El lunes 29 de marzo de 2022 la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, renunció. En su carta de dimisión, Vela, la mujer que debía gestionar la seguridad interna del país y, a la par, las relaciones entre el Ejecutivo y los distintos actores políticos y sociales, dijo que ya no coincide con la línea política del presidente Lasso. Sin embargo, ocho meses después de ser posesionada, Vela queda debiendo en ambas tareas.

Vela se fue porque consideraba como una necesidad impostergable la muerte cruzada, el mecanismo constitucional que le permitiría al Presidente disolver la Asamblea Nacional y gobernar, mediante decreto, por varios meses. 

El presidente Lasso no compartía esa visión, a pesar de que según dos personas dentro del gobierno que pidieron la reserva de sus nombres, el decreto está escrito hace semanas, listo únicamente para la firma del Presidente.  Sin embargo, parece que, por ahora, Lasso prefirió prescindir de su ministra de Gobierno antes que disolver la Asamblea Nacional. 

Tras la salida de Vela, el Presidente decidió volver a dividir al Ministerio de Gobierno en dos instituciones, una a cargo de la seguridad y otra de la política. Francisco Jiménez, hasta hace poco asambleísta por CREO y ahora, nuevo ministro a cargo de la gestión política, reconoció, en una entrevista en GK, una semana antes de pasar de la Asamblea al gabinete ministerial, que la muerte de César Monge —el hombre de confianza, operador de la política de Lasso y primer ministro de Gobierno— había dejado “un enorme vacío”  en la operación política del partido y, por ende, del gobierno. Jiménez reconoció que han buscado “suplir ese vacío con otros actores” y que no lo habían logrado del todo. 

Una fuente cercana al gobierno y que pidió la reserva de su nombre, confirmó que el ala más dura de CREO, aquellos que estuvieron desde los inicios del movimiento, sentían mucho malestar con la ahora ex ministra Vela. “Consideran que ha hecho poco o nada y que ese espacio le debería corresponder a alguien de CREO”, dijo la fuente. 

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Unas horas antes de hacer pública su renuncia, Alexandra Vela, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, máximo tribunal del país. La acción era en contra de las amnistías aprobadas en la Asamblea Nacional en favor de 268 ciudadanos acusados de distintos delitos —varios, relacionados al paro de octubre de 2019.

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La postura de la entonces ministra, estaba alineada a la del Presidente Lasso: el respaldo irrestricto a la Policía Nacional y el cuestionamiento a las amnistías. Sin embargo, para la Conaie y Pachakutik —ambas organizaciones  que tuvieron acercamientos con el gobierno de Lasso al inicio del gobierno— las amnistías eran una causa indiscutible que, además, aglutinó a otras bancadas legislativas: UNES, parte de la Izquierda Democrática, y algunos independientes —incluido, Fernando Villavicencio, usualmente aliado del gobierno. 

flecha celesteOTROS CONTENIDOS SOBRE VIOLENCIA DE POLÍTICA

Aunque el Partido Socialcristiano (PSC) se sumó a la postura del gobierno, contraria a las amnistías, los votos no les alcanzaron y los 268 ciudadanos fueron amnistiados. Lo que CREO no logró en la Asamblea, pretende lograrlo ante la Corte Constitucional. Parecían las últimas brazadas de ahogado de la ministra Vela. Pero su incapacidad de gestionar la política en el lugar que corresponde —la Asamblea, en este caso— ha obligado al gobierno a buscar mecanismos alternativos para sostener sus posturas políticas. 

No fue el único asunto en el que el Gobierno no logró conseguir votos en la Asamblea Nacional. Tampoco pudo lograr que la Asamblea aprobara el proyecto de ley de inversiones, una de los puntales del programa económico del gobierno. Además, las acusaciones en contra de cinco asambleístas y Xavier Hervas —líder de la Izquierda Democrática— por haber, supuestamente pedido favores personales a cambio de votos— empañaron la discusión política y técnica. 

¿Dónde estaba la ministra de Gobierno mientras el Presidente acusaba a diestra y siniestra, dinamitando los últimos puentes que le quedaban en la Asamblea Nacional? Probablemente, contando sus últimas horas en Carondelet. 

Su ausencia se notó. No solamente en esa última crisis que, nuevamente, desnudó la incapacidad del gobierno para establecer acuerdos —que no pasan por el clientelismo ni el reparto de puestos— con las fuerzas políticas en la Asamblea. También se notó en la imposibilidad de Vela de ser capaz de dar respuestas políticas y posicionarlas en la opinión pública. 

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Las críticas a la gestión de Vela han llegado desde dentro del gobierno y, también, desde la Asamblea. Esteban Torres, coordinador de la bancada del PSC, cree que el gobierno fracasó en el manejo político. Dice que, sin la alianza con el PSC, rota antes de que la Asamblea Nacional se instalara para su primer pleno, en mayo de 2014,  “otro grupo político” tuvo que ocupar ese vacío, como aliado. Torres se refiere a la vieja Democracia Popular (DP), que tiene, entre sus fundadores, a Alexandra Vela. 

Con esa organización política, Vela llegó a ser Secretaria de la Administración en el Gobierno de su coideario, Oswaldo Hurtado, fue concejala de Quito en dos períodos y vicepresidenta del Congreso en los años noventa. La DP llevó, además, a Jamil Mahuad a la Presidencia de la República, aunque no pudo terminar su período por la revuelta social y política que estalló tras la crisis bancaria del fin de siglo. 

El fantasma de la crisis bancaria, en la que, a Lasso se lo ha acusado de tener un rol relevante —sin que, hasta ahora, eso haya podido ser probado—, no ha dejado de aparecer a lo largo de la vida política del presidente. Por eso, la presencia de la DP en el gobierno de Lasso no era, quizás, la movida más acertada. 

“Ese grupo político, además, desplazó a los Lasso boys”, dice Torres, refiriéndose a la DP. Los llamados “Lasso boys” son los jóvenes militantes de CREO que fueron formados en la fundación Ecuador Libre, el think tank de Guillermo Lasso y que, después, se convertirían en asesores del presidente. 

Torres cree que la DP tenía una visión en blanco y negro “sin notar el montón de grises”. El mayor error, dice Torres, fue el intento de llevar al Presidente a la muerte cruzada. Una iniciativa, por ahora, parece estar en pausa. 

Los diálogos que Vela ofreció con las bancadas legislativas no se completaron. Aunque a finales del año pasado se reunió con representantes de Pachakutik y de la Izquierda Democrática, no cumplió su oferta de hacerlo también con UNES y el PSC, como me dijo en una breve entrevista telefónica en octubre de 2021

“Hay una realidad que es la representación otorgada por el pueblo a UNES y PSC, así que el gobierno mantiene la posibilidad de diálogo con ellos”, dijo. Paola Cabezas y Esteban Torres, coordinadores de las bancadas de UNES y del PSC, respectivamente, me confirmaron que, incluso después de esas declaraciones, la Ministra nunca los buscó.

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La salida de Alexandra Vela no solamente deja una enorme deuda política, sino también en el manejo de la seguridad interna. 

Esa es una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos. No es para menos: entre el 1 de enero y el 19 de marzo de 2022 ha habido 818 crímenes violentos a nivel nacional. En el mismo período de 2021, fueron 454. 

Eso significa que en un año, los crímenes violentos casi se han duplicado. 276 de esos crímenes han ocurrido en Guayaquil y sus cantones aledaños —eso significa un aumento del 156% con respecto al mismo período en 2021). Además de ir en aumento, la violencia con la que se perpetran los crímenes, ha provocado conmoción entre los ciudadanos. 

En los tres primeros meses del año, en la ciudad costera de Durán, ha habido seis personas decapitadas, según una fuente policial que pidió la reserva. En el puente peatonal de ese cantón, dos cuerpos fueron colgados de los pies, con las manos amarradas y las cabezas cubiertas con cintas, en febrero pasado. 

El gobierno ha justificado la violencia diciendo que el incremento de estos episodios se debe a la lucha contra el narcotráfico. “Estamos deteniendo en cantidades nunca antes vistas en el país. Cuando usted captura droga se produce un fenómeno vinculado al sicariato”, dijo Alexandra Vela, en una entrevista en Teleamazonas, el 22 de marzo. 

Además, faltan respuestas para el resto de hechos violentos pues, aunque ciertos eventos localizados, sobre todo en la provincia de Guayas, puedan explicarse con el argumento de la Ministra, hay otros que no. 

En enero, un turista holandés falleció tras recibir un disparo en un bar en el cerro Santa Ana en Guayaquil, por resistirse en un asalto. Dos meses antes, un niño murió por el impacto de una bala perdida, en esa misma ciudad, mientras estaba en una heladería. 

En Quito, un joven fue asesinado tras, aparentemente, un intento de robarle los zapatos. Esos hechos tienen más apariencia de delincuencia común que de vínculos con el narcotráfico y es un problema que Vela debió atender. Pero, de eso, poco o nada habló la entonces ministra en sus escasas intervenciones en medios de comunicación.

Quizás ese silencio abonó a la percepción de que el gobierno no está tomándose el problema con la urgencia y eficacia que éste requiere. O, por lo menos, así lo ve un sector de la Asamblea Nacional. El asambleísta de Pachakutik, Ricardo Vanegas, anunció en febrero pasado un posible juicio político en contra de Vela por lo que consideraba el incumplimiento de su deber de atacar la inseguridad. 

Consultado sobre el tema, la semana antes de la renuncia de Vela, Vanegas me respondió que esa posibilidad aún está en discusión al interior de Pachakutik: “No tengo autorización para empezarlo. Soy orgánico, no puedo actuar por mi cuenta”, dijo, aunque confirmó que él hizo ya un pedido formal al interior de su organización política. El asunto, me dijo, tiene que pasar “por varias instancias” de decisión. “No creo que sea oportuno, ya cuando el funcionario no está en el cargo, pierde un poco el sentido”, me dijo Estaban Torres, dos días después de la renuncia de Vela. 

Y aunque el juicio político no llegó a tiempo y el propio Lasso criticó esa posibilidad  en su espacio gubernamental de los martes, la Ministra se fue. Se fue, a pesar de que hasta el día de su renuncia, el presidente Lasso defendió su gestión. “Aquí el problema no es la Ministra de Gobierno”, dijo Lasso el 16 de febrero, 

Ese respaldo no le alcanzó. Vela se fue y dejó un gobierno debilitado en sus relaciones políticas —los diálogos convocados a finales del año pasado, han tenido resultados muy pobres— y en su capacidad de negociación para gobernar. Su evaluación en seguridad, la otra tarea que tenía a su cargo, tampoco queda saldada. 

Solo el tiempo dirá si es que los próximos ministros del Interior y de Seguridad, podrán resolver lo que la ministra Vela no pudo. 

María Sol Borja
Periodista. Ha publicado en New York Times y Washington Post. Fue parte del equipo finalista en los premios Gabo 2019 por Frontera Cautiva y fue finalista en los premios Jorge Mantilla Ortega, en 2021, en categoría Opinión. Tiene experiencia en televisión y prensa escrita. Máster en Comunicación Política e Imagen (UPSA, España) y en Periodismo (UDLA, Ecuador). Es editora asociada y editora política en GK.