La estatal petrolera Petroecuador, fundada en 1989, ha estado rodeada de varios casos de corrupción a nivel nacional e internacional. Incluso, algunos de sus altos funcionarios han recibido sentencias por delitos cometidos cuando estaban a cargo de la institución. También se han abierto investigaciones internacionales en contra de funcionarios de Petroecuador.

Este es un recuento de algunos de los principales casos de corrupción en Petroecuador. 

Capaya, entre sobornos y sobreprecios

Uno de los más reconocidos es el que involucró a Carlos Pareja Yannuzzelli —conocido como ‘Capaya’ por las iniciales de su nombre y apellidos— que fue gerente de Refinación y gerente general de Petroecuador. Además, fue ministro de Hidrocarburos entre 2015 y 2016, durante el gobierno de Rafael Correa. 

El caso Petroecuador estalló en el 2016, cuando se supo de la entrega de sobornos de parte de contratistas a cambio de obras en la Refinería de Esmeraldas. Además, una auditoría de la Contraloría reveló que la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas tuvo sobreprecio porque terminó costando 2.230 millones de dólares, pese a que su presupuesto inicial fue de 754 millones. 

Capaya es uno de los ex funcionarios con más sentencias en el país: en su contra pesan seis, cinco de ellas relacionadas con actos de corrupción y delincuencia organizada en Petroecuador.

Fue sentenciado por cohecho a cinco años, por delincuencia organizada a seis años, por enriquecimiento ilícito a diez años, a diez años de cárcel por el delito de peculado. Recibió su quinta sentencia por el delito de tráfico de influencias a seis años y ocho meses de cárcel. La sexta fue dictada el enero de 2021, por peculado en el caso Singue, es la única no relacionada a Petroecuador. 

Carlos Pareja Yannuzzelli en la Asamblea. Fotografía de archivo

Yannuzzelli no fue el único sentenciado por el caso Petroecuador. Alex Bravo, ex gerente de Petroecuador, también fue sentenciado por cohecho en la trama de corrupción de la estatal petrolera. Según las autoridades, Bravo —al igual que Yanuzzelli— desvió fondos de la empresa para su beneficio personal a cuentas secretas en Panamá. 

En mayo de 2021, tres bienes de Bravo —incluyendo dos casas y un terreno— fueron confiscados por el Estado para ser rematados como parte de la sentencia que ordenó que se restituya el daño causado al país. 

Después del juicio del caso Petroecuador, las autoridades judiciales del país concluyeron que  Bravo y Yanuzelli desviaron los fondos de Petroecuador con la complicidad de varios funcionarios petroleros y contratistas de Petroecuador. En total, 18 personas fueron sentenciadas por este caso. 

Entre los involucrados en este caso también estaba Javier Baquerizo, gerente de la contratista Oil Services Solutions. Sin embargo, en febrero de 2017, Baquerizo fue declarado inocente del delito de cohecho porque la Fiscalía no presentó pruebas suficientes para comprobar que estuvo involucrado en el delito. 

Investigaciones internacionales por presuntos sobornos en Petroecuador 

En 2020 estalló un nuevo caso de corrupción que involucraba a la empresa. 

En diciembre de ese año, la Fiscalía General del Estado del Ecuador abrió una investigación previa de un esquema de corrupción que involucra a Estados Unidos, Brasil, México y Ecuador.

La investigación de la Fiscalía ecuatoriana fue anunciada más de dos meses después de que se abriera una investigación en Nueva York, en Estados Unidos, contra el exgerente de Vitol, el mayor comerciante de petróleo independiente del mundo, por presuntos sobornos a funcionarios de Petroecuador. 

El 24 de septiembre de 2020, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York formuló cargos a Javier Aguilar, exgerente de Vitol, por pagar 870 mil dólares en coimas a funcionarios de Petroecuador. 

En septiembre de 2020, la fiscalía del distrito este de Nueva York en Estados Unidos formuló cargos a Javier Aguilar, exgerente de Vitol, por pagar 870 mil dólares en coimas a funcionarios de la estatal petrolera entre 2015 y julio de 2020. Con el dinero, según los fiscales neoyorquinos, Aguilar aseguró un contrato petrolero de 300 millones de dólares para su empleador. 

En un comunicado del 3 de diciembre de 2020 el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que Vitol también pagó sobornos en Brasil y México. La trama de corrupción en los tres países habría durado 15 años, según Brian Rabbitt, secretario de Justicia auxiliar interino de la División de lo Penal del Departamento de Justicia estadounidense. 

Oficiales del Departamento de Justicia de Estados Unidos hablando sobre el caso de corrupción en el que estaría involucrado Petroecuador.Fotografía tomada de la cuenta de Twitter del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Rabbitt dijo que la compañía pagó “millones de dólares en sobornos a numerosos funcionarios públicos para obtener ventajas competitivas indebidas que resultaron en importantes ganancias ilícitas para la empresa”. Varios de esos pagos se habrían hecho a funcionarios ecuatorianos. El secretario de Justicia aseguró que su departamento estaba determinado a “responsabilizar a las empresas por sus delitos”.

Según el comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos de diciembre de 2020, Vitol Inc. —del grupo de empresas Vitol— accedió a pagar 135 millones de dólares para resolver la investigación del departamento de Justicia de Estados Unidos  por presunta violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Con el pago resolvería, además, una investigación que se desarrolla en paralelo en Brasil. Sin embargo, todavía no hay una sentencia en Ecuador sobre este caso. 

También relacionada a esta investigación, el 6 de abril de 2021, ante una corte de Brooklyn, en Nueva York, Raymond Kohut, exempleado Gunvor, empresa de comercio petrolero, se declaró culpable en Estados Unidos de participar sobornos a funcionarios de Petroecuador. 

Kohut aceptó que cometió el delito de lavado de dinero, delito por el que también se ha investigado a Aguilar. Los millones de dólares lavados —que ascenderían a 22 millones de dólares— por Kohut provenían de pagos de sobornos a funcionarios ecuatorianos a cambio de conseguir contratos con Petroecuador. 

La investigación por presuntos sobornos a Petroecuador desencadenó en las investigaciones a altos funcionarios de otras instituciones. Entre los investigados por los sobornos en Petroecuador en Ecuador está José Raúl de la Torre, ex funcionario de Petroecuador. 

De la Torre es sobrino de Pablo Celi, ex contralor general subrogante que actualmente está en juicio por el caso Las Torres, una trama de corrupción que también involucra a Petroecuador y a De la Torre. 

En junio de 2019, José Raúl de la Torre y Roberto Barrera —un empresario inmobiliario— fueron detenidos en Estados Unidos en una investigación por lavado de activos. De la Torre y Barrera fueron procesados en Estados Unidos por lavar dinero producto de la corrupción en Ecuador. 

En noviembre de 2019, De la Torre confesó que entre 2018 y 2019 trabajaba en Petroecuador y junto con otras personas creó un esquema para recibir millones de dólares en sobornos a cambio de permitir a una empresa petrolera mantener contratos con Petroecuador. 

De la Torre recibía los sobornos en complicidad con Roberto Barrera. Los dos fueron procesados en una corte federal del distrito Sur de la Florida. Barrera se declaró culpable en octubre de 2019. Ambos fueron sentenciados y ya cumplieron su condena en Estados Unidos, pero las investigaciones en Ecuador siguen pendientes. La justicia estadounidense aceptó dejar en libertad a Barrera, luego de cumplir el 70% de los 23 meses que le dictaron de prisión. De la Torre cumplió 5 meses de prisión en diciembre de 2020.  

En un comunicado, en mayo de 2021, la Fiscalía ecuatoriana dijo que tras conocer el caso estadounidense, comenzó una investigación previa para determinar si se había cometido también un delito en el Ecuador. El delito que investigaba era de presunta delincuencia organizada. Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP) este delito se sanciona con cárcel de 5 a 7 años. 

La Fiscalía ecuatoriana pidió la asistencia penal internacional de Estados Unidos. Gracias a eso se evidenció que había un grupo de funcionarios públicos y otras personas en el Ecuador que eran parte de una “estructura organizada, cuya finalidad era cometer varios delitos contra la seguridad pública y la eficiencia de la administración pública”. 

La Fiscalía dice que la estructura estaba liderada por funcionarios públicos de altos cargos. Entre esos, según la institución, estaban Pablo Celi —entonces contralor general subrogante— y José Agusto Briones —exsecretario de la Presidencia de la República en el gobierno de Lenín Moreno, que murió por un presunto suicidio en la cárcel en mayo de 2021. 

Los líderes de la estructura, sostiene la Fiscalía, habrían exigido sobornos a cambio de desvanecer glosas impuestas por la Contraloría, encabezada por Celi, por la indebida ejecución de contratos entre Petroecuador EP y la empresa NOLIMIT S.A., dedicada a la venta por mayor de maquinaria y equipos para la construcción y minería.

El juicio contra Celi, De la Torre y otros acusados en el caso Las Torres  —que incluye al empresario Roberto Barrera, Pablo Flores, ex gerente de Petroecuador, Daniel Orellana, ex gerente de refinación en Petroecuador y otras personas— comenzó el abril de 2022 y hasta agosto todavía no ha concluido. 

La cuestionada intermediación petrolera

En el gobierno de Rafael Correa se hicieron cambios a la política hidrocarburífera del país para ya no usar intermediarios y hacer acuerdos de gobierno a gobierno. Entre ellos, a los que se llegó con China entre 2009 y 2016 como parte de pago de varios créditos más de 18 mil millones de dólares. De esta manera, esperaban evitar a los intermediarios a quienes Correa calificó como mafias. 

Ese cambio originó otro escándalo que le habría dejado a Ecuador cerca de 5 mil millones de dólares en pérdidas, según Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea que está investigando el caso. 

Los documentos que Petroecuador entregó a la comisión revelarían que además de que sí había intermediarias chinas que revendían el petróleo, también ahí participaban bancos europeos como intermediarios. Es decir, las intermediaciones no se eliminaron. 

Villavicencio dijo en febrero de 2022 que el petróleo ecuatoriano que fue entregado a empresas chinas como parte del pago de la deuda fue comercializado por bancos europeos. 

En gran parte de los casos, el crudo habría sido entregado a Gunvor, la empresa investigada en Estados Unidos por presunto lavado de dinero en la trama de sobornos a funcionarios de Petroecuador.

Según expertos, una parte importante del problema era que finalmente el petróleo llegaba a países como Perú gracias a esos bancos, pese a que Ecuador cubría el valor de transporte hasta China. 

Otro de los problemas, según Villavicencio, sería que se entregó cinco veces más petróleo del requerido para pagar la deuda y que el crudo fue entregado por debajo del precio del mercado, un cálculo hecho por Petroecuador. La pérdida sería de aproximadamente 3,60 dólares por barril —dependiendo del tipo de barril—, lo que deja una pérdida total de casi 5 mil millones de dólares al país.  

El caso de Nielsen Arias

Nielsen Arias Sandoval, un ex alto funcionario de Petroecuador, fue parte esencial de un esquema de sobornos y contratos irregulares en la estatal petrolera, según una investigación de la justicia de Estados Unidos. Las autoridades ecuatorianas también hicieron allanamientos y detuvieron a otros presuntos involucrados en el caso, a raíz de la investigación estadounidense.

Un documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que se hizo público el 25 de octubre de 2022, reveló una investigación de varios meses en contra Arias, y de otros funcionarios y empresarios que también estarían involucrados en los delitos. 

Arias, quien fue gerente de Comercio Internacional de Petroecuador entre 2010 y 2017, es acusado en Estados Unidos de lavado de dinero, conspiración para cometer lavado de dinero y cohecho. Arias fue detenido en agosto de 2021 en Estados Unidos, pero después de pagar una fianza de un millón de dólares salió en libertad y ahora colabora con la justicia. 

Según la justicia estadounidense, entre 2010 y 2012, Arias —junto a otras personas— participó en un esquema de sobornos y lavado de dinero internacional en el que “a sabiendas, deliberada y corruptamente aceptó y estuvo de acuerdo en aceptar sobornos” de empresas intermediarias y comerciantes de energía y asfalto.

A cambio del dinero, Arias utilizaba su cargo e influencia para asegurar “ventajas indebidas” para ayudar a que ciertas empresas mantengan negocios con Petroecuador. Con esos contratos, las empresas estatales extranjeras le daban préstamos a Ecuador a cambio de barriles de petróleo que debían ser entregados a lo largo de determinado periodo.  

Ese proceso, conocido como preventa petrolera, sí era legal. Sin embargo, al ser contratos entre gobiernos no era necesario que hubiera un proceso de licitación, pero hubo empresas extranjeras que se aprovecharon. Ciertas empresas extranjeras del sector privado llegaron a acuerdos con las estatales petroleras de esos otros países para vender y transportar los productos petroleros que fueron entregados a los gobiernos por los contratos de Petroecuador. 

Las empresas privadas pagaron sobornos a Arias —aprovechándose de su cargo— para garantizar que los contratos de Petroecuador se hagan solo con ciertas estatales extranjeras. Además, a cambio de los sobornos recibieron información privilegiada sobre los contratos y el crudo les fue entregado en tiempos convenientes para evitar multas. 

Para esconder las ganancias de estas actividades irregulares, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dice que Arias y sus co conspiradores habrían hecho transferencias de dinero a cuentas bancarias offshore en Estados Unidos. Esas cuentas, dice el documento, estaban controladas o asociadas con Arias. El acusado también habría hecho transferencias a una cuenta internacional manejada por uno de sus familiares cercanos. 

El esquema del que era parte Nielsen Arias también está relacionado con otros casos de corrupción en Petroecuador. La investigación más reciente de la justicia estadounidense confirmó que Nielsen Arias —y otros de los involucrados— fueron parte de un esquema de sobornos y lavado de dinero que involucraba pagos a cambio de que “dar ventajas indebidas” para que Vitol —el mayor comerciante privado de petróleo del mundo— mantuviera contratos con Petroecuador. 

Como parte de este esquema, las empresas intermediarias llegaron a acuerdos fraudulentos con compañías en Curazao. El propósito era facilitar los pagos de los sobornos a los empleados de Petroecuador, incluyendo a Nielsen Arias. En el periodo que duró el esquema, Arias recibió aproximadamente 800 mil dólares en sobornos de parte de Vitol. 

Aquí puedes leer más de las investigaciones contra Nielsen Arias.

La “influencia” del esposa del gerente general

El 1 de agosto de 2022, el presidente Guillermo Lasso ordenó cesar en funciones a Ítalo Cedeño, gerente general de Petroecuador. 

La decisión de Lasso se anunció horas después de que Cedeño admitiera públicamente en una entrevista que en el primer mes en el cargo su esposa Martha Morlas “tenía influencia” y lo aconsejaba sobre las personas que eran honestas o corruptas en la estatal petrolera. 

En una publicación en su cuenta de Twitter de la noche del 1 de agosto de 2022, el presidente Lasso dijo que ordenó al directorio de Petroecuador que cese en funciones a Cedeño. Lasso dijo que “en las próximas horas” se designaría a su reemplazo. Sin embargo, todavía no se ha confirmado quién será el reemplazo de Cedeño. 

En la publicación, el presidente Lasso no da más detalles sobre los motivos por los que pide que Cedeño salga de Petroecuador. Sin embargo, su decisión fue anunciada horas después de la polémica entrevista del entonces gerente general de Petroecuador con La Posta. 

La mañana del 1 de agosto, Cedeño dijo que en enero de 2022, cuando ejerció el cargo, “el primer mes, único mes, mi esposa tenía influencia. Como me imagino tu esposa también tenga influencia sobre ti aconsejandote en casa. Diciendo ‘mira, tales personas son honestas, tales son corruptas, investígalas’. Es el consejo típico de una esposa y no está mal”. 

Anderson Boscán, quien conducía la entrevista, le preguntó si Morlas participaba de los procesos de selección de personal de la compañía estatal. A lo que Cedeño contestó que “absolutamente para nada, yo soy la persona que tengo que decirle al gerente de talento humano quién entra y quién sale”. 

Boscán mostró un audio en el que presuntamente Morlas hablaba con Karla Gonzaga, entonces directora de talento humano de Petroecuador, sobre una presunta contratación. Además, mostró capturas de pantalla de conversaciones y llamadas que habría tenido Martha Morlas con otros funcionarios de Petroecuador en los que hablan de entrevistas y de decisiones que estarían relacionadas a la presunta designación de funcionarios públicos. 

Ítalo Cedeño en un evento en julio de 2022. Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de Petroecuador.

En respuesta, Ítalo Cedeño dijo que él presentó una denuncia ante la Fiscalía para que haga una investigación completa sobre este caso porque, según él, alguien está intentando extorsionarlo. 

Esas presuntas extorsiones, dijo, vendrían de “una señora que se sintió complicada porque le boté a toda la mafia que tenía en Petroecuador y todos los corruptos que estaban ahí a nombre de ella trabajando, desde ahí salieron todos esos audios”. 

En ese audio, compartido por Cedeño se escucha que una voz de mujer dice “a mi hijo, ni a mi gente no la toque. Están cansados de que estén acosándoles psicológicamente”. Añade que mientras “no los toque” ella no va a hacer nada, pero si pasa algo, dice la voz, “yo no respondo”.

Cedeño no quiso decir el nombre ni dar detalles sobre la mujer que habla en ese audio, solo dijo que se refiere a funcionarios que él había despedido en su administración y que se trataba de “una persona muy influyente y poderosa que tiene este tipo de actuaciones”. Aseguró que esa persona es “el origen de todo eso”, refiriéndose a las acusaciones sobre la influencia de su esposa. 

Cedeño dijo que hasta lo había conversado con el presidente Guillermo Lasso. Según Ítalo Cedeño, lo hablaron en una reunión del 8 de julio en la que también estuvo Iván Correa, secretario de Administración Pública de la Presidencia y Xavier Vera, ministro de Energía y Minas. 

Cedeño dijo que le dijo al presidente Lasso que los rumores sobre él eran que en el primer mes su esposa tenía influencia sobre para aconsejarlo sobre funcionarios honestos, “para pedirme que saque funcionarios corruptos”. 

Según Cedeño, Lasso fue comprensivo y le dijo que cuando él aceptó ser gerente general de Petroecuador sabía “que estaría expuesto a atrocidades”. Sin embargo, el Presidente anunció que ordenó su destitución horas después de la entrevista en la que Cedeño habló sobre la influencia que habría tenido su esposa sobre la selección de personal de Petroecuador.

La salida del Ministro de Energía

Xavier Vera dejó de ser ministro de Energía y Minas el 28 de octubre de 2022. Su salida se anunció pocas horas después de una serie de allanamientos a viviendas y a una oficina de Vera. Vera ocupó el cargo de ministro por poco más de cinco meses.

La madrugada del 30 de octubre de 2022, la Fiscalía dijo que allanó la casa en Samborondón de un hombre identificado como Allan V., quien trabajaba como asesor de Vera en el Ministerio de Energía. La Fiscalía confirmó que esa serie de diligencias se enmarcaban en una investigación por presunto cohecho en la que estaría involucrado Vera. Este delito consiste en recibir o aceptar algún beneficio económico indebido a cambio de hacer, omitir, agilizar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones.

Semanas antes de los allanamientos, el medio digital La Posta publicó documentos y audios filtrados, entre ellos uno en el que, presuntamente, Vera le habría ofrecido una gran suma de dinero a Ítalo Cedeño —al menos dos millones de dólares— por ubicar en cargos de alto nivel. 

“Sí, él [Xavier Vera] vende puestos. A mí me pidió dos o tres puestos, que a mí me ofrecían planta por esos puestos. Son dos millones por esos puestos. Él no directamente, a través de un intermediario”, decía Ítalo Cedeño, el ex gerente de Petroecuador, en un audio al que La Posta tuvo acceso y reveló el 20 de octubre.  

En ese mismo registro, Cedeño contaba que ese sería el costo por un cargo en la gerencia de Transporte o subgerencia de Logística y Abastecimiento. 

El mismo 20 de octubre, Vera acudió a la Fiscalía ecuatoriana para presentar una denuncia para que sea la institución quien investigue las acusaciones de Cedeño.

Un día después de la presentación de esos audios, Cedeño decidió retractarse. Llamó al medio digital La Posta para decir: “No fue Xavier Vera. Yo no he dicho eso”. 

Sin embargo, también se reveló otro audio que sería el abogado Adrián Alonso Zamora Villamar. En él, Zamora cuenta que Vera le había pedido 150 mil dólares para asumir un cargo en la Coordinación de Imbabura. Alonso Zamora sí llegó a ostentar un puesto, en el que se encargó del control minero de la provincia andina. La mañana del 27 de octubre de 2022, la Fiscalía allanó la habitación de un lujoso hotel de Quito en el que Alonso Zamora se hospedaba, horas antes del ingreso a las viviendas y despacho de Vera.

Otro caso Petroecuador

La mañana del 10 de febrero de 2023, la Fiscalía hizo allanamientos relacionados a una investigación denominada caso Petroecuador. Esos allanamientos se hicieron a las casas de Hugo Aguiar, en ese entonces gerente general de Petroecuador, Ítalo Cedeño, ex gerente de Petroecuador; César Pazmiño, ex asesor de gerencia de refinación de Petroecuador, y Marcos Miranda, ex subsecretario general jurídico de la Presidencia.

Además, la Fiscalía allanó las oficinas de la gerencia y la procuraduría de Petroecuador. Los operativos llegaron, incluso, al propio Palacio de Carondelet, sede presidencial ecuatoriana. Ahí, la Fiscalía allanó la Subsecretaría Jurídica de la Presidencia. 

En los allanamientos del 10 de febrero se incautaron documentación, computadores portátiles, dispositivos de almacenamiento y celulares.  

Originalmente, a las 7 de la mañana del 10 de febrero, la Fiscalía dijo que estos allanamientos estaban relacionados al caso Encuentro, que investiga una presunta red de corrupción dentro del gobierno del Ecuador. Sin embargo, 4 horas después, la Fiscalía publicó un comunicado en su cuenta de Twitter diciendo que “por un error involuntario” se dijo que los allanamientos eran parte de las diligencias del caso Encuentro y que en realidad “corresponde a otra investigación previa”. 

Esa investigación, dice el comunicado de la Fiscalía, es por el presunto delito de concusión y fue ​​abierta el 4 de agosto de 2022. Según la institución, fue denominada “caso Petroecuador”, un nombre similar al que se le dio en el 2016 a la investigación por la entrega de sobornos de parte de contratistas a cambio de obras en la Refinería de Esmeraldas. La dirección de comunicación de la Fiscalía le dijo a GK que ese era un caso en investigación previa y que por el momento no se podían dar más detalles.  

Esa misma mañana, Diana Salazar, fiscal general del Estado, compareció ante la Comisión verdad justicia y lucha contra la corrupción El Gran Padrino de la Asamblea Nacional que se formó para investigar el caso Encuentro. Ahí, Salazar enfatizó en que los allanamientos del 10 de febrero se hicieron por el caso Petroecuador, no el caso Encuentro. 

Salazar dijo que no podía dar muchos detalles sobre ninguno de los dos casos porque estaban en investigación previa. Sin embargo, dijo que esta es una “investigación que la Fiscalía viene adelantando desde agosto de 2022, cuyo sospechoso es el actual gerente de la empresa pública Petroecuador”. Es decir, Hugo Agiuar. La investigación del caso, dijo Salazar, se abrió por “un parte policial que fue ingresado sobre presuntos actos de corrupción que se venían desarrollando al interior de esta empresa”.

Las investigaciones por presunta corrupción también causaron que se haga una convocatoria extraordinaria del directorio de Petroecuador. En un comunicado publicado la mañana del 10 de febrero de 2023, dos horas después de los allanamientos a la empresa pública y la casa de Aguiar, dice que se convocó a la reunión “considerando los últimos acontecimientos de conocimiento público relativos al gerente general de Petroecuador”.  

En un oficio que circuló en redes sociales en el que se convocaba a la sesión extraordinaria decía que el punto principal de la reunión era la “sustitución del gerente general” de la estatal petrolera y la designación de su reemplazo. La reunión estaba convocada para las 10:15 de la mañana del 11 de febrero. Hugo Aguiar renunció un día antes de la sesión. 

Después de la salida de Aguiar, el directorio de Petroecuador encargó temporalmente la gerencia general de la estatal petrolera a la ingeniera María Elisa Soledispa.

En un comunicado, publicado la mañana del 10 de febrero, la Presidencia aseguró que colaborará con la Fiscalía en las investigaciones del caso. “El Gobierno reitera su tolerancia cero contra la corrupción. El Gobierno ratifica su compromiso y postura firme en favor de la transparencia”, se puede leer en el comunicado. Ese comunicado fue replicado por Petroecuador en su cuenta de Twitter.