación de la comisión, la Asamblea aprobó la creación de la comisión para evaluar la gestión de Guadalupe Llori. El 10 de mayo, una  jueza rechazó la acción de protección contra los miembros del CAL. Llori dijo que presentará una apelación para que se respeten sus derechos que “han sido vulnerados”.

Esto sabemos sobre la comisión   

La comisión que evaluará la gestión de Llori estará conformada por:

• Pamela Aguirre, de la coalición correísta Unión por la Esperanza (UNES).
• Peter Calo, de Pachakutik.
• Pedro Zapata, del Partido Social Cristiano.
• Lucía Placencia, de la Izquierda Democrática.
• John Vinueza, asambleísta independiente.

La comisión tiene un plazo de 35 días para presentar un informe sobre la labor de Llori ante la Presidencia de la Asamblea. Si encuentran argumentos suficientes, podría recomendar la destitución del cargo por incumplimiento de funciones de Llori.