“Por más buenas intenciones que tenga la Ministra de la Mujer, sin presupuesto no podrá hacer nada”

El 2023 fue catalogado, por organizaciones de la sociedad civil, como el más violento para las mujeres en Ecuador. Las cifras de delitos contra niñas, adolescentes y mujeres se dispararon en el año que cerró con la tasa más alta de homicidios de la historia del país. “La violencia trae más violencia”, dice Lizi Ernst, presidenta de la Coalición de Mujeres del Ecuador. Y aunque parezca una afirmación evidente es clave para explicar cómo, en un contexto de inseguridad sin precedentes en el Ecuador, las mujeres están más desprotegidas que antes.

La Coalición de Mujeres se creó en 2014 y está conformada por seis organizaciones núcleo y 24 adscritas en todo el país. Busca, en general, fortalecer los derechos de las mujeres. En específico, con incidencia y propuestas de reformas legales y capacitaciones, posicionan la violencia contra las mujeres y el acceso a los derechos sexuales y reproductivos. 

En esta entrevista del 3 de enero de 2024, Ernst, que milita en el feminismo desde hace al menos cuatro décadas, habla de los pendientes que tiene el Estado para con las mujeres: el Registro Único de Violencia, el Observatorio Nacional de Violencia de Género, la atención efectiva en las tenencias políticas, juntas de protección y fiscalías, entre otros. 

Habla, también, de cuáles son los temas más urgentes que debería abordar el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos.

¿Cómo fue el 2023 para las mujeres en Ecuador? 

El año que pasó no tuvimos ninguna certeza. Y, en el gobierno de Guillermo Lasso, los derechos de las mujeres y de las niñas se vieron bastante perjudicados, menguados. 

No ha habido una política pública clara.

La anterior ministra, Paola Flores, realmente no tenía ni el conocimiento ni las agallas para enfrentarse a la política de Guillermo Lasso. Y a esto se suma el recorte del presupuesto. Ella no le dio la importancia que le pudiera haber dado al tema de las mujeres y niñas. 

Las cifras de las atenciones por abortos por violación no cuadran con las estadísticas de niñas menores de 14 años que quedan embarazadas, señala Lizi Ernst. Fotografía de Diego Lucero para GK.

Si el Ministerio de la Mujer, que consideramos simbólicamente una cuestión positiva, no tiene presupuesto o una estructura nacional, no sirve de mucho. Entonces, haberlo creado creo que fue un canto a la bandera para congraciarse con las mujeres después del femicidio de María Belén Bernal. 

Realmente, Paola Flores no pudo hacer lo que se pensaba que podría hacer en ese tiempo, después del mandato de Bernarda Ordóñez.

Ordóñez impulsó los centros violeta, pero estos no tienen la fuerza y la importancia que podrían tener. Por ejemplo, en Lago Agrio, Amparo Peñaherrera, de la Federación de Mujeres de Sucumbíos, me decía que se creó el Centro Violeta pero solamente con orientación legal. Los casos de patrocinio legal, los siguen remitiendo a la Federación. 

Entonces, Amparo dice que eso no les sirve porque es más carga para ellas. Son quienes atienden los casos que ya tienen, y ahora también deben hacerse cargo de los otros derivados del Centro Violeta. 

¿Los centros violeta no son lo que se esperaba?

Paola Flores sí puso más oficinas de estos Centros en el país, pero sin esa capacidad de poder aportar. 

Es importante el tema de orientación legal porque es una forma de prevención. Nosotros, desde la Coalición de Mujeres, y yo de manera particular, apostamos por el tema de la prevención. 

Creo que prevención es lo que más falta en el país, y eso se puede dar desde la orientación legal. 

Según estudios de PreViMujer, de lo que el Estado invierte en violencia contra las mujeres, sólo el 1% va para prevención…

Claro, y yo creo que la prevención, a largo plazo, es lo que más resulta. Pero de una manera integral, no sólo diciendo “bueno, no te dejes pegar” o “acude a la junta cantonal o a la unidad de violencia”. 

Lizi Ernst dice que el acceso al aborto por violación en el país sigue siendo limitado. Fotografía de Diego Lucero para GK.

Prevención es tener una visión integral de lo que puede ser el sistema de protección, en donde están muchos de los ministerios que tienen que hacer lo suyo en el tema de prevención.

Volviendo a los Centros Violeta. Este y el anterior gobierno los promocionan como un espacio de acogimiento, pero ¿qué hacen realmente en la práctica?

Dan contención, apoyo psicológico, apoyo social, y apoyo legal pero sólo para orientación. Entonces claro, sí puede servir de algo. Pero le están restando potencialidades porque realmente debería ser también patrocinio porque las mujeres necesitan este servicio.

No sé si no lo dan por el tema de inseguridad. Por ejemplo, en casos de violencia de género que hay que patrocinar, a las mujeres y sus abogadas las amenazan, les dicen “ conozco a tu familia, conozco a tu hijo, [les voy a hacer daño]”.

¿Ha escuchado de amenazas de muerte en casos de violencia de género?

Lo he escuchado pero no necesariamente de los Centros Violetas, sino en las áreas de salud. Por ejemplo, las profesionales como trabajadoras sociales o médicas de los centros de salud a veces acompañan a las víctimas a las juntas de protección de derechos para poner una denuncia en contra de su agresor.

Me acuerdo que en Río Verde, en la provincia de Esmeraldas, las profesionales acompañaban a las mujeres hasta la ciudad de Esmeraldas para que hicieran el proceso que tenían que hacer, como ir a la Fiscalía. Pero las profesionales las han dejado de acompañar por temor. 

Entonces pienso que es muy posible que también en los centros violeta digan “mejor no hacemos patrocinio porque de repente nos va mal y nos matan”. Creo que ahora hay que combinar el análisis con el tema de la inseguridad.

Dijo que Paola Flores no tuvo las agallas para actuar dentro del Ministerio de la Mujer. ¿Qué opina de la nueva ministra Arianna Tanca?

A Arianna no la conozco mucho todavía. Espero conocerla más en este mes.

La presidenta de la Coalición de Mujeres del Ecuador, Lizi Ernst, muestra que las cifras de femicidios del 2023 aumentaron con respecto a los años anteriores. Fotografía de Diego Lucero para GK.

La conocí en una reunión que hubo en la Corte Nacional de Justicia. Y estaba realmente recién recién nombrada, y me gustó mucho cómo se presentó. Dijo que es una madre soltera, y que ha sido víctima de violencia y conoce la tramitología que representa todo el proceso de justicia porque denunció y se ha visto en cada uno de los espacios, y sabe que la forma de tratarnos es siempre echándoles la culpa a las mujeres. “Nos dicen que somos las que lo provocamos”, dijo.

Como la reunión se trataba de un protocolo respecto al tema de Justicia, dijo que en este país todavía no hay justicia real para las mujeres porque se enfrentan ante tantos obstáculos que a la final prefieren no denunciar, y por ahí va esta inconformidad y desconfianza en el sistema de justicia.

El estado del sistema de justicia se ha visto recientemente en el caso Metástasis, que ha destapado un montón de cosas. Entonces la desconfianza de las mujeres al sistema de justicia es real. No es una cuestión subjetiva. 

Una mujer que vive en el campo, por ejemplo, debe viajar hasta Río Verde, en la provincia de Esmeraldas, en canoa. Luego tiene que trasladarse no sé cuánto tiempo a la ciudad de Esmeraldas. Para que al final le digan “vuelva mañana, o la señorita está de vacaciones, o no le podemos recibir porque usted no tiene este papel”.

Entonces, realmente es muy maltratante para las mujeres que están en situación de violencia. 

Volviendo a la ministra Arianna Tanca, ella tiene poco más de 16 meses y muchos temas pendientes. ¿Cuál sería el que debería abordar con más urgencia?

El primer paso es fortalecer la institucionalidad. 

Me parece que es muy importante que tenga presencia en el territorio. Si no tiene presencia, medio que no vale para nada el trabajo. Y creo que fortalecer esa presencia no es sólo fortalecer los centros violeta, sino los servicios de protección integral (SPI) que son tan importantes a nivel rural.

Y también fortalecer la presencia de técnicos que puedan realmente orientar y dar una respuesta concreta a nivel de territorio. También que es muy importante ver mecanismos que permitan ampliar la cobertura a nivel rural porque ahí muchas mujeres no tienen idea si existe algún tipo de apoyo. No tienen orientación.

Ahora, los servicios de protección integral se supone que hacen eso. Pero son muy mínimos. Entonces hay que fortalecerlos.

¿Es un tema recurrente, no? Los SPI tienen constantes problemas de presupuesto. Incluso estuvieron a punto de cerrar en el gobierno de Lenín Moreno. 

Recortaron un montón de personal también. Sé que cerraron varios. Después volvieron a incrementarse por la presión que hicimos a la urgencia de tenerlos.

Entonces lo más urgente sería fortalecer la atención de estos espacios…

Sí. Que tenga un acercamiento mucho más al territorio. Y creo que la coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) es fundamental, tanto con prefecturas como con municipios. 

Los GAD también tienen una responsabilidad que creo que no la cumplen. Y eso es parte del fortalecimiento institucional porque ahora el Ministerio de la Mujer tiene como responsabilidad hacer seguimiento a los consejos de protección de derechos, por ejemplo.  

|Nota del editor: Los consejos de protección de derechos son instituciones administrativas enfocadas en precautelar los derechos de niños, mujeres y otros grupos de atención prioritaria. Funcionan dentro de cantones y tienen la capacidad de coordinar con la Fiscalía y otras instituciones públicas para precautelar esos derechos|

La inseguridad en Ecuador afecta directamente a las mujeres, explica Lizi Ernst, de la Coalición de Mujeres, en esta entrevista. Fotografía de Diego Lucero para GK.

En 2022 entró en vigencia la ley que regula el aborto por violación en Ecuador, a través del veto del entonces presidente Guillermo Lasso. ¿Cómo ha sido el acceso a este derecho en este tiempo?

Hasta más o menos octubre del 2023, de acuerdo al Ministerio de Salud, sólo se habían hecho 33 abortos ese año con esta figura. 

Hay una relación absurda entre la cifra de embarazos en niñas menores de 14 y los abortos atendidos. Sólo de enero de 2021 a agosto de 2023 hubo 11.390 embarazos en menores de 14 años, que según la Ley, son violación. 

Pero creo que igual depende de la orientación que se dé a los médicos. Los médicos pueden objetar conciencia. Pero lo que ocurre es que la institución le dice al médico “ah bueno, objetas conciencia, y nosotros tampoco nos hacemos responsables del aborto”. Cuando en realidad tienen la responsabilidad de hacerlo, de atender a quien lo pide. 

En teoría, si un doctor en una institución se niega a interrumpir el embarazo, alguien más de la misma institución debería hacerlo…

Exactamente, debería hacerlo. Pero a veces no ocurre. Y se niegan. Hay centros de salud donde sólo atiende una persona, por ejemplo.

Es decir, la objeción de conciencia sigue siendo un problema.

Sí. Además, desde la lectura más conservadora, dicen que puede haber incluso objeción de conciencia institucional. 

|Nota del editor: la objeción de conciencia institucional se da cuando todos los médicos de una institución de salud objetan conciencia y le niegan el acceso a un servicio, en este caso acceder al aborto en casos de violación |

Supuestamente no se puede.

Sí, pero creo que en algunos casos sí lo han hecho como institucional. 

La Coalición de Mujeres, explica su presidente Lizi Ernst, trabaja para visibilizar la violencia contra las mujeres y la falta de acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Fotografía de Diego Lucero para GK.

La Alianza de Mapeo de Femicidios calificó al 2023 como el año más violento para las mujeres. ¿Cree que fue el año más violento, o es que las mujeres cada vez denuncian más, o las organizaciones están mapeando mejor?

Creo que son por lo menos dos factores. No creo que estén denunciando más, sino que hay más casos. Por el tema de inseguridad que atraviesa el país precisamente. Por ejemplo, los asesinatos de mujeres en el 2021 fueron 16; en el 2022, 294; y en el 2023, 438.

El mapeo de femicidios de la Alianza incluye los asesinatos de mujeres asociados al crimen organizado. Definir qué es un femicidio y qué no es una discusión entre académicas, expertas, y activistas. ¿Cree que es válido incluir estos asesinatos violentos en la categoría de femicidios?

Según el protocolo de femicidios y muertes violentas de mujeres, toda muerte violenta de mujer debe ser calificada inicialmente como femicidio. 

Entonces, de repente es esa mirada la que se está incorporando. Porque hay muchas muertes que pueden surgir a partir de venganza, de retaliación. A los hombres les dicen “cuídate, porque yo no te mato a ti pero mato a tu mujer”. 

Creo que por el tema de inseguridad también hay más muertes de mujeres. La violencia llama a la violencia. Entonces, los sicarios, que son jovencitos, deben pensar “si yo mato a esta persona y no me pasa nada, puedo matar a la mujer que importa menos todavía”.

Entonces, si mi mujer se porta mal conmigo, yo la mato no más. ¿Qué problema habrá? Si ya maté a ni sé quién, ya maté a ni sé cuántos. El tema de la vida humana tiene cada vez menos valor. El tema de los derechos ni siquiera cuenta. Las mujeres no tenemos derechos. Y muchas de las personas, en principio, ya no tienen derechos. Y por eso se las puede matar tan fácilmente. 

Es una cosa muy terrible porque son temas estructurales, como la pobreza, la falta de oportunidades por las que muchos jóvenes dicen “bueno, lo único que me queda es aceptar la invitación, entre comillas, de los sicarios para unirme a ellos; gano buena plata, tengo mujeres. Tengo poder momentáneo. Pero de repente mi vida es hasta los 20 o 23 años. Pero la he vivido”.

Hace algunos años, los casos de femicidios en España aumentaron. Y este crecimiento coincidía con los avances de derechos para las mujeres. Parecía que la respuesta de los hombres, ante menos privilegios para ellos, era más violencia. En ese sentido, ¿cuánto se ha avanzado en derechos de las mujeres en Ecuador y cómo es recibido socialmente?

Creo que ha habido momentos históricos donde las mujeres han estado más cerca del movimiento. En la época del Consejo Nacional de la Mujer (Conamu) se hacía un trabajo más o menos sistemático de reuniones con organizaciones. La institución trabajaba varios temas: económico, violencia, maternidad gratuita. Creo que ahí las lideresas tenían conciencia de esos derechos y de la responsabilidad del Estado.

Los derechos de las mujeres no han sido prioridad para los últimos gobiernos, opina Lizi Ernst. Fotografía de Diego Lucero para GK.

Creo que eso se ha ido desdibujando un poco con el tiempo, y con el maltrato de Rafael Correa a las mujeres. Porque un Presidente que es maltratador, que trata a las periodistas como las trató, que trata a las asambleístas como las trató, es un mal ejemplo. Pero es un ejemplo.

Entonces, la gente dice “bueno, si este señor, maltrata a las mujeres, yo por qué no voy a maltratar a las mujeres que tengo a mi alrededor”. 

Por ejemplo, en la época de las Comisarías de la Mujer y de la Familia se empezó a generar esa conciencia de que el ejercicio de la violencia significa corromper un derecho. Creo que se hizo bastante en esa época de las Comisarías. Pero después trasladaron esta competencia a las unidades judiciales, y estas no fueron tan potentes en su convocatoria. Se fueron desdibujando.

Y hasta ahora están muy desdibujadas. Ahora, las Juntas Cantonales de Protección de Derechos han tomado de alguna manera la posta, pero no tienen las atribuciones.

Entonces, de alguna manera también va desdibujando los derechos de las mujeres y de la posibilidad real de demandarlos porque la justicia tampoco está funcionando.

¿De qué manera no funciona?

Por ejemplo, una persona de la Junta de Protección de Derechos de Ambato nos decía “yo remito casos a la Fiscalía porque son de Fiscalía (penales), y me contestan ‘no nos llenen de papeles, ustedes solucionen’”.

Entonces, las autoridades no están en su rol de protectores de derechos. Para ellos son trámites. Y con la reducción del presupuesto del Estado en todas las instituciones lógicamente están hasta aquí. Deben estar muy sobrecargados, y eso incide también en una mala atención. Y quienes salen perjudicadas son precisamente las mujeres y las niñas. 

Ahora con el tema de violencia hay tal impunidad que la gente dice ‘no creo en la justicia’. La justicia no es para nosotras. Entonces, claro, ¿Dónde están los derechos? ¿Dónde exijo mis derechos? ¿Puedo exigir mis derechos? ¿Me hacen caso cuando exijo mis derechos?

Todas esas preguntas están en el aire y las niñas y mujeres se sienten absolutamente en la indefensión porque no hay quién. 

¿Cómo se explica tanta desprotección en estos temas?

Cuando a las juezas y fiscales las ponen en las unidades de género es considerado como un castigo. Hay pocas fiscales que tienen preparación y que realmente son técnicas y saben lo que están haciendo y tienen conciencia de género. 

Yo no sé cómo harán esas divisiones en las fiscalías, cómo harán las movidas para que una fiscal que estaba en tránsito pase a drogas, pase a género y así. Es una barbaridad. 

Lo mismo ocurre en las tenencias políticas. Son los espacios más pequeños, en zonas rurales sobre todo, en donde las mujeres pueden denunciar. A los tenientes los cambian cada que cambia el gobernador, o cada vez que les da la gana. Es gente que no tiene ninguna idea sobre el tema de género. Los secretarios de las tenencias orientan un poco, pero la autoridad principal no tiene la más mínima idea de enfoque de género.

La violencia generalizada que enfrenta el país, sumada a la falta de atención a las mujeres es un panorama desolador. ¿Hay alguna experiencia en otro país que haya funcionado, que se podría aplicar en Ecuador, para garantizar que las mujeres estén más protegidas?

En Bolivia hay una ley pero no sé cuánto se aplica, igual que aquí. El tema de la aplicación de la ley aquí es terrible. 

La presidenta de la Coalición de Mujeres del Ecuador, Lizi Ernst, cree que los centros violeta tienen la oportunidad de patrocinar a las mujeres, que no la aprovecha. Fotografía de Diego Lucero para GK.

Por ejemplo, se supone que el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia está listo. Pero no tiene plata para aplicarse. El Observatorio de género tampoco tiene fondos. El Registro Único de Violencia, tampoco. Lo han anunciado varias veces que ya va a salir, pero no sale. No tenemos información.  

Todo está pendiente.

Sí, y tiene que ver con el fortalecimiento de la institucionalidad, con el tema del presupuesto. Esta ministra, por más buenas intenciones que pueda tener, si es que no tiene presupuesto, no puede hacer nada. 

Y es terrible. Para el Plan Nacional de erradicación de violencia contrataron consultorías desde Onu Mujeres y también apoyó en otras cosas la GIZ. La cooperación internacional no debería suplir al Estado. Sin embargo, en muchas cosas suple al Estado, y eso es una vergüenza. El Estado debería proveer lo que se requiere.

Nos decían en algún momento que la culpa es del propio Ministerio de la Mujer. Y de los gobiernos autónomos descentralizados que no planifican y no piden recursos a tiempo. Yo no sé. 

Pero así pidieran, actualmente hay una deuda del gobierno central con los GAD.

Se dan vueltas. Se muerden el rabo de alguna manera y tratan de justificar esta ausencia. Creo que ahorita todos los gobiernos autónomos descentralizados tiene problemas, pero con las mujeres los GAD tienen una deuda histórica. 

Es decir, antes había deuda pero de repente no era tan grande, ¿y qué se podía hacer? ¿Qué es lo que más importa? Los bordillos, los eventos del Día de la Madre o Día de la Mujer donde se regalan flores, el Día del Niño.  

La falta de institucionalidad del Ministerio de la Mujer es uno de los problemas clave que, según Lizi Ernst, debe atender con urgencia la nueva ministra. Fotografía de Diego Lucero para GK.

Entiendo que el Estado tiene roles específicos que cumplir, pero pensando en otros sectores de la sociedad, ¿cómo podría contribuir el sector privado a este tema?

Creo que es importante que la sociedad se involucre.

El Ministerio de la Mujer debería llamar a las empresas y decirles “este es nuestro plan de trabajo, necesitamos recursos para esto y para esto”. Y si pueden dar para esto y no para lo que ustedes les parece, podría haber una política pública más clara, con un poco más de financiamiento. 

Pero no debería ser con enfoque de caridad. Pensar sólo aporto porque se me reducen los impuestos. 

¿Qué lectura tiene de la designación de Esteban Torres como viceministro de gobierno?

Torres no ha sido una persona pro derechos de las mujeres. Cuando estuvo en la Asamblea fue claramente un tipo que se manifestó en contra del tema de aborto.

Entonces para nosotros esto significa que no la vamos a tener nada fácil porque este año queremos empezar a apoyar la despenalización del aborto en todas sus causales.

Yo creo que Torres está convenciendo a una mayoría en la Asamblea. Y será difícil los cambios si dentro del ministerio de gobierno hay esas posiciones.

¿Y cómo ha sido últimamente la apertura con otros ministerios, tomando en cuenta los derechos de las mujeres?

Con el Ministerio de Salud también hay un tema pendiente: queremos averiguar el gasto en salud sexual y salud reproductiva. Pero cuando hemos pedido nos han dicho que las direcciones zonales tienen una forma diferente de registrar. Unos a mano, otros excel. 

Poder hacer un cálculo de lo que realmente se gasta es casi imposible en derechos sexuales y reproductivos. A menos que sea de la Política Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes (Pipena), que ya tienen montos específicos. 

El problema es que el Ministerio no atiende lo que piden las zonales. Me decían en un centro de salud de Guayaquil que todos los años hacen peticiones específicas, pero nunca nos hacen caso. Es gente de escritorio que no se molesta para nada en verificar si necesitan algo diferente.