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A Pepe Acacho le gusta manejar su carro. Es una especie de peripatetismo motorizado: la mañana en que habla de su persecución, sus condenas, sus días en la cárcel, y las secuelas de tener en su contra todo el aparato estatal, el líder shuar conduce. Son las seis y cuarenta y cinco de la mañana y Pepe Acacho no arranca aún porque está al teléfono, tratando de evitar que unos terrenos que le pertenecen a la la Federación Interprovincial de Centros Shuar (Ficsh) sean embargados. Habla largo, sentado al volante, parqueado al pie de un hostal de Macas, cuyos mil metros de altura le dan al viento de la mañana un filo frío y nostálgico. Cuando termina de hablar, arranca y habla.
Pepe Acacho maneja desde su casa, en una parroquia fuera de Macas, hasta la ciudad. Hace trámites, va a dejar encargos, responde llamadas donde le piden ayuda para resolver problemas. Fotografía de José María León.
En 2013, Pepe Acacho fue sentenciado por la muerte del profesor shuar Bosco Wisum en 2009. cuando el movimiento indígena ecuatoriano protestaba contra la Ley de Aguas que impulsaba el gobierno de Rafael Correa, un socialista de ojos verdes y apenas cuarenta años que había llegado al poder con el apoyo de muchas organizaciones sociales, entre ellas, el movimiento indígena. Acacho recuerda que durante su campaña presidencial, Correa propuso la “revolución ambiental”. Para los pueblos originarios —marginados, denostados, invisibilizados— era imposible no apoyar una candidatura “de propuestas y cambios innovadores para el país”, dice Pepe Acacho.
Correa ganó las elecciones de 2007 prometiendo refundar la Patria. Redactó una nueva Constitución en la que se ampliaban los conceptos de Estado “pluricultural y multiétnico” que se habían incorporado en la Constitución de 1998. Aprobada en 2008, el nuevo texto constitucional incluía temas que, durante años, el movimiento indígena pedía que se respeten: celebraba a la Pachamama (y le daba derechos), reconocía las formas de espiritualidad ancestral y designaba al kichwa y el shuar como idiomas oficiales de relación intercultural. Además, declaraba que, más que pluricultural, era plurinacional —un reconocimiento directo a la existencia de las quince nacionalidades y dieciocho pueblos indígenas que habitan en el territorio del Ecuador. “Era una oportunidad histórica incluirlos en la Carta Magna. Si alguien te propone algo por lo que ya luchaste, no frenas”, dice Acacho sin quitar la mirada de la carretera. “Al contrario, aceleras, hablando en términos de chofer como estoy manejando ahorita”.
Pero todo quedó en romanticismo legal. “Ya en el 2009 veíamos con extrañeza su deslizamientos, su desorientación, su desvinculación de su proyecto político y su inclinación al extractivismo”, dice Pepe Acacho, que en ese momento presidía la Ficsh. “Nos empezamos a enterar de las nuevas concesiones mineras y petroleras y dijimos ‘no pues’ se está descarrilando entre lo que dice la constitución y lo que pasa, ¿dónde está la consulta libre previa e informada? no se respetó en nuestros territorios”. Ese año, el gobierno —que gozaba de una popularidad de fierro— propuso una ley del agua que, según los dirigentes indígenas, abría la puerta a la privatización del agua.
Durante el recorrido en su auto, Pepe Acacho se detuvo en algunos puntos de la carretera para mostrar donde ocurrieron las manifestaciones en septiembre de 2009.Fotografía de José María León.
“Nuestros padres trabajaron mingas de dos kilómetros, sudaron buscando el trayecto para conseguir agua. Abrían la calle para colocar los tubos y mangueras. Cuando al fin llegó el líquido hubo una fiesta, era un logro”, dijo en 2009 Roberto Yamberla, el presidente de la Corporación de Comunidades Independientes del cantón Antonio Ante, en la provincia andina de Imbabura. En respuesta a la ley, la organización que agrupa el aquelarre de federaciones, dirigencias y grupos del Ecuador, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (la Conaie) convocó a un paro nacional en todas las provincias. Miles se movilizaron a Quito y otros viajaron de sus comunidades a las ciudades de la Sierra y Amazonía. A Macas, calcula Pepe Acacho, llegaron cinco mil.
El pedido del movimiento indígena de ese entonces era claro: retirar de la Asamblea el proyecto de Ley de Aguas. Durante los primeros días de protesta hubo un supuesto diálogo entre la dirigencia de la Conaie y delegados del gobierno pero, dice Acacho, los manifestantes en territorio se sintieron traicionados. “Hubo gente que para venir a hacer su manifestación se movilizó durante dos, tres días en canoas. Caminando. Por río. Por carretera. En la montaña. Pasaron días de sol. Días de lluvia. Sin agua. Sin tener qué comer”. Cuando llegaron, dice Pepe Acacho, les dijeron que se cancelaba la protesta aunque no se había eliminado la Ley.
El paro acabó en varias provincias del país, pero no en Morona Santiago. Un delegado del gobierno de Correa viajó hasta Sucúa —un cantón de Morona Santiago, donde está la sede de la federación shuar— para reunirse con sus dirigentes. Entre ellos, Pepe Acacho. “Llegamos a un acuerdo: nosotros levantábamos la medida de hecho si ellos retiraban la Ley de Aguas de la Asamblea Nacional, anulaban las concesiones mineras dentro de nuestro territorio y acordaban a no judicializar a nuestros líderes, entre otras cosas”, recuerda. El acólito del presidente se fue de regreso a Quito con el acuerdo bajo el brazo diciendo que debía mostrarlo antes de firmarlo.
Pepe Acacho, de 50 años, ha sido profesor, dirigente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar, y dirigente de la Conaie. Fotografía de José María León.
Andrés Wisum —un shuar, excombatiente del Cenepa— fue parte de la comisión de negociación junto a Pepe Acacho. Dice que el acuerdo incluía que en dos horas, ellos irían a decirles a los manifestantes que habían llegado a un acuerdo y que se levantaba la protesta. Pero apenas veinte minutos después, los manifestantes que seguían resistiendo, llamaron a Acacho: habían llegado más policías. “Pepe les dijo que estén tranquilos, que seguramente habían llegado a brindar seguridad, que ya habíamos llegado a un acuerdo”, recuerda Wisum. Pero los policías estaban armados. En el documental Por qué murió Bosco Wisum hay imágenes de esa tarde: Pepe Acacho —con corona de plumas rojas y amarillas, y de copiloto en una camioneta blanca— hablaba por celular, enojado:
— No sirvió de nada esa mierda de asesor que mandó el gobierno. Se agudizó esto.
Iban hacia el puente sobre el río Upano, a la entrada de Macas, donde se agrupaban la mayoría de protestantes. Era el 30 de septiembre de 2009. Cuando llegaron, Bosco Wisum ya había sido asesinado de un disparo en la frente. Diez años después, Pepe Acacho detiene su carro en la curva que hay antes del puente, se baja y señala un matorral:
— Aquí cayó el compañero Bosco Wisum.
En uno de los extremos del puente del Río Upano, a la entrada de Macas, murió Bosco Wisum con un disparo en la frente. Fotografía de José María León.
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En 1992, después del primer gran levantamiento indígena, el entonces presidente Rodrigo Borja —un socialdemócrata con un talante mucho más democrático que sus sucesores— se había sentado con los líderes del movimiento para acordar el reconocimiento, mediante títulos legales, de la propiedad sobre las tierras ancestrales de las comunidades. Los recibió en el palacio de Carondelet, un edificio colonial convertido en sede oficial del gobierno y residencia presidencial, para discutir el mecanismo de reconocimiento de las tierras. Fue un momento histórico: nunca antes un Presidente había recibido a los pueblos originarios del país.
Casi dos décadas después, la dirigencia volvía a Carondelet, tras la muerte de Bosco Wisum por un tiro de perdigón que el gobierno insistía no salió de la Policía, sino de los indígenas. Era el quiebre final entre el gobierno y sus aliados indígenas: la relación entre Correa y la Conaie venía deteriorándose desde 2008, cuando unas veinte personas de Dayuma, una pequeña comunidad en la provincia amazónica y petrolera de Orellana, exigía obras viales. Las protestas de 2009, que inicialmente no habían tenido una fuerte convocatoria y que habían sido desestimadas por Correa (“Ojalá depongamos rápido eso y los compañeros indígenas se den cuenta que están siendo instrumentalizados” por la derecha, dijo el Presidente), tomaron fuerza a partir de la propuesta de Ley del Agua y la muerte de Bosco Wisum.
En la curva de la carretera antes de llegar al puente del río Upano, Pepe Acacho baja la velocidad para señalar el lugar exacto donde murió el profesor shuar Bosco Wisum. Fotografía de José María León.
Miles de indígenas habían marchado, con banderas, cuernos y lanzas, hasta la plaza grande de Quito, al pie del palacio presidencial, cantando El shuar unido, jamás será vencido, el agua no se vende, el agua se defiende y Aquí estamos, los cuatro pelagatos —una alusión al arrebato retórico de Correa que había dicho que los dirigentes indígenas eran “cuatro pelagatos, chiflados que representan el 2% de la población”. Ya sentados a la mesa de un tenso diálogo, Pepe Acacho le habló en shuar a Correa, que estaba flanqueado por la plana mayor de su gobierno (incluido su entonces vicepresidente y hoy sucesor en el poder y enemigo capital, Lenín Moreno). Al final, Pepe Acacho dijo en castellano:
—Señor presidente, con todo el respeto quisiera que algún traductor de la presidencia le dé traduciendo las palabras que le expresé con todo respeto.
Una traductora sonriente y rechonchita salió y balbuceó algunas palabras en shuar. “No sabe hablar”, dijo alguien sentado en las mesas. La traductora le dijo algo a Correa en el oído y se retiró, igual de sonreída.
—Señor Presidente, con todo el respeto que usted se merece, ese es el tipo de traductores es lo que tiene usted, y es ese tipo de traductores es lo que desinforma, dijo Pepe Acacho.
—Pero para resolver el problema hablen en español, compañeros, respondió Correa, con una sonrisa de medio lado.
Pepe Acacho siguió:
—Le dicen a usted que estamos llamando a la sublevación ¿Sí se da cuenta cómo le hacen caer en errores?
Una carcajada indígena copó el salón. Es probable que nunca antes tanta gente se haya reído en son de burla del presidente en Carondelet.
— Bueno hagamos una cosa, entonces… Tú eres Pepe Acacho, ¿verdad?
— Pepe Acacho le saluda.
—Hagamos una cosa, vamos, ustedes ponen el traductor y traducimos y si hay un llamado a la violencia, se judicializa aquello porque eso es un delito, quedamos de acuerdo, un acuerdo, punto de acuerdo cuarto —dice Correa haciendo el número con la mano.
Pepe Acacho siguió hablando. Los shuar han declarado a Morona Santiago provincia ecológica, libre de extractivismo. Correa no lo miraba: hacía apuntes mientras el líder shuar habla.
— Yo les pregunto ¿dónde está en la Constitución que la federación shuar puede declarar una provincia libre de actividad extractivista? En todo caso, yo estoy dispuesto a acoger sus pedidos. Yo sí lo puedo hacer por decreto, creo —dijo el Presidente consultando con algún asesor— Yo estoy dispuesto a acoger su pedido: Morona Santiago libre de actividad extractivista, pero de igual manera que no nos exijan electrificación, agua potable, salud, vivienda, escuela, carreteras, porque, ¿de dónde vamos a sacar la plata? Ahí está la contrapropuesta compañeros.
Varios líderes indígenas le contestaron: de acuerdo, querían ese decreto. Correa objetó: había que consultar también con colonos y mestizos. Un líder le dijo lo más o menos evidente: en las ciudades de la provincia hay energía eléctrica, pero en la selva los shuar no la necesitan.
Pepe Acacho termina diciéndole a Correa que no quieren explotación minera, ni petrolera porque “contaminan las fuentes de agua”. La reunión terminó sin acuerdos, con Correa levantándose, diciéndoles que quizá fuera del mundo indígena hay soluciones. Desde ese día, Pepe Acacho, docente, líder comunitario, expresidente de la Ficsh, ex vicepresidente de la Conaie, ex asambleísta provincial, dice que cayó en el radar de la enemistad política del gobierno de Rafael Correa y empezó su persecución.
Fotografía de José María León.
Hoy Pepe Acacho es un hombre libre, porque el gobierno que vino después se peleó con Correa y lo indultó. Pero Pepe Acacho aún se angustia cuando ve pasar a una patrulla policial: no sabe si es el Estado que vuelve por él. En América Latina, el Estado siempre parece volver para buscar a los líderes ambientales.
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Pepe Acacho siempre fue líder. Empezó como profesor en su comunidad, Santa Elena, en Zamora Chinchipe, una provincia más al sur de Morona Santiago. Tenía 18 años. “El profesor era primeramente profesor pero también era médico, podía atender alguna emergencia”, dice Acacho, al volante de su pequeño auto. “El profesor era un abogado también, intervenía en un litigio o problema comunitario. El profesor era dirigente porque apoyaba a los dirigentes en temas de gestiones, redacción de oficios, audiencias, entrevistas. Yo era el profesor, multifacético”.
En los veinte años siguientes el multifacético Pepe Acacho fue dirigente de Salud de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (Ficsh), vicepresidente de la misma organización, vicepresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), y asambleísta por la provincia de Morona Santiago.
El 25 de septiembre de 2019, Pepe Acacho maneja su auto por el centro de Macas y dice que hace dos años no se presentó en las elecciones primarias de Pachakutik —el partido político indígena— porque estaba en la cárcel cumpliendo la sentencia que para él fue siempre injusta. Hace menos de un año, dice, esa injusticia se evidenció.
La acusación en contra de Pepe Acacho llegó pocos días después de la muerte de Bosco Wisum. El delito, sabotaje y terrorismo. Durante los diez años de Correa, miles de personas que participaron en protestas sociales contra el gobierno fueron llevadas ante fiscalías, cortes y tribunales. Desde agosto de 2014 —que entró en vigencia el nuevo Código Penal en el Ecuador— hasta abril de 2017 —un mes antes de que acabara la presidencia de Correa—, 2187 personas fueron acusadas del delito de ataque o resistencia. En ese mismo periodo, 198 fueron acusadas de paralización de servicios públicos. Otras 43 de terrorismo.
En una oficina en el centro de Quito, con archivadores negros metálicos y muchas carpetas manila, Julio César Sarango, abogado de Pepe Acacho, dice que su cliente sufrió atropello y violación de derechos.
El proceso judicial de Pepe Acacho duró nueve años. Entre 2009 y 2018 fue acusado de terrorismo y sabotaje, terrorismo organizado con muerte, y, finalmente, paralización de servicios públicos.
En 2011 lo detuvieron en Macas, lo llevaron a Quito y pasó ocho días en la cárcel del Inca. Lo liberaron porque se demostró que no había incumplido ninguna de las medidas cautelares —salir del país o enajenar bienes. Lo encarcelaron, según Acacho, porque recién había terminado su periodo como presidente de la Ficsh y pensaron que huiría.
En el centro de Macas, Pepe Acacho se encuentra con un amigo quien lo saluda como «terrorista». Fotografía de José María León.
La segunda vez que estuvo preso fue hace apenas un año. La última sentencia por el delito de paralización de servicios públicos había llegado en julio 2018. Ocho meses de prisión y 44 dólares americanos de multa. “Tuve que estar prófugo, escondido cuatro meses hasta que prescriba la sentencia”, dice Pepe Acacho.
En septiembre dejó de ocultarse y a los pocos días, mientras hacía trámites en el terminal terrestre de Macas, unos policías se le acercaron y lo apresaron: la orden de detención en su contra seguía vigente. Estuvo dieciséis días en prisión hasta que el 3 de octubre, el presidente Lenín Moreno lo indultó.
Desde que empezó su gobierno, en mayo de 2017, Moreno dio amnistías e indultos a algunos líderes indígenas. Lo hizo porque esa fue la condición de la Conaie para sentarse a dialogar con el recién electo Moreno. Lo hizo, también, para romper con el mentor y aliado que lo había llevado a la presidencia, Rafael Correa.
El diálogo fue tibio y, según muchos dirigentes indígenas, ningún acuerdo se cumplió. Esa falta de atención a sus pedidos fue una de las causas del reciente paro nacional de octubre de 2019 que movilizó a miles de indígenas a la capital.
Por las dos detenciones sin sustento legal, Pepe Acacho presentó denuncias por daño moral contra el Estado. “Nos exhibieron diciendo que éramos terroristas, personas peligrosas, negativas y convulsionadoras” y mala aplicación de la justicia. Ninguna prosperó.
A las audiencias de Pepe Acacho, dice el abogado Sarango, asistían empleados del gobierno. “Iba todo un arsenal de funcionarios públicos hasta ministros y subsecretarios, del Consejo de la Judicatura que miraban y presionaban a los jueces para que cumplan al dedillo lo que ellos decían”, dice.
Sarango cuenta que en una ocasión, un juez emitió una orden de prisión preventiva sin notificarlos y revocando las medidas sustitutivas a la privación de libertad (como presentarse periódicamente ante un juez o llevar un dispositivo de rastreo), sin pedido de un fiscal. “Eso está prohibido por ley. Es prevaricato. Lo capturaron en un operativo militar y policial, todo por debajo de la mesa”. Durante el gobierno de Correa las acusaciones de falta de independencia judicial fueron persistentes.
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En julio de 2019 la sospecha de Pepe Acacho y su abogado Julio César Sarango se confirmó: el poder ejecutivo —de Rafael Correa— había intervenido en el poder judicial —también de Rafael Correa. La falta de independencia se evidenciaba en cuatro correos electrónicos filtrados por una exfuncionaria detenida por cargos de corrupción. El intercambio epistolar era entre la asesora del presidente Rafael Correa, Pamela Martínez, y su equipo de trabajo. Los correos electrónicos tienen fechas de 2012 y 2013. Pepe Acacho los recuerda mientras maneja:
—Han salido unos mensajes de mi caso, dice al volante.
En uno de junio de 2012, Martínez reenvió a una asesora un informe de dos funcionarios de la presidencia que le informan del estado del juicio contra Bosco Wisuma. Dos de los conjueces (una especie de jueces suplentes, según la legislación ecuatoriana) renunciaron a sus cargos antes de conocer el caso. Para que el juzgamiento se dé, los funcionarios le explicaban a Martínez que se estaban haciendo “las gestiones necesario [sic]” para poder conformar un tribunal que juzgue a Acacho.
“Cabe destacar que luego de nuestra supervisión y gestión, tanto el Recurso de Nulidad como el recurso de Apelación fueron resueltos y negados el 26 de Junio de 2012, por lo que se confirmó el LLAMAMIENTO A JUICIO DE LOS PROCESADOS”, dice un mail del 2012.
El Asunto del correo es Caso Bosco Wisuma. Está escrito por Martínez y dirigido a Gustavo Jalkh, entonces secretario particular del presidente Rafael Correa y luego presidente del Consejo de la Judicatura, el organismo que administra las designaciones de jueces en el Ecuador. Martínez “sugiere” dos opciones de jueces para que estén en la audiencia de juzgamiento de Pepe Acacho.
En el correo, Martínez se refiere a la apelación que el abogado Sarango interpuso en 2013, luego de que un juez condenara a Pepe Acacho a 12 años de prisión por el delito de sabotaje y terrorismo.
En otro correo, fechado 29 de abril de 2013, la asesora Laura Terán reenvía un correo con un documento llamado Despacho 26 de abril de 2013.docx. En un recuadro marcado como A3 y encabezado en negrillas BOSCO WISUMA, dice “Ante la inacción del Ministerio de Justicia y como hay una instrucción suya hablé con C.J, quien me pidió que ponga a las personas que den la cara, por lo que una semaan pudimos nombrar al delegado provincial de Morona Santiago, se designó a los 3 conjueces (2 ya firmaron su acción de personal) y esperamos que la Audiencia de Juzgamiento se dé máximo en la primara [sic] semana de Mayo.”
Entre audiencias y trámites —que seis años después se demostró tenían dedicatoria—, Pepe Acacho, a la fuerza, tuvo que dedicar más tiempo a su defensa y menos tiempo a su lucha y defensa del territorio que su pueblo quiere sin extractivismo.
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En el centro de Macas, Pepe Acacho maneja a 25 kilómetros por hora y con la ventana abajo. “¡Amigo!” responde a quien lo reconoce y saluda desde una vereda. Cuando se encuentra con un conocido frente al parque central de la ciudad, lo saluda a Pepe Acacho: “Hola, terrorista”. Pepe Acacho se ríe, y dice “¿Sí ven?”.
Horas antes, también al volante, de parroquia en parroquia, dejando encargos en su casa y parando a desayunar —gallina criolla, ayampaco de paiche, yuca asada—, Pepe Acacho rearma en momentos su vida de la última década. “Hay gente buena, amigos, algunos lo hacen de burla, otros de chiste, que me han puesto un apodo. Me dicen terrorista”. Pepe, Pepín, Pepe Luis también lo llaman.
—Lo llevo de buen lado, no me molesta. Tengo mi conciencia tranquila de que ese sobrenombre no me lo gané porque soy malo sino por ser un luchador, por reclamar cosas injustas, por ser un defensor.
Diez años después todavía no hay responsables del asesinato de Bosco Wisuma. Un informe sobre hostigamiento judicial a líderes indígenas de Humans Right Watch publicado en 2018 dice que después de consultar·los documentos del juicio, “incluidas transcripciones de testimonios, y no encontró pruebas creíbles que justificaran la condena contra Acacho”. Según la organización internacional, durante entrevistas radiales “Acacho instó a miembros de la comunidad a que manifestaran, pero no dijo nada que pudiera razonablemente interpretarse como incitación a la violencia.”
Según el informe, la única prueba que la Fiscalía presentó ante el tribunal de que Acacho había incitado a la violencia fueron tres testigos de dudosa credibilidad pues “tenían vínculos con funcionarios públicos, y uno de ellos trabajaba para una empresa minera a la cual Acacho se había opuesto como presidente de la FICSH, lo cual genera dudas sobre si podrían haber sido presionados indebidamente para que cambiaran su declaración a favor de la fiscalía.”
La entrada a la ciudad amazónica de Macas. Fotografía de José María León.
Humans Rights Watch sostuvo, además, que los testigos dijeron haber escuchado las entrevistas en las que Acacho llamaba a los manifestantes a llevar lanzas envenenadas a las protestas “No obstante, las grabaciones originales de estas entrevistas nunca se reprodujeron durante el juicio, y no pareciera que el tribunal en ningún momento haya tenido en su poder las grabaciones en Shuar.”, dice el informe, que además explica que un cuarto testigo “que hablaba Shuar y que no tenía lazos ni con el gobierno ni con la empresa minera, ofreció una declaración totalmente distinta sobre el contenido de las transmisiones radiales en esa lengua, y dijo que Acacho no había llamado a la violencia”.
Diez años después, una nueva protesta indígena sacudiría al Ecuador hasta sus cimientos. En octubre de 2019, la Conaie movilizó a miles de sus miembros a Quito a protestar la eliminación del subsidio a los combustibles, que consideran una medida que daña sus pequeñas economías. La protesta cayó en una espiral violenta, y el movimiento indígena dijo que su marcha había sido infiltrada por agentes externos que tenían la consigna de desestabilizar al gobierno de Lenín Moreno. Ocho personas murieron después de once días de enfrentamientos, que solo cesaron cuando el gobierno accedió a derogar la eliminación del subsidio y focalizarlo antes de quitarlo.
La Defensoría del Pueblo ha dicho la Policía violó derechos humanos al reprimir excesivamente a los manifestantes. Según el Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, del 3 al 13 de octubre 1192 personas fueron aprehendidas. De ellas, el 76% no fueron procesadas y recuperaron su libertad de forma inmediata. “Esas aprehensiones fueron arbitrarias e ilegales a tal punto que la fiscalía no formuló cargos y recuperaron su libertad” dijo. Muchos dirigentes indígenas han dicho que no marchaban solo por el subsidio, sino también por el irrespeto a sus tierra y a su voluntad de no permitir la minería o la extracción petrolera en ella. Dicen que durante dos años y medio, el gobierno de Lenín Moreno, a pesar del indulto a sus perseguidos, no los ha escuchado. Hay ciertas cosas que no cambian —sin importar quién gobierne.
Pepe Acacho dice que ahora está tranquilo. Pero Andrés Wisum dice que las secuelas de los nueve años de juicios e incertidumbres afectaron a Acacho. “Él dice que está tranquilo, pero Pepe no es el Pepe de antes. Esa época fue terrible: ¿sabe lo que es tener a todo el Estado detrás de una persona?”, dice quebrándose.
El shuar y excombatiente del Cenepa, Andrés Wisum, estuvo en las negociaciones con el gobierno en octubre de 2009 luego de la muerte de Bosco Wisum. Fotografía de José María León
Unos minutos antes, Pepe Acacho detuvo su pequeño automóvil en la parte más alta de los mil metros de Macas: al pie de la iglesia de la ciudad, regentada por los salesianos, la congregación católica que llegó hace décadas al sur del Ecuador y entabló el primer contacto sostenido con los pueblos shuar. La tarde está nublada y la brisa sigue corriendo leve y ligeramente fría. Abajo, entre la montaña y la iglesia, está el parque central de Macas, a donde Pepe Acacho bajará para encontrarse con unos amigos.
Conduce el pequeño tramo que hay entre punto y punto y se estaciona de cualquier modo al pie del parque. Se baja y se para en la vereda, donde enseguida lo reconocen. “Pepe”, “Pepito”, “señor Terrorista”, le dicen con afecto y genuina admiración. Los shuar son altos, compactos, contundentes, pero en ese momento Pepe Acacho luce un poco más grande —como si el reconocimiento de la gente lo engrandeciera, literalmente. Entre quienes los saludan está Andrés Wisum. Acacho conversa un poco con ellos, intercalando frases en español y shuar. Habla de pendientes y proyectos por hacer. La vida, su vida, después de todo, parece seguir. Pepe Acacho está aún en su tierra, yendo y viniendo, inquieto, de un lado a otro. Unos quince minutos después, se despide del grupo y señala con la llave de encendido a su pequeño carro, en el que ha recorrido durante casi siete horas la ciudad, sus alrededores y los últimos nueve años de su vida, y, sonriendo, le dice a un amigo: “Vamos a dar una vuelta”.
*Esta es una colaboración periodística entre Mongabay Latam y GK
