Alexandra Vela renunció al Ministerio de Gobierno. Hoy, 29 de marzo de 2022, Vela anunció su renuncia irrevocable al cargo que ocupaba desde el 14 de julio de 2021. Vela dijo en su cuenta de Twitter que dejaba el Ministerio “al no coincidir con la línea política establecida por el presidente Guillermo Lasso para enfrentar la crisis agudizada por la Asamblea”. Su reemplazo todavía no ha sido anunciado.
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En su carta de renuncia dirigida a Lasso, Vela dijo que a las pocas semanas en el cargo constató que la Asamblea Nacional “era, paradójicamente, la principal amenaza para la democracia, el régimen republicano y su gobierno”.
La ahora exministra aseguró que muchas de las fuerzas políticas representadas en el Legislativo “usaron la representación en las urnas para el chantaje y la extorsión, anteponiendo a cualquier acuerdo político, oscuros intereses”. En su gestión como Ministra, dijo Vela en la carta enviada hoy, “no cedimos ante ese chantaje”.
En estos 8 meses, Vela, como Ministra de Gobierno, estuvo a cargo de la coordinación de la gestión política y del control de la Policía Nacional.
Estos son algunos puntos importantes de la gestión de Vela en el Ministerio de Gobierno:
Crisis política
Vela renuncia después de meses de fricciones entre el gobierno y la Asamblea Nacional. Esas tensiones se intensificaron después del 24 de marzo, cuando el proyecto de ley de inversiones que había enviado el gobierno fue archivado por la Asamblea Nacional. Después de eso, Lasso publicó un video en su cuenta de Twitter en el que aseguró que la propuesta no fue aprobada “porque no hemos aceptado el chantaje de asambleístas que vienen a pedir hospitales, empresas eléctricas, ministerios a cambio de su voto”.
El 26 de marzo, el presidente Lasso acusó a cinco asambleístas de Pachakutik de pedirle al gobierno “beneficios económicos” a cambio de votos por el proyecto de ley de inversiones. En una carta, Lasso le pidió a la Fiscalía que abra una investigación del caso y dijo que los involucrados serían los asambleístas Rosa Cerda, Gisella Molina, Edgar Quezada, Celestino Chumpi, Cristian Yucailla, y el asesor de Yucailla, Marcelo Rosero. El 27 de marzo, la Fiscalía anunció que abrió una investigación previa por las denuncias de Lasso.
Ese mismo 26 de marzo, Lasso envió una carta a la directora del Servicio de Rentas Internas (SRI) para pedirle que revise los impuestos del ex candidato presidencial Xavier Hervas, a quien Lasso acusó de pedirle que lo exonere del pago de impuestos a cambio de votos a favor del proyecto de ley. El SRI confirmó que estaba revisando los impuestos de Hervas después del pedido de Lasso.
Las acusaciones continuaron de lado y lado. La noche del 28 de marzo, el asambleísta de Pachakutik, Salvador Quishpe, acusó a Juan Pablo Hidalgo, Subsecretario de Articulación Intergubernamental del Ministerio de Gobierno, de “poner trampas políticas y comprar asambleístas”.
En una entrevista con el programa radial Noti Mundo, Quishpe dijo que él se reunió con dos de los asambleístas del partido que fueron denunciados por Lasso y que ellos le “indicaron con absoluta claridad” que recibieron una llamada de la Presidencia de la República para invitarlos a una reunión el 23 de marzo. Según Quishpe, quien los llamó a invitar fue Juan Pablo Hidalgo y la reunión habría sido en la casa del funcionario del Ministerio de Gobierno.
En su carta de renuncia, Vela dijo que las condiciones a las que se ha llegado “colocan al gobierno ante la imposibilidad de un acuerdo parlamentario con fuerzas políticas que antepongan el bien común, alejadas del populismo y la búsqueda de la impunidad para la corrupción”.
Según ella, eso hizo que se torne “inevitable recurrir a drásticos mecanismos constitucionales” . Vela le dice a Lasso en su carta de renuncia que en muchas reuniones ella ha sostenido que “para el bien de su gobierno, las reformas que necesita la economía y la permanencia de la democracia, es mejor la muerte cruzada”. Este es el nombre coloquial a la institución jurídica de anulación institucional mutua entre dos funciones del Estado: el ejecutivo y el legislativo..
Vela dice que aplicar la muerte cruzada es riesgoso, pero “ineludible si se quiere realizar las transformaciones profundas que el Ecuador requiere en los campos social, político y económico; conforme al programa ofrecido a los ecuatorianos”. El gobierno de Lasso ha dicho en múltiples ocasiones que considera la muerte cruzada como una opción. Sin embargo, ayer, 29 de marzo, Carlos Jijón, entonces portavoz del gobierno —Jijón también renunció hoy—, dijo que todavía no habían llegado al punto de declararla.
En la carta, Vela dice que es consciente de que “cumplir con mi deber” insistiendo en que la única opción era la muerte cruzada le “ha causado molestia” al Presidente y sus colaboradores. “Sinceramente lo siento”, dice. Insiste en que llegó al gobierno no para estar siempre de acuerdo, sino para “examinar objetivamente la realidad política”.
La crisis carcelaria y la inseguridad
Vela estuvo a cargo del Ministerio durante algunos de los meses más intensos de la crisis carcelaria y de inseguridad del país. En 2021, hubo más de 324 muertes violentas en las cárceles del país.
Aunque el Ministerio de Gobierno no es el organismo encargado del control de las cárceles, dirige la Policía que contribuye a mantener el orden de los centros penitenciarios cuando hay enfrentamientos.
Además, Vela ha tenido que enfrentar la creciente inseguridad del país. Después de ocho años de mantener una tasa por debajo de diez, en 2021, Ecuador llegó a 12 homicidios por cada 100 mil habitantes, según datos del Ministerio de Gobierno.
Por eso, el 25 de enero, Vela dijo que presentó el proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública. Según Vela, esperaba que con el proyecto de ley se establezcan los “mecanismos que les hacen falta para poder hacer intervenciones para trabajar de manera coordinada” entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Además, cuando presentó el proyecto dijo que se harán otras modificaciones para “fortalecer” el trabajo de estas instituciones enfocado en 5 ejes:
- Uso progresivo de la fuerza.
- Cooperación entre las fuerzas del orden.
- Mecanismos de defensa indispensables para proteger a los miembros de la fuerza pública.
- Reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para solucionar “vacíos que impiden que los oficiales hagan su trabajo”, según Vela.
- Normas para garantizar la administración y control de centros carcelarios.
Este proyecto de ley fue calificado a trámite por el Consejo de Administración Legislativa, pero todavía no ha sido tramitado por una Comisión especializada en la Asamblea.
El caso narcogenerales
En diciembre de 2021, el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, dijo que se les retiró la visa a generales de la Policía Nacional. Él hizo esas declaraciones en una entrevista con el medio Primicias en la que también dijo que su gobierno estaba muy preocupado por la penetración del narcotráfico en Ecuador.
El embajador dijo que uno de los casos a los que apuntaba Estados Unidos era el de los “narco generales”, a quienes se les habían retirado las visas, aunque no mencionó nombres.
Después de las declaraciones públicas de Fitzpatrick, los ministerios de Gobierno y de Defensa publicaron un comunicado conjunto en el que dijeron que a ninguno de sus generales se le había retirado la visa.
Además, las dos instituciones pidieron en ese comunicado a la Embajada de Estados Unidos que entregue “la información relacionada con este tema para que, de manera inmediata, sea puesta en conocimiento de las instituciones ecuatorianas pertinentes y se inicien las investigaciones del caso”. Vela confirmó que también el Ministerio de Gobierno hizo el pedido a la Embajada por escrito de manera oficial.
Según Vela, el embajador Fitzpatrick respondió que según la ley de su país, él no podía entregar la lista con los nombres de los generales a quienes les quitaron el documento. Vela dijo que la “única opción” que tenían para obtener esa información era si es que se abre un proceso investigativo y se solicite esa información por medio de la cooperación penal internacional. Sin embargo, los nombres de los presuntos involucrados todavía no se han hecho públicos.
¿Quién es Alexandra Vela?
Alexandra Blanca Vela Puga es una abogada y política ecuatoriana. Nació en El Salvador, pero sus padres son ecuatorianos. Tiene 70 años.
El 14 de julio, el presidente Guillermo Lasso la designó como Ministra de Gobierno, en reemplazo de Cesar Monge, quien padecía un cáncer que le impedía seguir en funciones. Monge murió poco después, el 25 de julio.
Alexandra Vela es licenciada en ciencias sociales y políticas por la Universidad de Guayaquil y abogada por la misma universidad, en la que se graduó en 1975.
Hasta el 14 de julio de 2021 Vela se desempeñó como decana y catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas (UDLA). También ha sido docente en las facultades de Derecho y de Medicina de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG).
La carrera política de Vela
En 1978 fundó el partido político Democracia Popular, que estaba inspirado en la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Alemania. Algunos de sus miembros fundadores, además de Vela, fueron los expresidentes Jamil Mahuad y Osvlado Hurtado.
Un año después, cuando el Ecuador retornó a la democracia con la elección de Jaime Roldós, Vela fue su secretaria particular entre 1979 y 1981. El 24 de Mayo de 1981, el avión en que viajaba Roldós, su esposa Martha Bucaram, y una comitiva que lo acompañaba, se estrelló en una montaña cerca de Celica, al sur del Ecuador. El accidente nunca ha sido aclarado de forma satisfactoria.
Tras la muerte de Roldós, Vela fue designada secretaria de la Administración de Osvaldo Hurtado, quien era el vicepresidente y asumió la presidencia. Vela estuvo en su cargo hasta 1984.
La activa vida política de Vela continuó en la década de los 80s. Fue concejala de Quito en dos periodos: de 1988 a 1992 y de 1992 a 1996. Ocupó la vicepresidencia del Congreso entre 1996 y 1997. En ese entonces, demandó por injurias al entonces presidente de la república, Abdalá Bucaram Ortiz, quien la acusó de haber robado documentos esenciales para la investigación de la muerte de Roldós.
En 1998, cuando se redactó la décimo novena constitución del Ecuador (que estuvo vigente por diez años, hasta que la reemplazó la actual), Vela participó del proceso constituyente como diputada por la Democracia Popular (DP). En 1998, Jamil Mahuad llegó al poder de la mano de la DP. Mahuad fue el Presidente que estuvo al frente del país y lo condujo a la mayor crisis financiera, social y política de la historia republicana, cuando el sistema bancario quebró y la economía fue dolarizada.
A finales del siglo XX, la DP perdió vigencia y presencia en el panorama político ecuatoriano. En 2006 el partido cambió de nombre a Unión Demócrata Cristiana (UDC) para intentar recuperar el espacio perdido, pero nunca lo logró ocupar del todo. En 2013, el partido fue eliminado definitivamente por el Consejo Nacional Electoral (CNE) por no alcanzar la votación mínima para no ser disuelto.
