El 14 de agosto de cada año se conmemorará  el Día oficial de lucha contra la violencia sexual en las aulas. Esta fecha se creó en 2021 como parte de las reparaciones de la sentencia del caso Paola Guzmán Albarracín, que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Paola Guzmán Albarracín fue una adolescente guayaquileña de 16 años que fue abusada por Bolívar Espín, entonces de 65 años y vicerrector de su colegio. Paola estaba en riesgo de perder el año escolar y Espín, a cambio de “ayudarla” con sus calificaciones, le exigió relaciones sexuales. Después de dos años de violación sexual, Paola Guzmán quedó embarazada. Luego fue presionada por el vicerrector para abortar con la ayuda del médico del colegio, quien le exigió tener relaciones sexuales a cambio de hacerle el procedimiento.

El 12 de diciembre de 2002, Paola ingirió una alta cantidad de fósforo blanco — un químico que se suele usar para fabricar municiones. Puede causar quemaduras e irritación, daño al hígado, los riñones, el corazón, los pulmones, huesos y causar la muerte. La adolescente agonizó durante horas y murió la madrugada del día siguiente como consecuencia de la intoxicación.

El 14 de agosto de 2020, la Corte IDH sentenció al Estado ecuatoriano por este caso que había sido elevado ante el Sistema Interamericano años atrás. En el fallo, la Corte declaró al Estado responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, a la protección de la honra y de la dignidad y a la educación de Paola Guzmán. Además la Corte condenó al Estado por el “incumplimiento de las obligaciones de prevenir actos de violencia contra la mujer y abstenerse de realizarlos”.

El caso de Paola llegó a la Corte en 2006 y es el primero de abuso sexual en el ámbito educativo en llegar al máximo tribunal regional. 

Ecuador sigue sin cumplir con las medidas dictadas por la Corte

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Según el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam) en Guayaquil, hasta el momento el Estado ha cumplido con realizar un Acto público de reconocimiento de responsabilidad en el que le otorgó el título póstumo de bachiller a Paola. Sin embargo, todavía no ha avanzado con varias medidas de no repetición —que son acciones que debe hacer el Estado para que las situaciones que provocaron violaciones a los Derechos Humanos nunca vuelvan a ocurrir— que la Corte IDH también le ordenó comenzar a cumplir dentro del primer año posterior a la publicación de la sentencia. 

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Entre las medidas que el Estado aún debe adoptar están:  

  • Tener estadísticas permanentes y actualizadas sobre situaciones de violencia sexual contra niñas o niños en el ámbito educativo. 
  • Lograr la detección y denuncia de casos de violencia sexual contra niñas o niños. 
  • Llevar a cabo la capacitación de personal educacional para abordar y prevenir situaciones de violencia sexual. 
  • Proveer orientación, asistencia y atención a las víctimas de violencia sexual y/o a sus familiares.

Abuso sexual en las aulas del Ecuador

La violencia sexual afecta a miles de niños, niñas y adolescentes en el Ecuador y es un delito que permanece aún invisible a los ojos de las autoridades. Diversos estudios e informes han demostrado la urgencia de combatir esta violencia de manera sistemática en el ámbito educativo: un informe de la organización Human Rights Watch (HRW, por sus siglas en inglés) plantea que la violencia sexual es “endémica” y de larga data dentro del sistema educativo ecuatoriano.

Según datos gubernamentales analizados por Human Rights Watch, 4.221 estudiantes sufrieron violencia sexual en instituciones educativas entre 2014 y mayo de 2020. Entre los casos documentados habían delitos de violación y abuso sexual como obligar a los niños a realizar actos sexuales en las instalaciones de la escuela. Incluso, algunos estudiantes también abusaron y acosaron sexualmente a sus compañeros y compañeras.