A las 4 de la madrugada de hoy, 10 de marzo, 99 asambleístas votaron a favor de conceder 268 amnistías a ciudadanos que “fueron judicializados por ejercer el derecho propio y derechos colectivos reconocidos en la Constitución e instrumentos internacionales”.

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Se necesitaban al menos 92 votos a favor para que aprobaran las solicitudes que la Comisión de Garantías Constitucionales presentó en un informe a finales de enero de 2022. 

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Al finalizar la sesión, la Presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, dijo que se sentía “muy contenta de que nuestros compañeros, los luchadores populares, defensores de los Derechos Humanos, del agua y de la naturaleza y todas sus familias que hoy recuperan su libertad”.

La gran mayoría de los ciudadanos que se beneficiaron de las amnistías son líderes sociales, defensores de la naturaleza y de los Derechos Humanos acusados de delitos como ataque o resistencia, robo o terrorismo.

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Entre las personas beneficiadas de la amnistía están los judicializados por el paro de octubre de 2019, en el que el movimiento indígena y otros movimientos sociales protestaron en contra de la eliminación del subsidio a los combustibles; y las protestas en contra de la minería en Buenos Aires, Imbabura. También están incluidos los defensores de territorio del caso Nankints, en el que una comunidad shuar fue desplazada para instalar un campamento minero. 

Las personas amnistiadas

La lista inicial de pedidos de amnistías que recibió la Asamblea Nacional tenía el nombre de 370 defensores de los derechos humanos y de la naturaleza que supuestamente habrían sido criminalizados injustamente. Sin embargo, el pleno legislativo solo aprobó las solicitudes de 268 personas. 

Esta es la distribución de las amnistías concedidas; se dividen en cuatro grupos:

  • 60 personas pertenecen al caso “judicializados por ejercer el derecho a la resistencia y protesta social – octubre 2019”
  • 153 personas pertenecen a casos de “defensores de los territorios comunitarios”
  • 12 personas pertenecen a casos de “administración de justicia indígena”
  • 43 personas pertenecen a casos de “defensores de la naturaleza”

Entre la lista de los beneficiados por la amnistía están:

  •  Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie)
  • Gabriela Fraga, defensora antiminera y lideresa en Buenos Aires, Imbabura
  • Nancy Simba, dirigente social y defensora comunitaria
  • Javier Ramírez, líder campesino de Íntag
  • Paola Pabón, prefecta de  la provincia de Pichincha, 
  • Virgilio Hernández, ex asambleísta del ala correísta —tras la ruptura de Alianza País

Un proceso que no benefició a todos

El 21 de enero de 2022, la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad de la Asamblea Nacional recibió a expertos, activistas y líderes sociales quienes explicaron por qué eran necesarias las amnistías. 

La abogada especialista en Derechos Humanos, Vivian Idrovo, le explicó a GK que los pedidos que estaban siendo tramitados en enero de 2022 criminalizaban a ciudadanos que defendieron sus derechos en diversos contextos en los últimos 10 años, como el paro nacional de octubre de 2019

Victor Guaillas fue una de las personas detenidas por esas protestas, y fue procesado por el delito de sabotaje en 2019. Cumplía una condena de cinco años cuando fue víctima de la masacre carcelaria del 12 y 13 de noviembre de 2021, en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil.

“Este fue un caso que se mencionó varias veces en la Asamblea [en la sesión de ayer], y por los que se pidió amnistía”, dice la abogada Idrovo. Guaillas —defensor del agua y de los territorios indígenas— está en la lista de los 268 ciudadanos que recibieron amnistía. Sobre este caso para el que la amnistía llegó demasiado tarde, Idrovo dice que “es el símbolo del uso del Derecho Penal por parte del Estado para criminalizar personas defensoras”.

¿Qué es la amnistía?

Una amnistía es un recurso que involucra un perdón de penas que debe ser decretado por el Estado en casos excepcionales. Puede ser concedida solamente por la Asamblea Nacional y, para que se apruebe, se necesitan votos favorables de las dos terceras partes de quienes integran el pleno legislativo.

La Constitución dice que no se pueden conceder amnistías a las personas que hayan cometido:

  • Delitos contra la administración pública: peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, ruptura de sellos, tráfico de influencias, testaferrismo, entre otros. 
  • Genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro, homicidio.
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Koryna Herrera
Periodista colaboradora de GK. Cubre temas de medioambiente.

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