¿Quién es Pablo Celi?

Pablo Celi fue el contralor general subrogante desde 2017 hasta julio de 2021 cuando renunció desde la cárcel 4 de Quito, donde estaba detenido desde abril de ese año por el presunto delito de delincuencia organizada. El 10 de febrero de 2023, Celi y otras 10 personas más fueron sentenciadas por delincuencia organizada en el caso Las Torres, que investigaba corrupción en Petroecuador, la Contraloría General del Estado y otras instituciones. 

Celi y Pablo Flores, ex gerente de Petroecuador, fueron sentenciados a trece años y cuatro meses de cárcel respectivamente “en calidad de autores y por lo tanto líderes de un grupo estructurado, cuyo fin consistía en obtener beneficios económicos”, según la Fiscalía. 

Procesos en su contra

El 13 de abril de 2021, la Fiscalía General hizo 25 allanamientos en Quito, Guayaquil y Samborondón dentro de una investigación abierta en 2019, por “presunta delincuencia organizada, relacionada con actos de corrupción en Petroecuador, Contraloría y Secretaría”. En los operativos, se detuvo a varias personas incluyendo a Pablo Celi. El caso fue denominado por la Fiscalía como “Las Torres”.  

Tras su detención, Celi cumplió una orden de prisión preventiva por 11 meses, desde mayo de 2021 hasta el 11 de abril de 2022. El 9 de abril de ese año, Celi cumplió 65 años y su defensa pidió cambiar las medidas cautelares que había en su contra. Por eso el tribunal de la Corte Nacional de Justicia dejó sin efecto la prisión preventiva que pesaba sobre Celi y la sustituyó por arresto domiciliario, uso de grillete electrónico y vigilancia permanente. Misma que cumple hasta ahora. 

Durante la investigación del caso Las Torres, en el 2020, Celi fue denunciado ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por Vanessa Freire, expresidenta del ahora movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC), en ese entonces llamado Fuerza Compromiso Social (FCS). 

La denuncia fue por emitir un examen especial que recomendó al Consejo Nacional Electoral (CNE) extinguir a FCS y otras agrupaciones políticas del registro nacional por presuntas inconsistencias en las firmas de adhesión que presentaron al CNE en el proceso de inscripción.

Según la expresidenta, eso era “arrogación de funciones e intromisión” en las elecciones de 2021. Ese mismo año, en julio de 2020, se instaló en el TCE la “Audiencia de Oral de Prueba y Alegatos” por la denuncia de Freile en contra de Pablo Celi, en ese entonces Contralor General del Estado, y de Manuel Santiago Araujo, en ese entonces director nacional de Auditoría Interna del Consejo Nacional Electoral.

Sin embargo, ese mismo año, Celi presentó una acción de dirimencia de competencia — decidir qué juez es competente para dicha causa — ante la Corte Constitucional, por lo que el caso se aplazó durante tres años. 

En febrero de 2024 el caso se destrabó luego que los magistrados desecharon la acción de 2020. El 11 de marzo de 2024, el juez y presidente del TCE Fernando Muñoz Benítez emitió la sentencia en la cual ordenó a Celi pagar una multa de 40 salarios básicos, es decir 20 mil dólares, y la pérdida de sus derechos políticos por cuatro años.

Según el fallo de Muñoz, Celi “interfirió en el funcionamiento de la Función Electoral, por cuanto en su calidad de autoridad pretendió imponer al Consejo Nacional Electoral su criterio en un asunto que corresponde a su exclusivo ámbito de competencias”.

En la página 31 de la sentencia que está en la página del TCE dice que la multa debe ser depositada en la cuenta Multas del CNE “en un plazo máximo de ciento veinte días, contados a partir de la fecha en que la sentencia se encuentre ejecutoriada”. En la sentencia el juez también ratificó la inocencia de Manuel Santiago Araujo. 

Por ahora, el fallo es de primera instancia, es decir el excontralor puede apelar la causa en el Pleno del TCE. Sin embargo, hasta el momento no hay más información al respecto. La noche del 12 de marzo de 2024, el equipo de Pablo Celi envió un boletín de parte del excontralor respecto a la sentencia del TCE. 

El boletín dice que “la sanción tardía” del juez Muñoz no le fue notificada a Ceci legalmente “pero sí convenientemente difundida en medios de comunicación, responde al objetivo político de blindar a los vocales del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint y José Cabrera”.

En el boletín califica de “disparata” a la resolución del TCE y dice que “se acomoda a las maniobras de las fuerzas cuestionadas en la actual coyuntura política” y también menciona que hace cuatro años, cuando Celi era contralor, sancionó “las acciones ilegales y fraudulentas” del CNE. 

El boletín finaliza diciendo que “con esta nueva arremetida en mi contra” se evidencia que la “proscripción política y persecución judicial tuvieron siempre el propósito de separarme de la Contraloría y revertir las resoluciones que afectaron a quienes manipulan el sistema electoral y las instituciones democráticas”.

Su vida académica y profesional

Pablo Santiago Celi De la Torre es doctor en ciencias internacionales y filosofía en ciencias políticas. No ha estudiado derecho, pero tiene una licenciatura en Sociología y Ciencia Políticas. Nació en Quito. 

Fue profesor en en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Univer­sidad Central del Ecuador por más de treinta años. En el gobierno de Abdalá Bucaram, que duró apenas seis meses, a mediado de la década de 1990, Celi fue subsecretario de la cuestionada Ministra de Educación, Sandra Correa. En esa época, empezó a dar clases en la Academia de Guerra Aérea y en el Instituto Na­cional de Guerra del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y en la Academia de Guerra del Ejército. 

En 2010, Celi fue asesor en política internacional y posicionamiento de la Contraloría General del Estado y ese mismo año fue designado subcontralor administrativo. En 2011, fue nombrado embajador del Ecuador en Argentina, en el gobierno de Rafael Correa. En 2014 volvió por un breve período a la Contraloría, donde ejerció como Subcontrolador General. Ese mismo año fue enviado como delegado del Ecuador al Centro de Estudios Estratégicos de la hoy extinta Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), en Buenos Aires. En la Unasur fue también subdirector del Consejo de Defensa Sudamericano. 

En 2016 regresó a la Contraloría.“Me llamaron de la Contraloría a que me reincorpore como subcontralor general, para desarrollar un organismo más moderno, que era y sigue siendo mi obsesión”, dijo en una entrevista en la revista Mundo Diners. En ese entonces, fue nombrado Subcontralor subrogante y en 2017 pasó a ser Subcontralor General del Estado Subrogante. 

Ese año, Celi estuvo en el centro de la disputa por quién debía reemplazar a Carlos Pólit, contralor del Ecuador desde 2007, quien era procesado por su participación en la trama de corrupción Odebrecht. El 2 de julio, la casa de Pólit en Guayaquil fue allanada; sin embargo, el entonces Contralor ya no estaba en el país, sino en Miami, Estados Unidos.

Desde ese momento, Celi y Pólit se enfrentaron por el control de la Contraloría. Pólit intentó destituir a Celi desde Miami, enviando una comunicación desde el Consulado del Ecuador en esa ciudad de la Florida. Cuando funcionarios de la Contraloría intentaron notificar a Celi de la decisión de Pólit, el Contralor subrogante rompió la notificación: “Yo no voy a aceptar”, se lo escucha decir en un video”, dijo Celi en el altercado. 

En 2019,  el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, presidido por Julio César Trujillo, no convocó a un concurso para llenar la vacante dejada por Pólit y resolvió que Celi, en ese momento contralor subrogante, se quedara a terminar el período del titular (que vence en 2022). El hecho de que Pólit haya sido ratificado a pesar de que Celi era subcontralor sin ningún concurso de méritos y oposición, ha hecho que la legalidad de su nombramiento sea duramente cuestionado. 

Tras la salida de Pólit, también se desvinculó de la Contraloría General del Estado a 20 personas de libre nombramiento. Entre ellos, la entonces subcontralora administrativa, Sabett Chamoun, la coordinadora de Talento Humano, Ligia Cobo, y el secretario general, Adrián Bustos.

En los cerca de cuatro años de su gestión, Celi abrió investigaciones, sancionó y destituyó a funcionarios del anteriores gobierno —entre ellos, Richard Espinosa, Jorge Glas y Carlos Ochoa, Wilson Pastor, Carlos Pareja Yanuzelli, entre otros. 

Pablo Celi renunció a la Contraloría a mediados de 2021. El 5 de julio, Celi envió al Consejo desde la cárcel su carta de renuncia irrevocable al cargo de Contralor subrogante. En el documento, dice que tomó la decisión “ante condiciones que exceden mi capacidad de actuación, impuestas desde fuerzas interesadas en tomar el control de esta institución”. Sin embargo, no especificó a qué o quiénes se refería. Días después, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aceptó la renuncia de Pablo Celi. Actualmente, Carlos Alberto Riofrío González es el contralor general subrogante.