El periodista Patricio Aguilar fue asesinado el 4 de marzo de 2025. Recibió 30 balazos en Quinindé, en la provincia costera de Esmeraldas. Aguilar era director del periódico comunitario El Libertador de Esmeraldas. Lo mataron mientras estaba de cobertura en el barrio de Fundo Limón. El reportero también fue corresponsal de dos medios impresos de Guayaquil. Un día antes de ser asesinado, Aguilar había denunciado por redes sociales balaceras en Quinindé, el lugar del crimen.
No ha sido el único en los últimos años. En 2022 tres periodistas fueron asesinados, según Fundamedios, organización dedicada a defender la libertad de prensa en el Ecuador.
El asesinato es la expresión más grande de la violencia que sufren los periodistas en el Ecuador, pero no es la única. Entre 2023 y 2025 al menos 15 reporteros salieron del país o de su ciudad de origen para precautelar su vida.
Todos lo hicieron por amenazas que recibieron por su trabajo periodístico.
Te explicamos la crítica situación de periodistas en Ecuador.
El impacto del crimen organizado en la seguridad de los periodistas
Hasta hace pocos años, este tipo de violencia —asesinatos y amenazas de muerte— contra periodistas no era un tema recurrente en el país. El secuestro y asesinato de los tres colaboradores del diario El Comercio, en 2018, significó un antes y un después. Desde ese atroz crimen, Ecuador se sumó a la lista de países donde la vida de los reporteros corre peligro.
El hecho escandalizó al país. En Ecuador aún no se llevaban cuentas de periodistas secuestrados o asesinados porque a diferencia de otros países que habían sido permeados por el crimen organizado y el narcotráfico, como Colombia y México, estas noticias no eran comunes.
El problema con la seguridad de los periodistas en Ecuador se hizo más visible después del asesinato de Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra — los tres colaboradores del diario El Comercio.
Este caso, que marcó un precedente, fue motivo de marchas y movilizaciones. Siete años después, la investigación no ha continuado y el caso sigue en la impunidad.
En mayo de 2024, el gobierno del presidente Daniel Noboa, obedeciendo una orden de la Corte Constitucional, entregó documentación antes reservada a los parientes de los periodistas asesinados. Pero los familiares denunciaron que el expediente tenía “mutilaciones” e “inconsistencias”.
Los gobiernos anteriores, el de Lenín Moreno —en el que ocurrió el secuestro y asesinato— y el de Guillermo Lasso, mantuvieron la información bajo reserva. Lo que ha sentado un pésimo precedente para la justicia en los casos de agresión contra periodistas.
Después del caso de los periodistas de El Comercio, entre 2019 y 2021 no hubo más asesinatos de reporteros como represalia a su trabajo. La situación cambió en 2022. Este año fue el más mortífero en décadas para los periodistas de la región, con México y Haití liderando la lista. Según The Reuters Institute for the Study of Journalism, el sitio más mortífero para los periodistas no es una zona de guerra sino América Latina.
La Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas (MAAP) reportó que los asesinatos en 2022 y la mayoría de amenazas en 2023 fueron producto del crimen organizado. La MAAP es una coalición de medios y organizaciones sociales, de la que GK es parte, que se creó para asistir a los periodistas cuya vida y libertad corren riesgo, producto de su trabajo.
Este contexto de riesgo para los periodistas se da en los años más violentos del país. La tasa de muertes violentas en 2023 fue la más alta de la historia: cerró con 44,9 por cada 100 mil habitantes. En 2023 Ecuador fue incluido en el top 10 de los países con mayor criminalidad del mundo. El 2024 fue el segundo más violento en la historia de Ecuador, con un homicidio intencionado cada 75 minutos.
Este contexto de violencia en el que los periodistas son amenazados de muerte o asesinados, amenaza a la libertad de prensa en el país.
Un ejemplo concreto de este impacto ocurrió en octubre de 2023, cuando un grupo de periodistas que, como parte de su trabajo, realizaba transmisiones en vivo en la ciudad costera de Manta, recibió amenazas a través de un panfleto firmado en nombre de un grupo de delincuencia organizada.
El panfleto decía que tenían a los comunicadores perfectamente identificados. “Quedan advertidos, no se metan con la mafia”, decía la hoja que tiene dibujadas balas en los costados.
La amenaza de muerte, direccionada especialmente a los reporteros cubriendo temas de inseguridad y violencia, causó tanto miedo que cerca de 14 medios dejaron de reportar este tema.
Los periodistas asesinados en 2022
En 2022, en Ecuador fueron asesinados tres periodistas. El primero fue el reportero manabita Kelvin Mike Cabrera, asesinado el 24 de julio de 2022 en Portoviejo, capital de la provincia costera de Manabí. Recibió seis disparos mientras estaba con su pareja y amigos. El comunicador fundó el canal Nexo Digital donde hacía transmisiones en vivo a diario. En ellas presentaba las noticias del cantón y de la provincia.
El 10 de agosto de 2022, Gerardo Delgado, periodista y precandidato a concejal de la ciudad costera de Manta por Revolución Ciudadana, fue asesinado en la vía Manta-Montecristi mientras conducía. Fue baleado frente a su hija. Delgado fundó el medio de comunicación digital Ola Manta TV. Ahí realizaba coberturas sobre la violencia en la ciudad, la falta de acceso a servicios básicos y las quejas ciudadanas.
En diciembre de 2023, como parte de la investigación del caso Metástasis, la Fiscalía reveló chats del narcotraficante Leandro Norero en los que hablaba sobre asesinar al periodista Patricio Anchundia, por videos que el reportero tenía en su posesión. Pero, por equivocación, habrían asesinado a Delgado.
Henry Vivanco Castro fue encontrado sin vida en su casa el 13 de noviembre de 2022. Vivía en Huaquillas, provincia de El Oro, en la frontera con Perú. El hermano del periodista dijo que su hermano presentaba signos de tortura. Vivanco era miembro de la Federación Nacional de Periodistas (Fenape). Fue jurado en el reinado del cantón El Guabo de 2022, evento al que denunció por fraude.
Los periodistas exiliados entre 2023 y 2025
Solo en 2023 nueve periodistas tuvieron que salir del país o de su ciudad de origen, por amenazas en su contra.
La primera en dejar el país fue Karol Noroña, quien trabajaba para GK. El 24 de marzo de 2023, Noroña tuvo acceso a información de que atentarían contra su vida. En el último año y medio, la reportera se había dedicado a cubrir la crisis carcelaria en el país. Entre 2021 y 2025, más de 500 personas han sido asesinadas dentro de las cárceles del país.
En abril de 2023, la Fundación Periodistas Sin Cadenas reportó un segundo caso de un periodista cuya identidad no fue revelada. El reportero tuvo que salir del país después de ocho meses de amenazas en su contra. El periodista había denunciado las amenazas en la Fiscalía, pero no recibió atención eficiente. Su denuncia quedó registrada como “intimidación” y no como “amenaza de muerte”.
En junio de 2023, la periodista y presentadora de noticias de Majestad Televisión, Lissette Ormaza, fue víctima de un atentado dentro de un accidente de tránsito. También había recibido amenazas relacionadas con su trabajo periodístico. Tuvo que dejar la ciudad donde trabajaba para precautelar su vida.
Un mes después, en julio de 2023, Mónica Velásquez y Andersson Boscán, dueños del portal La Posta, salieron de Ecuador, después de recibir amenazas contra su vida, y la de sus hijas.
En septiembre, un periodista de la Amazonía cuyo nombre se mantiene anónimo, dejó el país después de ser víctima de varios hechos delincuenciales, y una amenaza de muerte. El periodista le contó al equipo de la Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas que en julio un encapuchado armado se le acercó por la espalda y le exigió con amenazas que le entregara su computador y un disco duro.
Esta no era la primera intimidación que recibía por su trabajo. Según la alerta de Fundamedios, el periodista denunció el ataque inmediatamente en una Unidad de Policía Comunitaria. Ahí le pidieron dar referencias físicas del agresor. Al final, ese parte policial no se levantó, y la denuncia en la Fiscalía tampoco prosperó porque “de forma ilegal, le habrían pedido al periodista proveer los nombres y apellidos del atacante que, evidentemente, desconocía”, dice el reporte de Fundamedios.
En octubre de 2023, un periodista (cuya identidad tampoco fue revelada por seguridad) fue reubicado en otra ciudad luego de que él y su familia recibieron amenazas contra su vida. El periodista habría recibido amenazas por parte de un grupo de delincuencia organizada, que lo acusaba de cubrir únicamente los delitos cometidos por ese grupo y no los de otras bandas.
El mismo mes de octubre dos periodistas, fundadores de una radio en la Amazonía, tuvieron que ser reubicados después de recibir amenazas directas. Les dijeron, entre otras cosas, que estaban en una lista de personas que debían ser “silenciadas”.
Como parte de la revelación de los chats del narcotraficante Leandro Norero, dentro del caso Metástasis, la Fiscalía encontró conversaciones en las que el prófugo de la justicia por presunta participación en una red de corrupción, Xavier Jordán, le pedía a Norero que atentara en contra de periodistas que escribían notas en su contra.
🚨#SosPeriodismo I Conversaciones reveladas por la @FiscaliaEcuador dentro del #CasoMetástasis, mantenidas entre Xavier Jordán y el narcotraficante Leandro Norero, hablan de manera explícita de atentados en contra de periodistas.
— Fundación Periodistas Sin Cadenas (@SinCadenasECU) December 21, 2023
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El 27 de diciembre de 2023, un periodista de una provincia costera del país, cuyo nombre es anónimo por seguridad, sufrió un atentado. Su carro fue vandalizado con una sustancia tóxica afuera de una institución pública. El periodista llevaba meses denunciando irregularidades en contratos que el Municipio adjudicaba a último momento. Ocho días después de su publicación, recibió en su casa cartas amenazantes que decían: “o te callas o te mueres”.
El periodista había denunciado sobre una primera amenaza hace seis meses. Sin embargo, la Fiscalía del cantón no hizo nada. Las amenazas se fueron agravando y el periodista tuvo que ser reubicado. Este fue el primer periodista exiliado en 2024.
El 19 de enero de 2024, la MAPP reportó un segundo caso de una periodista autoexiliada. Katherine Heredia hacía investigaciones sobre el Municipio de Quito y la Prefectura de Pichincha. El primer incidente ocurrió en agosto del año 2023, cuando ella fue seguida por una persona.
Nueve días después, una persona en la calle que al principio ella creyó que era un indigente, le pidió una moneda, pero después la amenazó: “ya sabes lo que les pasa a los sapos por andarse metiendo donde no deben”. La amenaza fue después de publicar su reportaje sobre el intercambio de votos por obras públicas prometidas por la prefecta de Pichincha, Paola Pabón.
Las amenazas se intensificaron, e incluso, dijo Heredia, fue apuntada con una pistola mientras conducía. El 24 de agosto de 2023, la casa de sus padres fue vandalizada e incluso intentaron entrar. El 3 de octubre de 2023, en el parabrisas del carro de sus padres que estaba parqueado en su casa, dejaron un sobre con su copia de cédula y una nota en la que le amenazaban de muerte de forma violenta. La nota fue firmada por un grupo de delincuencia organizada. Ella presentó una denuncia en la Fiscalía.
El 25 de enero de 2024 se supo del exilio de la comunicadora y activista Elsa Bejarano, quien trabajaba en la Alianza por los Derechos Humanos y ha sido parte de varios colectivos como ‘Quito sin minería’. Seis meses antes, Bejarano recibió un mensaje que decía: “¿Si en lugar de minerales bajo tierra, la dejamos a usted?”. Denunció la amenaza en la Fiscalía. Desde diciembre de 2023, las llamadas y acoso se intensificaron: recibió llamadas de números desconocidos y el guardia de su condominio le comentó que una persona preguntaba por ella, pero, al notar que no estaba, se fue y no dejó registro. Eso sucedió al menos dos veces. A finales de diciembre de 2023, decidió salir del país por el alto peligro que corría su vida.
El 26 de abril, la MAPP reportó el cuarto exilio del año. El nombre del periodista, que cubría temas de coyuntura y crónica roja de su ciudad, es reservado. Unos días antes, el reportero había publicado “contenido de interés local” y recibió una llamada en la que lo amenazaron de muerte.
El 21 de mayo de 2024, se supo que el periodista José Luis Calderón, de TC Televisión, decidió exiliarse luego de que el ataque terrorista del 9 de enero al canal, afectara gravemente su salud mental. En el ataque que fue transmitido en vivo, Calderón intentó hablar con los delincuentes y mediar la situación mientras lo apuntaban con una escopeta en el cuello y le ponían dinamita en su chaqueta.
Más de una semana después del ataque, las cámaras de vigilancia del conjunto en el que vivía captó a dos hombres que le entregaron un arma de fuego al guardia de seguridad. Al día siguiente, despidieron al guardia de seguridad. El periodista no pudo volver a TC porque no se sentía seguro. Además, fue diagnosticado con estrés postraumático.
El 4 de noviembre de 2024, la MAPP activó un protocolo para la urgente reubicación fuera del país del periodista Jorge Navarrete, para precautelar su vida e integridad. El 22 de octubre de ese año, Navarrete publicó un reportaje sobre plantaciones de coca supuestamente en la frontera norte de Ecuador, en las que aparecen niños cooptados para el trabajo de cosecha.
Inmediatamente después de la publicación, recibió una amenaza de muerte con la exigencia de que eliminara la publicación. Una semana después recibió una nueva advertencia. El 2 de noviembre recibió una tercera amenaza de muerte y una alerta que le exigía salir de la ciudad donde reside.
Otras amenazas a periodistas entre 2023 y 2024
Hay reporteros que también recibieron amenazas pero no se exiliaron.
El 24 de noviembre de 2023 , un periodista de una provincia costera, cuyo nombre es reservado por seguridad, fue amenazado de muerte a través de mensajes de texto. Le dijeron “sapo” y le advirtieron que si continuaba publicando información sería asesinado. Incluso lo amenazaron con poner una granada en su casa.
El periodista intentó denunciar estas amenazas tres veces ante la Fiscalía General pero no pudo ser atendido porque no había luz. Finalmente este 30 de noviembre puso la denuncia.
El 12 de enero de 2024, un periodista de radio Integración, cuyo nombre también es mantenido en reserva por seguridad, fue obligado a leer un panfleto amenazante que tenía un mensaje de grupos criminales dirigido a jueces, gerentes de cooperativas, un banco nacional y la Corte Suprema (aunque no es un organismo que existe en Ecuador) de la ciudad de Tulcán, en la provincia fronteriza de Carchi.
El presentador leyó todo el panfleto. Le exigieron que la información fuera transmitida de manera urgente. El texto contenía nombres de diferentes autoridades quienes, estarían “sentenciados”.
El 6 de abril de 2024, cuatro balas fueron arrojadas hacia el piso del garaje de la casa del periodista Jaber Bravo, presentador del noticiero El Estelar en el canal de televisión JipiTV. Dos días antes, en el noticiero, criticó al Municipio de Jipijapa porque el parque del cantón no tenía iluminación, y también dijo que una persona se había caído en un socavón, y que“el Municipio se preocupa de otros menesteres”. Por esta amenaza decidió dejar de investigar para cuidar su vida y a su familia.
En agosto de 2024, Jonathan Quezada fue condenado a 15 días de cárcel por supuestamente haber afectado la honra del juez Hernán Cherres. Dos días después de que la sentencia fuera ratificada, recibió graves amenazas en contra de su vida apenas. Quezada investigaba malos manejos en la justicia de la provincia de Bolívar y de su ciudad, Guaranda.
La situación de periodistas en Ecuador, en cifras
El 5 de marzo de 2025, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión publicó un comunicado sobre la situación de violencia y riesgos a la seguridad de los periodistas en Ecuador, provocada principalmente por grupos del crimen organizado.
#Ecuador RELE condena el asesinato, que personas desconocidas causaron al periodista Patricio Aguilar, el #4MAR en Esmeraldas. Urge a autoridades a continuar investigaciones, considerando su oficio como posible móvil del crimen, así como a sancionar y juzgar a los responsables. pic.twitter.com/80CZhiRmg0
— Relatoría Especial p/la Libertad Expresión (CIDH) (@RELE_CIDH) March 5, 2025
Según el comunicado, las organizaciones criminales han atacado de múltiples formas a los periodistas, medios y trabajadores de la comunicación entre 2023 y 2024. La Relatoría documentó amenazas, ataques en redes sociales, agresiones físicas y verbales, y atentados.
Según el Consejo de Comunicación de Ecuador, durante 2024 recibieron 131 alertas de agresiones y registraron el exilio de al menos 15 periodistas entre 2023 y 2024. En su comunicado, la RELE también dice que las organizaciones y reporteros señalan que al menos 25 periodistas estarían siendo objeto de seguimiento.
En el registro de la Fundación Periodistas Sin Cadenas hay 19 exilios de periodistas entre el 2023 y el 2025. En 2024, la misma Fundación reportó 229 agresiones contra periodistas en Ecuador. Y, solo en enero de 2025, reportaron 10 agresiones contra periodistas.
El Estado ecuatoriano no protege a los periodistas
En noviembre de 2022, la Asamblea Nacional aprobó la nueva Ley de Comunicación, después de que el entonces presidente, Guillermo Lasso, derogará la anterior. La polémica ley anterior, expedida en 2013 durante el gobierno de Rafael Correa, fue catalogada por organismos internacionales de libertad de expresión como restrictiva, y se la conocía como la Ley Mordaza.
Para que la ley reformada de 2022 pudiera ser aplicada, debía tener un reglamento que estableciera su funcionamiento. Este reglamento debía estar listo en mayo de 2023, pero finalmente se publicó en agosto de 2023.
En este reglamento, que regula los medios de comunicación del país, se describe el mecanismo de prevención y protección de periodistas. El director ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, le dijo a GK en septiembre de 2023, que esto “implica que el Estado asume su responsabilidad en la protección del trabajo periodístico”.
El reglamento también obliga a que se conforme un Consejo de Desarrollo y Promoción de Comunicación, que debería estar a cargo del mecanismo de prevención y protección a periodistas. El Mecanismo está conformado por:
- Fiscalía General del Estado
- Ministerio de Defensa Nacional
- Ministerio del Interior
- Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
- Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos
- Secretaría de Gestión de Riesgos
- Consejo Nacional Electoral (CNE)
- Representante de la sociedad civil organizada
- Representante de las personas trabajadoras de los medios de comunicación.
Estos organismos se reúnen mensualmente pero pueden hacerlo también cuando el mecanismo se activa por emergencias. Después de que se levanta una alerta, como por ejemplo una amenaza de muerte a un periodista, estas instituciones hacen seguimiento.
Sin embargo, el mecanismo no puede funcionar en su totalidad porque no tiene presupuesto. Ricardo Rivas, presidente del mecanismo de protección de periodistas y director del colectivo Nos Faltan 3, le dijo a GK que el presupuesto de 2024 y 2025 fue negado por el Ministerio de Finanzas.
“Nosotros estamos haciendo algunas adecuaciones desde el punto de vista estructural y legal que nos solicitó el Ministerio de Finanzas y que se abra la posibilidad de que se asigne el presupuesto para el mecanismo.”, dice Rivas sobre la asignación del presupuesto 2025.
Pese a no tener presupuesto, Rivas dice que el mecanismo de protección de periodistas ha trabajado en conjunto con el Consejo de Comunicación. Por ejemplo, han reunido información estadística sobre las alertas y agregaciones de periodistas en el visor de alertas de agresiones. “Antes no había esa data”, añade Rivas.
El mecanismo también ha organizado talleres para capacitar a periodistas y también a las Fuerzas Armadas sobre cómo reaccionar si ven que periodistas sufren violencia. Como parte de la prevención de violencia se realizó una capacitación a 738 candidatos políticos de elección popular con apoyo del Instituto de la Democracia.
El Consejo no tiene el dinero para ayudar a reubicar a un reportero amenazado pero brinda otro tipo de apoyo. Por ejemplo, en 2024, interpusieron 30 denuncias en Fiscalía y realizaron 23 impulsos procesales también en Fiscalía sobre casos de periodistas amenazados. Además ofrecen apoyo psicológico.
Rivas explica que la falta de presupuesto afecta la presencia del mecanismo a nivel nacional y en la falta de personal. Pero dice que ha sido “un gran aporte en la medida de nuestras posibilidades”. “En un año se ha avanzado muchísimo en ciertas cosas que se han podido hacer que no necesitábamos dinero, pero eso no quita la responsabilidad estatal de financiar”, agrega.
Para contrarrestar la falta de acción estatal, a inicios de septiembre de 2023, se creó la Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas (MAPP). Esta iniciativa de la sociedad civil, que reúne a tres organizaciones —Fundamedios, Periodistas sin Cadenas y Nos faltan 3— y dos medios de comunicación —GK, Plan V—, intenta asistir a los periodistas amenazados para precautelar su vida y libertad.
Concretamente, ayudan a los reporteros amenazados a reubicarse en lugares seguros. También visibilizan los casos mediante publicaciones.
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