La Asamblea está “haciendo todo lo necesario para llegar al hartazgo de la población”, dijo el Presidente, Guillermo Lasso, en relación a las 268 amnistías que fueron otorgadas por la Asamblea, la semana pasada. 

En el espacio gubernamental de hoy, 15 de marzo desde Carondelet, con los periodistas Stephan Küffner y Jorge Escobar, Lasso habló sobre otras decisiones recientes del Legislativo como la aprobación de más de 260 amnistías a defensores de la naturaleza, líderes sociales y otros acusados de delitos como ataque o resistencia, robo, terrorismo o rebeldía. Entre los que recibieron la amnistía están personas que fueron procesadas por el paro de octubre de 2019, lo que generó rechazo de varias organizaciones y autoridades, incluyendo a Lasso. 

Por eso, dijo, la muerte cruzada “no es ningún fantasma es una disposición constitucional”, dijo Lasso. Según la ley, si se aplica, el Presidente puede decidir hacer una anulación institucional mutua entre dos funciones del Estado: el ejecutivo y el legislativo. Esto le facultaría al presidente, disolver la Asamblea Nacional, convocar a nuevas elecciones y mientras tanto, gobernar, con decretos, por un período de seis meses, tras el cual se elegirían nuevos legisladores y presidente.  Lasso dijo que se podría optar por esta posibilidad si ve que la Asamblea toma decisiones como la de hacer “amnistías masivas” en vez de hacer un informe en el que se clasifiquen los delitos. Lasso dijo que entre los beneficiados de las amnistías hay personas que “se lo merecen” y otros que no.

¿Qué pasa con las amnistías? 

En la madrugada del 10 de marzo, 99 asambleístas votaron a favor de conceder 268 amnistías a ciudadanos que “fueron judicializados por ejercer el derecho propio y derechos colectivos reconocidos en la Constitución e instrumentos internacionales”.

Se necesitaban al menos 92 votos a favor para que aprobaran las solicitudes que la Comisión de Garantías Constitucionales presentó en un informe a finales de enero de 2022. Entre las personas beneficiadas de la amnistía están los judicializados por el paro de octubre de 2019, en el que el movimiento indígena liderado, entre otros, por Leonidas Iza, actual presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Durante dos semanas, las organizaciones indígenas y otros movimientos sociales protestaron en contra de la eliminación del subsidio a los combustibles; y las protestas en contra de la minería en Buenos Aires, Imbabura.

También se concedieron amnistías a los defensores del territorio de Nankints. Este es el caso de una comunidad shuar que fue desplazada para instalar un campamento minero. En la lista de amnistiados también están Virgilio Hernández, exasambleísta correista y actual parlamentario andino y  Paola Pabón, prefecta de Pichincha, procesados por el delito de rebelión por las protestas de octubre de 2019. 

¿Qué es la muerte cruzada? 

La muerte cruzada es el nombre coloquial a la institución jurídica de anulación institucional mutua entre dos funciones del Estado: el ejecutivo y el legislativo. 

Fue introducida en el Ecuador en la Constitución de 2008, liderada por Rafael Correa. Fue conceptualizada como una “herramienta jurídica que obligue a una relación de colaboración y complementariedad obligatoria entre el Ejecutivo y Legislativo”, dice Mónica Banegas en su tesis de maestría en derecho constitucional, La muerte cruza en el nuevo texto constitucional relaciones ejecutivo-legislativo.  “La muerte cruzada es una figura constitucional y no por ello es democrática”, dijo a GK, Mauricio Alarcón, abogado constitucionalista.

Alarcón explica que esta figura la pueden usar tanto el presidente como la Asamblea Nacional. Además, una vez que se pone en movimiento, se debe convocar a elecciones de ambas funciones, por eso se llama muerte cruzada. 

Si la Asamblea destituye al presidente, el ejecutivo queda a cargo del vicepresidente hasta que se den nuevas elecciones. “Es como una especie de juicio político pero sin mayores consecuencias, ya que el presidente cesado puede volver a lanzarse para presidente”, explica Alarcón. En un juicio político, en cambio, el funcionario que es censurado y destituido  pierde sus derechos políticos y no podría volver a correr. 

Si el presidente disuelve la Asamblea Nacional “mata” al poder legislativo y asume poderes legislativos. Esta situación, a decir de Alarcón, es problemática pues “no habría independencia de funciones”.

¿Qué dijo Lasso sobre la aprobación del informe sobre la reforma a la LOEI? 

“No podemos aceptar esta populista, irresponsable propuesta de los asambleístas”, dijo Lasso, en referencia a la aprobación del informe de la Asamblea Nacional para el aumento de salarios a los docentes del sector público. Según el presidente, la Asamblea aprobó el informe para viabilizar la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), que aumentaría los sueldos a los maestros. Esto, según el presidente, sin considerar el  financiamiento de este incremento pues a la par, los legisladores quieren eliminar impuestos, “eso en ningún lugar del mundo es aceptable y es racional”, dijo el presidente. Y enfatizó que su gobierno no lo va permitir. 

En agosto de 2021, la Corte Constitucional decidió suspender la aplicación de la reforma de la Ley Orgánica de Educación Intercultural  hasta que se establecieran los mecanismos de financiamiento a través de un informe que debía elaborar la Asamblea Nacional, para el aumento de salarios a profesores del Magisterio Nacional con un informe actuarial. 

La tarde del domingo, 13 de marzo, la Asamblea aprobó el informe actuarial elaborado por la Comisión de Educación, en el que se define que los fondos para cubrir el alza salarial de los maestros vendrán de:

• Los ingresos que recibe el Estado por la venta del petróleo.
• Los ingresos que recauda el Estado por la reforma tributaria, que fue aprobada por el ministerio de la ley en noviembre del año pasado y que ya entró en vigencia en 2022.