En 2021 continuó la montaña rusa de la reactivación económica en Ecuador. A las incertidumbres de la pandemia del coronavirus que causó la peor crisis económica en el mundo, se le sumó un cambio de gobierno a mediados de año y la aparición de múltiples variantes del virus, que puso en riesgo en muchas ocasiones a la frágil recuperación económica que el país y el mundo estaban teniendo. 

Guillermo Lasso comenzó su presidencia con un boom. El 12 de abril de 2021, menos de 12 horas después de su elección y antes de que los resultados oficiales fuesen proclamados, el precio de los bonos ecuatorianos que vencen en 2030 subió un 18% y el riesgo país bajó por primera vez en este año del umbral de los mil puntos. 

Además, a principios de agosto, el rendimiento de los bonos ecuatorianos superó el de cualquier otro Estado del mundo, y el riesgo país no ha vuelto a superar los mil puntos en los siete meses de gobierno de Lasso. Estas mejoras a nivel macro son cuestionadas por los detractores del gobierno como realidades intangibles para la mayoría de los ecuatorianos.

Lo cierto es que ese impulso positivo de la economía ha disminuido en los últimos meses. La economista Mónica Rojas, decana del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, dice que hubo un cambio importante después de la transición del gobierno porque había una percepción de mayor confianza y estabilidad. Sin embargo, en los meses siguientes “se desinfló ese entusiasmo porque no veíamos que se iban a realizar reformas más profundas que podrían generar cambios importantes”, dice Rojas. Pese a eso, las proyecciones actuales son mejores que las del año pasado.

El 2020, la economía ecuatoriana decreció en un 7,8%. Este año el escenario fue más optimista. A finales de noviembre de 2021, el Banco Central del Ecuador (BCE) dijo que para finales de este año la economía del país crecería en un 3,5%. Son mejores perspectivas de las que la institución presentó en mayo de este año cuando dijo que el crecimiento sería del 2,8%. En 2021 también crecieron las reservas internacionales del Banco Central a 8.130 millones, una cifra récord después de que en 2020 cayeron a poco más de 1.900. 

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La vacunación contra el covid-19 ha sido clave para el cambio en esas proyecciones, según el BCE. En mayo de 2021, cuando Lenín Moreno le entregó la presidencia a Lasso, 1,5 millones de ecuatorianos tenían una sola dosis de una vacuna contra el covid-19 –pero solo un tercio de esos tenía las dos dosis. 

Según Lasso, la vacunación era el plan económico más importante de su gobierno. Cuando se cumplieron sus primeros 100 días como Presidente —el plazo que se autoimpuso Lasso para cumplir la meta de inmunizar al 50% del país— más de 9,9 millones tenían al menos una dosis de una de las vacunas contra el covid-19. De esas, 8,3 millones tenían el esquema de vacunación completo. 

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Hoy, casi siete meses desde que Lasso está en el cargo, más del 64% de la población ya está vacunada y se están aplicando dosis de refuerzo. El analista económico Víctor Hugo Albán dice que el hecho de que la mayoría de la población esté inmunizada contra el covid-19 ha permitido que los consumidores gasten más y que, poco a poco, ciertos sectores se vayan recuperando del impacto financiero que tuvieron en 2020. 

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En otras áreas, las mejoras todavía son mínimas. Una de ellas es el empleo. El Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) dice que hasta octubre de 2021 —las cifras más recientes que tiene disponibles la institución— el 32% de la población ecuatoriana económicamente activa tenía un empleo pleno. Es decir, ganaban más del salario básico y trabajaban igual o más de 40 horas a la semana. Aunque hay un incremento del 0,7% en relación a junio de este año (cuando era 31,3%), ese 32% es el mismo porcentaje que en enero de 2021.

Las cifras no son iguales para todos. Solimar Herrera, abogada en derecho laboral, dice que las mujeres han sido más impactadas por la falta de oportunidades laborales. Solo el 23,8% de las ecuatorianas tienen un empleo pleno, en comparación con el 37,8% de los hombres del país. Además, la recuperación para ellas ha sido más lenta. En el último año, el empleo pleno para los hombres ha subido en un 5,5%. Mientras que para las mujeres, apenas un 1,4%. 

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En el último año, el desempleo se ha reducido: pasó de 5,3% en enero a 4,6% en octubre, pero todavía no se han alcanzado cifras como las de 2018 y 2019. En esos dos últimos años antes de la pandemia la tasa de desempleo en el país estaba por debajo del 4%. La economista Mónica Rojas dice que ese es el problema de fondo: si no se logra corregir el desempleo y darle mayor dinamismo a la economía, es difícil que haya recuperación.

Una cifra que apenas ha cambiado en el último año es el empleo informal que pasó de 51 a 52,2% entre enero y octubre de este año. Es decir, que en Ecuador más de la mitad de la población tiene un empleo que aunque es remunerado, no está registrado, regulado ni protegido por la ley. Solimar Herrera dice que hay ciertos grupos como los migrantes que son más propensos a acceder a un trabajo informal por sus condiciones de vulnerabilidad. Herrera dice que se necesitan políticas específicas para atenderlos y mejorar las condiciones laborales del país. Eso, dice, es un paso que no se ha dado en este año.  

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El 24 de septiembre de 2021, después de citar las preocupantes cifras de empleo y desempleo del país, el presidente Lasso dijo que el país necesitaba “un gran cambio, una movilización nacional para crear oportunidades”. Por eso presentó el proyecto de ley Creando oportunidades, desarrollo económico y sostenibilidad fiscal a la Asamblea. La llamada “mega ley” hacía reformas tributarias, laborales y al sector de las inversiones para incrementar el empleo. Sin embargo, ni se llegó a discutir en la Asamblea.

El Consejo de la Administración Legislativa (CAL) no lo calificó a trámite porque no cumplía con el principio de unidad de materia, que ordena que el contenido de la ley debe ser sobre un mismo tema, a menos que haya un hilo conductor entre las distintas áreas. Ese fue uno de los primeros indicadores de una tensa relación entre el gobierno y la Asamblea Nacional que ha continuado empañando la discusión de otras leyes de suma importancia para el país. 

Después de que el proyecto no fue calificado por el CAL, el gobierno decidió dividirlo en tres partes: tributaria, laboral y de inversiones. Primero envió la tributaria, que llegó a la Asamblea en octubre de 2021 como un proyecto económico urgente que debía ser aprobado o negado en 30 días. 

En el segundo debate —en el que debían tomar la decisión final— el pleno no tomó ninguna decisión y el proyecto de ley entró en vigencia por el ministerio de la ley tal y como la envió el gobierno. La ley aprobada, entre otras cosas, impone contribuciones especiales a quienes más ganan, hace cambios al régimen para los microempresarios y elimina impuestos para ciertos bienes y servicios.

Por sí sola, la ley no resolverá los problemas de empleo que tiene el país. La economista Rojas dice que las reformas tributarias, laborales y de inversiones “son complementarias”. El gobierno ha sido enfático en que planea enviar los otros dos proyectos pendientes a la Asamblea. Sin embargo, la forma en la que la reforma tributaria fue aprobada, ha puesto en duda la posibilidad de que otras iniciativas del gobierno sean aprobadas en el legislativo. 

Esa idea se reforzó cuando la proforma presupuestaria de 2022 entró en vigencia sin incluir las observaciones de la Asamblea, pese a que el pleno se ratificó en ellas. “Eso hace que la postura del gobierno dentro de la Asamblea sea muy débil”, dice Rojas. Ella afirma que esa debilidad se sabía desde siempre porque CREO, el partido del presidente Lasso, no tiene mayoría parlamentaria. Sin embargo, los acuerdos fallidos entre bancadas y los impases recientes han puesto en duda la posibilidad de que se aprueben las leyes que están pendientes. 

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Aunque el cambio de gobierno marcó una transformación en ciertos aspectos, en otros fue una continuación de las decisiones que se habían tomado antes. Por ejemplo, el gobierno de Guillermo Lasso continuó trabajando con el Fondo Monetario Internacional (FMI), un proceso que fue comenzado por su antecesor Lenín Moreno. 

En septiembre de 2021, Ecuador llegó a un nuevo acuerdo con el Fondo con el que recibirá 1.500 millones de dólares en 2021 y otros mil millones en 2022. A cambio, el país debe cumplir ciertas recomendaciones como mejorar la sostenibilidad fiscal con una reforma tributaria, reducir el gasto y estimular las inversiones. 

Para cumplir con este último objetivo, el gobierno ha organizado eventos para fomentar la inversión extranjera como Ecuador Open for Business que se hizo en noviembre pasado para incentivar inversiones y alianzas público privadas. Según el gobierno, en ese evento se presentó una carpeta con proyectos de inversión por un total de 30.000 millones de dólares. La forma en que ese dinero termine convertido en mejores condiciones de vida y prosperidad para los más de 17 millones de ecuatorianos está aún por verse; pero sacar conclusiones sobre ese aspecto es aún prematuro. 

Otra iniciativa de Moreno que ha sido continuada por Lasso es lograr tratados de libre comercio en la región. Ese es un requerimiento para poder pertenecer a la Alianza del Pacífico, una iniciativa económica y de desarrollo entre cuatro países de América Latina: Chile, Colombia, México y Perú. Si Ecuador se une, accedería a un mercado gigante: la Alianza del Pacífico representa más del 40% del Producto Interno Bruto (PIB) de la región.

En septiembre, Lasso viajó a México para avanzar con las negociaciones de un posible tratado de libre comercio con ese país. Todavía no se ha logrado un compromiso oficial, pero según Lasso, Ecuador podría ser parte de la Alianza del Pacífico en el primer trimestre de 2022. 

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El Banco Central estima que la economía de Ecuador crecerá un 2,54% en 2022. El presidente Guillermo Lasso tiene una visión más optimista: en una entrevista el 8 de diciembre dijo que el incremento sería del 3,2%. Esta cifra es más cercana a la que dio el FMI en octubre cuando dijo que el crecimiento podría ser del 3,5%. Sin embargo, la recuperación tiene una amenaza latente: la posibilidad de otro confinamiento como el de 2020 por un rebrote del covid-19. 

Esa posibilidad parecía mayor con la aparición de la variante Ómicron —que según información preliminar es más transmisible que cualquier otra mutación del virus hasta el momento, aunque análisis recientes parecen indicar que la infección que causa es menos severa. Poco más de un mes después de que apareció, Ómicron ha obligado a varios países —incluyendo a Ecuador— a poner medidas restrictivas para impedir la entrada y la expansión del virus. 

Por eso son muy necesarias las dosis de refuerzo de vacunas contra el coronavirus y que se mantengan las medidas de bioseguridad. El economista Víctor Hugo Albán dice que le preocupan los incidentes violentos y las aglomeraciones de las fiestas de Quito y que las familias se relajen en las fiestas de Navidad y Año Nuevo y que eso aumente los casos otra vez. “Un rebrote sería fatal para la economía ecuatoriana”, explica Albán: causaría, otra vez, la quiebra de decenas de empresas y que se pierdan miles de empleos —tal como en 2020. 

Algunos de los planes del gobierno de Lasso para 2022 son “impulsar el crecimiento económico con base en la inversión extranjera” y vender el Banco del Pacífico para financiar programas sociales. Esta decisión ha sido cuestionada por sus detractores —curiosamente, los mismos que la apoyaban cuando la venta fue propuesta por el gobierno de Rafael Correa. 

En ese entonces, argumentan, la necesidad nacía de la falta de liquidez de ese momento; ahora, sostienen, no hay necesidad porque la reforma tributaria va a generar 1.900 millones de dólares en impuestos y hay 8 mil millones en reservas internacionales. Sin embargo, el detalle que no apuntan es que el déficit del presupuesto general del Estado es de más de 3,8 mil millones de dólares solo para 2022. 

Incluso si se alcanzan las proyecciones más optimistas, todavía hay un largo camino por recorrer. El Banco Central dice que la economía debe crecer al menos 4% anual en los próximos cinco años para lograr alcanzar niveles previos a la pandemia del covid-19 —y en ese entonces el escenario tampoco era prometedor. 

Hoy, 13 de diciembre, se espera un anuncio importante sobre el aumento del salario básico. El gobierno lo ha promocionado desde el viernes, lo que hace suponer que el incremento será significativo. La estela que esa decisión traiga, está aún por verse. Y es solo una pata de la endeble mesa económica de un país quebrado por el gasto excesivo, el alto endeudamiento y los factores globales externos. 

Susana Roa Chejín
(Ecuador, 1997) Periodista lojana y jefa de la redacción de GK. Cubre economía, sexualidad y derechos. Le interesan los temas de empleo, educación financiera y salud sexual y reproductiva.

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