En la antesala del juicio político en su contra, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, fue convocada a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional —controlada por el correísmo. La Fiscal debía responder preguntas sobre casos de corrupción que lleva el sistema de justicia: Encuentro y León de Troya. Este llamado ya hace ruido si consideramos que, por la división de poderes, el legislativo no tiene nada que hacer en el desarrollo de los procesos judiciales. 

En esa comparecencia, una de las más de cincuenta que ha tenido la Fiscal General en la Asamblea, los legisladores de la Revolución Ciudadana quisieron someterla a un careo con un prófugo de la justicia que, además, la Fiscalía presume que es el brazo político del narcotraficante Leandro Norero: Ronny Aleaga. Aleaga es ex asambleísta del correísmo y está procesado penalmente en el caso Metástasis. La presencia de Aleaga en la Asamblea Nacional ecuatoriana es lo más cercano al intento del capo colombiano Pablo Escobar de convertirse en congresista. 

Cuando anunciaron que Aleaga participaría en la sesión, por medio de videollamada, la Fiscal abandonó la sesión. 

Pamela Aguirre, asambleísta correísta y presidenta de la Comisión de Fiscalización, dijo que, como un ciudadano cualquiera, Ronny Aleaga pidió intervenir en la sesión y, como lo hacen con todo el mundo, le abrieron el espacio. 

¡No se pase de lista asambleísta!

Por más que Aleaga se haya desafiliado de la Revolución Ciudadana, es evidente que sigue siendo de la gallada y que su presencia en la Asamblea Nacional era una trampa para Diana Salazar, orquestada por sus coidearios que controlan la comisión. No nos crea tontos, asambleísta, no es que un ciudadano pasa por la Asamblea Nacional y le abren la puerta para intervenir en asuntos tan complejos. 

Y aunque nadie cuestiona la legalidad de la comparecencia, pues en otras han intervenido procesados, condenados y hasta prófugos de la justicia —como Carlos Pareja Yanuzelli, Carlos Pólit, Pablo Celi—, nunca antes estos personajes fueron llevados a confrontar o humillar a la Fiscal General, como esperaban con Aleaga.

En Ecuador hay una cultura de irrespeto a la democracia. Las autoridades públicas, como Salazar, representan el Estado de derecho y su legitimidad es esencial para el funcionamiento de la sociedad. Las diferencias políticas, sanas y necesarias en cualquier sociedad democrática, deben tratarse con altura. No como lo ha venido haciendo el correísmo. Un ejemplo es la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Mónica Palacios, que insultó al saliente presidente Guillermo Lasso en el cambio de mando, y recientemente le gritó a la ministra del Interior, Mónica Palencia, en una comparecencia a la Asamblea.      

Diana Salazar hizo bien en levantarse y salir de la sesión. No solo porque era indigno para ella someterse a un eventual careo con quien ella presume es culpable de pertenecer a una organización criminal vinculada al narcotráfico, sino porque la Asamblea —conocida como la Casa de la Democracia— no puede ser el escenario de un talk show amarillista. 

Hay que respetar la democracia. 

Diana Salazar es sujeto de juicio político y está obligada a asistir y responder los cuestionamientos de los interpelantes. Pero al correísmo no le interesa la fiscalización. El movimiento tiene muy claros sus objetivos, que son dos: el retorno del caudillo, Rafael Correa, y la venganza de sus perseguidores —Lenín Moreno, María Paula Romo, y la fiscal Salazar—. 

Intentan cumplir el primero a través del control de la justicia, como lo intentaron con el inefable Wilman Terán, ex presidente de la Judicatura, o con los recientes proyectos de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), en los que pretendieron introducir una fórmula para revocar las sentencias contra las figuras del correísmo. 

Para conseguir sus objetivos, el correísmo no tiene ninguna limitación. Lo demostraron cuando votaron por reformas tributarias, contrarias abiertamente a su ideología política, o cuando planificaron la toma de la justicia, como han revelado en sus testimonios los procesados en el caso Metástasis —entre ellos el ex vocal Xavier Muñoz Intriago, quien relató una reunión con Rafael Correa en Brasil, con ese objetivo.

Pero lo de Aleaga es peor. No solo que siguen acogiendo a un personaje siempre oscuro, ahora vinculado procesalmente a la delincuencia organizada y el narcotráfico, que no es poco, sino que además es un traidor. 

Aleaga se identifica como traidor de su partido. En sus redes sociales dijo que mientras era un alto representante del correísmo, paralelamente mantenía “una relación íntima” con el objetivo principal de venganza del correísmo: la Fiscal General del Estado.

La Fiscal hizo bien en no dejarse embaucar por esos tahúres de postín.

Pablo Encalada Gk 150x150
Pablo Encalada Hidalgo
Abogado litigante en materia penal y docente en varias universidades del país.
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