Para iniciar un proceso de juicio político, un asambleísta debe hacer un pedirlo ante el Consejo de la Administración Legislativa, CAL, con, al menos, 35 firmas de respaldo. En el CAL, sus miembros deben revisar que se cumplan los requisitos de forma para dar paso al juicio político. Se necesita los votos de la mayoría del CAL (es decir cuatro de un total de siete) para que el trámite se apruebe. Si es que se aprueba —como en el caso de María Paula Romo— el trámite pasa a la Comisión de Fiscalización, en donde se presentan las pruebas de cargo y Romo puede presentar sus pruebas de descargo en un período máximo de 15 días. Posteriormente la Comisión de Fiscalización—en este caso, presidida por Johanna Cedeño de Alianza País— deberá emitir un informe en máximo diez días; en caso de ser favorable (también se requieren los votos de la mayoría de los asambleístas de la comisión, es decir, por lo menos, de siete votos de doce) el juicio pasa al pleno. Allí se requiere la votación de 92 asambleístas —equivalente a dos tercios del total de legisladores— para aprobar el juicio y destituir a Romo.