La noche del jueves 7 de abril de 2022 habrá un plantón para exigir justicia para los tres periodistas de El Comercio que fueron secuestrados y asesinados por el Frente Oliver Siniestra, un grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en abril de 2018. 

El plantón organizado por el colectivo Nos Faltan 3 —creado en honor al equipo de El Comercio— será el 7 de abril a las 7 de la noche en la Plaza Grande, afuera del Palacio de Carondelet, en el centro histórico de la capital ecuatoriana. 

Una publicación del colectivo en sus redes sociales dice que la vigilia se hará para recordarle al Estado “que desde hace 4 años nos faltan Javier, Efraín y Paul y aún no hay justicia”. La publicación dice también que tras cuatro años del secuestro y asesinato del equipo periodístico “la información [sobre el caso] sigue oculta y las promesas de desclasificación se quedaron en palabras”. 

El secuestro y asesinato de los periodistas

El 26 de marzo de 2018, los periodistas Javier Ortega y Paúl Rivas, y el conductor Efraín Segarra fueron secuestrados en Mataje, una parroquia de la provincia de Esmeraldas que está en la frontera con Colombia. El equipo fue secuestrado mientras cumplía con un trabajo de reportería sobre la detonación de un tanquero bomba en ese pueblo que mató a tres soldados y dejó a otros heridos.

Tras el secuestro en Mataje, los tres periodistas fueron llevados al lado colombiano y allí permanecieron como rehenes del autoproclamado Frente Oliver Sinistierra, un grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En ese entonces, el comando delincuencial dirigido por alias Guacho —quien fue abatido en diciembre de 2018 por las fuerzas de seguridad colombianas cerca de la localidad de Tumaco, al suroeste del país. 

Mientras estuvieron secuestrados, todas las noches los familiares y amigos de los periodistas se concentraron en la Plaza Grande, en el centro de Quito, para pedir la libertad de los rehenes, tenían carteles que decían “Nos faltan 3. Paúl, Javier, Efraín”. Allí nació el colectivo. 

El viernes 13 de abril de 2018, el entonces presidente Lenín Moreno confirmó el asesinato del equipo periodístico. Moreno dijo que habían sido asesinados el día anterior. Sin embargo, gracias a un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha concluido que los periodistas fueron asesinados antes: la noche del 7 o el 8 de abril de 2018. 

Sus cuerpos se encontraron después en una zona rural de Tumaco, un municipio al sureste de Colombia. 

Los sentenciados por el caso

La investigación del caso ha avanzado muy lentamente en los últimos 4 años. Después de que se confirmara la muerte del equipo periodístico de El Comercio, la CIDH creó el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) para hacer el seguimiento de la investigación de los hechos sobre las medidas cautelares otorgadas por la misma CIDH a favor de los tres periodistas. 

En julio y noviembre de 2018, el ESE visitó Ecuador y revisó documentos bajo reserva de la investigación en la Fiscalía General del Estado de Ecuador. También visitó Colombia en septiembre de 2018, donde tuvo reuniones y audiencias. 

Pero hasta ahora no se ha logrado aclarar los hechos sobre el secuestro de Javier, Paúl y Efraín. En diciembre de 2018, alias “Guacho” murió en un enfrentamiento con la policía y el ejército de Colombia, según la información entregada por ese país. 

Tres años después del secuestro y asesinato del equipo, en marzo de 2021, la justicia colombiana sentenció a 28 años y 8 meses de cárcel a Jesús Vargas, alias Reinel, quien era parte de la narcoguerrilla de Guacho. Él fue sentenciado por el delito de homicidio agravado y el delito de secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir. 

Otras cinco personas que pertenecían al frente Oliver Sinisterra también fueron sentenciadas, en mayo de 2021 en un tribunal penal de la provincia costera de Esmeraldas. Los cinco recibieron una condena de 9 años de cárcel por delincuencia organizada. 

En junio de 2021, Gustavo Angulo Arboleda, alias Cherry, fue sentenciado por la justicia colombiana a 28 años de prisión también por el delito de concierto para delinquir agravado y secuestro extorsivo agravado.

Las promesas de desclasificación

Debido a la falta de claridad sobre los hechos que provocaron el secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, sus amigos y familiares llevan más de cuatro años pidiendo que se desclasifique la información del caso. 

La primera promesa para desclasificar la información la hizo el presidente Lenín Moreno, el 13 de abril de 2018 —tras anunciar que los tres periodistas habían sido asesinados—. Pero Moreno no cumplió. 

Yadira Aguagallo, quien fue pareja de Rivas y es una de las voceras del colectivo Nos faltan 3, dijo en una entrevista con Sol Borja, editora política de GK, que el 14 de mayo de 2018 —menos de dos meses después del secuestro— “se nos entregó 800 hojas de información supuestamente desclasificada”. Pero según Aguagallo, cuando abrieron esa información, “resultaron ser basura”. Aguagallo asegura que entre el 80-90% de esa información era “información que puedes descargar de un portal web, capturas de pantalla, notas de condolencias, boletines de prensa”.

Según Fundamedios, Moreno ofreció desclasificar la información del caso al menos 7 veces. Pero nunca sucedió. Además, en febrero de 2021, el Consejo de Seguridad Pública del Ecuador (Cosepe) le dijo a la Fiscalía General del Estado que no le entregaría las actas de las reuniones de marzo y abril de 2018 en las que se trataron temas relacionados al equipo de El Comercio. El colectivo Nos faltan 3 calificó la decisión del Cosepe como “el golpe más duro en la búsqueda de la verdad”. 

Pero Lenín Moreno no ha sido el único que ha ofrecido desclasificar la información sobre el secuestro y asesinato de los periodistas de El Comercio. El presidente Guillermo Lasso, quien asumió la presidencia en mayo de 2021, también ha ofrecido desclasificar la información. 

Yadira Aguagallo dice que Lasso le dijo “públicamente a la periodista Sara España en una entrevista que desclasificaría la información de las actas del Cosepe”. Además, Aguagallo dice que Lasso también le ofreció esa información a un asambleísta. Pero hasta ahora, asegura la pareja de Rivas, “no existe un indicio de que en la administración de Guillermo Lasso la información se vaya a entregar”. 

La vocera de Nos Faltan 3 también le contó a GK que en 2021, el colectivo y una comitiva de familiares de los periodistas asesinados fue invitado a una reunión con el Secretario de Comunicación Eduardo Bonilla y la entonces ministra de gobierno Alexandra Vela. En esa reunión, explicó Aguagallo, se trató el tema de la libertad de expresión y “ahí los familiares fueron súper contundentes en decir que parte del compromiso con la libertad de expresión es la desclasificación de esta información”. Según Aguagallo, en la reunión hubo también “el ofrecimiento de hacerlo y sin embargo meses después no ha existido un compromiso real”. 

Otra deuda pendiente es el trámite de la demanda de desclasificación de información que presentó el colectivo Nos Faltan 3 ante la Corte Constitucional en julio de 2021. Aguagallo dice que el proceso recayó sobre el expresidente de la Corte, Hernán Salgado, y que hasta el momento no se sabe en qué estado se encuentra el proceso.