Claves para entender la investigación que realiza la Fiscalía en contra de María Paula Romo e Iván Granda

  • ¿Por qué se cuestiona a María Paula Romo e Iván Granda?

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      La Fiscalía inició una investigación en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el secretario anticorrupción, Iván Granda. Fotografías tomadas bajo licencia Public Domain Mark 1.0 y CC BY-SA 2.0 del Ministerio de Gobierno y de la Fiscalía General del Estado.

    El 3 de julio de 2019, la asambleísta independiente, María Lourdes Cuesta entregó al contralor Pablo Celi una carta solicitando que la Contraloría investigue el uso de una aeronave y un helicóptero parte del servicio aeropolicial de la Policía Nacional —que se encarga de dar seguridad aérea a dignatarios— por parte de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el secretario anticorrupción de la Presidencia, Iván Granda, junto a los dos hijos menores de edad de Granda. Cuesta explica, en la carta, que los ministros viajaron de Salinas a Esmeraldas para vacacionar en el Club Casa Blanca y que se usó el avión y el helicóptero del Estado para fines personales y no oficiales.

    La ministra Romo hizo pública la carta de Cuesta el 13 de julio de 2019 en Twitter y  justificó el viaje diciendo que: “en la fecha a la que se refiere, estuve encargada de preparar la reunión del presidente Moreno y el presidente Guaidó. Reunión que se dio en Salinas”. El mismo día, Granda publicó en la misma red una “aclaración a la ciudadanía” diciendo que estuvo en Salinas para cumplir un acto oficial. 

    Dos semanas después, Granda, en una entrevista en el programa Veraz de Carlos Vera, el 28 de julio de 2019, admitió que viajó con María Paula Romo, ministra de Gobierno, y sus dos hijos desde Salinas a Casa Blanca, en Esmeraldas, luego de asistir al encuentro del presidente del Ecuador, Lenín Moreno, y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, el 2 de marzo. Durante la entrevista Granda dijo “no tenemos plata, no somos Correa” cuando Vera le preguntó por qué no contrataron una avioneta privada. Granda recalcó que tanto él como María Paula Romo son dos de los funcionarios de alto riesgo del Estado y que por eso debían estar protegidos. El secretario Granda también calificó a la denuncia de la asambleísta Cuesta como “inescrupulosa, infame e infundada”.  Durante la entrevista con Vera, Granda dijo que “las redes correístas se gastaron 30 mil dólares” en redes sociales para dañar la imagen de él y de Romo. 

    En una rueda de prensa en la Asamblea Nacional, el 30 de julio, la ministra Romo dijo que las declaraciones de Granda “no son exactas” y que ella mismo pidió a la Contraloría —apenas se enteró de la denuncia de Cuesta— que se realice un examen especial para que se determine si existió un mal uso de los recursos y bienes del estado y que “no quede ninguna duda”. También Romo dijo que hay otros temas más importantes y que no quiere que hayan “distracciones”.

    Dos días después de la entrevista de Granda con Vera, la ministra Romo, en una entrevista en Radio Visión con Diego Oquendo, dijo que los correístas “están tomando como pretexto” un viaje que ella realizó hace seis meses para perjudicarla. Además, Romo explicó que sus condiciones de seguridad la obligan a movilizarse de esa manera porque tiene “protección 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año”. Romo dijo que son pocos los funcionarios que tienen ese tipo de protección y que, para tenerla, se realiza un análisis de riesgo y, en su caso, “en ningún momento puede estar sin custodia” y que la misma protección se aplica cuando ella está con su “núcleo familiar”. Cuando el periodista Oquendo le preguntó si el secretario Granda es parte de su núcleo familiar, la ministra Romo respondió que “para todos los fines prácticos” Iván es su marido.

    El vicepresidente Otto Sonhenhozler publicó un tuit explicando que, en el caso de la ministra Romo, “su seguridad y la de su familia es prioridad del Gobierno Nacional”. Richard Martínez, ministro de Finanzas, se solidarizó en Twitter con la ministra Romo. Martínez dijo que “ser oposición no puede ser excusa para la demagogia y mala fe”  y que “¿a quién se le puede ocurrir que la Ministra del Interior no tenga seguridad para ella y su familia?”.  

    Luego de la entrevista de Granda, en redes sociales el asambleísta Virgilio Hernández criticó en Twitter el uso del aeropolicial y dijo que “el chiste se cuenta solo” porque, por el mismo motivo, se destituyó al general de la Policía, Enrique Espinoza, que utilizó un helicóptero para fines personales y tuvo un accidente en él. El expresidente Rafael Correa escribió en Twitter que es una “vergüenza” que la Policía Nacional “alcahuetee la sinvergüencería de la ministra del Interior y su novio” y que “no se puede utilizar un helicóptero del Estado para ir de vacaciones”.

  • ¿Qué tipo de seguridad debe tener María Paula Romo e Iván Granda?

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      El Reglamento de que norma las actividades de protección pública que desempeña la Policía Nacional indica qué funcionarios del Gobierno son sujetos de protección. Fotografía del Ministerio de Gobierno bajo licencia Public Domain Mark 1.0

    El Reglamento que norma las actividades de protección pública que desempeña la Policía Nacional, en el artículo 7, establece que los ministros y secretarios de Estado son “sujetos de seguridad individual permanente”, así como los candidatos calificados a la Presidencia, y Vicepresidencia de la República, el presidente y vicepresidentes de la Asamblea Nacional, los presidentes de la Corte Nacional de Justicia, del Consejo de la Judicatura, de la Corte Constitucional, del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral y del Consejo de Participación Ciudadana, la Fiscal General del Estado, el Defensor Público y el Defensor del Pueblo, el Procurador, el Contralor y los Superintendentes. Al Presidente de la República, al Vicepresidente y Secretario Nacional de la Administración Pública, los protege el servicio de seguridad de la Presidencia. Al Ministro de Defensa lo protege las Fuerzas Armadas.

    Ricardo Camacho, experto en seguridad y exsubsecretario de Rehabilitación Social, dice que para determinar cuánta seguridad requieren los altos funcionarios del estado se realiza un análisis de riesgo que representa el nivel de peligrosidad que tienen los funcionarios. Camacho explica que también existen protocolos pero de tipo operativo “porque no se puede poner al Policía de la calle a hacer protección de la autoridad”.

    Sobre la seguridad para las familias de las autoridades, Camacho dice que si el informe de inteligencia policial demuestra que hay un alto riesgo para el funcionario, la seguridad se extiende a la familia porque “se entiende que el delincuente regresará a ver al familiar del funcionario (…) y se podrá delegar un policía o lo que se requiera” para cuidar al funcionario y a su familia. El Reglamento sobre protección pública, en el artículo 22, indica que cuando exista un “riesgo inminente” la Policía realizará un “monitoreo constante y personal” para brindar seguridad a la persona ya sus familiares.

    Después de la entrevista de Granda, la Policía Nacional publicó un comunicado donde explicó que, en el viaje de Romo y Granda, se cumplieron todos los protocolos y procedimientos de traslados.

    Los opositores del uso del aeropolicial para el viaje de Romo y Granda ha comparado el caso de los ministros con el caso del destituido general de la Policía, Enrique Espinoza, que utilizó un helicóptero para fines personales y tuvo un accidente en él. Sin embargo, el Reglamento sobre protección pública no contempla a miembros de la Policía. A Espinoza se lo acusó de haber cometido una falta grave al “emitir órdenes contrarias al ordenamiento jurídico” por trasladarse con su esposa en un helicóptero del servicio aeropolicial. Entre los servicios del aeropolicial, también está el transporte de autoridades de Gobierno, de la Policía.

  • ¿Qué procesos se iniciaron en su contra?

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      La Fiscalía investiga a los ministros Romo y Granda. Mientras tanto en la Asamblea Nacional inició el proceso de juicio político en contra de la ministra Romo. Fotografía del Ministerio de Gobierno bajo licencia CC BY-SA 2.0

    El 8 de agosto los asambleístas Lourdes Cuesta (independiente) y Roberto Gómez (CREO) presentaron en la Asamblea Nacional 42 firmas de respaldo para iniciar el proceso de juicio político en contra de la ministra María Paula Romo por incumplimiento de funciones por la inseguridad en el país, la crisis carcelaria, por la inacción del Ministerio de Gobierno en el femicidio de Diana en enero de este año y el presunto mal uso de bienes públicos.

    El expediente presentado por los asambleístas Cuesta y Gómez de juicio político deberá pasar a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Ahí los miembros de la comisión deberán emitir un informe que recomiende el archivo del juicio o que dé paso a su discusión en el pleno de la Asamblea donde los asambleístas podrían votar por la destitución y censura de la Ministra de Gobierno.

    Además, la Fiscalía General del Estado anunció, el 15 de agosto, que inició una investigación previa en contra de la ministra Romo y el secretario Granda por la denuncia hecha por el abogado Pedro Granja, el 2 de agosto. Granja acusa a Romo y Granda de peculado y abuso de confianza. Según el Código Integral Penal, la sanción por peculado (art. 287) es de entre diez y trece años de cárcel, en cambio, el abuso de confianza (art.187) tiene una pena entre uno a tres años de cárcel.

  • ¿Quiénes son María Paula Romo e Iván Granda y cuáles son sus responsabilidades en el Gobierno?

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      María Paula Romo es ministra de Gobierno e Iván Granda es el secretario anticorrupción de la Presidencia. Ambos son funcionarios de alto rango del Gobierno. Fotografía del Ministerio de Gobierno bajo licencia CC BY-SA 2.0

    María Paula Romo es la ministra de Gobierno del Ecuador. El Ministro de Gobierno se creó el 1 de agosto y es la fusión entre el Ministerio del Interior y la Secretaría de la Política. Romo fue nombrada ministra del Interior el 31 de agosto de 2018 y, al disolverse el ministerio, pasó a liderar el Ministerio de Gobierno. Romo es abogada y máster en Gobierno y Administración Pública. La actual ministra de Gobierno fue asambleísta constituyente en 2008, asambleísta por Pichincha en 2009. Romo fue parte del movimiento Ruptura de los 25 y de la Izquierda Democrática. También, en su hoja de vida consta que fue decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador.

    Como ministra de Gobierno, Romo debe encargarse de la seguridad ciudadana y de fortalecer las capacidades del Estado, en términos de gobernanza, transparencia y calidad de servicio para hacer frente a los riesgos y amenazas que afecten la seguridad ciudadana.

    Iván Granda es el secretario anticorrupción de la Presidencia del Ecuador desde febrero de 2019. Granda es abogado con una especialización en Derechos Humanos y ha trabajado en la Universidad de Cuenca. El secretario Granda ha ocupado cargos en la Defensoría del Pueblo, en la Secretaría Nacional de Transparencia, en la Secretaría Nacional del Migrante, entre otras.

    Entre las funciones más importantes del secretario anticorrupción, según el decreto presidencial 665 de febrero de 2019, están proponer iniciativas de lucha anticorrupción en la Presidencia, crear políticas públicas y acciones para denunciar actos de corrupción de “alto impacto” y realizar su seguimiento.

    En la entrevista de Granda con Vera, el secretario anticorrupción dijo que él persigue a los “delincuentes de cuello blanco” y que la ministra Romo debe luchar en contra del crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de activos, por eso ambos son funcionarios de “alto riesgo” por las amenazas que reciben debido a su trabajo.