Los cinco vocales del Consejo Nacional Electoral no aparecen en las papeletas de votación, pero son clave para los procesos electorales en Ecuador. Ellos organizan y ejecutan estos procesos y son elegidos cada seis años mediante un concurso público, organizado por el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS). Pero los que están en mayo de 2026 llevan ya siete años y medio, y el trámite para reemplazarlos no despega: hay trabas desde 2021, cuando debía comenzar la renovación parcial, es decir de dos de sus miembros.
Por este retraso, las elecciones seccionales de noviembre de 2026 —en las que los ecuatorianos elegirán alcaldes, concejales, prefectos y nuevos consejeros del mismo CPCCS— volverán a estar a cargo de las autoridades prorrogadas. Y eso abre cuestionamientos sobre la independencia de la Función Electoral.
Cuando las autoridades no son renovadas dentro de los plazos que establece la ley se debilita la independencia entre las funciones del Estado, explica Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo —organización que defiende los derechos ciudadanos.
Los cinco vocales del CNE llegaron al cargo en 2018. La presidenta, desde entonces, es Diana Atamaint. En Ecuador, es una de las autoridades de una función del Estado —elegida por concurso— que más tiempo lleva prorrogada en el cargo: siete años y seis meses.
La ley dice que la presidencia del CNE debe durar solo tres años, y la vocalía es máximo seis años. Los cinco integrantes terminaron oficialmente sus funciones en noviembre de 2024, pero siguen ahí.
Además de Atamaint, el pleno del CNE está integrado por:
- Enrique Pita
- Esthela Acero
- Elena Nájera
- José Cabrera
Ninguno ha renunciado ni dejado que su cargo lo asuma su vocal suplente.
Para Alfredo Espinosa, analista político y experto en temas electorales, el problema no solo es el retraso en la renovación. Detrás de la demora, dice, hay una estrategia política para mantener los vocales en funciones para las elecciones seccionales de 2026.
Aunque el CNE debería actuar con independencia, históricamente ha sido cuestionado por su cercanía con los gobiernos de turno. Y el actual no ha escapado a esos cuestionamientos.
Uno de los episodios más criticados fue el adelanto de las elecciones seccionales, previstas inicialmente para febrero de 2027.
Sus críticos dicen que la decisión redujo el tiempo que tiene la Revolución Ciudadana (RC) para intentar levantar la suspensión que pesa sobre el movimiento y participar en esos comicios. La RC es la principal fuerza opositora al gobierno de Daniel Noboa.
Espinosa dice que el CPCCS lleva cinco años intentando completar el concurso para reemplazar a los vocales del CNE. Uno de los argumentos para frenar la renovación ha sido que la función electoral atraviesa procesos electorales permanentes, como las elecciones ordinarias de 2021, las anticipadas de 2023 o las consultas populares de 2023, 2024 y 2025.
Pero los procesos electorales no deberían ser una excusa: la Procuraduría General del Estado concluyó en 2024 que el CPCCS debía continuar con la designación de las autoridades electorales incluso durante períodos electorales.
Pero en mayo de 2026, el concurso sigue estancado.
La primera traba apareció en 2021, luego de que el CPCCS aprobara el reglamento para la primera renovación parcial del CNE. Este documento define cómo funciona el concurso, establece cómo se conforma la Comisión Ciudadana de Selección —encargada de organizar el proceso y evaluar a los candidatos—, establece también los requisitos para postular, las prohibiciones, las fases de méritos y oposición, y el mecanismo de impugnación ciudadana.
Siete meses después de su aprobación, llegaron las suspensiones y disputas internas que lo mantienen congelado hasta hoy. Estas son las cinco principales.
1. Comisiones ciudadanas fallidas
En cinco años, la Comisión Ciudadana de Selección —que debe recibir postulaciones, organizar el concurso de méritos y oposición y resolver impugnaciones ciudadanas— sólo mantiene dos de sus miembros originales porque en ese lapso hubo cambios de los cinco comisionados ciudadanos y cinco delegados del Estado.
En agosto de 2021 se aprobó el reglamento para conformar esta Comisión, y cinco meses después, el CPCCS publicó la lista definitiva de postulantes que competirían por las cinco vacantes ciudadanas, que luego se complementarían con los cinco delegados de las funciones del Estado.
Ese año empezaron los problemas.
El 23 de marzo de 2022, el CPCCS pidió revisar el informe técnico que había concluído quiénes serían los postulantes. En la práctica, implicó volver a analizar si las personas aprobadas realmente cumplían los requisitos.
Esta revisión tomó siete meses.
Finalmente, el 7 de noviembre de 2022, el CPCCS posesionó a los comisionados principales y suplentes, quienes estarían a cargo del concurso para la renovación parcial del CNE.
Pero la Comisión no pudo empezar su trabajo porque muy pronto, en febrero de 2023, los ecuatorianos votaron por nuevos consejeros del CPCCS y, con el cambio de los consejeros, la renovación parcial se retrasó más.
Ese año hubo un imprevisto que también afectó el trabajo de la Comisión: elecciones que no estaban planificadas luego de que el entonces presidente Guillermo Lasso declarara la muerte cruzada. En agosto de 2023, los ecuatorianos volvieron a las urnas para elegir a otro Presidente que completara el periodo de Lasso.
Durante un año y siete meses, la Comisión no pudo avanzar con su trabajo y en ese tiempo hubo renuncias, despidos y reemplazos de comisionados. Por eso, el 26 de junio de 2024, el área jurídica del CPCCS recomendó al Pleno del CPCCS que completara las vacantes que tenía la Comisión de Selección.
Pero no lo hicieron, y los movimientos continuaron: el CPCCS aceptó la renuncia del secretario de la Comisión, pidió un delegado a la Asamblea Nacional, pidió otros dos al Ejecutivo, aceptó la renuncia del delegado de la Asamblea Nacional, entre otros cambios que seguían impidiendo que existiese una comisión en firme. En ese tiempo también hubo una nueva convocatoria para los comisionados de la ciudadanía.
Finalmente, en abril de 2025, la Comisión quedó conformada.
Pero los problemas del concurso continuaron.
2. Las dudas legales que aplazaron el concurso
El CPCCS no logró reemplazar a los primeros dos vocales del CNE a tiempo. Nicole Bonifaz, entonces presidenta del CPCCS, dijo que el CNE estaba en período electoral durante todo 2024 y que eso complicaba los procesos de designación que debían realizar.
Por esta razón, en enero de 2024, el CPCCS preguntó a la Procuraduría si podían seguir con el concurso de renovación parcial mientras se llevaba a cabo otro proceso electoral, el referéndum y consulta popular de 2024, promovida por Daniel Noboa.
La Procuraduría respondió que no existía impedimento y que el CPCCS debía continuar con la renovación de autoridades incluso en período electoral. Recordó que estos concursos deben hacerse a tiempo para evitar que las autoridades permanezcan prorrogadas.
Días después, el CPCCS tuvo otra duda ya que el retraso del concurso se empezó a juntar con la fecha para renovar a los otros tres. Para resolverla, el 8 de mayo de 2024, envió la pregunta sobre si podían unificar la renovación parcial y total. La Procuraduría respondió que sí era posible unificar ambos concursos.
Desde mayo de 2024, la renovación parcial y total del CNE se unificó.
3. Las laxas acciones de protección
El concurso para renovar a los cinco vocales también estuvo detenido por decisiones judiciales.
Entre el 7 de julio de 2023 y el 19 de enero de 2024, es decir seis meses, el proceso de renovación del CNE estuvo suspendido por una acción de protección. Un juez de Samborondón, en la provincia del Guayas, analizó una acción por supuestas irregularidades en el concurso. El juez resolvió que el CPCCS debía disculparse públicamente con Iván Heredia Tello y otras personas por discriminación durante el concurso.
El CPCCS publicó su disculpa en septiembre de 2023.
La sentencia también ordenó que se reiniciará la renovación parcial del CNE —es decir, que se volviera a convocar a los postulantes para reemplazar a sus vocales. Pero no fue inmediato porque hubo que esperar a que se tramitaran recursos de apelación a la acción de protección, y que la sentencia estuviera en firme.
Eso pasó en enero de 2024: el fallo concluyó que la acción de Iván Heredia era improcedente.
Pero no fue la única traba judicial.
En septiembre de 2025, el ciudadano Ramiro José Garzón presentó otra acción de protección en la que argumentaba que las decisiones del CPCCS no dejaban claro si el proceso correspondía a una renovación parcial o total del CNE.
Según Garzón, esa falta de claridad violaba el derecho a la seguridad jurídica porque no existían reglas claras sobre qué concurso estaba en marcha. También decía que, si el proceso continuaba, podrían vulnerarse más derechos. Por eso, Garzón pidió suspender el concurso mientras se analizaba el caso.
La jueza de Pichincha María Lourdes Guamangate suspendió provisionalmente el concurso en septiembre de 2025, pero un mes después levantó la suspensión luego de que Garzón desistiera de la acción alegando razones personales.
4. Aún no hay examen para los aspirantes a consejeros del CNE
Cuando el concurso de renovación del CNE volvió a retomarse, en marzo de 2024, el proceso se paralizó otra vez. En abril de 2026, los consejeros del CPCCS se reunieron para contratar un notario que certifique el sorteo de los profesores que debían hacer el examen para los aspirantes al CNE.
Los maestros debían elaborar el banco de más de 400 preguntas y casos prácticos para el examen de oposición.
Pero en esa reunión se presentaron tres informes de la Comisión Ciudadana de Selección que decían que no estaban de acuerdo con los perfiles de los profesores. El presidente del CPCCS, Andres Fantoni, pidió un informe técnico para verificar las quejas.
El informe concluyó que de los 19 catedráticos de la lista solo cinco deberían ser admitidos. Los otros 14 no tienen documentos para verificar su nacionalidad o garantizar que sean mayores de 18 años. Por eso, el informe recomendó pedir esa información al Registro Civil. El pedido se hizo el 19 de mayo de 2026.
Los profesores —que aún no son seleccionados— deben elaborar las preguntas para el examen que los 163 postulantes a vocales del CNE debían rendir el 27 de abril de 2026, pero que ahora está retrasado.
5. La posible injerencia del Ejecutivo
El analista electoral Alfonso Espinosa cree que detrás de las demoras para renovar el CNE podría haber intereses políticos concretos. Dice que hay al menos dos escenarios sensibles para el gobierno para mantener a vocales que podrían ser afines: el caso Caja Chica y un eventual proceso de revocatoria del mandato contra Noboa.
El 28 de enero de 2026, la Fiscalía y la Policía allanaron la casa de Luisa González, ex candidata presidencial de la Revolución Ciudadana, dentro de una investigación por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos, denominada Caja Chica. El caso tiene una implicación política y electoral sensible. El movimiento político, hasta mayo de 2026, está suspendido y no puede participar en las elecciones seccionales de 2026.
La RC es el mayor opositor de Noboa y podría llevarse votos.
Otro escenario que, según Espinosa, podría explicar el interés por mantener a los actuales vocales es la posibilidad de una revocatoria del mandato contra Noboa. Pero para que avance, el CNE tendría un papel clave: debe revisar requisitos, calificar el pedido y organizar todo el proceso electoral.
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