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Fernando Alvarado se fuga y ninguna autoridad se hace cargo

Tras el escape de uno de los funcionarios de más alto nivel del gobierno de Rafael Correa, la Asamblea convocó a las autoridades a rendir cuentas ante el pleno. El resultado: no hay responsabilidades políticas. El Ministro en cuya institución reposaba la responsabilidad de vigilar a Alvarado, sigue en funciones sin sonrojarse. Lenín Moreno, mantiene el silencio, como ya es costumbre.
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    Paúl Granda compareció ante el pleno de la Asamblea Nacional. Imagen de Asamblea Nacional con licencia CC BY-SA 2.0.


UN CABLE A TIERRA EN UN PAÍS POLARIZADO

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Con un cordial mensaje de Whatsapp, Fernando Alvarado dio por terminados los 73 días que había llevado un grillete electrónico y se fue del país. Dos semanas después, no hay autoridades políticamente responsables. Nadie sabe dónde está ni cómo se fugó ni quién le ayudó. Ni la Fiscalía, los Ministerios de Justicia y del Interior, la Secretaría de Comunicación, e Inteligencia tienen respuestas. Nadie sabe nada.

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Fernando Alvarado anunció a las autoridades de su fuga mediante un mensaje de WhatsApp. Imagen enviada por Fernando Alvarado a GK.

¿De quién es la responsabilidad? Pareciera que de nadie o solo de los eslabones más débiles. De responsabilidad política, ni hablar.

Paúl Granda, Ministro de Justicia (encargado) se presentó en el pleno de la Asamblea Nacional el 25 de octubre de 2018. Con una intervención que destilaba indignación y dureza, fue incapaz de asumir la responsabilidad política que tiene como cabeza del ministerio a cargo del monitoreo del dispositivo. Quiso desviar la culpa hacia la jueza —o la Fiscalía— por permitir que Alvarado pudiera circular con el grillete por todo el territorio nacional, y no por una zona delimitada como en otros casos se aplica. “En lo que respecta la responsabilidad del Ministerio de Justicia y sus funcionarios, he recibido la disposición de actuar con la máxima rigurosidad” dijo Granda con gesto circunspecto. No agregó nada más.

Antes, había dicho que una veintena de funcionarios fueron separados por la fuga del exsecretario de comunicación. Veinte mandos menores, por supuesto.

Asignar responsabilidades no debería ser muy difícil. El Reglamento para la Prestación del Servicio de Vigilancia Electrónica es muy claro sobre quién recaerían: en su artículo 29 especifica que el llamado equipo técnico es el responsable del monitoreo en caso de avisos técnicos, alertas preventivas o alarma por vulneración del dispositivo. Todos los miembros del equipo técnico son funcionarios del Ministerio de Justicia. La cabeza del organismo es el ministro, aún en funciones, Paúl Granda.

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Es cierto que era Rosana Alvarado la Ministra de Justicia en funciones cuando a Alvarado le ordenaron portar el grillete, el 7 de agosto de 2018, pero quince días después, renunció y Granda se hizo cargo. ¿Cómo es que no se entera lo que pasa en el Ministerio a su cargo? Él debería ser quien asuma el costo político por una fuga que raya en lo inverosímil: Granda dijo que jamás se notificó al Ministerio de Justicia ninguna de las 245 alertas de pulsera quitada que se dieron durante el período en el que Alvarado portó el dispositivo —más de 3 por cada día que Alvarado lo portó.

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Es aún más grave cuando el propio Ministro confirmó que no había daño alguno en el dispositivo, lo que permite inferir que no fue forzado y que alguien que conocía el procedimiento ayudó a Alvarado a sacárselo.  “Créanme que si nosotros hubiesemos tenido una sola alerta hubiesemos actuado con absoluta celeridad”.

Tuvieron 1340 alertas en total, incluyendo las 245 por intento de sacarse la pulsera. Ninguna fue reportada a la Fiscalía ni a la jueza, según advirtió el fiscal Paúl Pérez Reina en su comparecencia en la Asamblea. Pero el Ministro Granda, se enteró al mismo tiempo que todos los que no somos Ministros de Justicia: cuando Alvarado huyó. “Estamos actuando con toda la contundencia ante esta situación. No podemos ser impávidos.”

Las palabras de Granda chocan con los hechos. Hablar de impavidez una vez que Alvarado ha fugado resulta más bien parte de un acto histriónico que de una decisión real. ¿De qué contundencia habla la cabeza de la entidad responsable del control de los grilletes cuando a vista y paciencia de todo un país se da a la fuga un personaje de altísimo perfil? La fuga de Alvarado retrata también el estado de la Justicia: si ha sido tan sencillo que un funcionario tan visible se quite el grillete, qué se puede esperar de otros procesados. La legisladora Lourdes Cuesta ha dicho a quien ha querido escuchar —e incluso lo ha dejado para la posteridad en una serie de tuits— que muchas veces son los propios usuarios de los grilletes quienes llaman a las autoridades a indicar que los dispositivos se han salido porque los responsables del monitoreo ni se enteran. Ha dicho también que el gerente del proyecto como se llama al supervisor de mayor rango en el monitoreo del dispositivo de Alvarado, renunció tres días antes de que el exministro fugara y nadie ha dicho nada. Impavidez es que no haya responsables políticos de un desastre administrativo. Impavidez es que un ministro que no sabe lo que pasa en su ministerio siga tan campante.  

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Granda dijo que sí le presentó la renuncia al presidente Moreno pero que él no le aceptó. No es algo difícil de creer. Alrededor de Granda han cerrado filas otros funcionarios como el Consejero Presidencial, Santiago Cuesta, y el Secretario de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán. A nadie parece resultarle tan grave. “El problema del Ecuador es que aquí nunca hay responsables” dijo el legislador César Rohon cuando el Fiscal Pérez terminó su intervención en el pleno.

El desfile de funcionarios de los días precedentes y de las horas posteriores, continuó en la misma línea: Ministra del Interior, Director del Centro de Inteligencia Estratégica (la ex Senain), el Director Encargado del Sistema de Seguridad, el Secretario Nacional de Comunicación, el Comandante General de la Policía. Todos llenos de frases ambiguas, de quites de responsabilidad.

El Presidente Moreno  —ya como es costumbre en él— ha evitado pronunciarse. Quien sí lo ha hecho, sin ningún tapujo, es su consejero, Santiago Cuesta. En una entrevista en FM Mundo, dijo, que Alvarado no se le fugó a Granda sino al país. Luego, con total desparpajo, continuó:

— Hacen una tormenta en un vaso de agua, se fugó un malandrín, ¿cuál es el problema?

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Acto seguido, Cuesta le echó la culpa a Correa, como también ya es costumbre en este gobierno: insinuó que los funcionarios responsables fueron contratados por el expresidente. Y esa parece ser la escena final de la fuga. Nada es tan grave para que le cueste el puesto al ministro. Total, como dijo Rohón, aquí la culpa siempre es de otro.

María Sol Borja
Periodista y publicista. Tiene experiencia en televisión y prensa escrita. Docente universitaria y traductora. Ha publicado en medios como New York Times, Mundo Diners y Soho. Máster en Comunicación Política e Imagen (UPSA, España) y en Periodismo (UDLA, Ecuador). Editora asociada en GK.