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Cuando María Paula Romo tenía cinco o seis años, su abuelo la convenció de que ella sería la primera Presidenta de la República. Desde entonces, parecería, ha recorrido el camino ideal para cumplir con la profecía de su abuelo. En el Colegio La Inmaculada de Loja —una ciudad austral del Ecuador, donde vivió su infancia y adolescencia— defendía a sus compañeras, prefería quedarse en casa estudiando o leyendo antes que salir de fiesta, se mudó a Quito para estudiar derecho en la Universidad San Francisco, donde llegó a ser Presidenta del Gobierno Estudiantil y fundó un movimiento político, la Ruptura de los 25.
Hoy, a sus 40 años, es la mujer más poderosa del país. Desde 2018, tiene a su cargo la Policía Nacional y la gestión de la política del presidente Lenín Moreno. En 15 meses, ha tenido que enfrentar una crisis carcelaria (en la que la Policía, a su cargo, tuvo que entrar a las prisiones del país infestadas de violencia), el asesinato de una mujer grabado en vivo (y que desató una ola xenofóbica en el país), los coletazos de la minería ilegal (incluido un megaoperativo de desalojo en la Sierra Central), y, sobre todo, el paro nacional de octubre de 2019. Treinta y un veces ha sido llamada a la Asamblea Nacional para dar explicaciones —casi dos veces al mes.
María Paula Romo tiene una relación muy estrecha con su papá. En esta fotografía se lo ve junto a él.
La primera, en octubre de 2018, fue para responder por la fuga de Fernando Alvarado, uno de los hombres fuertes del gobierno de Rafael Correa. Alvarado, que era investigado por peculado, se sacó el grillete electrónico que monitoreaba sus movimientos, y se fugó del país (presumiblemente, a Venezuela). La última, la Ministra fue a rendir su informe trimestral ante la Comisión de Soberanía, en diciembre de 2019.
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Entre su primera y su última comparecencia en la Asamblea, Romo ha pasado de ser aplaudida por quienes creían que sería un lujo de ministra a ser tildada, por muchos de ellos mismos, de asesina. “Me da pena oír que gente, cuya opinión valoro, me diga cosas duras”, dice María Paula Romo suavizando la voz, sonriendo, mientras come una porción diminuta de chaulafán —esa versión ecuatoriana del arroz salteado asiático, parecido al chaufa peruano— en un restaurante de Quito, la ciudad en la que nació en 1979 y a la que volvió veinte años después, en otro versículo de la profecía de su abuelo. “Yo no me acuerdo pero sí, sí puede ser”, dice Romo sobre la clarividencia del abuelo.
Unas horas después, está sentada tras un escritorio de madera, en su despacho de Ministra, en un edificio contiguo al Palacio de Gobierno, en el centro histórico de Quito. Romo lleva una chaqueta naranja y un pantalón café, y su equipo entra y sale mientras ella revisa documentos. Aunque Romo se ha convertido en una de la Ministras más poderosas del gobierno, muchos de sus detractores —incluidos varios que antes la apoyaban— creen que su carrera política terminará allí, en esa oficina, y que sus posibilidades de ocupar el palacio contiguo, Carondelet, se han esfumado para siempre.
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Desde que María Paula Romo llegó a Quito para estudiar derecho, a mediados de la década de 1990, su presencia ha sido divisoria. A donde va, tiende a generar afectos y desafectos en los extremos: encanta o distancia.
Se matriculó en la Universidad San Francisco, una institución de élite que había sido reconocida por el estado ecuatoriano como tal apenas en 1995, siete años después de que abriera sus puertas. Por el tiempo en que Romo empezaba sus estudios, un joven economista guayaquileño, Rafael Correa, llegaba también a la San Francisco. Iba a dar clases, después de regresar de Bélgica, donde había hecho su maestría.
Dieciséis años mayor que ella, Correa era profesor en la facultad de Economía. Una década después, él se había convertido en un fenómeno político y estaba en plena campaña para convertirse en el Presidente del Ecuador —un triunfo que lograría en una coalición de personajes y movimientos de distintos orígenes y trayectorias políticas ligadas a la izquierda ecuatoriana. Uno de ellos, la Ruptura de los 25 de Romo y sus compañeros y amigos universitarios.
El movimiento que Romo fundó llevaba en su nombre un ejercicio de memoria: había nacido cuando el Ecuador cumplía 25 años de regreso a la democracia. Pretendía cuestionar la forma de hacer política en el país. Se lanzó a la vida pública en septiembre de 2004, en un evento que llevaba por título una pregunta tan retórica como constante en el Ecuador y América Latina: ¿Quién jodió al país?
¿Quién jodió al país? se tomó el centro histórico de Quito. En varios puntos del casco colonial, la Ruptura puso fotografías de la clase política local. Entre otros, estaban los expresidentes Rodrigo Borja, León Febres Cordero y Sixto Durán Ballén. Arriba de cada imagen estaba escrita la incisiva pregunta.
La década entre 1994 y 2004 había sido especialmente convulsa. El Ecuador tuvo ocho presidentes —tres en un solo día—, peleó una guerra que ganó en la selva y perdió en la mesa de negociaciones, sufrió un fenómeno de El Niño devastador, y relajó las regulaciones al sistema financiero. Sumado a la incompetencia de los políticos que se turnaron en el poder, fue un cóctel nefasto. En 1998 se desató la crisis en la que quebraron dieciocho bancos y que causaría que el precio del dólar y la inflación se dispararan. Los salarios se licuaron, los ahorros de toda la vida de cientos de miles de ecuatorianos se pulverizaron, el desempleo y la pobreza se duplicaron.
Más de dos millones y medio de ecuatorianos se fueron del Ecuador, huyendo de la hecatombe social y económica que desembocó en la dolarización de su economía.
En una de las fotografías que se preguntaba ¿Quién jodió al país?, quizá la más icónica de todas, aparecían, en la sesión solemne por las fiestas fundacionales de Quito, en diciembre de 1996, Fabián Alarcón, Rosalía Arteaga, Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad, Carlos Solórzano y, detrás, de ellos, un militar: Lucio Gutiérrez.
Todos, en algún punto fueron presidentes del Ecuador. En la foto, el presidente era Abdalá Bucaram, que sería derrocado dos meses después. Su vicepresidenta, Rosalía Arteaga, lo sucedió apenas unas horas —antes de que los líderes de los partidos políticos la desconocieran, y se inventaran la figura del ‘presidente interino’ para poner, en su lugar, a Fabián Alarcón (que era el presidente del Congreso). Mahuad era el alcalde de Quito, y reemplazaría a Alarcón tras ganar las elecciones en 1998 y llevaría al país a la debacle social y económica de fines del siglo XX.
En enero de 2000, sería derrocado por un triunvirato en el que estaban Solórzano y Gutiérrez, quienes, en la foto, eran presidente de la Corte Suprema y edecán de Bucaram. Un enredo de personajes que graficaba el enredo que era el país y que volvía desafiante y acuciosa a la pregunta que planteaba la Ruptura de los 25.
Su discurso irrumpía en un Ecuador no solo caotizado en lo político, sino que transgredía el conservadurismo de un país que apenas siete años antes había descriminalizado la homosexualidad. La Ruptura hablaba de despenalizar el aborto, de los derechos de las mujeres y las minorías sexuales, de la política limpia, de una izquierda que llamaban “feliz”. Juan Sebastián Roldán, cofundador del movimiento y amigo íntimo de Romo (“La nuestra es una amistad entrañable, una hermandad”, dice), recuerda, sentado en su despacho en el palacio de Carondelet, desde donde ejerce como Secretario General del gabinete del presidente Lenín Moreno, a esa izquierda feliz, que no se quedaba en la discusión de los grandes modelos económicos, sino que “se metía en la casa y en la cama”, dice Roldán.
Romo fue una de las primeras figuras públicas que habló abiertamente sobre la despenalización del aborto. En 2004, en un programa de opinión que se transmitía en televisión abierta y tenía alta sintonía, el entrevistador, Carlos Vera, la acusó de estar a favor de “matar bebés”.
Norman Wray, María Paula Romo y Juan Sebastián Roldán fundaron Ruptura de los 25, un movimiento que cuestionaba a la política tradicional. Fotografía de 2005, cortesía de Revista Soho.
Pero, veinte años después, sus detractores insisten en que la Ruptura de los 25 se traicionó a sí misma. Primero por cegarse ante las primeras arbitrariedades de Rafael Correa; segundo, por ser parte de su gobierno, acusado de autoritarismo y concentración de poder. Luego, cuando finalmente Romo y la Ruptura dejaron la coalición del gobierno correísta en 2011, les reprocharon no haberse retirado antes, y haber legitimado a Correa.
Seis años después, cuando —ni bien empezado su gobierno— Lenín Moreno se peleó a muerte con su exaliado y antecesor —Correa—, su gabinete ministerial, inicialmente un reciclaje de caras correístas, fue mutando a uno que tenía rostros cercanos a la derecha y a los opositores de Correa. En septiembre de 2018, Romo se incorporó al grupo de ministros, en el que ya estaba su amigo Roldán.
No pasó demasiado tiempo hasta que Romo volviera a estar entre aguas agitadas. Dos meses después, los familiares de los tres periodistas secuestrados y asesinados por una narcoguerrilla le exigieron al Estado que se pronuncie sobre los hallazgos preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el crimen. Ningún funcionario habló. Romo, máxima autoridad civil de la Policía, tampoco. Para muchos, fue una primera decepción: creían que Romo impulsaría una investigación interna para saber qué pasó durante las negociaciones —fallidas, al final— para liberar a Efraín Segarra, Javier Ortega y Paúl Rivas. Para tantos otros, la responsabilidad de establecer la verdad no era de la Ministra de Gobierno, sino de la Fiscalía. Casi un año después, varios grupos provida le exigieron al Presidente Moreno —con firma de respaldo de un expresidente de la República, Gustavo Noboa y de una exasambleísta, Rosanna Queirolo— que le pida la renuncia a Romo porque apoyaba la despenalización del aborto por violación. Moreno no les hizo caso.
Conversamos en un restaurante en el centro norte de Quito. Fotografía de Diego Ayala León para GK.
Tampoco escucharía a quienes le exigieron esa misma renuncia tras el polarizante paro nacional de 2019. Romo había pasado de recibir el odio natural de la ultraderecha conservadora a ser odiada por la izquierda autoproclamada progresista, donde, se suponía, estaban sus bases y respaldos. Quince años después de haber irrumpido en la política nacional para dividirla entre conservadores y liberales, Romo —y lo que queda de la Ruptura de los 25— han logrado convertirse en un blanco unificado.
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Durante once días, Romo enfrentó la protesta. El 2 de octubre de 2019, el presidente Lenín Moreno anunció la eliminación del subsidio de los combustibles. Los transportistas paralizaron sus actividades, y aunque la depusieron un par de días después, el movimiento indígena y otras organizaciones sociales y sindicatos la continuaron.
Miles de indígenas marcharon a Quito para oponerse a la medida. La violencia se apoderó del Ecuador. Grupos de manifestantes se tomaron las gobernaciones en varias provincias, en la Amazonía, se detuvo el flujo de petróleo causando millonarias pérdidas. Unas quinientas personas asaltaron un cuartel militar donde había un arsenal.
En varias ciudades, pero especialmente en Quito, policías y militares reprimieron a los manifestantes, que a su vez, impidieron pasar a ambulancias y organismos de socorro, hubo saqueos y destrucción de almacenes y negocios. El edificio de la Contraloría fue quemado y destruido, y una turba irrumpió e incendió el canal de televisión Teleamazonas.
El gobierno de Moreno acusó a sus enemigos correístas de promoverla para destruir el orden constituido y lograr una amnistía para personajes acusados de corrupción. Rafael Correa y sus seguidores acusaron a Moreno de gobernar para las élites y desoír al pueblo. Una de sus asambleístas incluso pidió que el Presidente sea cesado de su cargo, y que se adelanten elecciones. El movimiento indígena —que perdió su sede en el gobierno de Correa, como represalia a su oposición— se desligó de la violencia, denunció que había infiltrados en sus filas, pero insistió en mantener el país paralizado, a pesar de las graves pérdidas que significaba.
Al final, once personas murieron durante las manifestaciones. Los ministros de Defensa y Gobierno, Oswaldo Jarrín y María Paula Romo, fueron acusados de represores. En redes sociales germinó y atomizó la etiqueta Romo asesina. El lujo de
ministra se convirtió en ‘María Paula Bala y Plomo’. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un informe sobre el paro. Dijo que hubo desproporción en el uso de la fuerza pública y que la Policía —a cargo de Romo— y las Fuerzas Armadas —a cargo de Jarrín— “presuntamente cometieron graves violaciones a derechos humanos”.
Para muchos, fue una confirmación: María Paula Romo había dejado de ser la militante de la izquierda feliz. Se había convertido —dicen algunos activistas que alguna vez se consideraron sus amigos— no solo en un instrumento de la represión estatal, sino en su titiritera. “En su lógica de hacer política, va archivando sus principios”, dice el economista Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente de 2008, en la que representó a la Alianza País original junto a Romo. Otro exasambleísta constituyente también ve un quiebre entre la Romo de entonces y la actual. “Su ánimo por figurar en la cúspide del poder ha superado a su juvenil postura a favor del respeto por los derechos humanos”, dice, doce años después de que se aprobara la Constitución de Montecristi. “No ha bastado su inteligencia, pues la ha puesto al servicio de los intereses que decía combatir”, agrega.
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El cargo que ejerce Romo está en las antípodas de su figura de defensora de los derechos humanos: implica manejar el monopolio interno de la fuerza del Estado. Es una misión que siempre pisa la delgada línea entre mantener la paz social y encender una pira represiva. Es una gestión más complicada aún cuando se es parte de un gobierno incapaz de manejar la crisis económica que vive el país y que, en lugar de dar soluciones, ha usado la muletilla de culpar al gobierno de Rafael Correa, del que Moreno fue vicepresidente durante seis años.
Los ministros de Defensa y Gobierno, Oswaldo Jarrín y María Paula Romo, fueron acusados de represores por su actuación durante el paro nacional. Fotografía del Ministerio de Gobierno.
Pero eso no es todo. Un exfuncionario del gobierno de Rafael Correa, que también pide no ser nombrado, dice que ser Ministro de Gobierno tiene un costo demasiado alto con la progresía ecuatoriana. “El progresismo tiene una alta incomprensión de la seguridad pública”, dice. Cree que Romo ha hecho su trabajo “con valentía”.
Romo divide no solo a la izquierda intelectual, sino, también, a la cúpula del movimiento indígena. Los dirigentes Jaime Vargas y Leonidas Iza, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (la Conaie) han insistido en que Romo renuncie.
Pero otras figuras icónicas de la lucha indígena no están de acuerdo. El líder shuar Pepe Acacho —perseguido judicialmente durante el gobierno de Rafael Correa— llama a Romo “amiga”, y cree que aunque pueden tener diferencias políticas, su amistad no cambia porque no es circunstancial. Durante el paro, “hubo exageraciones de la dirigencia indígena y otras organizaciones sociales”, me dice Acacho por teléfono. “Las expresiones de algunos compañeros fueron inadecuadas y denigraban al ser humano aunque la fuerza pública también tuvo exageraciones”, dice Acacho. Las opiniones en contra de Romo, cree, son entendibles en el contexto de malestar. Insiste en que hubo infiltrados durante las protestas y que Romo ha demostrado ser muy “educada, respetuosa y paciente con las críticas después del paro”.
En la Policía, que está a su cargo, Romo también separa. Amelia Ribadeneira, su amiga y jefa de despacho, dice que muchos policías la quieren. Romo ha respaldado públicamente a oficiales y tropa: a los que fueron heridos durante el paro, los visitó en el hospital. Justificó a otro que golpeó y pateó en el piso a un asaltante que había atacado, minutos antes, a su esposa e hijo, acompañó al cabo David Velasteguí en el juicio que se le siguió por dispararle a una persona en un operativo en antiminero en Mascarilla.
“Ella es una persona tan linda, tan humana, tan sencilla, yo le estoy bien agradecida con ella porque nos ha ayudado en distintas formas”, dice Evelyn Pedrera, esposa de Velasteguí. Pero otro policía, que habla conmigo bajo condición de anonimato, ve en las actuaciones de Romo cierto cálculo político. Dice que algunos la comparan con el general retirado del Ejército y Ministro de Defensa Oswaldo Jarrín: “Él defiende a su gente sobre cualquier cosa. Ella cuida la política y la imagen”, dice.
La hija del policía Velastegui, procesado por haber disparado en contra de una persona en un incidente en Mascarilla, abraza a la Ministra Romo. Fotografía del Ministerio de Gobierno.
María Paula Romo parece tener ese efecto de quiebre sobre quienes la rodean o incluso, sobre quienes gobierna. Cuando Lucio Gutiérrez, el hombre que derrocó a Mahuad, fue también derrocado en 2005, asumió su vicepresidente, Alfredo Palacio. Gutiérrez había llamado despectivamente “forajidos” a quienes protestaban contra su gobierno. Muy pronto, sus opositores le dieron la vuelta al término y, en lugar de tomarlo como una afrenta, se declararon forajidos —entre ellos, y muy notoriamente, los jóvenes de la Ruptura de los 25, y entre ellos, aún más notoriamente, María Paula Romo.
En un intento de reconciliación, Palacio le ofreció a varios prominentes forajidos un puesto en el gabinete ministerial. Una de las destinatarias de esa oferta fue Romo. Pero ella se negó, dijo en una entrevista de 2010, porque quería llegar al poder ganando elecciones.
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Lo haría bajo el paraguas de la coalición de Alianza País, que llevó a Correa a la presidencia y ganó seis elecciones. Romo fue electa asambleísta para redactar la Constitución de 2008, una que según Correa duraría 300 años. Pero lo que por fuera parecía una máquina política perfectamente aceitada, al interior mostraba ciertas grietas. Desde la época de la
campaña presidencial, en 2005, Romo temía los correazos que Correa daba sobre tarimas y caravanas. “A ella le espantaba”, dice un antiguo militante de la Ruptura, que pidió mantener su nombre en reserva. “En temas morales Correa siempres se portó como un fiel feligrés y militante de la Iglesia Católica”, dice un exfuncionario cercano a Correa y Romo en sus épocas en la Universidad San Francisco. “Los enfrentamientos eran muy complejos”, dice Alberto Acosta.
Había dos facciones: el grupo más progresista, encabezado por la Ruptura de los 25, y el más conservador, afín a las posiciones de Correa. Tras meses de discusiones, dos asambleístas se separaron del bloque de Alianza País cuando se empezó a discutir el matrimonio entre personas del mismo sexo, su unión de hecho, o la posibilidad de despenalizar el aborto. Creían que era dar paso a “Sodoma y Gomorra.” Acosta dice que no había las condiciones para discutir sobre estos temas progresistas sin poner el riesgo todo el proceso constituyente. “No es que el tema del aborto y los derechos de las mujeres sean secundarios, sino que había que avanzar en varios temas simultáneamente”, dice Alberto Acosta.
Fue en ese momento en que Romo hizo sus primeras concesiones conceptuales. O aceptaba que la Constitución blindase el matrimonio heterosexual y la criminalización del aborto, y que se invocase el nombre de Dios — o la nueva Constitución jamás vería la luz. Acosta no cree que fue una renuncia de principios. “Simplemente no había las condiciones”, insiste.
María Paula Romo y Norman Wray haciendo campaña en las elecciones de 2009. Ambos participaban respaldados por Alianza País. Ambos ganaron; Wray como concejal; Romo como asambleísta. Fotografía tomada del blog de María Paula Romo.
Al final, el Ecuador tuvo una nueva Constitución. Invocaba a Dios, protegía la vida desde la concepción y establecía que el matrimonio era la unión entre un hombre y una mujer. Aún así, la facción más liberal de Alianza País, de la que era parte Romo, tuvo sus pequeñas victorias. El Estado fue definido expresamente como laico y se reconocía el derecho a heredar entre parejas homosexuales.
La brecha entre la Ruptura y Correa solo crecería. En 2010, Romo —que era asambleísta por Alianza País— propuso un juicio político en contra del entonces Fiscal General, Washington Pesántez, amigo y compadre de Rafael Correa. Correa lo defendió al punto de conminar a los asambleístas que planteaban el juicio que se despojen de su inmunidad y lo acusen. “Ahí fue cuando María Paula decidió apartarse de Alianza País porque notó que el gobierno solapaba corrupción pero nadie en el partido la apoyó, especialmente los miembros de Ruptura que eran parte del gobierno, Juan Sebastián Roldán a la cabeza.”, dice un exmiembro del consejo directivo de la Ruptura.
A partir de entonces, pasarían diez meses hasta el quiebre definitivo. En enero de 2011, Correa convocó a una consulta popular cuyo propósito fundamental era reformar la justicia o —dicho en sus palabras— “meterle las manos en las cortes”.
Solo entonces, las cabezas de la Ruptura estuvieron de acuerdo que era momento de irse. Romo y sus compañeros anunciaron su separación del gobierno. Roldán renunció a su cargo de Secretario de Transparencia, Romo se separó del bloque legislativo del gobierno. En una rueda de prensa, anunciaron su separación pero dijeron que no pasarían a las filas de la oposición a pesar de que al interior del movimiento la discusión había sido dura: una buena parte de los militantes quería irse de for
ma más agresiva del gobierno y declararse abierta y públicamente oposición. Ese fue el acuerdo interno, pero al hacerlo público, los líderes —incluyendo a Romo— decidieron otra cosa. “Nos enteramos en la rueda de prensa que no íbamos a ser opositores cuando la conclusión de la discusión fue que era inmoral seguir dentro”, recuerda un exmiembro de la Ruptura que estuvo en la discusión.
La realpolitik exige si no renuncias, concesiones. Para muchos de sus antiguos compañeros y coidearios, Romo ha hecho tantas que ya ha cruzado demasiadas líneas rojas. Quizás los límites se han diluido entre lo que la defensora de derechos consideraba justo y apropiado y lo que la Ministra de Gobierno debe hacer para cumplir con su trabajo. Romo, que también ha sido profesora universitaria, dice que su clase favorita, para dar y recibir es Teoría General del Estado, que explica que lo que caracteriza a un Estado es el monopolio del uso de la fuerza. “No hay mayor desafío para un político que estar a cargo del uso de la fuerza. Es una prueba de fuego”, me dice.
Para muchos, ella se quemó. “Eso me apena mucho, conociéndola y valorando su capacidad”, dice Alberto Acosta. Un exmilitante de la Ruptura, muy cercano a Romo, dice que esa vanidad que sus seguidores ven como algo positivo, es el punto débil de la Ministra. “Siempre supo que era mejor que el promedio”, dice su excoideario. “Tiene un alto grado de vanidad que la empuja a cometer errores terribles”, dice. Miguel Molina, un antiguo amigo suyo, se pregunta “si su vanidad y deseos de llegar al poder le han ganado a sus deseos de querer hacer las cosas bien”. Cuando le digo a Romo que muchos de sus antiguos coidearios la niegan y la cuestionan, y que hasta una amiga se negó a hablar de ella, para no tener que hablar mal de ella, hace una pausa. “Son gajes del oficio”, dice con la mirada determinada, aunque con un ligero dejo de resignación en la voz.
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Un día de 2019, Romo recibió la llamada de una periodista que quería confirmar si el rumor que circulaba en las redes sociales era cierto: decían que estaba embarazada. “¡Confírmame pronto porque Iván está hecho la vasectomía, y entonces tendría muchas cosas que explicar!”, le contestó Romo.
“Iván” es Iván Granda, también ministro de este gobierno —de Inclusión Económica y Social—, y la pareja de Romo desde hace más de tres años. Pero a él no le hacen esas preguntas.
El Ecuador es un país en que a una mujer que lleva más de quince años de carrera política aún se las hacen. La Ministra dice que menos que al inicio de su vida pública, cuando le preguntaban si sabía cocinar o si era virgen. Pero todavía ocurre que le dicen señora mientras a sus colegas varones, ministros.
Estar rodeada de hombres parece ser un destino para las mujeres que viven en el mundo de la política. Quizás por eso, porque seguimos siendo una figura extraña en ese escenario, el escrutinio es mayor. Michelle Obama, la esposa del expresidente de Estados Unidos, contó que mientras ella tuvo que, durante ocho años, elegir cuidadosamente todos sus vestidos y accesorios para los banquetes de Estado, su esposo usó el mismo traje y los mismos zapatos sin que nadie se lo cuestionara. Jaime Durán Barba, gurú de la política latinoamericana —que fue asesor de Mauricio Macri, Antanas Mockus, Mauricio Rodas y Lenín Moreno— dijo que “un problema grave que tienen las mujeres cuando se meten en la política es que se vuelven machonas”.
En una entrevista de mayo de 2018 —cuatro meses antes de que Romo asumiera el Ministerio— una periodista le preguntó sobre su peso. “Siempre fui gordita y eso nunca fue un problema hasta que de repente empezó a serlo”, dijo. A los treinta y cinco años estaba al borde de la obesidad y decidió hacerse una cirugía para adelgazar.
Son preguntas rara vez dirigidas a los hombres que ocupan cargos similares —el antecesor de Romo, Mauro Toscanini, era un hombre grande y voluminoso, pero nadie se detuvo a preguntarle algo sobre su talla o su relación con su peso. Romo responde estas preguntas con bastante soltura. “Pero prefiero hablar de política que de mi vida privada”, dice. La apariencia de una política es todavía demasiado apetitosa para el morbo general como para soltarla.
El cambio de imagen de Romo —que, en sus inicios andaba en jeans, camiseta y con el pelo recogido— es, hasta ahora, motivo de comentarios. Su jefa de despacho y amiga desde hace más de quince años, Amelia Ribadeneira, dice que no ha tenido una asesoría de imagen. “Simplemente es su estilo propio, influenciado por la edad y la madurez”, dice. Romo se cuida, según su amiga, de que el color que usa en las chaquetas no distorsione la imagen de la televisión. “Le importa verse guapa y elegante”, dice Ribadeneira. Muchos de quienes la conocen dicen que Romo es vanidosa. Que le gustan la ropa y los zapatos, y que que no los elige al azar. “Tiene unos de caucho amarillos”, dice Juan Sebastián Roldán, su amigo y compañero político desde hace veinte años, “cuando los usa, ya sabemos que algo va a pasar.”
María Paula Romo y Juan Sebastián Roldán son amigos y coidearios desde hace más de veinte años. Ahora, ambos son parte del gabinete del Presidente Moreno. Fotografía del Informe a la Nación en mayo de 2019, tomada de la cuenta de Twitter de Juan Sebastián Roldán.
Para el martes 12 de noviembre de 2019, Romo ha elegido unos tacones beige para ir al ECU 911, el edificio en el que se concentran los organismos de seguridad del país y que ve a Quito desde la cima de uno de sus cerros. El reloj digital de un 4×4 blindado con los vidrios polarizados marca 5:30 AM. Es el auto de seguridad de la Ministra.Van con ella su conductor y la teniente coronel Iraní Ramírez, su jefa de seguridad. Romo se maquilla en el camino: un frasquito de base, un poco de polvo, un labial palo rosa, algo de rímel. Lo hace con impresionante destreza, sin verse en un espejo.
Habla sobre los convulsos días del paro, de los policías heridos. A uno, retenido en una comunidad indígena en la provincia de Chimborazo, tuvo que hacerle llegar un medicamento para el corazón. “Tenía miedo de que se muera sin su medicina”, dice Romo. A la entrada del edificio, que parece un cuartel central sacado de una película de ciencia ficción, hay una alfombra roja que Romo recorre con sus tacones beige.
A su paso, la Policía le rinde honores. Su jefa de seguridad carga su bolso, que es del mismo color de los zapatos.En el centro, en letras doradas, está escrito el nombre de su diseñador, Jacques Esterel, un francés que también fue compositor, cantante y escritor de obras de teatro. Cuando decidió abrir su tienda de moda, quiso que su primera colección tuviera una mezcla de su poesía, teatro y espectáculo. Emblemas de la cultura francesa como Edith Piaf y Catherine Deneuve usaron sus prendas.
Romo, dice Ribadeneira, desde que ocupó el decanato de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad Internacional del Ecuador, entre 2013 y 2017, empezó a preocuparse más de su estilo personal. En el sitio web de la universidad, debajo de de su nombre y su foto decía Decano. Cuando llamó al departamento de Sistemas para pedirles que lo escribieran correctamente le respondieron que el sitio estaba diseñado para que los decanos sean hombres.
María Paula Romo vive en un mundo que se resiste a dejar de ser de hombres. Y, de cierta forma, ella también ha quebrado con la imagen idealizada de la política local: decidió no tener hijos, al punto que bromea que el mayor atractivo de su pareja, Iván Granda, es que se hizo la vasectomía. Granda dice que ella ha acogido a sus dos hijos como propios, por eso, explica, son considerados como su núcleo familiar y, como, sujetos de protección.
Esa fue la familia que le costó un intento de juicio político, un procedimiento ante la Asamblea Nacional similar al impeachment estadounidense, que permite
que el legislativo destituyese a ciertos funcionarios públicos. Los asambleístas Lourdes Cuesta y Roberto Gómez consideraron que Romo debía ser destituida porque había usado un helicóptero y una aeronave de la Policía para viajar con Granda y sus hijos, menores de edad, desde Guayaquil hasta Esmeraldas, a pasar el feriado de carnaval de 2019.
Pero las alegaciones de sus interpelantes no prosperaron: el juicio político fue desechado. Cuesta cree que Romo se salvó de la destitución gracias a los acuerdos y favores que ciertos sectores políticos —incluidos algunos de oposición— tienen con la Ministra de Gobierno.
Romo parece no satisfacer ni a quienes dicen identificarse con el progresismo (30 legisladores, inicialmente parte de Alianza País, que decidieron aliarse con el correísmo tras la ruptura entre Moreno y Correa) ni a la derecha a la que hoy, muchos acusan de gobernar con Moreno: las firmas para el tercer pedido de juicio política en contra de Romo vienen del PSC, Creo y correísmo. Las firmas presentadas en enero de 2020 son el tercer pedido de juicio político en contra de Romo por, entre otros motivos, su actuación durante el paro de octubre de 2019.
Ni Oswaldo Jarrín, Ministro de Defensa, ni Roque Moreira, el Comandante General del Ejército durante la crisis, han sido llamados a juicio político por la Asamblea, a pesar de que las organizaciones sociales los acusan, también, de represión durante el paro.
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En el 2000, María Paula Romo tenía 21 años y vivía la caída de Jamil Mahuad, el presidente que fue incapaz de contener la crisis económica de finales del siglo XX. Era enero, y Romo fue a la Universidad Salesiana para ofrecer comida y acompañar a los indígenas que habían llegado hasta la capital a protestar.
¿Quién podía entonces imaginar que 19 años después, tendría a su cargo la Policía que lanzaría gas lacrimógeno a esa misma universidad llena de mujeres y niños? “Era una persona que defendía los principios de los derechos humanos con una tenacidad inclaudicable”, dice Alberto Acosta. “Nunca me imaginé que ella, llegando al Ministerio del Interior, liderara procesos de represión tan violentos como los que vivimos en octubre pasado”, dice. Silvia Buendía, activista feminista y amiga de Romo la defiende. “Sus órdenes a los policías fueron muy precisas: ustedes se dejan secuestrar, se dejan desnudar pero no pueden ser violentos y responder a la violencia de una manera extrema”.
Además de las once personas fallecidas durante las protestas, muchas perdieron sus ojos por impactos de balas de goma o bombas lacrimógenas. Jhajaira Urresta es una de ellas. Asegura que un policía le disparó una bomba lacrimógena en el ojo. Dice que se reunió con Romo, a quien había conocido antes por su activismo como defensora de derechos humanos. “No fue una entrevista fructífera ni solidaria. Me preguntó: Qué deseas y cuánto deseas”. En un tuit, Romo dijo que Urresta mentía. Lo mismo dijo su asesora, Gabriela León, que estuvo en la reunión. Por teléfono, Urresta me dice que se mantiene en lo que había dicho.
Antes, Urresta había contado que policías de Inteligencia la seguían para amedrentarla. Romo lo negó. Dijo que se habían reunido, que ambas estaban de acuerdo en que querían esclarecer lo ocurrido y que la Inspectoría General de la Policía iba a abrir una investigación. “María Paula tiene una noción del Estado de derecho y del límite que los derechos humanos implican al ejercicio de la fuerza del Estado, algo que otros Ministros de Gobierno no han tenido”, dice Miguel Molina.
María Paula Romo nació en Quito pero se trasladó a Loja a los seis años. Regresó para estudiar en la Universidad San Francisco de Quito. Fotografía de sus padres y Romo cuando era bebé.
El mismo Molina le dedicó un durísimo editorial en mayo de 2019. En él, habla de una amiga brillante que quería hacer política “no para sentarse en la silla del poder, sino para cortarle las patas”. Pero Molina la cuestionaba porque, ya como Ministra, condujo la detención del informático sueco Ola Bini, acusado de colaborar para infiltrar y vulnerar sistemas informáticos del gobierno del Ecuador.
Romo fue una de las primeras en respaldar la investigación e, incluso, ofreció que se harían públicas contundentes pruebas contra Bini. Han pasado meses pero hasta ahora no han sido mostradas. El proceso judicial contra el sueco parece estar lleno de irregularidades. “¿El destino irremediable de los políticos es convertirse en aquello que más cuestionaron?”, se preguntaba Molina en su columna.
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Cuando en 2009 Iván Granda y María Paula Romo se conocían poco, Romo se le acercó con una pregunta. “¿A ti te gusta la política, verdad?”. Él le respondió que sí. “Entonces tienes que dejar de sesear y de tartamudear”, le dijo Romo. A Granda le pareció duro, pero cierto. Hoy ya casi no titubea al hablar, y se nota el trabajo en dicción y expresión.
Años después, dice Granda, se enamoraron. Juan Sebastián Roldán fue el primer eslabón entre ellos. Granda lo llama, sin sonrojarse, su “cupido”. Cuenta que Romo le dedicó una canción de Mon Laferte que dice Quiéreme de a poco, pero que no me dé cuenta y que nadie sepa. Granda, que habla con característico dejo cuencano, no tiene empacho de deshacerse en halagos por su pareja y compañera de gabinete, pero dice que la canción le pareció horrenda. “Yo le decía: es que yo no sé querer así, yo quiero completito. No me gustó.”
Granda dice que Romo es una mujer que no quería que “le quiten la libertad, que le quiten sus alas y el mayor amor que yo tengo es a sus alas”, dice, casi adolescente. Insiste en cuánto la admira, elige dulcísimas palabras para describirla, dice que le ha descubierto “el lunar más sexy” sobre el labio. Repite que es brillante, honesta, generosa, que trabaja tanto que no tiene vida. Sin querer, aunque con una intención totalmente opuesta, usa una frase que podría venir, también, de cualquiera de sus detractores: “Es un monstruo político”. Amelia Ribadeneira dice que el Ecuador necesita una mujer como Romo. Antes, en su biografía de Twitter, Ribadeneira se presentaba como “Biógrafa de la futura presidenta del Ecuador” (ahora, ya solo tiene las siglas BFPE). “Yo no sé si hay alguien mejor que ella en la política ecuatoriana”, dice Roldán.
Pero esa fascinación de su círculo cercano con ella mengua a medida que el círculo se va abriendo. Romo solía reunirse con un grupo de amigas para cantar en karaoke, en honor a Rocío Durcal. Querían emular a Chavela Vargas y tomarse 45 mil litros de tequila mientras cantaban — entre otras canciones de amor y desamor— La gata bajo la lluvia y, aún así, poder donar su hígado. “Queríamos igualarla pero no nos dió la capacidad”, dice riéndose la leal Amelia Ribadeneira, que era, también, una de las cantantes.
“El problema con María Paula es que quiere fieles, no militantes”, dice un exmiembro de la Ruptura que la conoció de cerca. Los padres de César Coronel —el joven oficial de policía que murió con un tiro en la cabeza dentro de un recinto policial y cuya muerte se quiso hacer pasar por un suicidio— siguen esperando que Romo los llame de nuevo: les había ofrecido entregar información sobre los involucrados en la muerte de su hijo y sobre la posibilidad de entregarles una pensión.
Los familiares de los periodistas de El Comercio, secuestrados y asesinados en la frontera con Colombia en 2018, siguen esperando que la ministra Romo cumpla con la oferta que les hizo de implementar un comité que aplique las recomendaciones del Equipo de Seguimiento Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para esclarecer su asesinato. “Todo es urgente, todo es importante”, decía Romo en una entrevista cuando recién se posesionó.
En esa entrevista reconocía, también, que en su andar político ha cometido muchos errores. “Mientras uno toma decisiones, se equivoca todos los días”, dijo. Quizás esos errores signifiquen que la profecía del abuelo quede truncada.
Sus oponentes políticos —algunos, sus antiguos coidearios— dicen que perdió sus bases. Incluso, varios colectivos feministas le hicieron un juicio popular para “expulsarle del mundo de las mujeres” —aunque no se sabe exactamente qué significa, es un acto simbólico para rechazar sus posturas. “Por otro lado, la derecha, la gente ligada a las iglesias, ellos nunca la podrían ver con buenos ojos”, dice un exfuncionario público del gobierno de Rafael Correa que conoce a Romo desde su época universitaria, pero cree también que en el Ecuador siempre queda la posibilidad de revivir políticamente. “Es el país de los cadáveres insepultos”, dice, aunque le cuesta ver cómo sus bases la podrían perdonar.
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Romo ha pasado de ser una joven política llena de sueños y ambiciones, a ser la mujer más poderosa del país. De una u otra manera, durante más de quince años, ha ido, escalafón a escalafón, subiendo hasta esa cima.
En el camino, hizo alianzas que luego rompió, fue gobierno y oposición, cuestionó al poder y se convirtió en poder. Logró que en 2004 la empresa dueña de la franquicia Burger King en Ecuador retirara unas imágenes que evocaban un escote femenino en el empaque de una hamburguesa —casi invitando al cliente a comerse una mujer— pero dieciséis años después la expulsaron “del mundo de las mujeres”, a ella, una feminista declarada. Si el balance es demasiado desigual o ha valido la pena, Romo no lo ha dicho.
En medio de todo eso, dice que no tiene tiempo de pensar en una candidatura presidencial, a pesar de que su nombre no falta en los sondeos que ya calculan la elección de 2021. Está demasiado ocupada, dice. “María Paula está convencida de que tiene que dar la pelea hasta el último día. No le gusta que las cosas queden a medias”, dice su jefa de despacho. Está dedicada a mantener el bloque legislativo cohesionado, negociar con la oposición, reunirse con medios de comunicación en los llamados ‘comités editoriales’ —una práctica común del gobierno en la que se sientan autoridades con dueños y editores en sesiones off the record.
Le pregunto a Romo si no son una hábil injerencia. “No”, dice. “Las reuniones en las que yo he estado han sido para compartir información, discutir”. Didáctica, pone un ejemplo: cuando la Policía iba a entrar a la zona de Buenos Aires, en la Sierra norte, en un operativo contra la minería ilegal, no solo incluyó a editores y ejecutivos, sino que hubo periodistas de Ecuavisa y de diario Expreso. “Nunca es un cónclave con los dueños”, dice.
Sin embargo, muchos de sus enemigos ven en los movimientos de Romo un claro ajedrez destinado a un jaque mate presidencial. Su círculo íntimo lo niega. “El poder no sirve para nada”, dice alguien muy cercana al gobierno de Lenín Moreno, que afirma que hay demasiados intereses económicos y políticos. “Si no estás en la jugada, estás en la resistencia”. Romo, dice esta fuente, no está en la jugada.
María Paula Romo lleva más de década y media haciendo política. En esta fotografía está con su mamá.
En eso coincide un exmiembro de la Ruptura que fue cercano a ella. “Tiene un código de ética muy bien marcado, hay límites que no va a sobrepasar nunca”, dice. Otra persona, cercana al gobierno de Moreno, dice que en el poder está sola: “como no ha entrado al sistema, ella es un paria aunque esté sentada en un sillón ministerial”.
Quince años después de preguntarse quién jodió al país, Romo está —para muchos— en el centro de las respuestas a la pregunta, que no ha perdido vigencia. Roldán dice que su amiga sí soñaba con ser presidenta. “Ahora ya no sé”, agrega, pensativo, con la voz más baja. “Yo estaré siempre cerca de ella desde donde tenga que estar”, añade. Iván Granda dice que la respaldará en lo que ella quiera hacer. Que él andará en bóxers en Carondelet cuando ella sea Presidenta dice, riendo. “Digo esto porque yo quisiera estar en segundo plano, no interferir en nada, dedicarme a cualquier otra cosa”, dice.
Desde que irrumpió en el escenario público hasta hoy, mucho ha corrido debajo del puente político de Romo. La Ruptura de los 25, el movimiento que fundó, desapareció. Muchos de sus aliados la dejaron, y parecería que solo le quedan sus incondicionales. El grupo de amigas con el que se reunía a cantar, ya no se junta —alguna de las que lo conformaban, le han dado la espada. El camino recorrido por María Paula Romo ha sido un intento (quizá inconsciente, quizá premeditado) de cumplir la profecía de su abuelo —pero sus tropiezos en ese camino podrían ser, también, lo que se lo impida.
