El asambleísta de Pachakutik Bruno Segovia denunció ante la Comisión de Ética del Legislativo a su coidearia Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional, por presunto tráfico de influencias. Segovia acusa a Llori —los dos asambleístas de Pachakutik—  de haber gestionado cargos públicos en la provincia amazónica de Orellana, de la que Llori es oriunda. La denuncia fue presentada la tarde de hoy, 12 de mayo de 2022.

¿Qué dice la denuncia contra Llori?

Segovia aseguró que Guadalupe Llori le contó “que puso hasta el último teniente político” de Orellana. Por eso, dijo, en su denuncia el asambleísta incluyó una lista de los tenientes, políticos, intendentes, comisarios, directores distritales y otras autoridades “de los que conocemos y tenemos documentación” que probaría que fueron puestos en el cargo por Guadalupe Llori. 

“Es vox populi en la provincia que ha puesto todo, que ella tiene el control absoluto en la provincia de Orellana. Si esto no es tráfico de influencias. qué podemos llamarle”, dijo Segovia a varios medios de comunicación que lo entrevistaron después de poner la denuncia ante la Comisión de Ética de la Asamblea. “Coincide que el gobierno del encuentro no encuentra más que personas cercanas a Guadalupe Llori para ponerlos en cargos importantes en Orellana”, añadió Segovia. 

El asambleísta de Pachakutik dijo que en su denuncia ante el comité de ética incluyó varios documentos que probarían sus acusaciones. Para reforzarlas, dijo, habló con personas de Orellana y tuvo la colaboración de varias personas, incluyendo a un exasambleísta que no identificó. 

Con esos documentos, dijo Segovia, espera que la Comisión de Ética recomiende la destitución de Llori en su resolución “por incurrir en las prohibiciones que establece la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL)”. El artículo 163 de la LOFL dice que entre las prohibiciones que tienen los asambleístas está “gestionar nombramientos de cargos públicos”. La ley dice que quien cometa esta y cualquier otra de las prohibiciones “perderá la calidad de asambleísta”. 

Otras denuncias contra Llori

El pasado 10 de mayo, la bancada de Unión por la Esperanza (UNES) —representada por los asambleístas Fausto Jarrín y Viviana Veloz— presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por supuesto peculado. Los asambleístas de UNES aducen que Llori ha utilizado bienes y servicios públicos “pretendiendo aferrarse al cargo” como presidenta de la Asamblea Nacional. 

Jarrín dijo que el delito existiría porque Llori “ha utilizado funcionarios de la Asamblea para su propio beneficio”. Por eso también denunciaron por el mismo delito a Santiago Salazar, abogado de la Asamblea, quien habría ayudado a Llori usando recursos de la Asamblea. 

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) dice que el peculado lo cometen los servidores públicos que actúen en beneficio propio o de terceros, abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados. Según el COIP, el peculado se sanciona con diez a tres años de prisión. 

Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la bancada de UNES.

Investigaciones de la gestión de Llori

Además, la Presidenta de la Asamblea enfrenta otras investigaciones dentro de la Asamblea. El pasado el 26 de abril de 2022 se conformó una comisión multipartidista para evaluar la gestión de Llori. Si existen los argumentos suficientes, la comisión podría recomendar la destitución del cargo por incumplimiento de funciones de Llori, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

La comisión se creó después de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) aprobó a trámite una denuncia por presunto incumplimiento de funciones presentada por Esteban Torres —coordinador de bancada del Partido Social Cristiano (PSC).

Los enfrentamientos entre Llori y otros asambleístas continuaron. El 14 de abril, Guadalupe Llori presentó una acción de protección en contra de cinco de los siete miembros del CAL que votaron para calificar la denuncia del asambleísta Esteban Torres en su contra. Además de ella, la otra asambleísta que no fue incluida fue Nathaly Arias de CREO, quien se ausentó en la sesión del CAL en la que calificaron a trámite la denuncia contra Llori. 

El 10 de mayo, una jueza rechazó la acción de protección contra los miembros del CAL. Llori dijo que presentará una apelación para que se respeten sus derechos que “han sido vulnerados”.

También, Llori denunció a los 93 asambleístas que aprobaron que se conforme la Comisión Multipartidista Ad hoc, el 26 de abril de 2022. Llori presentó la denuncia por una supuesta violación de las medidas cautelares que fueron interpuestas el 4 de abril —que Llori pidió para impir que se incluya un cambio de orden del día y se cree la comisión para evaluar su gestión. Llori aduce en la denuncia que se habría cometido el delito de “incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente”. 

El 6 de mayo la Fiscalía notificó que comenzó una investigación previa contra los 93 asambleístas a raíz de la denuncia de Llori.