América Latina está enfrentando grandes desafíos sobre los derechos humanos, dice el Informe Mundial 2022 de la organización Human Rights Watch. Un capítulo detalla las vulneraciones a derechos humanos en el Ecuador durante la pandemia del covid-19, una época marcada por cambios de gobiernos y crisis económica.
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Human Rights Watch, una organización no gubernamental que trabaja por los derechos de las personas en el mundo, realizó un informe general sobre América Latina. También hizo uno sobre cada país.
El informe está dividido en 14 subtemas de los que se ha hablado con más énfasis entre 2020 y 2021. El informe sobre la situación de los derechos humanos en Ecuador es breve con 9 páginas.
Estos son los principales resultados del informe de derechos humanos de Ecuador:
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La crisis en las cárceles
Human Rights Watch incluye una parte breve sobre las masacres ocurridas en las cárceles del país, en especial en la Penitenciaría del Litoral.
En esos enfrentamientos entre bandas, se perdieron cientos de vidas, por lo que el presidente Guillermo Lasso declaró un estado de emergencia.
El informe también dice que más de 600 presos se enfermaron de covid-19 en 2020, en el pico de la pandemia, “estando en pabellones con celdas sobrepobladas”.
El informe menciona la sobrepoblación y la falta de atención en salud como dos de los problemas más grandes que sufren las personas presas.
El aborto y femicidios en Ecuador
El informe de Human Rights Watch destaca que el 28 de abril de 2021, la Corte Constitucional despenalizó el aborto en casos de violación.
La Defensoría del Pueblo debía presentar un proyecto de ley a la Asamblea Nacional para que sea debatido y aprobado y así garantizar este derecho.
El informe hace una comparación del reporte de femicidios de la Fiscalía: 49 entre enero y septiembre de 2021, mientras que las organizaciones reportaban 100 femicidios de enero a junio.
Las cifras son distintas porque los fiscales solo lo cuentan cuando hay una investigación que puede durar hasta años, mientras que las organizaciones y activistas lo contabilizan apenas conocen del caso. 2021 fue el año más violento para mujeres y niñas desde que se tipificó el femicidio en Ecuador en 2014.
Los derechos de las niñas, niños y adolescentes
El informe dice que la pandemia golpeó a la educación de niñas, niños y adolescentes.
Casi 4,5 millones de estudiantes perdieron al menos las tres cuartas partes de un año de instrucción presencial, dice el informe. Además, en la pandemia, apenas 4 de cada 5 hogares tuvieron acceso a educación preescolar y otros servicios de desarrollo de la primera infancia, que va hasta los 5 años.
El corto documento también menciona los logros del fallo sobre el caso de Paola Guzmán Albarracín, una adolescente de 17 años que fue violada por el vicerrector y el médico de su colegio en Guayaquil, y que se suicidó en 2012.
En agosto de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado ecuatoriano era el responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, la honra, la dignidad y a la educación de Paola Guzmán. La Corte dictó algunas medidas de reparación para la familia de Paola Guzmán.
Sin embargo, el informe dice que a la fecha que fue realizado, Ecuador no había cumplido de forma total con las medidas ordenadas por la corte.
Ecuador debe publicar datos sobre:
- La violencia sexual relacionada con las escuelas,
- Capacitar al personal educativo sobre cómo manejar y prevenir situaciones de violencia sexual, y
- Asistir a las víctimas de violencia sexual relacionada con el ámbito escolar y a sus familias.
Lo que si ha cumplido, dice el informe, es la creación del Día Nacional contra la violencia sexual en las escuelas, cada 14 de agosto. La Asamblea Nacional modificó la ley de educación para agregar mecanismos contra la violencia en las escuelas y garantizar el libre acceso a la información sobre sexualidad y derechos sexuales y reproductivos, dice el informe.
Derechos de las personas con discapacidad
El informe incluye el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Luis Guachalá Chimbo, un joven que tenía discapacidad mental y sufría de epilepsia y estaba internado en el Hospital Psiquiátrico Julio Endara en Quito pero desapareció y no ha sido encontrado.
La Corte declaró al Estado ecuatoriano como responsable de vulnerar el derecho a la salud, discriminación, desaparición, falta de garantías, protección judicial, libertad personal, dignidad, vida privada, acceso a la información, igualdad. “Persiste un modelo de sustitución en la toma de decisiones que no reconoce la plena capacidad legal de las personas con discapacidad”, dice el informe.
Derechos de las personas LGBTIQ
Desde junio de 2019, las parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio en el Ecuador.
La Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de esa prohibición que constaba en la ley.
Sin embargo, el informe dice que la Asamblea Nacional no ha cumplido con lo que le ordenó la Corte Constitucional.
El Legislativo debe realizar “disposiciones legales sobre el matrimonio civil para las parejas del mismo sexo”. Además, debe reformar el procedimiento de reconocimiento legal del género para las personas transgénero, regular los métodos de reproducción asistida y permitir que las parejas del mismo sexo registren a sus hijos usando sus apellidos.
Otro punto citado en el informe es que el 28 de junio de 2021, el gobierno creó la Subsecretaría de las Diversidades para crear políticas que eviten la discriminación a las personas LGBTI, destaca el informe.
Derechos de los pueblos indígenas
El informe resalta que el 18 de junio de 2020, los pueblos indígenas que “se vieron afectados” por el covid-19 demandaron exitosamente al gobierno por su inacción para atender la emergencia en sus comunidades.
Una jueza ordenó al Ministerio de Salud que envíe equipos médicos para atender la crisis sanitaria en las zonas donde residen los pueblos indígenas ecuatorianos. Hasta julio de 2021, dice el documento, 126 personas waoranis habían sido vacunadas. Sin embargo, no relaciona esa cifra con el total de personas que residen en estas comunidades.
Otros de los puntos importantes de los derechos de los pueblos indígenas en estos dos años es que la Corte Constitucional falló en contra de la prisión preventiva de miembros de pueblos indígenas aislados.
Además, el tribunal más alto del país decidió que no se puede ordenar la prisión preventiva para las personas de las tribus recientemente contactadas si antes no se evalúan alternativas a la detención en un “diálogo intercultural adecuado”.
Refugiados, solicitantes de asilo y migrantes
Ecuador ha aprobado “algunas de las leyes más progresistas de la región sobre protección de migrantes y refugiados”, dice el informe.
Ecuador promete dar atención médica gratuita independientemente de la condición migratoria, sin embargo, el documento de Human Rights Watch dice que las personas venezolanas “enfrentan limitaciones”.
Una de las principales, es que obtener una visa tiene costos elevados y que los trámites para hacerlo toman mucho tiempo. Especialmente, se retrasaron por la pandemia del covid-19. Hasta septiembre de 2021, en el país había 451.093 migrantes y refugiados venezolanos.
En total, dice el informe, había 1.151 personas refugiadas de distintos países que residían en Ecuador, hasta agosto del año pasado.
Corrupción en la pandemia
El documento también tiene una corta sección para los casos de corrupción que han pasado en la pandemia.
Menciona brevemente a los contratos irregulares, la malversación de fondos, las compras de insumos médicos con sobreprecios y el lento proceso de vacunación contra el covid-19 del gobierno de Lenín Moreno, que terminó en mayo de 2021.
Otro de los puntos mencionados es la desaparición de los cuerpos de las personas fallecidas por el covid-19. Entre marzo y abril de 2020, en Guayaquil murieron más de 15.000 personas durante la primera y más letal ola de la enfermedad en América Latina.
En las primeras semanas de la pandemia, se fueron sumando los cuerpos desaparecidos y ascendía a más de 100 cadáveres que fueron extraviados en morgues, funerarias y hospitales. Algunos ya han sido encontrados, pero todavía hay familias que siguen buscando a sus seres queridos casi dos años después de su muerte.
Otras conclusiones:
- Hubo un avance en los derechos de manifestantes. La Corte Constitucional declaró inconstitucional una resolución del Ministerio de Defensa de mayo de 2020 que permitía a los militares utilizar la fuerza letal en manifestaciones o reuniones. El informe destaca que la Corte dijo que el uso de la fuerza “debe ser excepcional, temporal, estar limitado a lo estrictamente necesario y complementar las actividades de los agentes de orden público”.
- La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Protección de Datos para garantizar los derechos de las personas a acceder, corregir y eliminar datos incorrectos sobre ellos en bases de datos.
- El informe menciona que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) hizo una audiencia sobre el caso El Universo, 10 años después de lo ocurrido, y afirma que hasta que se redactó el documento, no se había emitido una decisión. El 21 de diciembre del año pasado, la Corte IDH falló a favor del diario y concluyó que el Estado ecuatoriano era responsable por la violación de los derechos a la libertad de expresión.
- En agosto de 2020, la Corte Constitucional “limitó significativamente las facultades del Consejo de la Judicatura para intervenir en el trabajo de los jueces”. Sin embargo, el informe dice que en 2021 continuaron los reclamos por las demoras en procesos judiciales, la falta de garantías en el debido proceso en casos de investigaciones por corrupción.
