Una histórica sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) resolvió el 21 de diciembre de 2021 el caso El Universo. En su fallo, declaró la responsabilidad del Estado ecuatoriano por la violación de los derechos a la libertad de expresión, circulación y residencia del editorialista Emilio Palacio y los directivos de diario El Universo, Nicolás Pérez Lapentti, Carlos Pérez Barriga y César Pérez Barriga. 

Esta es una breve explicación del caso El Universo.

Un poco de contexto histórico.

El caso El Universo se refiere a un proceso judicial que entabló en contra del diario El Universo de Guayaquil el entonces presidente de la República, Rafael Correa. El juicio terminó con una desproporcionada y cuestionada condena en contra del diario a la que, posteriormente, Correa renunció y “perdonó” al centenario medio guayaquileño. 

Ese proceso judicial fue uno de los puntos más altos de la confrontación entre Correa y la prensa ecuatoriana, a la que convirtió en su enemigo político y a la que fustigó sin respiro mientras estuvo en el poder entre 2007 y 2017. La Corte IDH ha descrito a esa década como de “confrontación y conflictividad” entre Correa y la prensa que lo cuestionaba.

La fricción entre El Universo y el presidente Correa empezó muy temprano en su gobierno. Quizá el primer desencuentro se dio el 19 de mayo de 2007, cuando Palacio —entonces director editorial del diario— asistió a una de las cadenas sabatinas de Correa en la que estaban otros periodistas en una especie de mesa redonda con el Presidente. 

El intercambio entre Correa y Palacio se volvió tenso. “Yo tengo derecho a preguntarle”, le dijo Palacio. “Y yo tengo derecho a no contestarle”, le contestó Correa. Palacio lo cuestionaba porque le decía que Correa generalizaba de una supuesta la relación de “prensa con la partidocracia” y la dictadura militar. El cruce siguió subiendo de tono: “No le grite al presidente, Emilio”, “No me interrumpa, Emilio”, le decía Correa. Palacio le reclamaba la intromisión de los seguidores del Presidente, que lo abucheaban. Al final, Correa ordenó expulsar a Palacio de la reunión:

—¡No me interrumpa¡ ¡No me interrumpa! Una más Emilio y voy a tener que hacerlo retirar…sáquelo a este señor.

Entre abucheos de estudiantes y funcionarios del correísmo, Palacio fue escoltado por un grupo de policías. En los años subsiguientes, los agravios a la prensa se intensificaron. El presidente acuñó la expresión “Prensa corrupta” para desprestigiar el trabajo periodístico, que enfrentaría fuertes hostilidades de parte de los seguidores de Correa, especialmente en las calles. 

Ese fue el inicio del desigual enfrentamiento entre el poder estatal y un periódico. Pero hubo otros casos de demandas y persecuciones administrativas contra la prensa  en la década en que gobernó Correa.

En 2011, el Presidente demandó también a los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita por la publicación de un libro que hacía revelaciones sobre los contratos con el Estado de su hermano, Fabricio Correa. 

En 2013, cuando Alianza País logró una abrumadora mayoría en la Asamblea Nacional, se aprobó una restrictiva ley de comunicación, que imponía multas y sanciones para los medios. Estas multas se imponían desde un oscuro ente llamado Superintendencia de Comunicación, que imponía multas a diarios y televisoras y les ordenaba rectificar con titulares inverosímiles como propagandísticos como El IESS ha progresado y mejorará aún más en los próximos años. En sus enlaces sabatinos, Correa dedicaría varios minutos a la prensa, en segmentos de nombres peyorativos como La cantinflada de la semana. La tensión se mantuvo hasta el final de su régimen. 

El caso El Universo, paso a paso

Todo empezó cuando Palacio publicó el 6 de febrero de 2011 un artículo de opinión llamado NO a las mentiras, en el que Palacio discutía la insurrección policial del 30 de septiembre de 2010.  “La Dictadura informó a través de uno de sus voceros que el Dictador está considerando la posibilidad de perdonar a los criminales que se levantaron el 30 de septiembre, por lo que estudia un indulto. No sé si la propuesta me incluya (según las cadenas dictatoriales, fui uno de los instigadores del golpe); pero de ser así, lo rechazo”. 

El texto cerraba con un señalamiento grave. “El Dictador debería recordar, por último, y esto es muy importante, que con el indulto, en el futuro, un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente”. 

La afirmación de que Correa había ordenado disparar contra un hospital fue considerado como una injuria por el Presidente. 

El 22 de marzo de ese mismo año, Correa demandó a Palacio, a la compañía anónima El Universo y a sus directivos Nicolás Pérez Lapentti, Carlos Pérez Barriga y César Pérez Barriga. Correa había dicho un día antes en un programa de radio que la demanda iba a ser un “hito en la historia ecuatoriana” —algo que ha terminado siendo cierto, pero por la condena que ha recibido en su contra el Estado ecuatoriano en la Corte IDH. 

El 10 de julio, Palacio renunció a su cargo como director editorial de El Universo. “Espero que esta renuncia dé lugar a que el Presidente en efecto retire su querella contra EL UNIVERSO y contra los señores Carlos, César y Nicolás Pérez”, dijo Palacio en su dimisión. “Acepto, si él insiste, que continúe con la querella en mi contra y con su aspiración a que yo pague con cárcel y recursos económicos, reservándome el derecho, naturalmente, de defenderme legalmente y demostrar en el ámbito nacional e internacional mi absoluta inocencia. Agradezco una vez más a los señores Pérez y aplaudo públicamente su valentía”, terminaba diciendo Palacio. 

Dos meses después, el 20 de julio de 2011, el juez penal Juan Paredes —encargado temporalmente del caso— emitió una sentencia que pasó a ser conocida como el caso Chucky Seven, pues una pericia determinó que el fallo se había escrito en un tiempo récord, en un computador externo que utilizaba una versión pirata del sistema operativo de Windows denominada ‘Chucky Seven’. El documento llegó al juzgado del que Paredes estaba encargado en una memoria portátil. Esto haría suponer que la sentencia no fue redactada por el propio Paredes, sino que le fue entregada ya lista. Por la sospecha, se abrió una investigación en contra del juez. 

 Condenó a Palacio y los hermanos Pérez a tres años de prisión y una multa de doce dólares. Pero, además, como medida de reparación, dispuso el pago de 30 millones de dólares a la supuesta víctima, es decir, a Rafael Correa. Diario El Universo también, como empresa, debía pagar diez millones de dólares, así como los honorarios profesionales de los abogados del denunciante. 

La sentencia fue duramente criticada por expertos jurídicos y medios de toda la región por su desproporción y por mezclar cuestiones civiles y penales en un mismo fallo, dijo la organización de monitoreo de la libertad de expresión Fundamedios. 

Emilio Palacio y los hermanos Pérez presentaron dos recursos contra la sentencia de primera instancia de nulidad, para declarar la invalidez de la sentencia, y de apelación. Luego, interpusieron un recurso de casación, que se resuelve ante la Corte Nacional de Justicia, máximo estamento judicial ecuatoriano. Sin embargo, para febrero de 2012, todos los recursos habían sido rechazados. En ese momento, la Corte Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares a favor de los directivos de El Universo.

El 27 de febrero de 2012, el ex presidente Rafael Correa ofreció su perdón para los sentenciados y la Corte Nacional de Justicia lo aceptó. Así, dispuso el archivo de la causa. 

El 24 de octubre de 2012 el caso El Universo llegó a la CIDH. El 24 de octubre de 2011, el periodista Emilio Palacio Urrutia, y los directivos de El Universo, Carlos Pérez Lapentti, Carlos Pérez Barriga, César Pérez Barriga, presentaron una solicitud inicial ante la Comisión para que revisara el caso contra el Estado ecuatoriano. 

Pasaron cuatro años hasta que la CIDH admitió el caso para su revisión en octubre de 2015.

En marzo de 2019, ya en el gobierno de Lenín Moreno,  la Comisión presentó un Informe de Fondo con sus conclusiones sobre el caso. Además, hizo varias recomendaciones al Estado ecuatoriano. Un mes después, la Comisión le envió el informe de Fondo al Estado y le dio un plazo de dos meses para cumplir las recomendaciones. Pero Ecuador no cumplió y pidió dos prórrogas para presentar el informe. Finalmente lo hizo el 3 de octubre de 2019.

Seis días después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Corte no empezó a tratar el caso sino hasta febrero de 2020, cuando hizo la notificación del proceso al Estado ecuatoriano y los afectados. 

La Corte anunció la resolución del caso ayer, 21 de diciembre de 2021. El fallo convierte a el caso El Universo en un referente jurisprudencial e histórico sobre la libertad de prensa en la región.

Estas son las medidas de reparación dispuestas por la Corte IDH:

Además de concluir que hubo una violación de derechos, la Corte IDH también ordenó varias medidas de reparación a favor de Palacio y los directores de El Universo. Las medidas principales son:

• Dejar sin efecto, “en todos sus extremos”, la sentencia del 20 de julio de 2011 contra Emilio Palacio Urrutia, Carlos Pérez Lapentti, Carlos Pérez Barriga, y César Pérez Barriga. 
• Publicar el resumen de la sentencia de la Corte en un “Diario Oficial” —del Estado—y en “otro diario de circulación nacional”, en un plazo de seis meses.
• Publicar la sentencia completa de la Corte en el sitio web oficial del Consejo de la Judicatura, en un plazo de seis meses.
• Crear e implementar un plan para capacitar a los funcionarios públicos en materia de derechos humanos y libertad de expresión, para garantizar que estos se cumplan en la esfera pública. El Estado tendrá un año para implementar este plan.
• Pagar 400 mil dólares por daños materiales e inmateriales, y otros gastos en los que incurrieron los afectados. Este monto está dividido así:
  • 300 mil dólares para Emilio Palacio Urrutia por daños materiales, por los salarios que dejó de percibir al salir del país, y por daños inmateriales —sufrimientos y aflicciones.
  • 20 mil dólares para Carlos Pérez Lapentti, por daños inmateriales.
  • 20 mil dólares para Carlos Pérez Barriga, por daños inmateriales.
  • 20 mil dólares para César Pérez Barriga, por daños inmateriales.
  • 40 mil dólares para los abogados que participaron en el litigio de 2011 y aquellos que participaron en el litigio ante la Comisión y la Corte Interamericana. Este monto debe dividirse en partes iguales entre todos los abogados participantes. 

En un año, el Estado ecuatoriano deberá presentar un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la sentencia. 

El Estado, a través de la Procuraduría General, se pronunciará ampliamente sobre el caso, que llegó a su fin luego de 10 años, a las nueve de la mañana del 22 de diciembre. Ayer, en un corto comunicado, el gobierno se pronunció y lamentó el perjuicio contra las víctimas del caso.