El 27 de agosto de 2019, el Ministro de Economía del Ecuador, Richard Martínez, lanzó un globo de aire caliente. “El gobierno analiza las condiciones de vida de los ecuatorianos” dijo Martínez tras la reunión del Gabinete Económico y Productivo liderado por él y el presidente Lenín Moreno. Pero las cifras sobre pobreza en Ecuador y los indicadores que permiten entender esa vida, están ausentes del debate público. Las palabras del Ministro de Economía pueden elevarse a titulares y notas de prensa, pero, diseccionadas, aparecen carentes de todo contenido.
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El globo retórico se pincha con facilidad. Según el INEC, el nivel de pobreza a junio de 2019 alcanzó al 25,5 % de los ecuatorianos. Es el más alto de los últimos 6 años. La pobreza extrema —vivir con menos de 1 dólar con 60 centavos por día— después de haber bajado hasta el 7,7 % en diciembre de 2014 (la cifra más baja de la historia) ascendió al 9,5 % en junio de 2019. Es, también, el más alto de los últimos 6 años. La desigualdad retrocedió a los niveles de diciembre del 2012. La pobreza en Quito es apenas comparable con la de diciembre del 2009 (12,1 %).
En la información proporcionada por el gobierno del Ecuador, nada se dice sobre el empleo adecuado. Pero la verdad es que apenas lo tienen el 37,9% de los ecuatorianos que componen la Población Económicamente Activa.
En concreto, esto significa que seis de cada diez personas que está en capacidad de trabajar, se hallan en condiciones precarias de trabajo. Estas condiciones implican que no tienen seguridad social, reciben remuneraciones menos de las que manda la ley, trabajan menos horas de las que desearían, o ejercen labores por debajo de su calificación, o simplemente no tienen trabajo. Es un dramático descenso: es menor que el de diciembre de 2007 (43,2 %) y comparable solamente con el de diciembre de 2009 (39,2 %), año en el que el país fue golpeado por la peor crisis económica mundial desde 1929 – 1933.
Las alarmas deberían haber sonado hace rato. Debería haber saltado la alarma, igualmente, al constatar que del total de los bienes y servicios creados por el país en el 2019, al dividirse para los 17 millones de ecuatorianos —lo que se define como el producto interno bruto por persona– se ubica en 4.172 dólares por persona para el 2019. Es apenas comparable con el nivel de 2012, cuando el PIB por persona llegó a los 4.147 dólares.
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Para entender lo grave de estas cifras, hay que revisar la historia reciente. Después de haber alcanzado un récord histórico del nivel de pobreza en el 2000 –tras la crisis financiera y la dolarización, cuando 2 de cada 3 ecuatorianos la vivía, la pobreza empezó a disminuir.
Entre 1981 y 1998, el empleo adecuado experimentó una continua caída. Se volvió dramática en los años de la crisis financiera de fines del siglo XX y luego de la tremenda devaluación que precedió a la dolarización del año 2000. Para entonces, la ocupación plena se ubica apenas en el 30,5 % de la Población Económicamente Activa.
Entre el 2006 y el 2014 el empleo adecuado se recuperó notablemente. Pasó del 35,5 % al 49,3%. Cuando los precios del petróleo caen en el 2015 y 2016, el empleo adecuado cayó al 42,3 % en el 2017. Luego, resultado del tremendo ajuste de orientación fondomonetarista, llegó a un dramático 37,9 % en junio del 2019.
Pero incluso antes de esta tremenda caída en las condiciones de vida de los ecuatorianos ya en el largo período que va de 1980 a 1996 la situación de pobreza de los ecuatorianos no baja del 35 % logrado al inicio del retorno democrático, al cual solo se vuelve en el 2008.
Incidencia de la pobreza en Ecuador
Es decir, durante 27 años, más de una generación, coincidente con la aplicación de políticas de ajuste y estabilización, en un alto porcentaje los ecuatorianos se mantienen en situación de pobreza. Solamente en el período que va del 2008 al 2017 la pobreza es abatida de forma sistemática, llegando ese año a un record hacia la baja, al situarse en el 21,5 %. Después de ese año, junto al deterioro del crecimiento y el empleo, las cifras de pobreza en Ecuador han vuelto a subir, hasta ubicarse en el 25,5 %, a nivel nacional y en el 43,8 % a nivel rural.
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Entre 1981, durante el gobierno de Jaime Roldós (cuando hubo una recuperación del Producto Interno Bruto por habitante frente al período de la dictadura militar) y el 2005, este indicador permaneció prácticamente estancado. Fueron años en los que se firmaron varios acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, instrumentando severos ajustes. En ese entonces, también, se priorizó la llamada estabilización.
Fue la época en la que se vivió bajo el régimen de la llamada autonomía del Banco Central, a la cual se pretende volver ahora, y en el cual se provocó la mayor crisis financiera de la historia reciente, entre 1998 y 1999. En esos años, el Banco Central “autónomo”, primero concedió inmensos créditos a bancos que habían manejado sus operaciones de manera laxa, discrecional e incluso fraudulenta. Luego ejecutó el gigantesco salvataje bancario a esos mismos bancos, lo que desencadenó el feriado bancario de marzo de 1999.
Crecimiento del PIB por habitante entre 1979 y 2019 en Ecuador.
Solo entre 2005 y 2015, como muestra el gráfico, hay un enorme crecimiento del PIB por habitante. Cae desde 2015, a causa de una drástica disminución de los precios del petróleo y el terremoto de 2016, hasta colocarse, en el 2019, en el nivel de hace siete años.
Para desmerecer el crecimiento del ingreso por habitante debido a la instrumentación de políticas contracíclicas y favorables a la redistribución, los analistas de orientación neoliberal suelen decir que toda esa mejora se debe a los elevados precios del petróleo antes de 2015.
Pero entre 1981 y 1985 todavía se vivía en la época del primer boom petrolero. La relación entre los precios de los productos importados y los productos exportados, incluido el petróleo, (a lo que se denomina los términos de intercambio) eran favorables para la economía ecuatoriana y, sin, embargo, el nivel del PIB por habitante se mantuvo estancado. A la inversa: entre 2005 y 2015, durante el segundo boom petrolero, ya en dolarización y con términos de intercambio, menos favorables que los de inicios de los ochenta, el PIB por habitante se recuperó ostensiblemente.
PIB per cápita en Ecuador
Fuente del gráfico: Pedro Páez, sobre datos que proporciona Mauricio León, analistas económicos
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Lo que sí trataron en la reunión del gabinete económico y productivo son las llamadas reformas estructurales, que para el Ministerio de Economía es el nuevo “trazado de la cancha”. Según la información oficial, son cuatro ejes: consolidación fiscal y estabilidad monetaria, igualdad de oportunidades y protección social, empleo y reactivación productiva, y manejo eficiente y transparente de los recursos.
Estos títulos con fuerte tufo tecnocrático se traducen en severas disminuciones del empleo público y drásticos recortes en los recursos para inversión en hospitales, escuelas, carreteras, y demás obras públicas, a lo que le llaman “ajustes del gasto y de la inversión pública”.
Entre las noticias que el Presidente anuncia como positivas, aunque en realidad implican más recortes, están la disminución en el “techo presupuestario”. Esto quiere decir que de los recursos del gobierno que se prevé gastar en un año y que hasta ahora podía aumentarse en un 15%, de acuerdo a las necesidades, ahora van a poder incrementarse en un 5% y solo en el caso de alguna contingencia especial (un terremoto, por ejemplo), poder utilizar un 3% adicional.
Así mismo, estos títulos se traducen en propuestas de concesión (léase privatización) de las empresas públicas, como la telefónica (CNT) y de las hidroeléctricas: Coca Codo Sinclair, la más grande del país, y Sopladora, como parte del llamado “plan de monetización de activos” . Este consiste en recibir una cantidad de dinero, por parte del inversionista privado, a cambio de la concesión de la empresa pública.
El ministro de energía ha dicho que, al menos una de las dos hidroeléctricas se “monetizarán” hasta finales de año. Incluso consta como ingresos en el presupuesto por 1.000 millones de dólares. De igual forma, se traducen en reformas legales que serán enviadas a la Asamblea Nacional, donde ya se ha dicho que se incluirá la autonomía del Banco Central del Ecuador.
El gobierno vuelve por los senderos del ajuste y la estabilización, ignorando la historia económica de los últimos cuarenta años. Ya no solo para la coyuntura, sino para el mediano y largo plazo, creando las condiciones para el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de los ecuatorianos.
