El presupuesto general del Estado de 2024 será de 35.556 millones de dólares. Eso dice la proforma enviada por el gobierno del presidente Daniel Noboa a la Asamblea el 20 de febrero de 2024. Este documento bosqueja cómo sería el manejo de ingresos y egresos a nivel estatal en el año. El Legislativo deberá aprobar la proforma del presupuesto general del Estado (PGA) para que entre en vigencia. 

La Asamblea tiene 30 días para aprobar y dar observaciones a la proforma presupuestaria. Después, el gobierno tiene 10 días para aceptar las observaciones o ratificarse en su propuesta original. En los 10 días siguientes, la Asamblea puede ratificar sus observaciones en un sólo debate. Si no lo hace en ese plazo, la proforma entrará en vigencia como la envió el Ejecutivo después de las observaciones del Presidente. Eso fue lo que pasó en noviembre de 2021 con la proforma para 2022, durante el gobierno de Guillermo Lasso.

¿Cómo se arma el presupuesto general del Estado?

Para hacer la proforma, el gobierno tomó en cuenta algunos “supuestos macroeconómicos”. Eso significa que se consideraron valores estimados de indicadores que benefician o influyen en la economía del país —como el precio del petróleo o la inflación— para calcular el total del presupuesto. 

Según el Ministerio de Finanzas, los supuestos macroeconómicos que se consideraron son:

  1. Producto Interno Bruto (PIB) nominal: 121.710 millones de dólares
  2. Crecimiento real del PIB: 0,08%
  3. Inflación promedio: 2,1%
  4. Precio promedio del barril de exportación de petróleo: 66,7 dólares. 
  5. Volumen de producción fiscalizada de petróleo: 156 millones de barriles.

Los indicadores petroleros son uno de los principales factores que afectan la economía del país. El 21 de febrero de 2024, Juan Carlos Vega, ministro de Economía y Finanzas, dijo que el precio del barril de petróleo incluido en la proforma era “una perspectiva técnica, conservadora, tomando en cuenta varios factores de los mercados futuros del petróleo”. 

El mercado del petróleo es muy especulativo y volátil. Es un commodity que se negocia con contratos a futuro. Por eso su precio está muy ligado a lo que pasa en el mundo y los efectos que podrían tener esos hechos en la oferta y demanda del crudo. 

El 21 de febrero de 2024, en un taller con medios sobre la proforma del PGE, Daniel Falconí, viceministro de Finanzas, dijo que este año tienen una perspectiva conservadora del precio del petróleo porque en 2023 se estimaron ingresos petroleros por más de 14 mil dólares, pero solo llegaron a poco más de mil millones. “Ese es uno de los motivos de los atrasos”, dijo Falconí, refiriéndose a las demoras en los pagos del sector público —salarios y asignaciones a municipios, prefecturas, y otras entidades— que el gobierno arrastra desde 2023. 

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Otro de los factores que podría interferir en el PGE de 2024 es la producción de barriles de crudo. Está planificado que en agosto de 2024 se deje de extraer petróleo del bloque Yasuní ITT (Ishpingo, Tiputini y Tambococha) o bloque 43. El 20 de agosto de 2023, los ecuatorianos votaron a favor de una consulta popular para mantener el petróleo bajo tierra en esta área de la Amazonía ecuatoriana. 

Por eso en 2024 se deben suspender las actividades extractivas del bloque. Eso, dijo el ministro Vega, significaría una pérdida de entre 300 y 400 millones de dólares para 2024. Sin embargo, según él, se está haciendo una evaluación para que el cierre del bloque sea paulatino y no traiga riesgos ambientales. Eso podría demorar más la paralización de las actividades y hacer que la producción petrolera continúe hasta finales de 2024. 

Como parte de su trabajo de activismo, el 20 de febrero de 2024, en una rueda de prensa, el colectivo Yasunidos, que impulsó la consulta popular de 2024, pidió a la Corte Constitucional que empiece la fase de seguimiento de los resultados de la consulta para verificar si se cumplen los trámites para detener la explotación petrolera en esta zona. 

Pidieron que si es que no se está cumpliendo, se determinen responsabilidades para destituir a las autoridades que están incumpliendo el dictamen de la Corte y los resultados de la consulta popular. 

¿De dónde viene el dinero del PGE de 2024?

Los ingresos incluídos por el gobierno en la proforma del PGE de 2024 incluyen: 

  1. impuestos, 
  2. ventas de bienes y servicios del sector público.
  3. rentas de inversiones y multas, 
  4. donaciones, 
  5. financiamiento público, entre otros

Según la proforma, se estima que 15.716 millones de dólares ingresen por pagos de impuestos. Los tres tributos con los que más se planea recaudar en 2024 son el impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado (IVA) y los aranceles de las exportaciones. 

Sin embargo, la proforma presupuestaria de 2024 se hizo sólo considerando los impactos de las reformas tributarias que ya están publicadas en el Registro Oficial. Es decir, que en el documento presentado el 20 de febrero de 2024 no incluye lo que recibiría el Estado por el incremento del IVA al 13% de manera permanente, ni del incremento temporal del IVA al 15%, que está planeado para abril de 2024, porque esa reforma todavía no está en el Registro Oficial. 

El incremento del IVA fue una propuesta de ley enviada por el presidente Daniel Noboa a la Asamblea. Originalmente, el Legislativo rechazó lo propuesto por Noboa y planteó otros cambios tributarios. Inmediatamente, el presidente Noboa vetó lo decidido por la Asamblea y se ratificó en su propuesta de incrementar el IVA de forma permanente al 13% y subirlo al 15% cuando el Presidente lo decida, con la aprobación del Ministerio de Finanzas. 

La Asamblea no tomó una decisión sobre si allanarse al veto o ratificarse en lo aprobado, así que el veto de Noboa fue aprobado. Sin embargo, se debe esperar los 30 días que tiene la Asamblea para decidir, que vencen a mediados de marzo, para que el veto pueda publicarse en el Registro Oficial. Con esa publicación, se presume que el incremento del IVA al 15% —que ya fue confirmado por el ministro Vega, aunque después el gobierno se retractó— entraría en vigencia en abril de 2024. 

El viceministro Daniel Falconí dijo que los datos incluídos en la proforma se revisarán cada 4 meses para incluir modificaciones como esta entre los valores planificados. 

¿Cómo se distribuirá el dinero del presupuesto general del Estado?

El principal egreso del gobierno en 2024 es el personal de las instituciones públicas. A este rubro se designarán 9.823 millones de dólares, 0,74% más que en 2023. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, la mayoría de los gastos de personal se van a: 

  1. Educación: 3.800 millones de dólares
  2. Seguridad: 2.886 millones de dólares
  3. Salud: 1.797 millones de dólares

El 21 de febrero, el ministro Vega reconoció que son necesarios recortes en el tamaño del Estado. Dijo que la reducción del gasto público es una de las tareas importantes de este año y que tienen “un plan claro y contundente para hacer más eficiente el Estado”. 

El déficit fiscal —la diferencia entre el presupuesto y los gastos— actual es de 10.200 millones de dólares. El ministro Vega dijo que esa era la proyección si es que “no se toma ninguna medida”; pero si se toman medidas, la cifra podría cambiar. Según el ministro de Economía, las medidas que se deben tomar para reducir el déficit fiscal es el incremento del IVA y otras leyes económicas urgentes que mantendrán “el balance entre la generación de oportunidades, la inversión extranjera, el empleo y la recaudación de impuestos para cubrir los problemas de la caja fiscal”.  

María Paz Jervis, presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción (CIP), le dijo a GK en enero de 2024 que para reducir el déficit fiscal de Ecuador es necesario tomar medidas estructurales como reducir el tamaño del Estado y controlar las empresas públicas que son ineficientes. Esa es una de las estrategias que, según Vega, se utilizarán en 2024. 

El 21 de febrero, el ministro Vega dijo que planean “eliminar las empresas públicas que no son eficientes”. De esos cambios, dijo Vega, “tiene que venir gran parte de los ahorros, de la reducción del tamaño del Estado, relacionados a fusionar entidades, a cerrar otras entidades que no tienen sentido en existir”.

Todavía no se sabe cuáles serán todos los cambios en las 175 empresas públicas que tiene Ecuador, pero aseguró que están buscando cómo hacerlas más eficientes. “Empezando por Petroecuador”, dijo Vega, refiriéndose a la estatal petrolera que ha estado en el centro de múltiples escándalos de corrupción a nivel nacional e internacional en la última década. 

El gobierno ya ha anunciado el cierre de algunas empresas públicas. 

El 2 de noviembre de 2023, a pocos días de ser posesionado, Noboa decretó la extinción de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO). El Presidente no dio más detalles de los motivos de su decisión y otorgó un plazo de un mes para que cierre la empresa. En 2023.  Hernán Luque, ex presidente del directorio de EMCO, fue vinculado al caso Encuentro, en el que la Fiscalía investiga una presunta trama de corrupción en las empresas públicas. Aquí puedes leer más sobre el caso. 

El 2 de enero de 2024, el presidente Noboa anunció que también se eliminaría la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado, creada en 2022 en el gobierno de Guillermo Lasso. Noboa dijo que tomaba esta decisión para “salvaguardar la eficiencia en el uso de los recursos públicos”. Y añadió que “durante su existencia nunca alcanzó los resultados que el país necesitaba”. 

El 31 de enero de 2024, el presidente Noboa hizo oficial, con un decreto, su decisión de eliminar la Secretaría de Seguridad Pública y dio un plazo de 90 días para hacerlo. Además, en el decreto dice que los ministerios de Interior y de Defensa asumirán todas las funciones, competencias y proyectos de la casi extinta Secretaría. Las dos instituciones, según un comunicado del gobierno, se encargarán de asesorar al Presidente para cumplir la Ley de Seguridad Pública y del Estado.

El presupuesto para seguridad

La proforma presupuestaria entregada a la Asamblea Nacional dice que el gasto para el Gabinete de Seguridad será de 3.519 millones de dólares. Este grupo está conformado por las principales instituciones que trabajan en la seguridad interna y externa del país.

El presupuesto de esta área está distribuido en las siguientes instituciones: 

  1. Secretaría de gestión de riesgos: 18 millones de dólares
  2. Policía Nacional: 1.433 millones de dólares
  3. Dirección Nacional de la Policía Nacional: 5 millones de dólares
  4. Ministerio de Defensa Nacional: 1.541 millones 
  5. Instituto Geográfico Militar: 24 millones
  6. Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana: 98 millones
  7. Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses: 8 millones
  8. Centro de Inteligencia Estratégica: 21 millones
  9. Servicio Integrado de Seguridad ECU 9-1-1: 31 millones
  10. Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI): 229 millones
  11. Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada: 14 millones
  12. Ministerio del Interior: 90 millones
  13. Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado: 630 mil dólares (se debe eliminar en el primer semestre de 2024). 

El presupuesto para las instituciones del gabinete de seguridad aumentó 214 millones de dólares en la proforma del PGE para 2024 en comparación al presupuesto devengado en 2023. 

El presupuesto para educación y salud

Según la proforma presupuestaria hay un incremento de 2.835 millones de dólares en salud y educación, hasta bachillerato. La Constitución del Ecuador dice que anualmente el presupuesto de educación y de salud deberá incrementarse en al menos el 0,5% del PIB. 

Estos incrementos deben hacerse hasta que el presupuesto de educación alcance el 6% del PIB y el de salud el 4%. 

La proforma presupuestaria presentada a la Asamblea Nacional el 20 de febrero de 2024 sí incluye un incremento de al menos el 0,5% del PIB. 

Sin embargo, el presupuesto para salud y el de educación todavía no llegan a los porcentajes del PIB establecidos en la Constitución. 

El presupuesto de salud de este año es de 4.491 millones de dólares; para alcanzar el 4% del PIB se necesitan 377 millones más. Y el de educación es de 4.641 millones de dólares, en este caso todavía faltan 2.661 millones de dólares para alcanzar el 6% del PIB establecido en la Constitución.

Presupuesto para derechos humanos y género

La proforma presupuestaria de 2024 incluye una reducción del 23,18% del presupuesto para el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos del valor asignado en 2023. El presupuesto para esta entidad en 2023 fue de 17,2 millones de dólares. En 2024, baja a 13,2 millones de dólares. 

La reducción de casi 4 millones del presupuesto se debe, en gran parte, a que el año anterior no se ejecutó todo el presupuesto asignado al Ministerio, sino apenas poco más de 14,8 millones. La deficiente ejecución presupuestaria sumada a la crisis financiera del país, han hecho que se reduzca el presupuesto de la institución encargada de construir políticas para prevenir y reducir la violencia de género en el país. 

Ecuador cerró 2023 con 321 asesinatos de niñas, adolescentes y mujeres por razones de género, según cifras recolectadas por la Alianza para el Mapeo de los Femicidios en Ecuador. Esto quiere decir que, en 2023, en promedio cada 27 horas una mujer fue asesinada brutalmente en el país. En 2022 fue cada 28 horas.

En 2024, Ecuador tendrá 1,3 millones de dólares menos para la prevención y reducción de la violencia de género y otros tipos de violencia en el país. Según estudios de PreViMujer, la iniciativa de la cooperación alemana para prevenir la violencia de género, de lo que el Estado invierte en violencia contra las mujeres, sólo el 1% va para prevención. 

La reducción presupuestaria de 2024 limitaría todavía más los recursos destinados a evitar la violencia de género en Ecuador. 

Sin presupuesto, es imposible tener avances. “Esta ministra [Arianna Tanca], por más buenas intenciones que pueda tener, si es que no tiene presupuesto, no puede hacer nada”, dijo Lizi Ernst, presidenta de la Coalición de Mujeres del Ecuador, en una entrevista con GK en enero de 2024. 

Sin dinero no se podrá aplicar el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia, el Observatorio de Género, el Registro Único de Violencia, ni ningún otro programa o iniciativa para proteger a las mujeres en el país. 

Plan anual de inversiones

El presupuesto para inversiones en 2024 es de 1.734 millones de dólares. En esta cifra, dijo el ministro Vega, están incluidas “inversiones emblemáticas y fundamentales en seguridad”. Una de esas, dijo Vega, es la construcción de dos cárceles de máxima seguridad: una en Pastaza, en la Amazonía, y otra en Santa Elena, en la Costa.

Para la construcción de las cárceles están asignados 125 millones de dólares. El presupuesto de la construcción podría subir hasta 140 millones, según el Ministro. Cada una tendrá capacidad para 736 personas presas. También tendrán triple seguridad perimetral, control de acceso digital y análogo y serán blindadas. 

Además de la construcción de las cárceles, Vega dijo que otros proyectos importantes están relacionados a mantener y mejorar la infraestructura del sistema de salud y el de educación. 

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Susana Roa Chejín
(Ecuador, 1997) Periodista lojana y jefa de la redacción de GK. Cubre economía, sexualidad y derechos. Le interesan los temas de empleo, educación financiera y salud sexual y reproductiva.
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